Baguazo, conflicto en el post-conflicto

Publicado el 28 Febrero 2013 por admin en Opinión

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Baguazo, conflicto en el post-conflicto

Por Gabriel Salazar y Vera Lucía Rios

Como parte del proyecto “Promoción de procesos de memoria, acceso a la  justicia y solución pacífica de conflictos en zonas afectadas por el conflicto armado interno y conflictos socio ambientales”, impulsado por la CNDDHH en el marco de la plataforma de Derechos Humanos que Diakonía promueve y la Unión Europea financia, pudimos viajar a la comunidad de Imacita. La hipótesis que el proyecto maneja es la existencia de continuidades entre el conflicto armado interno y los conflictos sociales que existen actualmente en el Perú. Luego de esta visita podemos afirmar que si existen claras líneas de continuidades entre ambos procesos, así como un impacto fuerte del post-conflicto en los conflictos sociales. En este breve espacio abordaremos una de estas continuidades: el ninguneo, como indiferencia y discriminación hacia un gran número  de peruanos, particularmente desde el gobierno. Esta continuidad la pudimos observar a través de un taller de memoria en Imacita, en el cuál pudimos conocer, muy brevemente, la realidad de los indígenas procesados por el llamado Baguazo y sus impresiones sobre ese conflicto.

Al conversar con los procesados resaltó el hecho de que el presidente de entonces, Alan García Pérez, desconocía a las comunidades indígenas. Sin embargo, avanzada la conversación, se llegó a la conclusión que García Pérez no las desconocía, sino que conociéndolas las desconoció. Este punto afloró cuando los indígenas se referían a la actitud violenta y desmedida que el gobierno, representado por el presidente y las fuerzas policiales, tuvieron contra ellos durante las protestas en Bagua el 5 de Junio del 2009. Creemos lamentable una actitud que termina por ningunear a una población, es decir no reconocerla como ciudadanos del Perú, y más bien los excluye en pro de un supuesto objetivo mayor: el desarrollo económico de la nación. Este discurso es continuo en los conflictos sociales actuales y tiene raíces en el pasado reciente, donde también encontramos el ninguneo sufrido por las comunidades indígenas durante el conflicto armado interno, actitud que no solo vino desde gobierno, sino también desde muchos ámbitos de nuestra sociedad.

Otro punto  de continuidad entre el conflicto armado interno y los conflictos sociales es el peso que tiene ese pasado en el presente de los conflictos sociales. Ejemplo perfecto, en el caso del Baguazo, es cuando el mismo presidente Alan García, en un comunicado escrito desde su “despacho presidencial” afirmó que los indígenas utilizaron técnicas “senderistas”. Es el mismo ninguneo, ese que en algunos momentos idealiza y exotiza al indígena, pero en otros los acusa de “niños” que se dejan llevar por agitadores, o en otros casos se vuelve paternalista hacia ellos, y que ahora coexiste con el tiempo y el discurso estigmatizador del post-conflicto. Esta soterrada acusación de García se viene repitiendo también en el actual gobierno que acusa a los líderes -sobre todo indígenas- cuando se oponen a ese tipo de desarrollo en el país, el cual se pretende conseguir en detrimento de sus comunidades.

Finalmente, la construcción trunca de un tejido social democrático está muy presente en el recuerdo de los indígenas de ciertos hitos históricos: el acceso a la educación bilingüe, la promulgación de las leyes de delimitación de sus tierras que les otorgaban la condición de “indivisible”, “inalienable” e “imprescriptible” durante el gobierno militar de Juan Velasco, las leyes dadas en el gobierno de Alberto Fujimori que destruyeron gran parte de estos derechos ganados. Todos estos recuerdos aparecen al pensar en los precedentes del Baguazo y en el Baguazo mismo.  El Baguazo  nos hace notar que el camino para volver a tejer lo destejido va a ser un reto no solo para los pueblos indígenas, las organizaciones políticas y los gobiernos, sino también para una sociedad que ya tuvo suficiente con un proceso tan desgarrador y traumático como lo fue el conflicto armado interno  pero que hasta ahora parece que no puede dejar de transitar.

Publicado en Noticias SER, 27/02/2013


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El continuum de la violencia

Publicado el 26 Febrero 2013 por admin en Opinión

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El continuum de la violencia

Por Rocío Silva Santisteban

Desde hace algún tiempo algunos investigadores, periodistas y analistas están preguntándose de qué manera los actuales conflictos sociales están vinculados con una especie de “violencia supérstite” remanente de lo que algunos llaman conflicto armado interno, otros época de la violencia política y otros “los años del terrorismo”. Como siempre lo vengo repitiendo: solo el uso de la nomenclatura sobre este tema en nuestro país nos posiciona ideológica y políticamente.

