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Exhumarán restos de pobladores asesinados por SL en Huamanquiquia, Ayacucho

19 años después. Ayer se iniciaron trabajos de exhumación de los restos de pobladores y autoridades asesinados por Sendero Luminoso el 1 de julio de 1992, en el distrito de Huamanquiquia, Provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho.

logo comisedh

La Primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, programó entre el 26 y 30 de setiembre, la diligencia de recuperación de restos óseos de las víctimas de la masacre senderista, ocurrida en julio de 1992 en la comunidad campesina de Huamanquiquia. El trabajo programado implica la recuperación de los restos de 18 víctimas así como el acopio de declaraciones testimoniales de familiares de las víctimas y testigos.

El caso en mención fue investigado y denunciado por la Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH, el mismo que corresponde a uno de los dos grandes eventos que han marcado la memoria de los pobladores y pobladoras de Huamanquiquia. Junto a esta masacre senderista ocurrida en 1992, el otro hecho que conmocionó a esta comunidad se produjo en 1983, por acción de fuerzas combinadas del ejército y la policía, que dejó como saldo más de 30 comuneros –hombres y mujeres- muertos y desaparecidos.

El evento que suscita la diligencia fiscal -corresponde a los hechos ocurridos el 1º de julio de 1992- cuando aproximadamente quince senderistas disfrazados de militares llegaron a la comunidad de Huamanquiquia conduciendo -supuestamente detenidos- a una pareja de seudo senderistas. Mediante engaños, ordenaron a las mujeres a cocinar y a los varones a reunirse en el auditorio de la escuela donde supuestamente darían un escarmiento a los “terroristas detenidos”. En tales circunstancias ingresaron a la comunidad medio centenar de senderistas provenientes de otras comunidades y consumaron la cruel matanza contra los pobladores utilizando para ello piedras,  hachas y machetes.

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AI: preocupante que Ministro de Defensa sugiera la posibilidad de institucionalizar la impunidad y además ataque a organizaciones de derechos humanos

DECLARACIÓN PÚBLICA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

26 de Septiembre de 2011
Índice AI: AMR 46/009/2011

Amnistía Internacional manifiesta preocupación por declaraciones desde que entró el nuevo gobierno.

El día 29 de julio en declaraciones a la prensa el Ministro de Defensa Daniel Mora, consideró que el Perú debe llegar a una “solución de punto final y reconciliación” refiriéndose al conflicto armado interno por el que atravesó el Perú y así poner fin a procesos judiciales tanto contra miembros de las fuerzas armadas como de la policía acusados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos durante esa época.

Por otra parte, el día 21 de septiembre durante un debate parlamentario indicó estar convencido de que organizaciones no gubernamentales quieren ‘desaparecer las fuerzas armadas’ menoscabando así el trabajo y aporte de estas organizaciones que durante años han defendido los derechos humanos y luchado contra la impunidad.

Durante la última década el Estado peruano ha enfrentado el gran desafió de romper el vicioso círculo de la impunidad y construir un estado de derecho que garantice el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación durante dos décadas de graves violaciones a los derechos humanos.

Las organizaciones de defensa y promoción a los derechos humanos del Perú han contribuido profundamente a la construcción de este nuevo Estado y es imperante que prevalezca el respeto a la legítima labor crítica y constructiva que dichas organizaciones siguen realizando.

Amnistía Internacional llama al gobierno del Perú a asegurar que esta nueva administración priorice la protección y promoción de los derechos humanos con miras a continuar avanzando hacia la consolidación del Estado de derecho.

Si desean más información o concertar entrevistas, pónganse en contacto Núria Frigola Torrent (comunicacion@amnistia.org.pe / 241 56 25 / 989 180 327)

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WOLA y CEJIL rechazan declaraciones del Ministro de Defensa del Perú contra los organismos de derechos humanos y la Corte IDH

Funcionario promueve acuerdo de “punto final y reconciliación”

Washington, D.C., 22 de setiembre del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazamos energéticamente las declaraciones emitidas el día de ayer por parte del Ministro de Defensa del Perú Daniel Mora contra el trabajo de los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante una presentación ante el Congreso el Ministro Mora acertó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) estaban coordinando acciones para “desaparecer a las Fuerzas Armadas” y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido injustas con el Perú.

