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Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia

CIDH urge a los Estados a poner fin a la homofobia y la transfobia. ONU insta a todos los países a revocar leyes que discriminan a los homosexuales y a los transexuales.

En el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebra el 17 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron a los Estados a adoptar e implementar las medidas necesarias para erradicar la discriminación por razones de orientación sexual y de identidad y expresión de género.

La CIDH señala que en algunos países de la región se han registrado avances legislativos en materia de identidad de género, una reivindicación principal de las mujeres y hombres trans; en otros se ha avanzado en la adopción de legislación contra la discriminación. La CIDH celebra estos avances e insta a los Estados a profundizarlos teniendo en cuenta su obligación de asegurar la igualdad ante la ley y la no discriminación con base en orientación sexual e identidad de género.

La CIDH continúa recibiendo información sobre asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y otras formas de violencia y exclusión contra lesbianas, gays y personas trans, bisexuales e intersex. Asimismo, la Comisión observa que existen problemas en la investigación de estos crímenes, lo que conlleva, en parte, a que no se abran líneas de investigación que tengan en cuenta si el delito fue cometido en razón de la identidad de género u orientación sexual de las víctimas. La inefectividad del sistema de justicia fomenta altos índices de impunidad, los cuales a su vez propician su repetición crónica, sumiendo a las víctimas y a sus familiares en la total indefensión.

La CIDH también manifiesta su preocupación sobre la legislación que criminaliza la homosexualidad y algunas expresiones de género, como el uso de prendas tradicionalmente asociadas al sexo opuesto, y sobre las consecuencias que, en la vigencia plena de los derechos humanos, pueden tener estas legislaciones.

La CIDH urge a los Estados americanos a adoptar acciones para evitar y responder ante estos abusos a los derechos humanos y garantizar que las personas LGTBI puedan ejercer efectivamente su derecho a una vida libre de discriminación y violencia, incluyendo la adopción de políticas y campañas públicas, así como las reformas necesarias para adecuar las leyes a los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos. La Comisión está a disposición de los Estados para colaborar, en el marco de sus funciones, a fin de avanzar en este sentido.

ONU insta revocar leyes que discriminan

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instó a todos los países a revocar leyes que discriminan a los homosexuales y a los transexuales, y a castigar los actos de violencia contra esas personas.

Pillay recordó que si bien algunos países otorgan los mismos derechos civiles a todos los ciudadanos con independencia de su orientación sexual o identidad de género, en la mayoría del mundo persiste la desigualdad de trato. En más de 70 países la homosexualidad constituye delito y en otros no se reconocen las uniones de parejas del mismo sexo.

El director regional de ONUSIDA, César Antonio Núñez, indicó que en América Latina y el Caribe todavía persisten actitudes de rechazo hacia la comunidad gay y transexual, pero remarcó que se observan cambios positivos.

“Hemos visto en America Latina en los últimos años como países han ido aprobando decretos ejecutivos en algunas ocasiones y decretos municipales en otras, pero cada vez vemos más manifestaciones visibles en prensa, en medios, en video, en los teatros que nos recuerdan que no podemos aceptar esas actitudes”, afirmó.

Núñez elogió las leyes aprobadas recientemente en Argentina y Chile.

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ATV se rectifica: Madre de emerretista no es ni ha formado parte de la directiva de Aprodeh

Andina de Radiodifusión – ATV, mediante una carta notarial y a solicitud de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, rectificó las afirmaciones hechas en el programa “De Película” donde se indicaron que la Señora Eligia Rodríguez, madre de una de las terroristas del MRTA  que participó en  la toma de la residencia de la Embajada del Japón – fue directivo de APRODEH.

“La Sra. Eligia Rodriguez de Villoslada….. no es ni ha formado parte de la directiva de APRODEH, como incorrectamente fuera mencionado en la edición anterior, cuando se abordó el tema de las acciones judiciales contra los Comandos de Chavín de Huántar”.

Francisco Soberón, Director de APRODEH rechazó dichas afirmaciones  que se hicieron durante el reportaje realizado por el periodista Guillermo Gónzales y que fuera motivo de comentarios por parte de la señora Verónica Ayllón, conductora del programa. Asimismo, Soberón expresó su malestar al no corroborarse tamaña mentira, con el propósito de ligar a APRODEH con el MRTA.

“Para la elaboración del reportaje, el periodista nunca solicitó a los representantes de APRODEH la confirmación de estos dichos. En todo caso, pudo acudir a la oficina de registros públicos a fin de obtener las fichas registrales de nuestra institución, donde figuran los socios fundadores y los nombres de las personas que durante 30 años de actividad, ostentaron cargos directivos.“

Carta notarial de ATV

Carta notarial de Aprodeh

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HRW presenta informe sobre derechos civiles y políticos de personas con discapacidad en el Perú

El informe “Yo quiero ser una ciudadana como cualquier otra” señala los obstáculos para la participación política de personas con discapacidad en el Perú y como eliminar los obstáculos legales y de políticas a la participación cívica y política.

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Perú debería eliminar los obstáculos significativos que impiden que personas con discapacidad ejerzan su derecho a votar y otros derechos civiles, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Al no abordar estos obstáculos, se menoscaba el liderazgo asumido por Perú como uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008.

El informe de 89 páginas, “‘Yo quiero ser una ciudadana como cualquier otra’: Obstáculos para la participación política de personas con discapacidad en Perú”, documenta los efectos de una política, modificada apenas en octubre de 2011, que negó de manera arbitraria el derecho de sufragio a personas con discapacidades sensoriales, intelectuales y psicosociales por considerar que eran jurídicamente incapaces para tomar esa decisión. Human Rights Watch también analizó los obstáculos que enfrentan las personas con estas y otras discapacidades al ejercer sus derechos políticos, incluidas las dificultades que supone obtener documentos de identidad indispensables para votar, y la ausencia de mecanismos de asistencia para ayudar a personas con discapacidad a tomar decisiones sobre votación.

“Los peruanos con discapacidad son ciudadanos igual que todos los demás”, indicó Rebecca Schleifer, directora de Incidencia del Programa de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “Todas las personas tienen el mismo derecho a votar y participar en la sociedad, y tanto las leyes como las políticas del gobierno deben asegurar que reciban el apoyo que necesitan y que nadie sea excluido en forma arbitraria e injustificada”.

El informe se elaboró a partir de entrevistas con más de 100 personas con discapacidad y sus familiares, además de funcionarios del gobierno peruano y defensores de personas con discapacidad.

El informe demuestra que el sistema de interdicción judicial vigente en el país —que sujeta a las personas a un régimen de tutela— y los registros públicos que indican oficialmente que las personas presentan una “discapacidad mental” generan obstáculos para casi todos los aspectos de la vida. Estas políticas pueden impedir a las personas abrir una cuenta bancaria, obtener un empleo, poseer o heredar bienes, contraer matrimonio o firmar documentos oficiales en representación de sus hijos.

A través del sistema de interdicción, el Código Civil de Perú permite que un juez declare que una persona con cierta discapacidad intelectual o mental es incapaz de cuidar de sí misma o de sus bienes y designe a un tercero para actuar en su representación. El efecto de este proceso es suspender los derechos civiles de la persona bajo tutela, indicó Human Rights Watch.

Sin embargo, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que estas deberían “[tener] capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”. El comité que fiscaliza la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha instado al gobierno peruano a “poner fin a la práctica de interdicción judicial”.