Por eso mismo,  para ciertos sectores estatales –sobre todo de inteligencia– la relación se da entre los vínculos oscuros de dirigentes que purgaron sentencias por terrorismo o que están cercanos o son claramente afiliados al Movadef, con el liderazgo de movimientos por la tierra y por el agua a los que suelen calificar de “antimineros”.  Como si se tratara de un adjetivo que define por negación a un grupo, lo cual es absolutamente absurdo porque jamás los protestantes se oponen a la extracción por sí misma sino a la contaminación que acarrea, los servicios de inteligencia siguen construyendo un hilo entre unos y otros. Hilo invisible que no sirve para dar puntadas, dicho sea de paso. Así los “antimineros” de Espinar, Tía María, Cañaris, Quiruvilca, Supayacu, Conga, entre otros, están vinculados entre sí para arruinar las grandes inversiones extranjeras porque quieren, ahora desde otras estrategias, tomar el poder local, regional o solo levantar perfil político y no dudan en azuzar a las masas siempre inocentes e ignorantes.

Entonces lo que sucede es que el “control” de los conflictos sociales pasa por una lectura errada de una respuesta represiva al estilo de los años 80. Finalmente, en efecto, se da el continuum violento pero por la respuesta del Estado anclada en esas lógicas: ampliar el control sobre la población civil a través de las Fuerzas Armadas y no solo de la policía; establecer puestos policiales en los campamentos mineros (y en algunos casos también puestos militares); denunciar en las fiscalías de prevención del delito a los diferentes líderes locales por adelantado; permitir que la policía pueda recoger cadáveres sin presencia de fiscal; hacer cambios jurisdiccionales, entre otras flexibilidades normativas. El aporte diferenciado de esta década del s.XXI son los convenios entre PNP y empresas extractivas a través de los cuales estas les pagan a oficiales y policías de tal suerte que el límite entre una fuerza pública y una privada prácticamente se ha fusionado.

Junto con la flexibilidad normativa también tenemos una justificación discursiva de un desprecio al “otro que protesta” o, en todo caso, una conmiseración hacia esas masas ignorantes atizadas por caudillos inescrupulosos. Que un campesino no sepa leer no implica que no conozca perfectamente sus necesidades económicas, sociales y ecológicas y asuma una posición política en torno a ellas. El agua, señores, es un elemento poderoso y transparente para enfocar una necesidad vital que, además, se prolonga por generaciones. Entender eso no requiere un doctorado en geología sino tener la certeza de que los poderosos pueden cerrar el caño, entubar el río o secar las lagunas, con completo apoyo de la PNP y las fuerzas armadas, las fiscalías y con mucho dinero.  Ese es el continuum violento en versión aggiornada al siglo XXI.

Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, 26/02/2013

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Presentan resultados de proyecto de promoción psicosocial con víctimas de la violencia en Huancayo

El Centro de Atención Psicosocial (CAPS) y el Fondo Italo Peruano (FIP) invitan a la presentación de los logros y resultados del proyecto: “Promoviendo la recuperación psicosocial de los afectados por la violencia política en el  Distrito de Chilca Alta”, en la ciudad de Huancayo. La cita es el lunes 25 de febrero en el local del CAPS. (Calle Caracas 2380, Jesús Maria, a las 9.00 am).

Clic para ampliar

Mayor información: CAPS

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Cusco: 26 familias campesinas pudieron enterrar restos de familiares muertos en década de los 80

En la imagen aparecen los ataúdes con los restos de 26 personas. Los cuerpos fueron exhumados de fosas comunes de Apurímac. (Foto: AP)

(AP). Veintiséis familias campesinas en Cusco recuperaron este martes los restos de sus seres queridos que murieron en los años 80, en el fuego cruzado desatado entre las fuerzas armadas y el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Se trata de restos óseos de autoridades locales, pobladores, e incluso tres niños, que fueron asesinados por elementos subversivos o militares. Sus restos fueron exhumados de fosas comunes en varias localidades de la región de Apurímac entre octubre y noviembre pasados y tras un proceso de investigación pudieron ser identificados y entregados a sus deudos para que sean sepultados.

La entrega se realizó en una ceremonia en el local de un colegio de la ciudad del Cusco y estuvo a cargo de autoridades fiscales.

CONTINÚAN IDENTIFICANDO VÍCTIMAS
Féretros de color blanco, adornados cada uno con flores amarillas, contenían los restos de las 26 víctimas, 24 de las cuales fueron hombres y dos mujeres.

Las autoridades fiscales de provincias del sudeste del país, las más golpeadas por la violencia política, vienen identificando en los últimos años diversas fosas comunes como parte de una política de esclarecimiento e investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hubo 69 mil muertos y desaparecidos en dos décadas de violencia (1980-2000), la mayor parte atribuidos a Sendero Luminoso.