Hace apenas dos semanas el Ministro Mora fue cuestionado por sus declaraciones en relación a los juicios actualmente en proceso contra miembros de las fuerzas del orden bajo acusaciones de violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno del Perú (1980-2000). El Ministro declaró que el Perú debería llegar a un acuerdo político de “punto final y reconciliación” para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusados de graves violaciones a los derechos humanos. WOLA expresó su rechazo en aquella oportunidad, y lo reitera ahora, de cualquier propuesta de amnistía para militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

Durante el gobierno anterior de Alan García, hubo una campaña mediática fuerte contra los organismos de derechos humanos, particularmente los que representan a las víctimas en los procesos penales contra los acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos. En aquella época, el Ministerio de Defensa se había convertido en un verdadero obstáculo a la judicialización de los casos de violaciones a los derechos humanos. “Negaron colaborar con la justicia con documentos oficiales, y varios de los encargados de la cartera de Defensa, y especialmente el ex ministro Rafael Rey Rey, tuvieron una actitud abiertamente hostil a los organismos de derechos humanos y a las instituciones del Estado encargados de la justicia, el Ministerio Pública y el Poder Judicial”, dijo Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA. “cusaron a los organismos de derechos humanos de entablar una persecución política contra las fuerzas armadas al impulsar la investigación y juzgamiento de algunos de sus miembros acusados de crímenes tan graves como la masacre de 69 campesinos de Accomarca (23 de ellos niños) o la tortura y desaparición forzada de por lo menos 54 personas del Cuartel Militar Los Cabitos durante el año 1983, casos actualmente en proceso judicial”.

Con la asunción de un nuevo gobierno bajo el liderazgo de Ollanta Humala, que ha demostrado una actitud positiva en una serie de iniciativas como la firma de la Ley de Consulta Previa, se esperaba una nueva actitud frente este tema. “El gobierno de Ollanta Humala tiene la palabra”, dijo Jo-Marie Burt. “El Presidente Humala no puede mantenerse en silencio frente a declaraciones del tipo que acaba de emitir el Ministro Mora, tan similares a declaraciones de ministros anteriores como Rafael Rey, que conllevan una actitud de intimidación y hostigamiento frente a los organismos de derechos humanos, cuyo labor es fundamental en cualquier sociedad democrática”.

Burt señaló que el gobierno del Perú acaba de suscribir a un acuerdo internacional sobre la transparencia en el manejo gubernamental que debería aplicarse en todos los sectores, y especialmente en términos de la urgente necesidad de abrir los archivos militares y policiales para así poder esclarecer graves casos de violaciones a los derechos humanos y permitir que los procesos judiciales avancen con celeridad tanto para los imputados como para las víctimas y sus familiares.

De acuerdo a las obligaciones internacionales del Perú, la justicia peruana tiene la obligación de investigar y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, expresó su preocupación de que el debate en este sentido persista y señaló que “además de las reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben al Perú aplicar leyes de amnistía u otras eximentes de responsabilidad, también se ha restringido el uso del fuero militar para la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Además, Perú asumió obligaciones en este sentido al firmar diversos tratados de derechos humanos tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la OEA. Es preciso recordar que estos tipos de medidas no podrán ser utilizadas aún si aquellas resultan de un proceso de debate democrático. La Corte Interamericana ya ha dado elementos claves en este sentido en las sentencias de La Rochela v. Colombia y Gelman v. Uruguay, entre otras”.

WOLA y CEJIL recuerda que el Presidente Ollanta Humala se comprometió a respetar a los derechos humanos e impulsar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, las cuales incluyen la judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos. Hacemos un llamado al Presidente Humala a rechazar las declaraciones del Ministro Mora y a afirmar una política de derechos humanos que incorpora la búsqueda para la verdad y la justicia en el Perú.

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Ronald Gamarra: si ministro Mora quiere apoyar a FF.AA. que entregue información

Tomado de Ideeleradio.pe

Si el ministro de Defensa Daniel Mora quiere apoyar a las Fuerzas Armadas , debería asumir su responsabilidad y entregar la información sobre los militares acusados por violaciones de derechos humanos, aseveró Ronald Gamarra Herrera, ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ex procurador anticorrupción.

Fue al cuestionar las declaraciones del titular de Defensa, Mora Zevallos, quien afirmó que los organismos de derechos humanos quieren desaparecer a las FF.AA. Además, criticó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su opinión no ha sido justo con el Estado peruano en torno a sus sentencias.