“Tengo el derecho a votar. Tengo el derecho a trabajar”, expresó María Alejandra Villanueva, una de las líderes de la Sociedad Peruana de Síndrome Down. “No es decisión de otra persona”.

El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha instado a todos los Estados Partes, incluido Perú, a asegurar el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, adoptando medidas tales como reemplazar la interdicción y otras prácticas similares por un sistema de asistencia para la toma de decisiones.Perú no cuenta con un sistema para ayudar a personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones. Ante la ausencia de un mecanismo de esa naturaleza, Human Rights Watch comprobó que algunos familiares de personas con discapacidad solicitaban su tutela legal, ya que percibían que era el único medio contemplado por el derecho peruano para proteger sus bienes o intereses jurídicos, incluido el derecho a percibir una pensión o los beneficios de seguridad social.

Las personas con discapacidad de Perú también pueden enfrentarse a obstáculos físicos y de otra naturaleza cuando procuran ejercer el derecho a voto. La ley electoral de Perú exige que los funcionarios adopten medidas para garantizar la accesibilidad de los centros de votación. Sin embargo, la respuesta del gobierno a la obligación de tomar este tipo de medidas ha sido variada, concluyó Human Rights Watch. Numerosas personas con discapacidad física y observadores electorales contaron a Human Rights Watch que muchas mesas de sufragio eran inaccesibles.

Silvia, una mujer con discapacidad física de Puno, dijo a Human Rights Watch: “Las mesas de votación no están preparadas para las personas con discapacidad, ni tampoco para personas que [hayan sufrido] un accidente unos días antes de las elecciones. Están en el segundo, tercero, cuarto nivel. Una persona con discapacidad que va con una silla de ruedas no tiene accesibilidad para acercarse a la mesa”.

Human Rights Watch también recibió denuncias de que, durante las elecciones municipales y presidenciales de 2010 y 2011, en algunas mesas de sufragio no se encontraban disponibles boletas en braille, como lo exige la ley. Algunas personas con discapacidad que habían solicitado asistencia para votar no pudieron recibir ayuda, según contaron a Human Rights Watch.

Las personas con discapacidad psicosocial e intelectual enfrentan obstáculos y desafíos adicionales al momento de votar, comprobó Human Rights Watch. El gobierno no ha preparado materiales electorales para facilitar su participación. Y los funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que administran o vigilan procesos electorales reciben pocas directrices sobre cómo pueden ayudar a estos votantes a llegar a las mesas de sufragio y votar.

“El gobierno debe asegurarse de que el personal que trabaja en elecciones esté en condiciones de ayudar a que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a voto”, señaló Schleifer. “De lo contrario, las voces de miles de peruanos continuarán quedando excluidas del proceso político”.

Para que Perú cumpla sus obligaciones conforme al derecho internacional, el Congreso debería actuar sin demora y promulgar una nueva ley que asegure el respeto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, expresó Human Rights Watch. El gobierno también debería adoptar medidas urgentes para garantizar a todas las personas con discapacidad la misma capacidad jurídica que a los demás ciudadanos, por ejemplo, reformando el Código Civil y restableciendo los derechos civiles de quienes se encuentran bajo un régimen de tutela.

Asimismo, los ministerios y organismos del gobierno peruanodeberían trabajar de manera sistemática con personas con discapacidad y organizaciones que las representan para desarrollar nuevos enfoques de asistencia para la toma de decisiones y la implementación de reformas legales, indicó Human Rights Watch.

En la última década, las autoridades peruanas han excluido de manera sistemática a más de 23,000 personas con discapacidad intelectual o psicosocialdel padrón electoral, aseveró Human Rights Watch. Estas personas fueron excluidas porque no podían obtener un documento nacional de identidad, indispensable para votar, o bien porque contaban con documentos de identidad donde se consignaba que padecían una “discapacidad mental” y, por ende, no tenían derecho a votar o tomar otras decisiones legales, financieras o incluso personales.

En octubre de 2011, tras años de presiones de organizaciones que trabajan en temas de discapacidad e intervenciones de la Defensoría del Pueblo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), uno de los organismos gubernamentales a cargo de los procesos electorales, dictó una resolución que dejaba sin efecto esta política y se comprometió a trabajar en colaboración con los organismos relevantes del gobierno para resolver la situación sin demora.

Organizaciones internacionales de la sociedad civil, donantes y organismos de las Naciones Unidas que trabajan en temas de gobernabilidad, compromiso cívico y consolidación democrática en Perú deberían enfocar su trabajo en las personas con discapacidad o incluirlas en su análisis, manifestó Human Rights Watch.

“El gobierno ha anunciado su intención de reconocer plenamente los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó Schleifer. “El siguiente paso es cumplir esta promesa, para que los peruanos con discapacidad puedan ejercer sus derechos de ciudadanía como todos los demás”.

Fuente: HRW

Ver informe

Web de HRW


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Medalla “Defensoría del Pueblo” 2012 fue concedida a la señora Ángelica Mendoza

En reconocimiento a su destacada labor en la defensa de los derechos humanos. El galardón también fue concedido al Cuerpo General de Bomberos.

Angélica Mendoza de Ascarza "Mamá Angélica"

En reconocimiento a su destacada labor en la promoción, la defensa y el respeto a los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo decidió otorgar la Medalla Defensoría del Pueblo 2012, a la ciudadana ayacuchana Angélica Mendoza de Ascarza, más conocida como “Mamá Angélica” y al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La ceremonia en que se les impondrá la distinción se realizará en el mes de junio.

Mediante la Resolución Defensorial publicada en el diario oficial “El Peruano”, la Defensoría destaca la valiosa trayectoria de Angélica Mendoza de Ascarza, “Mamá Angélica”, quien es una incansable defensora de los derechos humanos, y “por su lucha inquebrantable por los derechos a la verdad y justicia, que fue determinante para impulsar políticas vinculadas a la problemática de las personas desaparecidas en el periodo de violencia política en el país”.

Asimismo, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en atención a su encomiable y sacrificada labor para ayudar a la sociedad en general en episodios difíciles, lo cual contribuye a la protección de derechos fundamentales tan importantes como la vida e integridad de las personas.

Ésta será la séptima versión de la entrega de la Medalla Defensoría del Pueblo, creada en el año 2006 con el propósito institucional de expresar público reconocimiento a aquellas personas o instituciones, nacionales o extranjeras, que hayan destacado significativamente en la promoción, la defensa y la vigencia de los derechos humanos.

Anteriormente han recibido esta importante distinción el escritor Mario Vargas Llosa; el filósofo Salomón Lerner; el Padre Gustavo Gutiérrez; la Madre Covadonga; el ex Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Jimmy Carter; Pilar Coll; Liliana Mayo, Directora del Centro Ann Sullivan; el ex Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Javier Pérez de Cuellar; el Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción Social, “Fe y Alegría”, y el Padre José Ignacio Mantecón Sancho, S.J., más conocido como el Padre “Chiqui”.

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Formalizan incorporación de  organismos de sociedad civil al Consejo Nacional de Derechos Humanos

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Concilio Nacional Evangélico del Perú y la Conferencia Episcopal del Perú, continuarán integrando el Consejo Nacional de Derechos Humanos en calidad de observadores con derecho a voz.

Consejo Nacional de Derechos Humanos. Foto: Minjus

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Concilio Nacional Evangélico y la Conferencia Episcopal Peruana seguirán siendo integrantes, en calidad de observadores con derecho a voz, del Consejo Nacional de Derechos Humanos, dispuso el Ministerio de Justicia (Minjus).