El Comercio

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El coronel y la violencia sexual

Publicado el 19 Febrero 2013 por admin en Opinión

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El coronel y la violencia sexual

Por Rocío Silva Santisteban

El Papa Benedicto XVI renuncia a su pontificado en medio de una serie de rumores: por un lado se dice que fue una decisión radical para cortar con las oscuras alianzas dentro del Vaticano; por otro lado que fue para evitar una demanda por encubrir a los sacerdotes pederastas. Que el Vaticano, como en la época de los Borgia, se vea envuelto en intrigas económicas, financieras y sexuales me parece uno de los síntomas de todos los tiempos, la diferencia de ahora es que no se puede tener perfil bajo al respecto porque los escándalos se saben al medio minuto en todo el mundo. El Papa renunció y eso ha sido un anuncio por lo menos.

Pero en muchos de los países de África y AL con una alta tolerancia a las agresiones sexuales contra las mujeres, niñas y niños, la violencia sexual en todas sus formas se invisibiliza o se olvida. La semana pasada participé de un encuentro sobre violencia sexual durante conflictos armados en Washington (Missing Peace Symposium) con presencia de activistas, abogados, fiscales, funcionarios y militares de Guatemala, Colombia, Liberia, Sierra Leona, Kenia, Ruanda, Uganda, Somalia, Bosnia entre otros países y pude constatar, por la participación de mis colegas africanos, que estamos muchísimo peor que en casi todos los países de allá, excepto Burundi.

¿Por qué? Pues porque, a pesar de todo, esos países han asumido políticas públicas que atienden las demandas de las mujeres violadas y los hijos frutos de esas violaciones. No solo hay programas de reparaciones, también hay avances para apoyarlas con programas de salud mental, psiquiatras que trabajan el tema en hospitales públicos, programas para perpetradores, propuestas de apoyo a población LGTB en vulnerabilidad golpeados por el conflicto. ¿Y acá en Perú? Casi nada, excepto el registro de víctimas, reparaciones que no terminan de salir y la indiferencia del gobierno. Solo se estigmatiza a las víctimas y peor aún si han participado de grupos subversivos.

El coronel Birame Diop, de Senegal, por ejemplo, es el director del Centro para la Gestión de Cambios y Conflictos y además de haberse graduado con honores como piloto de la Fuerza Aérea de su país y tener una experiencia de 30 años tratando de tender puentes entre la sociedad civil y los militares, es uno de los principales líderes de procesos de cambio dentro de su institución para asumir cero tolerancia al tema de violencia sexual contra mujeres, niñas y población LGTB. El coronel Diop habló de la importancia de las propias mujeres violadas como voceras de esta tolerancia cero para evitar el “continuum de la violencia”.

En el Perú, ¿algún militar se atrevería hablar sobre los 2.383 casos de violencia sexual durante los 20 años de conflicto?, ¿algún oficial de la FAP podría proponer el tema de tolerancia cero?, ¿algún Ministro de Defensa permitiría que los fiscales y jueces tengan acceso a información sobre militares que “pichanearon” a cientos de mujeres en Manta o Soccos?, ¿algún juez se atrevería a dictar la PRIMERA sentencia por violación sexual?, ¿nuestro Presidente, que conoció de cerca lo que fue el conflicto, comentará alguna vez en público que esto no puede repetirse nunca más? Me dirán ilusa, pero yo espero que sí. Sería por lo menos el anuncio que necesitan los hijos e hijas del terror en su largo camino por la justicia.

Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, 19/02/2013

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Lugar de la Memoria sería inaugurado en el segundo semestre de 2013

Obras en el Lugar de la Memoria. Foto: Andina

La construcción de las obras físicas del Lugar de la Memoria ya culminó y se inició la etapa de implementación del edificio que recordará los 20 años de violencia que desató el terrorismo en el país, informó el director de este proyecto, Fernando Carvallo.

En declaraciones a la Agencia Andina, Carvallo precisó que se tiene previsto terminar con esa segunda fase en julio próximo, lo que permitiría inaugurar el recinto museográfico en el segundo semestre de este año.

“Hemos terminado el casco de la obra, que ha sido la parte más costosa y laboriosa porque hemos tenido que adaptar el expediente técnico a las condiciones inesperadas del terreno”, explicó.

La edificación, según dijo, permite apreciar con claridad el concepto del museo que tendrá un recorrido de abajo hacia arriba, representando el tránsito de la oscuridad, del dolor y la muerte que vivimos en los años de violencia, hacia la esperanza de una sociedad democrática.

El edificio, ubicado en los acantilados de la Costa Verde, en Miraflores, consta de cuatro pisos. Tendrá un auditorio con capacidad para 300 personas y salas diversas para albergar exposiciones provisionales y permanentes.