“Si quiere ayudar a las Fuerzas Armadas y particularmente al Ejército el señor Mora debe entregar la información [de los militares cuestionados] y eso el Poder Judicial y el Ministerio Público lo resuelve en un par de meses y los responsables irán a juicio y aquellos militares que pusieron el pecho para combatir el terrorismo verán que sus temas están resueltos para siempre y eso es responsabilidad de los ministros de Defensa anteriores y ahora del ministro Mora”, afirmó en el programa “No Hay Derecho”de Ideeleradio.

Gamarra Herrera sostuvo que el titular de Defensa, Daniel Mora, se apoya en generalidades y desconoce cuál es rol de los organismos de derechos humanos. Por ello, pidió a este funcionario ser más preciso en sus declaraciones.

“Yo lamento que [Daniel] Mora sea el ministro de Defensa del Perú y que tenga tan equivocado y bajo concepto de lo que son los derechos humanos, creo que él no entiende muchas de las cosas; ahora, él se apoya en una generalidad de que los organismos de derechos humanos quieren destruir a las Fuerzas Armadas, ¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde? Qué lo demuestre. Yo también puedo decir una y mil barbaridades, pero de eso no se trata. Si eres funcionario público ¡por favor! O sea precisiones [en este tema], hay que identificar”, demandó.

Niega que exista un prejuicio por parte de la CIDH

En ese sentido, rechazó que exista un prejuicio de la Corte Interamericana contra el Perú y recordó que durante la época del régimen fujimorista se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Explicó que lo que único que hizo el organismo supranacional, fue verificar que el Estado Peruano incumplió con sus obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana de DDHH.

“No culpemos a la justicia de los delitos cometidos por nuestros funcionarios públicos. No es cierto además que todas las sentencias de la Corte digan que el Estado peruano ha violado sistemáticamente los derechos humanos porque en diversas sentencias la Corte acoge el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”, explicó.

“Todos sabemos que ese informe señala que así como Sendero Luminoso y el MRTA son los principales iniciadores de la violencia política y autores de violaciones a los derechos humanos, las Fuerzas Armadas también cometieron violaciones”, anotó.

No hay más de 20 condenados por violaciones a los DDHH

Incluso aclaró que en la actualidad no hay más de 20 militares condenados por casos de violaciones a los derechos humanos, es decir ni el 1% de la totalidad de sus miembros. En este aspecto dijo que le parece bien que se sea selectivo en la investigación, juzgamiento, sanción de los violadores a los derechos humanos.

“[El ministro Daniel] Mora tiene que entender cuántos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pasaron por la zona de emergencia en 20 años de conflicto armado interno ¿50 mil, 60, 70 mil? ¿Cuántos de ellos fueron procesados y condenados? Creo que no hay más de 10 o 20 condenados, o sea eso no es ni el 1%”, explicó.

“Por favor, si los casos se mantienen todavía a nivel de investigación pasado tantos años es porque el Estado peruano siempre se opuso a que se investigara y el ministro [Daniel] Mora tiene una responsabilidad”, concluyó

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Arequipa: Detienen a dirigente indígena Pablo Salas Charca

Ayer viernes 16 de setiembre, Pablo Salas Charca, dirigente indígena de Puno y secretario de organización de CONACAMI, fue detenido en la ciudad de Arequipa al finalizar una marcha pacífica como parte de las actividades del Foro Nacional de los Pueblos Alternativo a la 30º Convención Minera — PERÚMIN.

Cuando el dirigente indígena se trasladaba a su hotel, dos miembros de la policía lo detuvieron en plena vía pública y lo introdujeron a un vehículo que lo llevaría hacia la carceleta del Poder Judicial. Según testigos de la detención, los efectivos del orden habrían golpeado y arrebatado su celular.

Horas después, el dirigente fue llevado hacia el médico legista, para la certificación de los golpes recibidos al momento de la detención. Al parecer en la medianoche, a más tardar mañana temprano sería trasladado a la ciudad de Puno, donde se encuentra el expediente judicial de su caso legal.

El Foro, realizado del 13 al 16 de setiembre, y organizado por la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI, propone y expone un modelo alternativo al extractivismo que se viene aplicando en el país.

Video de programa Lo justo

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Condena a atentato cometido contra Sacerdote Marco Arana

Pronunciamiento de FEDEPAZ

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Fedepaz saluda aniversario de consulta vecinal en Piura y rechaza atentado cometido contra el Sacerdote Marco Arana y comitiva que lo acompañaba

Fueron interceptados por 30 personas, supuestos ronderos, cuando se dirigía a participar de las festividades por el 4º aniversario de la consulta vecinal.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), saluda a los pueblos de Huancabamba y Ayabaca en Piura, que un día como hoy hace 4 años, se pronunciaron democráticamente en consulta vecinal por defender su modelo de desarrollo basado en la agricultura, ganadería y turismo, y sin minería en los ecosistemas de Páramo y Bosques de neblina.