Mediante una resolución ministerial el Minjus formalizó la incorporación en esa instancia del Consejo de la Prensa Peruana y de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, también en calidad de observadores con derecho a voz.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos es un mecanismo interinstitucional que coadyuva al cumplimiento de los deberes del Estado en el campo de los derechos humanos.

Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, el Consejo realiza sesiones periódicas con sus miembros, en las cuales se toman acuerdos que permitan impulsar acciones en materia de derechos humanos.

La resolución ministerial, publicada en las normas legales del Diario Oficial El Peruano, es refrendada por el ministro de Justicia, Juan Jiménez.

Fuente: Andina


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Familiares aclaran a Beto Ortiz “Aprodeh jamás nos pidió un sol”

Los Familiares de los casos La Cantuta, Barrios Altos, Mariela Barreto, entre otros, desmintieron las afirmaciones hechas por Beto Ortiz, conductor del programa “Abre los Ojos” en Frecuencia Latina, sobre la supuesta repartición de las reparaciones económicas entre APRODEH  y los familiares en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante una entrevista al presidente de la Corte Suprema de justicia, Dr. César San Martín, Ortiz señaló que existen  ONGs que  abogan por determinada víctima, refiriéndose “al camarada Tito” para luego afirmar que éstas organizaciones se reparten “miti – miti” la reparación económica.

En carta enviada a Ortiz los familiares señalan que:

“Sabemos que la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, es quien lleva el caso “Chavín de Huantar, en el que una de las víctimas es conocido como “Tito”, a quién aludiste en tu comentario…. Hemos llevado casos con APRODEH y jamás se nos pidió un solo sol de las reparaciones a las que hemos tenido acceso, o se nos haya sugerido siquiera una posible repartición de la reparación que la Corte haya ordenado”


“En ninguno de nuestros casos ha ocurrido lo que has señalado en tu programa y dada la trayectoria de APRODEH, dudamos que se de en el caso aludido”.

Asimismo, mostraron extrañeza que el periodista realice este tipo de afirmaciones y quedaron a su disposición para conversar públicamente sobre este tema de forma clara y veraz.

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Mueren 5 niños machiguengas por presunto envenenamiento por derrame de gas

Foto: Inforegión

Tomado de Servindi

Cinco menores de edad muertos y tres adultos en estado de salud grave son las víctimas del presunto envenenamiento debido a un derrame de gas ocurrido en marzo en la comunidad nativa machiguenga de Camaná, distrito de Echarati, en La Convención, Cusco.

Los integrantes de la comunidad están convencidos de que la contaminación por el derrame es la causa de las muertes, puesto que los peces en el río también se están muriendo.

El 12 de marzo pasado se produjo un derrame de gas a raíz de la ruptura del ducto ubicado en PK 56+346 de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), según denunciaron indígenas reunidos en el Consejo Machiguenga del río Urubamba (Comaru).

Los pobladores de la comunidad nativa de Camaná temen que la empresa de gas les mienta diciendo que es imposible la contaminación del agua. En marzo, la empresa señaló que la posible causa habría sido la filtración del gas líquido por los conductos que lo transportan.

El derrame ocasionó daños ecológicos en las cuencas de los ríos Parotori, Yotsiva y Poyentimari. Los pobladores de la comunidad de Camaná observaron peces y camarones muertos en el río Parotori desde entonces.

Luis Gonzales, presidente de la Apafa de la institución educativa de Camaná, confirmó que solo tres días después del derrame, es decir, desde el 15 de marzo, los niños de la comunidad empezaron a evidenciar los primeros síntomas de envenenamiento.

Altas fiebres, mareos, escalofríos, dolor en la garganta y paralización de algunos miembros del cuerpo, son los síntomas que sufrieron los niños durante varios días.

La primera víctima de envenenamiento sería un adolescente de 14 años fallecido el día 12 de abril. El 15 del mismo mes falleció una pequeña de 12 años.

La media hermana de Fermín Cruz, de iniciales M.Y.A., de 9 años, está agonizando en un hospital en Lima. Mencionan que tiene el cerebro muerto y que la mantienen artificialmente.

Además, hay tres adultos enfermos y la madre de Fermín Cruz comenzó con el dolor de cabeza ayer.

TGP envía médicos un mes después

Según informó Luis Gonzales, la empresa TGP habría enviado médicos en helicópteros a la zona para realizar estudios en los adultos que presentan los síntomas.

Los médicos llegaron a la comunidad hace cuatro días, casi un mes después de la primera muerte por envenenamiento.

Necesitan víveres

Según informaron nuestras fuentes, los indígenas temen consumir el agua y los alimentos de la comunidad puesto que pueden estar contaminados.

Ellos solicitan el envío de víveres y agua embotellada puesto que como la empresa aún no admite ningún caso de contaminación no proporciona la ayuda necesaria.

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Corte Suprema confirma archivo definitivo de investigación contra comuneros de Segunda y Cajas, Piura

Se les imputó falsamente la autoría del ataque al campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. ocurrido el 01 de noviembre del 2009.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha resuelto declarar inadmisible (rechazar) el recurso de casación interpuesto por la empresa minera Río Blanco Copper S.A. y otros, contra la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Piura, que confirmó el auto de sobreseimiento y archivo definitivo de la investigación preparatoria seguida contra siete dirigentes de rondas y comuneros miembros de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura), contra quienes se había abierto investigación fiscal en noviembre de 2009, por la supuesta comisión de los delitos de homicidio calificado y daños agravados.

Cabe recordar que en la madrugada del 01 de noviembre de 2009, el campamento minero de Río Blanco Copper S.A. fue atacado por personas desconocidas ocasionando su destrucción parcial y la muerte de tres de sus trabajadores.

Ante ello, los funcionarios de la empresa y autoridades políticas del gobierno central de entonces deslizaron la idea de que los autores del mismo habrían sido integrantes de las comunidades campesinas que se oponen al desarrollo del proyecto minero Río Blanco.

A consecuencia de esta actitud de las autoridades políticas, de manera inusual se trasladaron a más cincuenta efectivos policiales (de Piura y de Lima) a la provincia de Huancabamba, con la supuesta finalidad de investigar rigurosamente los hechos, pero en realidad de lo que se trató fue de iniciar una situación de persecución penal injustificada contra diferentes dirigentes y miembros de las comunidades campesinas y autoridades locales que se oponen, legítimamente, al desarrollo del proyecto minero arriba citado, por poner en grave riesgo el frágil ecosistema de la región. Es por ello que fueron citados más 100 personas entre dirigentes de rondas campesinas, dirigentes comunales, campesinos, alcaldes provinciales y distritales, etc..

En el desarrollo de esa persecución penal injustificada, el 2 de diciembre de 2009, se formalizó investigación preparatoria contra siete comuneros de Segunda y Cajas y, con el pretexto de ejecutar órdenes de detención contra ellos, efectivos policiales ingresaron violentamente a los terrenos de la comunidad y dieron muerte a dos comuneros (quienes recibieron disparos de armas de fuego por la espalda y a escasos metros de distancia conforme lo acredita la pericia correspondiente) y lesionaron de gravedad a más de 10 campesinos, uno de las cuales sufrió la amputación de su pierna porque las balas le destrozaron la rodilla.