Si bien el recorrido del museo será en forma ascendente, Carvallo manifestó que el ingreso principal del Lugar de la Memoria será por la avenida del Ejército, aunque habrá también un ingreso vehicular por la Costa Verde.

Para la segunda etapa de la construcción se realizaron licitaciones en 16 rubros para colocar los acabados de la obra y el equipamiento del sistema sanitario, eléctrico y mobiliario, entre otros, necesarios para ponerlo en funcionamiento.

“En julio y agosto, conforme avance la segunda etapa de la obra, sabremos con precisión cuándo se inaugurará el Lugar de la Memoria; será en el segundo semestre de este año”, precisó.

La construcción, iniciada el 4 de noviembre del 2010, ha sido posible con la colaboración de Alemania, que entregó una donación de 1.5 millones de euros, y otros países amigos, así como el aporte del Estado peruano.

El Lugar de la Memoria busca rendir tributo a las víctimas, tanto civiles como militares y policías, del periodo de violencia armada en Perú que dejó casi 70,000 muertos, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Fuente: Andina

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Mirna Grandez marcha en busca de justicia a un año de accidente

El drama de Mirna Grández Bardales a un año de fatal accidente ocasionado por una irresponsabilidad técnica. Foto: La República

Hoy 14 de febrero se cumple un año que Mirna Grández Bardales (29) se encuentra postrada en una silla de ruedas por un suceso que no deja de recordar cada segundo que pasa. Se toma un momento, respira profundo y recuerda lo que le sucedió aquel día en su centro de trabajo cuando subió al ascensor en el quinto piso del edificio Capital de San Isidro.

En ese momento una falla mecánica originó que el ascensor subiera intempestivamente de ese piso al 23. Ese movimiento brusco le produjo una serie de lesiones en el cuerpo. La más grave fue una fractura en la columna vertebral que le dejó las piernas sin movimiento, sumado a un traumatismo encéfalocraneano. “No me controlo, solo puedo mover las extremidades superiores. Ni mi tórax ni mis piernas tienen movimiento.”, señala Mirna.

“Tengo un trauma vertebromedular, fractura polifragmentaria por estallamiento de mis huesos que afecta todo mi cuerpo, con desplazamiento de mis vértebras, edema cerebral difuso; tengo pernos y barras de titanio que sostienen mi cuerpo. Estoy dañada física y moralmente; todo ello ante la actitud indolente de las empresas responsables del edificio: IBERT RENT, CORPORACION MG, SHINDLER, G4S, MAPFRE, RIMAC Y PACIFICO SEGUROS”, denuncia la agraviada.

Hoy, a un año del fatídico accidente, Mirna Grández emprenderá en su silla de ruedas un recorrido desde la casa de reposo en la cual se encuentra hasta la puerta del Edifico Capital ubicado en la Av. Rivera Navarrete en San Isidro. Lo hará por la Av. La Marina siguiendo la Av. Javier Prado, acompañada de todas aquellas personas que quieran unirse a su lucha por encontrar JUSTICIA.

La CNDDHH apoya a Mirna y estará presente en la marcha de hoy. Los invitamos a sumarse a esta causa.

Ver más:

http://www.youtube.com/watch?v=Pt2DWSEoTVo

http://www.youtube.com/watch?v=ej_sE0snc1Y

http://www.youtube.com/watch?v=U2J1IeFUcUA

http://www.youtube.com/watch?v=2FNQZ-xM56w

http://www.youtube.com/watch?v=yFl64kkpGng

http://www.youtube.com/watch?v=Ho2SGULzVjA

http://elcomercio.pe/lima/1374391/noticia-accidente-ascensor-se-habria-originado-baja-energia

http://elcomercio.pe/lima/1374359/noticia-ascensor-seis-personas-bordo-cayo-cinco-pisos-san-isidro

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Convocan a concurso de investigación en sexualidad

Hasta por un monto acumulado de 15 mil nuevos entregará el Movimiento Manuela Ramos a las dos mejores investigaciones en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres del Perú.

Los proyectos que resulten ganadores serán publicados y se propone que contribuyan a la mejora de las políticas públicas y/o estrategias de intervención en derechos sexuales y reproductivos. Entre los temas propuestos están la mortalidad materna, pobreza, decisiones sobre la sexualidad, calidad de atención, educación sexual integral, aborto, derecho a la información y estado laico. Las bases se encuentran en: http://www.manuela.org.pe/wp-content/uploads/2012/12/BasesConcursoInvestigacion.pdf

Los proyectos de investigación se recibirán hasta el 15 de marzo de 2013 en el local de la institución Av. Juan Pablo Fernandini 550, Pueblo Libre (cuadra 15 Av. Brasil).