El caso es que después de estos hechos sólo 2 de comuneros fueron detenidos y puestos en libertad a las 48 horas, al considerarse, por el Juez Penal de Chulucanas, que la detención preventiva solicitada por la fiscalía no tenía fundamento legal alguno. Posteriormente, los otros 5 comuneros, por propia voluntad, se presentaron a declarar ante la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, dejándose sin efecto las detenciones preliminares dispuestas en su contra.

Ante la solicitud de los abogados de FEDEPAZ para que se disponga el sobreseimiento de la investigación preparatoria, debido a la falta de pruebas para imputar responsabilidad a los antes citados comuneros, la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, a su vez, solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba el sobreseimiento y archivo definitivo del proceso penal seguido contra los mencionados comuneros.

Es así como después de llevarse a cabo la Audiencia de Control de Sobreseimiento que establece la ley procesal, el 28 de enero de 2011, declaró fundada la solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía y de los abogados defensores de los comuneros, disponiéndose el archivo del proceso, esta resolución fue apelada por la empresa y los deudos de los trabajadores asesinados; por ello el 26 de julio de 2011 la Sala Penal de Apelaciones confirmó el auto de sobreseimiento y archivo definitivo de la investigación preparatoria antes referida

Sin embargo, la resolución de la Sala Penal de Apelaciones fue impugnada mediante recurso de casación interpuesto por la empresa minera y los deudos antes mencionados, por lo que la investigación fue elevada a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, la misma que acaba de declarar inadmisible el referido recurso de casación, rechazándolo y confirmando la decisión judicial de sobreseimiento y archivo definitivo del proceso.

Al respecto FEDEPAZ, nuevamente, expresa su satisfacción por el hecho de que se haya determinado por la propia fiscalía (encargada, según ley, de perseguir a los incurren en la comisión de delitos) y por los órganos judiciales antes citados la inexistencia, por lo menos, de indicios o razón alguna que justifique el inicio de un juicio oral contra los aquí referidos comuneros.

Igualmente, expresa su preocupación porque las declaraciones públicas poco responsables de los funcionarios de la empresa minera y del poder ejecutivo (del gobierno anterior) dando a entender, sin fundamento en la realidad, que en la región en la que se fija el proyecto minero se vivía una situación de extrema violencia (motivada por la oposición al mismo de los comuneros), fueran la justificación para que se traslade a más de medio centenar de efectivos policiales a la citada región y se iniciara una persecución penal injustificada que ocasionó la muerte de dos campesinos y lesiones graves en 10 de ellos, además de criminalizarlos mediante el inicio de una  investigación penal en su contra.

Por otro lado, FEDEPAZ se reitera (como lo ha hecho a lo largo de la investigación penal) en su exigencia de que el asesinato de los tres trabajadores de la empresa Río Blanco Copper S.A. no quede  impune, por lo que debe investigarse a partir de otras hipótesis, que en su momento fueron señaladas, como por ejemplo el ataque por delincuentes comunes y/o vinculados al narcotráfico, así como el auto-ataque de la misma empresa que permita hablar de una supuesta situación de violencia extrema en la zona y justifique su militarización con el objeto de facilitar el desarrollo del proyecto minero.

Finalmente, FEDEPAZ considera que los hechos de brutal represión ejercida por los efectivos policiales (ahora ya investigados penalmente por homicidio y lesiones) han sido posibles por la vigencia de normas que criminalizan el legítimo derecho de las comunidades rurales o urbanas de expresarse públicamente y de protestar cuando sus legítimas demandas no son atendidas por el Estado. En ese sentido, exige a las autoridades del poder legislativo a derogar, en forma inmediata, los decretos legislativos que criminalizan la protesta social, por violar tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales el Perú forma parte, y por contravenir a la Constitución Política del Perú.

Fuente:  Fedepaz

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Caso Majaz: Fiscalía formula acusación contra 14 efectivos PNP por torturas a campesinos

Tras  torturas a las que fueron sometidos 28 campesinos en el campamento minero de la empresa  Río Blanco Copper (Ex Majaz S.A.) en Agosto del 2005. En la resolución se señala que los efectivos policiales, con el fin de castigarlos, causaron graves sufrimientos físicos y mentales a los campesinos agraviados.

En agosto de 2005 los campesinos fueron detenidos en el campamento de minera Majaz (hoy Río Blanco Copper) y sometidos a crueles torturas durante su cautiverio.

La Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba formuló acusación contra 14 miembros de la Policía Nacional del Perú (entre ellos 2 Coroneles), quienes aprovechando su condición de efectivos policiales causaron graves sufrimientos físicos y mentales a 28 campesinos con el objeto de castigarlos por su participación en la marcha de sacrificio pacífica que realizaron los integrantes de diferentes comunidades campesinas  de Piura y Cajamarca que serían afectadas por el desarrollo del proyecto minero Río Blanco en las provincias de Huancabamba y Ayabaca.

En efecto, como se recordará, entre los días 1 y 3 de agosto del 2005, 28 campesinos fueron torturados por quienes los mantenía cautivos, entre los que se encontraban efectivos de la policía nacional, funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A. y de la empresa de seguridad privada Forza, por lo cual, a la fecha existen dos investigaciones penales, una seguida contra dos coroneles y otros doce miembros de  la Policía Nacional del Perú, respecto de la cual se ha formulado la acusación a la que se hace referencia en la presente nota de prensa y, otra a punto de que termine la etapa de investigación preliminar seguida contra dos generales y más de trescientos sub-oficiales de la misma policía, así como contra funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A. y Forza. En esta última investigación también se encuentra imputados dos médicos por haber expedido certificados médicos falsos.

La denuncia contra los efectivos policiales ahora acusados fue presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, encargándose ésta última, además, del patrocinio legal de las víctimas en esta denuncia.

Es así como el viernes 4 del presente mes  se ha tomado conocimiento que con fecha 27 de marzo de 2012, la antes citada Fiscalía Provincial, después de una investigación preliminar y preparatoria que ha durado casi tres años presentó acusación fiscal, contra dichos efectivos policiales, por la comisión del delito contra la Humanidad, en la modalidad de tortura, en agravio de 28 campesinos que se encontraban privados de su libertad en las instalaciones del campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes llamada Majaz S.A.), por lo cual solicita se les imponga 10 años de pena privativa  de la libertad a cada uno de los acusados y se ordene el pago de S/. 10,000.00, por concepto de reparación, a cada uno de los 28 campesinos agraviados.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), considera que la Acusación aquí difundida constituye un gran paso en la lucha contra la impunidad en las violaciones de derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad y se reafirma en la necesidad de que se haga justicia a las víctimas en este caso y se las repare de forma integral, así como se denuncie, investigue y sanciones a todos los que han tenido responsabilidad en esta brutal agresión a los citados campesinos que no hicieron otra cosa que defender su derecho a la tierra, a vivir en un medio ambiente sano y sostenible, así como a elegir, legítimamente, su modelos de desarrollo local.

FEDEPAZ expresa su satisfacción por el hecho de las  víctimas y sus familiares continúen firmes en el camino de obtener la sanción penal justa contra todos aquellos (policías, funcionarios y trabajadores de la empresa minera y de seguridad, etc.), que de una u otra forma, son responsables en los graves crímenes que cometieron en su contra (la tortura, reiteramos, es un delito de lesa humanidad).

Finalmente, FEDEPAZ se reitera en la necesidad de mejorar, de manera impostergable, los marcos normativos del sector minería en el sentido de que se establezcan condiciones adecuadas para que las empresas se vean realmente obligadas a respetar los derechos de las personas y especialmente de los pueblos indígenas. Igualmente, en la necesidad de revisar todo el conjunto de normas que criminalizan la libre expresión y la legítima protesta social que, entre otros, es un compromiso asumido por el estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 25 de octubre de 2011, durante la Audiencia sobre la política de derechos humanos del nuevo gobierno. Por ello, exige a las autoridades concernidas a aprobar, sin más dilación, las normas que garanticen el respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país.

Fuente: Fedepaz


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No, no todos somos culpables

Publicado el 07 May 2012 por admin en Opinión

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No, no todos somos culpables

Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, Kolumna Okupa, domingo 06/05/2012

Todos estamos conmocionados por las imágenes de don Dionisio Vilca llamando a su hijo en la espesura de la selva alta del VRAE, entrando con dos guías machiguengas a buscarlo. Todos estamos conmocionados por las imágenes que no hemos visto sino apenas imaginado con reservas: el padre encontrando el cadáver, torturado, perdido, como decía él mismo en una entrevista “ahí tirado”, de su hijo de 20 años: un suboficial de la Policía Nacional que fue abandonado por el helicóptero piloteado por un capitán que, a pesar de la presión de sus compañeros, no quiso regresar. El padre llevando el cadáver de su hijo, cargado en una manta, a través de varios kilómetros, hasta que encuentra un taxi donde lo transporta a la comisaría de Kiteni. En Lima, la abuela que ha llorado toda la noche y está saliendo de ese sopor de la sedación con calmantes, solo atina a afirmar frente a la cámara: “No lo han buscado, no lo han buscado, lo han dejado como a un perro”.

Que no se haya buscado a los dos suboficiales Astuquillca y Vilca nos ha indignado a todos, desde congresistas de posiciones diferenciadas como Javier Diez Canseco y Marisol Pérez Tello, hasta el simple hombre de a pie que también tiene un hijo de la misma edad y no puede dejar percibir ese temor primario ante la muerte. Pensar que si hubieran sido rescatados podría hoy Vilca estar vivo. Ese es el punto principal. En la comisaría de Kiteni se aceptó que, en verdad, no se había buscado a ninguno de los dos suboficiales porque no se recibieron órdenes en este sentido.

Sin embargo, también es necesario precisar que fue el mismo Dionisio Vilca quien, cuando se internó en el monte, le pidió a la Policía que lo dejaran ir solo. El padre no ha tenido miedo, ni ha pensado en que podría encontrarse cara a cara con las huestes de “Gabriel”, y a pedido de los propios machiguengas, no ha convocado a la Policía porque, en esas poblaciones, les tienen miedo. ¿Cómo caminar por el VRAE con varios policías a su lado? Imposible. Por eso mismo ha sido la población de Kiteni, sobre todo los pobladores indígenas de Alto Lagunas, quienes han apoyado definitivamente a este hombre desesperado.

Desde Lima se ha pedido que renuncie el ministro del Interior y los congresistas han votado por una moción de censura contra los ministros Lozada y Otárola por incapacidad. A la fecha han muerto ocho miembros tanto del Ejército como de la Policía, y el ministro de viaje en Colombia mientras que su despacho difunde un comunicado sosteniendo que fueron los efectivos policiales quienes encontraron el cuerpo. Es un caos esta situación: unos se culpan a otros, otros a los unos. Pero siguen ahí las huestes de “Gabriel” y de “José”, secuestrando niños y asesinando policías. Hay cientos de planes sobre la zona y no se cumplen. ¿En qué momento vamos a admitir que con corrupción e indolencia no se puede contener a los narcoterroristas? Y no todos somos culpables: por supuesto que no. Esa difusión de la responsabilidad es una irresponsabilidad. Acá hay muertos y otros demasiado vivos.

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Inundaciones en Loreto: los damnificados del Marañón

Compartimos con nuestros lectores el artículo de los Padres Miguel Angel Cadenas y Manolo Berjón, de la Parroquia Santa Rita de Castilla, Parinari (Loreto), sobre  las inundaciones que provocó el desborde del río Marañon y que desde hace un mes vienen afectado a los pobladores, especialmente a los niños, de las comunidades ribereñas.

TAKAWA: un concepto kukama para una “intervención humanitaria”

Escribe: P. Miguel Angel Cadenas y P. Manolo Berjón
deste Parinari y Urarinas, provincia de Loreto.
Fotos: Parroquia Santa Rita de Castilla – Río Marañón, 2012

Dedicado a José Alvez Ricopa, de quien tanto aprendemos.

Escribimos desde el río Marañón, desde los distritos de Parinari y Urarinas para ser precisos, provincia de Loreto (Perú). En estos momentos está todo inundado, llevamos más de un mes así, las comunidades más bajas, desde febrero. Algunas familias ya han tenido que subir su emponado. Es una operación riesgosa. Levantar el emponado para alzarlo es debilitar la estructura de la casa. La corriente y un viento fuerte la pueden voltear. El pueblo tupí–kukama es experto en convivir con las crecientes y saben perfectamente tomar las precauciones del caso, pero ahí están los riesgos. Los niños juegan en el agua y la vida se desarrolla con normalidad. En tiempos de crisis no conviene hacer dramas. Hay mayor precaución con los bebés y la parte más dura llegará con la vaciante: junio-setiembre. Valorar lo que sucede en el río con criterios citadinos desembocará en intervenciones inadecuadas. La crisis urbana generada en Iquitos tiene causas estructurales y exige otros parámetros.


Lo primero que nos viene a la mente son los mitos del diluvio, de gran calado en la Amazonía. No transcribiremos aquí ninguno de ellos por falta de espacio. Tan solo recordar que para el pueblo kukama la inundación supone acabar con la tierra vieja para que brote una tierra nueva. El “diluvio”–creciente se produce por el mal que existe en el mundo. El comportamiento inmoral contribuye a esta desaparición–alagación del mundo. Con el diluvio se disipan todos los pecados y surge un mundo nuevo: tierra muy productiva por el barro depositado y ausencia de plagas. El diluvio en kukama se traduce literalmente por “nuestra tierra desaparece”. No conviene olvidar la segunda parte: surge una nueva tierra, una nueva creación.

Si en el primer punto acudíamos al mito, en el segundo lo haremos a la historia. En el s. XVIII el P. Manuel Uriarte escribe: “… y una gran creciente del Marañón, que anegó las [chacras] de los Omaguas, hubo este año carestía, hasta no tener qué comer sino platanitos tiernos como un dedo, y buscar los indios cogollos de palmas para hacer sus bebidas. Ni tenían ánimo de pescar y cazar, faltando su pan. Mas ingeniándose y comprando de los Yameos de San Regis y Napeanos, lo pasaron hasta que hubo chagras maduras en tierras altas, que hacían los Amaonos y Masamaes”.

No es la única creciente de la que habla el P. Uriarte, describe varias, pero con una tenemos suficiente. Esta en concreto se produjo el año 1761. Del texto transcrito podemos deducir varias cosas: que las crecientes no son de hoy, aunque el cambio climático introduzca variantes que no serán objeto de este escrito; que la época de hambruna fue posterior a la creciente, es decir, en tiempo de vaciante; que los Omaguas [pueblo tupí] se valían de sus vecinos para sobrevivir hasta que tuvieron chacras nuevas. Un poco más adelante el P. Uriarte nos informa que este mismo año y para hacer frente a la hambruna con los niños de Omaguas “hice una chagra en purma, que es monte bajo, donde se sembró arroz, frijoles y plátanos, con algún maíz y yuca para tener a mano algún socorro, caso que se perdiesen las de las orillas o islas del río”. Se ve la predilección por sembrar en las riberas o en las islas, terreno mucho más productivo.