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Lanzan concurso de reportajes en Derechos Sexuales y Reproductivos

Atención periodistas. Movimiento Manuela Ramos lanza concurso de reportajes en Derechos Sexuales y Reproductivos

Con el objetivo de contribuir a la formación de una opinión responsable e informada acerca de los derechos de las mujeres peruanas, el Movimiento Manuela Ramos lanza el concurso de reportajes periodísticos sobre derechos sexuales y reproductivos.

Los trabajos pueden ser publicados en medios periodísticos impresos, radiales, televisivos y/o digitales. Los premios para los ganadores/as son de tres mil quinientos (S/.3,500); dos mil (S/. 2,000); y un mil (S/.1,000) nuevos soles para el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

El plazo para la entrega de los reportajes es el 17 de mayo de 2013.  Las bases están publicadas en http://www.manuela.org.pe/wp-content/uploads/2013/01/BasesConcursoPeriodistico.pdf

Entre los temas sugeridos figuran: el derecho a decidir de las mujeres, decisiones sobre la sexualidad, embarazo adolescente, calidad de atención en los servicios públicos de salud, educación sexual integral, estado de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva, etc.

Lima, 28 de enero de 2013

Mayor información:
Nidia Sánchez G.
Programa Derechos Sexuales y Reproductivos
Movimiento Manuela Ramos
RPM #362405

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Los señores de la mina

Publicado el 05 Febrero 2013 por admin en Opinión

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Los señores de la mina

Por Rocío Silva Santisteban

“Los señores de la mina/ ya nos quieren engañar/ dicen que las truchas mueren/ porque no saben nadar…” es una de la tonadas de carnaval cajamarquino que se escucha y se seguirá escuchando en Celendín, Bambamarca y Hualgayoc entero, pero que definitivamente, también se baila en La Shacsha, Baños del Inca, donde la Empresa Yanacocha ha infringido una ordenanza municipal invadiendo terrenos dentro de un área de conservación.

La sierra norte se ha calentado más de la cuenta este verano de carnavales, sobre todo en Cañaris, donde la semana pasada se llevó a cabo una “mesa de desarrollo” con la presencia de un Vladimiro Huaroc sin muñeca para manejar una sesión cuya acta no fue firmada por Cristóbal Barrios, presidente de la comunidad, porque no se consignaron los pedidos que se habían solicitado. Sin embargo, los campesinos cajamarquinos, liberteños o los indígenas de Amazonas saben perfectamente que la mejor manera de luchar es también con ironía y alegría, pues esto le desespera a los dueños del Perú. ¿Y qué mejor que cantando en carnaval?

La derecha sin Aldo Mariátegui exacerbado en Correo ahora se desespera. Acusa al gobierno de no poder imponer el “principio de autoridad” ante un gobierno regional presidido por un “agitador profesional” que “declara sin desparpajo” (sic) sobre la inviabilidad de Conga luego de la entrevista con el Premier Jiménez. El diario El Comercio también se rasga las vestiduras, repitiendo una a una las razones de los señores de la mina (como esa de que el agua “se desperdicia en Cajamarca porque va a dar al mar”)  y señala a Gregorio Santos como el “mañoso que miente con desparpajo” y pretende ridiculizarlo con el melifluo título “Gregorio y los frejoles mágicos”.

La derecha refinada y la bruta y achorada, una citando mal y la otra citando con corrección y furia varias veces la palabra “desparpajo”, no soportan que un insumiso que tiene el poder del gobierno regional pueda dialogar sin subalternizarse. Al parecer lo único que los calmaría sería tener a Gregorio Santos tras las rejas y por eso mismo, extrañan el premierato de Valdés, que tenía a los fiscales de prevención del delito dejando regadas por todas las jurisdicciones sendas denuncias contra todos los dirigentes, muchos de los cuales se han ido archivando por falta de pruebas. “Desparpajo”, esa palabra repetida en ambos diarios, posiciona a los que la usan como sorprendidos e indignados por un campesino que gobierna y no cede ante los intereses de los señores de la mina.

No nos olvidemos tan pronto del pánico a la izquierda que desató el pase a la segunda vuelta de Ollanta Humala y las increíbles “investigaciones” de Perú21, que ahora se han abocado en la estrategia de persecución a Gregorio Santos y a todo dirigente cajamarquino o cañarí que discrepe del discurso hegemónico de las bondades de la minería. Por lo visto están terriblemente asustados y en esa clave habría que interpretar también el despido a Aldo Mariátegui y el apoyo obsecuente a la revocatoria. Bueno, pues, ¡tiemblen! No todos los candidatos a presidente son domesticables.

Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, 04/02/2013

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Human Rights Watch presenta Reporte Mundial 2013: desafíos para los derechos humanos

Cómo construir democracias en las que se respeten los derechos después de la caída del dictador. Desafíos para los derechos humanos después de la Primavera Árabe.