Al día de hoy las estrategias son las mismas. Algunas familias migran a las quebradas o lugares más altos donde permanecen junto con alguno de sus familiares. Esta migración puede tener una doble vertiente: una visita temporal, mientras dura la creciente y el hambre, o instalar junto a ellos su nueva residencia. En lenguaje humanitario: “desplazados por causas naturales”. Otra de las tácticas no descrita en este párrafo por el P. Uriarte, pero compartida en su época es en torno a los cánones de belleza. La cultura occidental estima un cuerpo delgado como signo de perfección, la medicina occidental ha contribuido mucho a este canon. Pero en épocas de hambre las personas más delgadas poseen menos recursos energéticos, grasas, para hacer frente a las circunstancias adversas. Todavía al día de hoy para los kukama una persona gorda es una persona saludable. Sin duda, con el trasfondo de las inundaciones podemos comprenderlo mejor. Por cierto, en los últimos años, en todos los distritos e incluso en pueblos alejados se eligen “reinas de belleza”, casi siempre bajo los cánones occidentales de delgadez.


En un tercer punto invocamos el concepto kukama de takawa: daño producido por una comida especialmente apetecible o deseada. Bien sea por exceso, empacho, o por defecto de la misma, no quedar satisfecho. Provoca una diarrea puntual, tan solo demora el tiempo de la “indigestión” (también en la producida por no quedar saciado). Una vez ocasionada la takawa, ya no deseas comer ese alimento por bastante tiempo, causa rechazo. Posiblemente durante la vaciante encontraremos muchos casos de takawa por no poder saciarse. Acudimos al concepto kukama de takawa para llamar la atención sobre la “ayuda humanitaria”. Por supuesto que las poblaciones del Marañón la necesitan, ya nos lo recordaba el P. Uriarte. Pero no una “ayuda humanitaria ciega”.

El apoyo a los damnificados [del Marañón] se debe dar en el momento preciso: en vaciante. Durante la creciente todavía queda plátano y yuca y se cazan bastantes animales de monte porque están circunscritos en pequeños espacios de tierra que no ha sido inundada. La caza es fácil en estos momentos. Y la pesca será abundante y de peces gordos porque ahora están comiendo los frutos de los árboles en las tahuampas [interior del bosque inundado]. En vaciante habrá pescado, pero no habrá yuca ni plátano. Y sin estos productos los kukama dicen que no se puede comer, aunque haya abundancia de pescado.

El P. Uriarte nos señalaba algunos productos que serán necesarios si verdaderamente deseamos apoyar al pueblo kukama: arroz, frejol, plátano, maíz y yuca. Podemos añadir maní y, en una mezcla adecuada, con maíz obtendremos el suculento upe. Se podrá objetar que son fundamentalmente hidratos de carbono. Cierto, pero eso es lo que se necesita. Como no son los tiempos del P. Uriarte y la pesca, aunque se espera que sea abundante en vaciante, no será como debiera, por motivos que ahora no vienen al caso, pero que los impunes derrames petroleros ayudan a que no olvidemos, bien vendría en las últimas intervenciones de los meses de agosto y setiembre algunas proteínas animales, a poder ser pescado de la Amazonía.

Utilizar la “ayuda humanitaria” para introducir nuevos alimentos, con el argumento de que son los que se pueden conseguir en el mercado y, por su envasado, fáciles de repartir, será nefasto. Los nuevos sabores necesitan tiempo para ser admitidos, por mientras podemos ver que las gallinas, perros, chanchos… comen las papillas e incluso leche donadas por el Ministerio de Salud versión PIN (Programa de Intervención Nutricional) o PRONAA (Programa Nacional de Alimentos). Los nuevos sabores pueden producir rechazo y generar takawa, además de producir diarreas, por el cambio alimentario. Un segundo efecto colateral será la basura generada por los envases. Llenaremos las comunidades de recipientes difíciles de reciclar. El 2010, con la pésima intervención de la Pluspetrol por un derrame petrolero, se provocaron muchos takawa y se generó una ingente cantidad de basura por los envases, muchos de ellos terminaron en el río. Mientras los que proporcionan la “ayuda humanitaria” se proclaman ecológicos, con su intervención pueden inducir un desastre. Los apoyos a los damnificados no son para experimentar sabores, sino de ayuda a las personas concretas. Tener en cuenta la categoría takawa, propuesta por los kukama, es la posibilidad de una “intervención humanitaria despierta”.

Tradicionalmente eran comunes los enterramientos de yuca en creciente para posteriormente hacer fariña, que de tantos apuros ha sacado a los pueblos tupí. Este año hay menos enterramientos de yuca. Muchas familias no se esperaban una creciente tan grande y les ha pillado desprevenidos. La “incorporación al mercado” ha ido provocando la necesidad de dinero contante y sonante para adquirir algunos objetos necesarios (los comienzos del año escolar dan buena cuenta de ello), lo que obliga a sembrar productos para la venta. En resumen, que apenas se producen ahora enterramientos de yuca, difícilmente se podrá hacer fariña. Adquirir fariña de yuca amarga para pueblos indígenas que utilizan la yuca dulce aumentará las diarreas por cambio alimentario, puesto que son dos tipos de yuca diferentes con tratamientos diversos. Ahí están las intervenciones de las inundaciones del 93-94 para recordarlo: la fariña de yuca amarga cambia de sabor.

Un último punto antes de concluir. Ayudar implica “tener en cuenta”. Las personas que reciben ayuda, por encima de todo, son personas y como tales deben ser tratadas. Aprender de los pueblos indígenas supone contar con ellos, al menos como agradecimiento a su resistencia y sabiduría. Entregarles la ayuda a las organizaciones indígenas para que gestionen “la crisis” será el mejor antídoto y aumentará los niveles de autoestima, evitando en lo posible “el don que hiere”. Les agradecemos su sabiduría, valoramos su organización, y les entregamos para que ellos distribuyan, cuidando la reciprocidad. En estos momentos los Municipios del bajo Marañón están inmersos en fuertes crisis, con pugnas de poder por parte de diversos grupos, defendiendo, en muchas ocasiones, intereses ajenos. La mejor forma de canalizar la “ayuda humanitaria despierta” será a través de las organizaciones indígenas. Otro tipo de apoyos serán espúreos.

Se necesitarán simientes, muchas familias se verán abocadas a comer las semillas de siembra, lo cual generará problemas agravados. Además de la ayuda alimentaria familiar, no estaría mal un vaso de upe para desayuno escolar y almuerzos para los colegiales durante la vaciante. La emergencia ocasionará enfermedades que habrá que atender.

Santa Rita de Castilla, 20 de abril de 2012

P. Miguel Angel Cadenas                             P. Manolo Berjón
Parroquia Santa Rita de Castilla               Parroquia Santa Rita de Castilla
Río Marañón                                                     Río Marañón

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José P. Baraybar responde a pericia del Mindef sobre caso Chavín de Huántar

Por Lo Justo

En el programa “Lo Justo” de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el director del Equipo Peruano de Antropología Forense, José Pablo Baraybar respondió al peritaje realizado por el Ministerio de Defensa el cual niega la existencia de ejecuciones extrajudiciales de terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante el rescate a los rehenes de la embajada de Japón ocurrido el 22 de abril de 1997.

Cabe señalar, que dicho peritaje contradice el informe realizado por Baraybar y formará parte de la defensa que presentará el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el proceso seguido por el caso Chavín de Huántar.

La distancia del disparo

Según el Dictamen Pericial de Restos de Disparo por Arma de Fuego realizado por el Ministerio de Defensa, la bala que acabó con la vida del emerretista Eduardo Cruz apodado ‘Tito’ fue disparada a una distancia de entre 8 y 10 metros, y no a corta distancia, pues no se encontraron restos de plomo, antimonio y bario.

Al respecto, Baraybar aclaró que, en el informe pericial que él realizó, nunca se señaló que el disparo fue realizado a corta distancia. “Nadie dijo que era cercano. ¿Quién lo mencionó? Nuestro informe nunca ha mencionado tal cosa”, acotó.

En ese sentido, indicó que dicho informe señala que el disparo que mató al terrorista ‘Tito’ fue efectuado desde una distancia mayor a los 50 centímetros, de abajo hacia arriba, es decir, no se determinó una distancia específica al respecto.

No obstante, el antropólogo aclaró que a esta clase de disparos, que no dejan huella de metales en la piel de la víctima, se les denomina en las ciencias forenses “disparo a distancia” pero no porque sean efectuados desde una posición alejada, sino porque son perpetrados a partir del rango de distancia mencionado.

“Cuando se dice ‘disparo a distancia’ es que no hay residuos, no es porque haya sido disparado a una distancia de muchos metros”.

La supuesta granada en la mano de Tito

Respecto a la tesis del procurador del Ministerio de Defensa que asegura que el terrorista ‘Tito’ llevaba una granada en la mano, Baraybar señaló que nunca se habló de esta prueba durante todo el proceso judicial que se realizó en el caso Chavín de Huántar.

“El tema de la granada nadie lo supo. (…) ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está la foto del levantamiento del tipo con la granada en la mano? Esta escena fue controlada por los militares, a la cual los policías solo pudieron acceder tiempo después. (…) Los cadáveres fueron sacados por los militares, no entró un fiscal, no entró la policía judicial, nadie por el estilo”.

El único cuerpo con un solo disparo

Por otro lado, Baraybar reveló que ‘Tito’ fue el único que recibió un solo disparo.

“Hay 14 cuerpos, 13 están tienen balazos por todas partes, sin embargo, el cuerpo N14, que es ‘Tito’, tiene un solo balazo. Él se había disparado en el tobillo pero ese no lo mató, la bala que lo mató fue el que recibió en la cabeza”, mencionó.

Además, Baraybar reveló que de estos 14 cuerpos, ocho presentaron una lesión patrón, es decir, tenían un disparo en la parte posterior del cuello independientemente de los demás disparos en el cuerpo. ”Tú puedes tener 25 balazos pero uno de ellos era ese. ‘Tito’ sólo tenía este disparo”, agregó.

“Todo caso se debe ver en un contexto”

Baraybar aclaró que, aunque no se puede determinar la distancia del disparo que ocasionó la muerte del terrorista ”Tito’, todo caso se debe ver en un contexto, es decir, tomando en consideración los testimonios que ya se han presentado durante el proceso judicial.

En ese sentido, se refirió al testimonio del diplomático japonés Hidetaka Ogura quien aseguró ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación que vio A ‘Tito’ con vida en el jardín de la casa vecina adonde fueron conducidos los rehenes recién liberados.

Asimismo, a los testimonios de los suboficiales de la policía Marcial Teodorico Torres Arteaga y Raúl Robles Reynoso, quienes declararon que redujeron a ‘Tito’ durante el rescate, cuando intentó huir confundido entre los rehenes. Según su versión, lo retuvieron en posición de cúbito dorsal en una de las casas adyacentes e informaron al coronel Jesús Zamudio Aliaga del Servicio de Inteligencia Nacional, el cual envió un comando para recogerlo y devolverlo a la residencia.

Finalmente, Baraybar aclaró que el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) realizó las pericias a pedido del Estado peruano y no de parte de otras entidades.

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Víctimas de esterilización forzada entregarán evidencias a Fiscalía

La Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco (Amaefc) entregará esta tarde a la Fiscalía más de medio centenar de evidencias de casos practicados entre 1996 y 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La delegación de Amaefc, que estará acompañada por los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la parlamentaria andina Hilaria Supa, llegará a las 15:00 horas de hoy jueves al despacho de la titular de la Primera Fiscalía Supra Provincial a cargo del caso, Edith Chamorro, llevando más de 3,000 folios con pruebas sobre acciones de esterilizaciones forzadas.

Las evidencias  forman parte de la investigación que desde el 2002 realizó la Comisión Especial constituida por el Ministerio de Salud para investigar las esterilizaciones contra la voluntad de las afectadas, la mayoría mujeres campesinas.

Las denuncias de las víctimas permitió que el 21 de octubre de 2011, la Fiscalía de la Nación ordenara la reapertura de la investigación sobre las esterilizaciones forzadas a más de 300,000 mujeres en el Perú.

Las afectadas denunciaron los hechos desde 1998 y llegaron a Lima en 2001 para hacer públicos sus casos. Ellas se han agrupado en Amaef Cusco y han logrado acopiar más de 3,000 folios que sustentan el Informe Final de la comisión especial 2001-2002, cuyos originales están en el Ministerio de Salud.

Las representantes de las mujeres afectadas sostendrán también reuniones con la Defensoría del Pueblo, el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría Supranacional, la Vicepresidencia del Parlamento Andino  y otras instancias del Estado.

Fuente: Andina


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Iquitos en situación crítica tras inundaciones

La ciudad de Iquitos esta flotando en las aguas del Amazonas, Itaya, Nanay y Morona. Es la primera vez que la zona urbana de Iquitos sufre las consecuencias del desborde. Hay más de 100 mil damnificados y existe una gran posibilidad de que ocurran infecciones y problemas de salud originados por este problema.

Iquitos sufre las consecuencias del desborde.

Texto y fotos:
Comisión de Justicia y Paz- Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos
Carmen Rosa Arévalo Sala
s

Buenas tardes estimados amigos y amigas quiero compartir con ustedes la situación de la Región Loreto, el río Amazonas alcanzó 118 metros sobre el nivel del mar, la cifra más alta de los últimos 20 años. Es la primera vez que la zona urbana de Iquitos sufre las consecuencias del desborde.

Las mujeres han participado en la construcción del puente

Muchas familias han tenido que improvisar y construir puentes para poder tener acceso, otros han tenido que abandonar sus domicilios porque el agua ya llegó a tapar las ventanas de sus casas.

Mientras otras familias tienen que ingeniárselas para poder luchar contra las inundaciones, las que tenían un pequeño negocio en su domicilio se han visto afectadas, puesto que ha bajado el consumo,

La crecida del río Amazonas continúa, y no solo afectó las viviendas, sino más de 26 mil hectáreas de cultivos de las comunidades ribereñas. Ahora el racimo de plátano cuesta S/. 30.00 nuevo soles.

Otros de los afectados son los escolares quienes no pueden asistir a sus respectivos colegios debido a que estos se encuentran inundados y me aventuro a indicar que la deserción escolar en el presente año se va a incrementar. Muchos niños y niñas han tenido que salir con sus familia de sus comunidades, algunos tenían que pasar por tablas que simulan ser puentes y que en la actualidad ya ha cobrado la vida de 7 personas, aproximadamente, entre adultos, niños y niñas que han muerto ahogados. Esto solo contando los casos que se registraron en la periferia de la Ciudad de Iquitos (reporte de los medios de comunicación).