(HRW).- La euforia de la Primavera Árabe ha dado paso al complicado desafío de crear democracias en las que se respeten los derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch con motivo de la publicación de su Informe anual 2013. La voluntad de los nuevos gobiernos de respetar los derechos humanos determinará si estos levantamientos dieron lugar a una verdadera democracia o simplemente generaron nuevas formas de autoritarismo.

En el informe de 665 páginas, el vigésimo tercer examen de las prácticas de derechos humanos alrededor del mundo, Human Rights Watch resume los principales problemas en más de 90 países. Con respecto a los acontecimientos ocurridos en Oriente Medio y Norte de África, conocidos como la Primavera Árabe, Human Rights Watch dijo que la creación de un estado en el que se respeten los derechos humanos puede ser una labor minuciosa que exige desarrollar instituciones eficaces para la gestión de gobierno, establecer tribunales independientes, crear una policía profesional y resistirse a la tentación de las mayorías de prescindir de los derechos humanos y el estado de derecho. Sin embargo, la dificultad para establecer una democracia no justifica que se intente volver al antiguo régimen, señaló Human Rights Watch.

“Las incertidumbres de la libertad no son una razón para volver a la previsibilidad impuesta del régimen autoritario”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “El camino por recorrer puede ser traicionero, pero la alternativa es condenar a países enteros a un sombrío futuro de opresión”. La tensión entre el gobierno de la mayoría y el respeto por los derechos humanos constituye quizá el reto más importante para los nuevos gobiernos, dijo Human Rights Watch. Es natural que los líderes de Oriente Medio estén ansiosos por ejercer este nuevo respaldo electoral, pero tienen el deber de gobernar sin sacrificar las libertades fundamentales ni los derechos de las minorías, las mujeres y otros grupos en riesgo.

Otros países pueden apoyarles sentando ejemplos positivos con sus propias prácticas, implementando modelos que respeten los derechos humanos, y promoviendo constantemente estos derechos en sus relaciones con el nuevo gobierno y otros interlocutores. Hacer la vista gorda a la represión puede ser conveniente en términos políticos, pero perjudica enormemente los intentos de establecer democracias en las que se respeten los derechos humanos, dijo Human Rights Watch.

Tres ensayos adicionales del Informe anual tratan sobre otras amenazas contra los derechos humanos. En uno se describe la necesidad de regular las actividades de las empresas en todo el mundo, especialmente en una era de globalización, con el fin de proteger los derechos de los trabajadores y de las personas afectadas negativamente por operaciones empresariales. En el segundo se señala que, en respuesta a las crisis ambientales, los gobiernos y otros actores se concentran frecuentemente en el daño a la naturaleza, y se olvidan del impacto sobre los derechos humanos de los que residen en las zona afectadas. En el tercer ensayo se subraya el uso de los argumentos de la “tradición” y el relativismo cultural para negar a las mujeres y las minorías derechos humanos que deberían ser universales.

En la introducción del informe, Human Rights Watch señala que la batalla en torno a la constitución de Egipto, quien sería probablemente el país más influyente de las regiones que están pasando por un proceso de cambio, demuestra la dificultad para proteger los derechos humanos. La constitución contiene algunos elementos positivos, como prohibiciones claras de la tortura y la detención arbitraria.

Sin embargo, las disposiciones descritas de manera general y vagas acerca de la expresión, la religión y la familia tienen implicaciones peligrosas para los derechos de la mujer y el ejercicio de las libertades sociales protegidas por el derecho internacional. La constitución también refleja un abandono aparente de los intentos de ejercer el control civil sobre las fuerzas armadas.

Entre los países árabes que han cambiado sus gobiernos, Libia es el mejor ejemplo de la problemática un estado débil, una consecuencia de las decisiones del Muammar Gaddafi de no desarrollar las instituciones de gobierno para desalentar amenazas contra su régimen. El problema es especialmente grave respecto al estado de derecho, dijo Human Rights Watch. Las milicias dominan muchas partes del país y, en algunas zonas, cometen graves abusos de impunidad. Mientras tanto, miles de personas siguen detenidas, algunas por el gobierno y otras por las milicias, con muy pocas posibilidades de que a corto plazo se formulen cargos contra ellos o se cuestione en los tribunales las pruebas que pesan sobre los detenidos.

En Siria, donde 60.000 personas han muerto durante los combates en curso, según la última estimación de las Naciones Unidas, las fuerzas gubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, mientras que algunas fuerzas de la oposición también han llevado a cabo abusos graves, como actos de tortura y ejecuciones sumarias.

Una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de remitir la situación en Siria a la Corte Penal Internacional constituiría una medida de justicia y ayudaría a frenar nuevas atrocidades y venganzas sectarias. Sin embargo, aunque muchos gobiernos dicen que apoyan esta medida, no han ejercido el tipo de presión pública sostenida que podría convencer a Rusia y China de que abandonen sus vetos y permitan la remisión del caso, dijo Human Rights Watch. También es necesario ejercer presión sobre la oposición armada siria para que defina y acate una visión del país en la que se respeten los derechos humanos de todas las personas.

Los derechos de la mujer son una fuente de polémica en muchos países a medida que los islamistas van cobrando poder electoral, señaló Human Rights Watch. Algunos de los que se oponen argumentan que este tipo de derechos son una imposición de los países occidentales, y son incompatibles con el Islam y la cultura árabe. Las leyes internacionales de derechos humanos no impide que las mujeres mantengan un estilo de vida conservador o religioso, siempre y cuando, ellas así lo desean. No obstante, los gobiernos imponen con demasiada frecuencia restricciones a las mujeres que buscan la igualdad o la autonomía. Decir que estos derechos son una imposición occidental no ayuda a ocultar la opresión local, sino que obliga a las mujeres a asumir un papel de supeditación.

“A medida que los gobiernos dominados por islamistas surgidos de la Primavera Árabe van echando raíces, es posible que ninguna cuestión defina mejor su conducta que su trato hacia las mujeres”, dijo Roth. Las expresiones consideradas transgresoras de ciertos límites provoca que los gobiernos se vean a menudo tentados a restringir los derechos de los demás. Las declaraciones que contienen críticas al gobierno, insultos a ciertos grupos u ofensas contra el sentimiento religioso están especialmente expuestas a esta situación. Según Human Rights Watch, en estos casos, el riesgo para la libertad de expresión es mayor en ausencia de instituciones fuertes e independientes que puedan proteger los derechos humanos. Los gobiernos también deben actuar con prudencia y respetar el derecho a disentir, criticar y expresar opiniones impopulares.

Los gobiernos pueden justificar restricciones de ciertas expresiones, como las usadas para incitar a la violencia. Sin embargo, también es importante controlar a los que usan la violencia para reprimir o castigar la expresión, dijo Human Rights Watch. Los infractores son aquellos que reaccionan violentamente a la expresión porque no están de acuerdo con su contenido: los funcionarios tienen el deber de detener la violencia, no de censurar el discurso ofensivo.

El problema de un gobierno de la mayoría sin restricciones no se limita al mundo árabe, señaló Human Rights Watch. Un ejemplo claro es el caso de Birmania, donde una dictadura militar afianzada durante muchos años dio paso a un gobierno civil reformista. No obstante, el Gobierno birmano se ha mostrado reticente a proteger a los grupos minoritarios del país o incluso a denunciar abiertamente los abusos contra ellos, en particular la persecución grave y violenta de la etnia musulmana Rohingya.

Human Rights Watch dijo que la transición de la revolución a una democracia en la que se respeten los derechos humanos está sobre todo en manos de la población del país que se somete al cambio, pero otros gobiernos pueden y deben ejercer una influencia significativa. Sin embargo, el apoyo occidental a los derechos humanos y la democracia en todo Oriente Medio ha sido incongruente cuando se interponen los intereses relacionados con el petróleo, las bases militares o Israel.

A la hora de exigir responsabilidades a funcionarios abusivos, dicha incongruencia alimenta los argumentos de los gobiernos represores de que la justicia internacional es selectiva y rara vez se aplica a los aliados de gobiernos occidentales; también menoscaba el valor disuasivo de la Corte Penal Internacional.

“Para que mejore la situación de los derechos humanos en una región que se ha resistido durante mucho tiempo al cambio democrático, los nuevos líderes de Oriente Medio tendrán que demostrar una determinación fundada en principios”, dijo Roth. “Y necesitarán el respaldo constante e inquebrantable de actores influyentes fuera de la región”.

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Cusco: identifican 26 cuerpos de víctimas del terrorismo

Treinta años después. Restos fueron hallados en fosas comunes a mediados del año pasado en varias localidades apurimeñas y este 18 y 19 de febrero serán entregados a sus familiares. En 18 comunidades de Apurímac se registraron graves violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000.

En tres semanas los restos de las víctimas serán entregados a los familiares. Foto: La República

Tomado de La República

Después de tres décadas continúan apareciendo más víctimas de la violencia terrorista de Sendero Luminoso que desangró al país. Ayer se dio a conocer que veintiséis cuerpos de campesinos apurimeños, víctimas de la época del terror, fueron identificados por especialistas de antropología forense y odontología de la División de Medicina Legal del Ministerio Público de Cusco.

Las víctimas fueron asesinadas en comunidades campesinas y poblados de Apurímac. Los mataron con disparos de balas y golpes en la cabeza con piedras y otros objetos contundentes. Consumado el crimen fueron enterrados en fosas comunes e individuales.