Estudiantes tienen que viajar en canoas para ir a su centro de estudios y regresar a sus comunidades.

Por otra parte la información indica que hay más de a 100,000 mil damnificados, quienes tienen que ubicarse en las partes más altas de sus casas.

Cuando las aguas empiezan a bajar las epidemias también han empezado a surgir en los lugares donde se encuentran los damnificados debido a la basura acumulada y la presencia de zancudos. Muchos de los afectados han sido trasladados de emergencia a hospitales al presentar fiebres altas, vómitos y diarreas.

Muchas instituciones educativas continúan cubiertas de agua por la crecida del Amazonas.

En lo que va de los últimos meses se han registrado tres muertes por este virus. Según datos de los medios de comunicación las primeras víctimas fueron un niños de 09 años, un anciano y un joven.

La Directora Regional de Salud, Ana María Navarro, indica que actualmente hay 32 casos positivos a leptospirosis en la Región. Igualmente, el Director del Hospital Regional, Martín Casapía, indicó que el hospital cuenta con personal médico y especialistas para atender este tipo de casos.

Por otra parte la Dra. Navarro consideró que “No es adecuado realizar una desratización en la zona porque esto solo traería problemas de salud ambiental, pues si se mata a roedores y estos son arrojados a la basura se constituiría otro foco de infección, el problema está ahora nuestras autoridades deben hacer campañas de hábitos de higiene con la población”.

El sector Educación fue uno de más afectados por la crecida de las aguas del Río Amazonas, quedando afectadas muchas instituciones educativas algunas de ella están cubiertas de agua y esto a llevado a que se suspendan las clases y los niños y las niñas con todo sus familias han tenido que salir de la comunidad dejando sus casa y sembríos.

Para acoger a estas familias se han implementado Instituciones Educativas como albergues provisionales En los Distrito:

1. Iquitos 09 Instituciones Educativas.
2. Punchana 12 Instituciones Educativas.
3. Belén 08 Instituciones Educativas.
4. San Juan 10 Instituciones Educativas.
5. Fernando Lores 01 Instituciones Educativas.
6. Yavari 01 Instituciones Educativas.
7. Ramón Castilla 05 Instituciones Educativas.
8. San Pablo 01 Instituciones Educativas.

Actualmente hay un total de 43 instituciones educativas las que están albergando a 1795 familias. A eso hay q agregar aquellas familias que están hacinadas en casas de algunos vecinos o familiares que tienen en la ciudad. Otros han invadido terrenos de propiedad privada, en busca de estar a buen recaudo.

Es bueno señalar que la  Comisión de Justicia y Paz- Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos (CJPDHVAI) y la Parroquia San Pedro Pescador hemos iniciado un trabajo coordinado con el Profesor Emilio Agnini Rodriguez de la Dirección Regional de Educación de Loreto para facilitar el transporte de Especialistas para dar seguimiento a los maestros y maestras de las diferentes Instituciones Educativas con la finalidad de ir mejorando el servicios en las zonas más lejanas como la cuenca del río Momón lugar donde la Parroquia interactúa con los agentes pastorales.

En estas visitas hemos encontrado Maestras comprometidas con el que hacer educativo y el desarrollo de la comunidad, dictando sus clases. Así podemos indicar a Institución Educativas  Nueva York – Río Momón, Nueva Vida, Río Itaya.

Así como estos colegios, también encontramos otra Instituciones Educativas cerradas sin maestros y estando ubicadas en zona alta, lugares donde se viene privando a los niños y niñas del derecho a la educación.

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Los hijos del terror

Publicado el 02 May 2012 por admin en Opinión

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Los hijos del terror

Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, Kolumna Okupa, domingo 29/04/2012

Toda la semana se ha hablado de los niños secuestrados por las huestes de los camaradas José, Gabriel y los otros hermanos Quispe Palomino en el VRAE, se ha levantado la voz de las instituciones y del Estado, el presidente Ollanta Humala se ha indignado y ha dicho que se van a “recuperar” a esos niños y el premier Valdés ha conminado a las ONGs de derechos humanos y protección de la infancia a que hagan algo. Sin embargo, los niños secuestrados del VRAE siguen ahí. Con su inocencia interrumpida, con sus war-games totalmente reales, con sus prácticas rutinarias y asfixiantes, cantando canciones como “empuña tu fusil/ que es tu felicidad” para seguir empuñando sus fusiles, sus AKMs, su miseria. Creyendo que ese es el mundo real. Creyendo que esa exclusión será su sino durante toda su vida.

¿Qué debemos hacer? Todos hablan de planes integrales, el asunto es que el VRAE tiene varios de ellos. Desde hace años se han hecho diagnósticos, evaluaciones, y se han propuesto estrategias y metas, pero lo que les falta a todas estas buenas intenciones es algo que el Ministerio de Economía y Finanzas siempre mezquina: presupuesto. Se requiere de real voluntad política para empezar a poner coto a esta miseria de peruanos y peruanas que, debido precisamente a los índices de pobreza de la zona, han sido permeados por el narcotráfico y por el terrorismo. Un niño gana un jornal de 3 soles por cosechar coca. Si una niña de 14 años, matziguenga, es intercambiada por algunos objetos valiosos y dada como “esposa” de cualquier individuo que puede comprar algunas latas de atún, entonces la posibilidad de que estos niños sean enrolados en el Militarizado Partido Comunista del Perú es, para sus padres, la urgencia de salvarles la vida.

Finalmente, los terroristas de esta zona tienen dinero y pagan bien por la comida y los enseres.

Carlos Tapia ha propuesta la creación de una Oficina del Alto Comisionado de Pacificación del VRAE, con cargo de ministro, presupuesto y asiento en el Consejo de Ministros, porque la situación lo requiere y lo exige. No podemos caer en el mismo error de los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García: dejar en manos de los militares la solución de esa zona atestada de narcotraficantes y sus guachimanes, zafando cuerpo cuando se requiere civiles para asumir las decisiones de gobierno. No repitamos la historia ayacuchana. El Ministerio de Inclusión Social tiene que tomar cartas en el asunto, porque solo con la esperanza de una inclusión real estos niños serán salvados. Y nos referimos a los secuestrados por SL pero también a los que trabajan con los cocaleros y a los niños indígenas que mueren de abandono.

El miércoles pasado en el programa Lo Justo, de La Mula TV, entrevisté a Rosa Lía Chauca, educadora de REDINFA, quien ha trabajado con niños soldados desde hace varios años, y una propuesta innovadora que ella sostuvo durante la entrevista era no entender que “rescatarlos” implique sacarlos de la zona sino, por el contrario, asumirlos dentro del mismo VRAE desde diversos programas sociales inclusivos. Para ella “sacarlos” y trasladarlos al INABIF en el Cusco o Ayacucho sería potencialmente más traumático que re-educarlos a partir de programas específicos en la zona. Según informes del antropólogo Adolfo López Córdova, quien ha trabajado desde hace varios años en la zona de Kiteni, la mayoría de la población infantil del VRAE son “rubios”, es decir, niños totalmente desnutridos, con índices que pueden llegar en ciertas zonas al 72%.  Estas cifras deben escandalizarnos. ¿Cuántos años más vamos a seguir denunciando para salvar a estos hijos del terror?

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