La exhumación se hizo a mediados del año pasado. Los entierros estaban ubicados en las localidades apurimeñas de Progreso, Mariscal Gamarra, Grau, Haquira y Mara. El proceso de identificación empezó en octubre.

Evelyn Casafranca Monteagudo, jefa de la División de Medicina Legal II del Ministerio Público, explicó que esa labor estuvo a cargo de un grupo especializado de identificación forense de Lima y Cusco.

“Desde octubre del año pasado se realizó esta labor a pedido de la fiscalía de Abancay. Los comuneros  avisaron de las fosas comunes”, explicó.

Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR), en 18 comunidades campesinas de Apurímac ocurrieron graves agresiones entre 1980 y 2000. En tanto que el Plan Integral de Reparaciones Colectivas e Individuales tiene identificados a 491 familiares de víctimas en la región Chanka.

ENTREGA DE RESTOS A FAMILIARES

Casafranca Monteagudo destacó el trabajo delicado que desarrollaron los profesionales de medicina legal para identificar a las víctimas a través del análisis de sus restos. Cuando el cadáver se halla en una fase de esqueletización avanzada es más difícil el trabajo de identificación.

En los siguientes días, la Tercera Fiscalía Penal de Abancay-Apurímac –a cargo del caso- notificará a los familiares sobre la identificación de sus seres queridos. En tanto, los restos óseos serán entregados a sus familiares en acto público el 18 y 19 de febrero en la Ciudad Imperial.

Toda la información sobre el proceso de identificación y la lista de nombres serán dados a conocer  por la Tercera Fiscalía Penal de Apurímac en las fechas de entrega. “Esa información (nombres de la víctimas identificadas) no se las podemos dar”, refirió la secretaria de dicha fiscalía a  través del hilo telefónico.

José Carlos Alca, responsable del Consejo de Reparaciones de Apurímac, destacó la solución de estos 26 casos, pero también aclaró que hay poca información al respecto, toda vez que “aún se halla en manos de la fiscalía correspondiente”.

Alca, sin embargo, refirió que una vez que los familiares reciban los cuerpos se iniciará el proceso para incluirlos en la lista de los beneficiarios del plan de reparaciones colectivas e individuales.

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24 muertos y 649 heridos dejaron conflictos sociales el 2012

El último Reporte de Conflictos Sociales N° 106 de la Defensoría del Pueblo dio cuenta de que producto de enfrentamientos surgidos el año pasado se registró un total de 24 muertos -todos ellos civiles- y 649 heridos -entre civiles, policías y militares-.

El reporte correspondiente a diciembre de 2012 señala que hasta este mes se registraron 227 conflictos sociales, 164 (72.2%) se encuentran activos y 63 (27,8%) en “estado latente”, además de que en este mismo año se iniciaron 84 nuevos conflictos.

Precisa además que de estos nuevos casos el 65.5% (55) representan conflictos socioambientales y que del total de los 227 registrados hasta el pasado mes 148 son de esta misma naturaleza, es decir, el 65.2% del total de conflictos son de carácter socioambiental.

La Defensoría precisa que las regiones de Áncash con 32, Puno con 20 y Apurímac con 19 son las que concentran mayor cantidad de conflictos, y que por quinto año consecutivo, los conflictos socioambientales representan el mayor número de casos registrados.

Asimismo destaca que a la fecha hay 84 casos (51%) en proceso de diálogo, de los cuales 52 (62%) se desarrollan en mesas de diálogo y que desde el 2010 persiste una ligera tendencia al incremento del diálogo como herramienta para la solución de conflictos.

Conflictos que desembocan en muertes

Lo más preocupante del 2012, explica la Defensoría, fueron los conflictos en los que se llegó a graves actos de violencia que acabaron con la vida de 24 persona, todas ellas civiles, y 649 resultaron heridas, entre civiles, policías y militares.

El caso que ocupó el 2012 sin duda ha sido el que involucra a las comunidades de la región Cajamarca con el proyecto minero Conga que por el momento se encuentra suspendido. Sin embargo, existen otros casos relacionados a las actividades agrícolas y petroleras.

En el caso de estos últimos las comunidades consideran que sus territorios son invadidos por las compañías con el aval del gobierno y violando derechos ganados. En el caso de Conga tuvieron que suceder la muerte de cinco personas para que el gobierno se pronunciara.

A los conflictos suscitados en Cajamarca se suman los ocurridos en provincias como Espinar en Cusco, Puerto Maldonado en Madre de Dios o en Piura, que concluyeron también con la muerte de civiles, en algunos casos personas ajenas al conflicto.

Según lo publicado por la Defensoría, cabe resaltar que desde el mes de junio de este año, el número de conflictos mostró una tendencia a la disminución, habiendo pasado de 247 en dicho mes a 227 casos en diciembre.

Fuente: Servindi


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