Asimismo, Fedepaz, condena el acto de violencia cometido contra el Padre Marco Arana, líder del Movimiento “Tierra y Libertad”, conocido activista de derechos humanos y defensor de las comunidades indígenas y campesinas, quien fue agredido por personas que apoyan la minería, en circunstancias que llegaba a la ciudad de Huancabamba en Piura, para participar como invitado en el aniversario de la Consulta Vecinal realizada el 16 de setiembre del año 2007,

En declaraciones brindadas por el Padre Arana, el narró que “el hecho ocurrió, en la noche de ayer – jueves- promediando las 9:40 pm., cuando – él y su comitiva – se encontraban cerca al caserío Singo, a sólo 40 minutos de la ciudad de Huancabamba, donde fueron víctimas de un atentado con piedras y disparos de armas de fuego, ocasionando roturas en los vidrios de las puertas laterales y abolladuras de la carrocería del vehículo donde viajaba”.

Se descarta que se trate de un acto delincuencial común, puesto que media hora antes del atentado, el vehículo en que se transportaba el Padre Marco Arana había sido interceptado aproximadamente por 30 presuntos ronderos campesinos del sector Quispampa, quienes les pidieron sus documentos de identificación, los cuales eran cotejados con una lista de nombres impresa en computadora, la que les permitió identificarlo.

Arana, señala que luego de un diálogo normal, con los supuestos campesinos les manifestaron que querían “desarrollo y trabajo”, expresando su rechazo a la agricultura como actividad que se los brinde, entendiendo que apoyaban la actividad minera. Al término de la breve conversación permitieron que el vehículo avanzara hasta el lugar donde se produjo el atentado.

Luego del hecho tuvieron que escapar al caserío Singo, donde hicieron coordinaciones con autoridades en Lima y Cajamarca a fin de recibir apoyo policial. Una patrulla policial al mando del comandante Valdiviezo llegó a la zona para brindarle garantías y que permitir que finalmente pueda llegar a Huancabamba.

Al parecer, uno de los  promotores de este ataque sería Dúber Mauriola, locutor de Radio Centinela de Huancabamba, persona muy identificada con la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (antes Minera Majaz S.A.), en tanto desde días previos, señala el Padre Arana, “venía incitando actos de violencia en contra de quienes llegaran a Huancabamba para las celebraciones por la consulta vecinal”. Desde su espacio radial se habría dirigido en especial a habitantes de la comunidad de Quispampa, con la finalidad de que impidan la llegada de “personas extrañas” que supuestamente venían a impedir el desarrollo de Huancabamba.

El Padre Arana “exige una profunda investigación”, pues señala que las personas que lo interceptaron, “conocían de mi visita a la zona, en que vehículo venía, tenían una lista impresa con nombres, es decir, se trata de todo un seguimiento el realizado, acciones que los campesinos no efectúan”.

Señaló también que empresas mineras como las chinas, “no pueden comportarse como en su país donde hay una dictadura y se violan los derechos, pues en el Perú hay democracia y los derechos se hacen respetar”. Por ello pidió la intervención del Presidente de la República en los casos de violaciones de derechos presentados respecto de las actividades de la empresa Río Blanco, como las torturas del año 2005 y las personas fallecidas en el conflicto, para evitar la impunidad que hasta ahora existe al respecto.

Finalmente, el Padre Arana señaló que “la Ley de Consulta Previa recientemente aprobada, está inspirada en el Convenio 169 y en la consulta vecinal que se realizó en Huancabamba, y que hoy celebramos”. Es un paso adelante en la solución definitiva de conflictos como el generado por la empresa minera Río Blanco en Huancabamba.

Lima 16 septiembre 2011
FEDEPAZ

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Arequipa: CNDDHH se reúne con víctimas de represión policial

El día de ayer, jueves 15 de setiembre, en la ciudad de Arequipa, se realizó una reunión entre la CNDDHH y los deudos, heridos y procesados producto de los violentos sucesos ocurridos en el mes de abril del presente año en el Valle del Tambo (Arequipa), donde la población salió a las calles a expresar su protesta ante la ejecución del proyecto minero de Tía María.

En el encuentro, organizado por CEPRODEH de Arequipa, las víctimas y familiares expresaron su gran preocupación por la impunidad y que hasta la fecha no haya ningún proceso penal abierto por las tres muertes producto de la represión  policial.

Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH y Mar Pérez, responsable del área DESC,  recogieron las preocupaciones de la población afectada. Asimismo, informaron sobre la escalada de conflictividad social que viene experimentando el Perú desde el año 2006  y recomendaron insistir en una política de diálogo entre el Gobierno con las comunidades antes que priorizar la represión.

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Implementación de la Ley de Consulta Previa requiere de concertación con pueblos indígenas en espacio multisectorial

Reproducimos pronunciamiento de la Red Muqui.

La Red Muqui saluda la promulgación de la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, pues reivindica la lucha de quienes, durante muchos años, fueron excluidos de las decisiones que los afectaban directamente.

Consideramos que el reconocimiento del derecho a la consulta es un avance importante en el camino a la inclusión y reconocimiento de su identidad, sin embargo esto no debería agotar el debate, pues todavía hay algunos temas que deben ser desarrollados.

Si bien la Ley de Consulta Previa se enmarca en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nada de lo establecido podrá efectivizarse si no se cuenta con una metodología común a todos los sectores del gobierno. Por este motivo, consideramos necesario un reglamento marco al cual se adecuen los diversos procedimientos de cada uno de los órganos del Estado.

En este escenario, es necesaria la conformación de una Comisión Multisectorial de Alto Nivel, presidida por el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, autoridad en materia de pueblos indígenas, a fin de que se encargue de elaborar una propuesta de reglamentación para la Ley de Consulta Previa.

La Comisión debe estar conformada por representantes de todos los sectores del Estado involucrados en el proceso, y debe integrar a las organizaciones indígenas nacionales y regionales, además de instituciones de la sociedad civil que acompañan el proceso.

La articulación de esta Comisión es prioritaria, pues se debe recordar que el plazo para la implementación de la Ley es de 90 días, tiempo en el que se debe contar con una institucionalidad en materia indígena sólida y con entidades del Estado que cuenten con el personal especializado y el presupuesto necesario para realizar todas las acciones que resulten necesarias para su implementación.

Por estas consideraciones, la Red Muqui invoca a nuestras autoridades a que participen activamente en el proceso de implementación de la Ley de Consulta Previa y que, en el más breve plazo, se constituya formalmente la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, a fin de que antes de la entrada en vigencia de la Ley, se cuente con el reglamento marco de ésta, y las condiciones necesarias para su implementación.

Red Muqui

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Argentina: Veintiséis represores frente a sus atrocidades

Empezó el juicio a los represores responsables de los seis campos de concentración conocidos como Circuito Camps, encabezados por Etchecolatz, Saint Jean, Arias Duval y Smart. Están acusados por crímenes de lesa humanidad sobre 281 víctimas, entre ellas menores de edad y embarazadas

Tomado de Página 12, Argentina

Durante un año y medio, más de 500 testigos contarán cómo fue el operativo en el que se secuestró a la hija de Chicha Mariani, cómo se torturó a los chicos de la Noche de los Lápices, qué le hicieron a Jacobo Timerman, entre otras causas emblemáticas.

Esas palabras que podían llegar a perforarles los oídos a medida que bajaban esposados de los móviles del Servicio Penitenciario Federal se potenciaron, abrumadoras, dentro de la sala, acaso acentuadas por las escenográficas formas del Teatro platense de la AMIA. Víctimas y sus victimarios se juntaron cuando todo estaba listo para comenzar un juicio histórico: el primero oral por los crímenes cometidos durante la dictadura en los centros clandestinos que integraron el llamado Circuito Camps. Pese a eso, a que todo estaba listo, algo pasó. Durante veinte minutos la sala estuvo sin los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1. Como en un ritual en el que de pronto se alteran todas las rutinas, las víctimas, solas, frente a las espaldas de los acusados, soltaron lo único que tenían a mano: sus palabras. ¡Cobardessss!, gritó alguien. ¡Asesino! ¡Hijos de putaaaa!, decía la sala convertida en una única voz. ¡Abusadores! ¡Violadores! ¡Pervertidos!, seguían. Y empezaron a pronunciar el nombre mántrico de los caídos: Jorge Julio López, Adriana Calvo. “¡Pónganle esposas al segundo que se hace el rengooo!”, dijeron. “¡Contestá dónde está López!”, se oyó. Dijeron y cantaron “Como a los nazis…”. Dijeron presente por los 30 mil desaparecidos. Volvieron a cantar hasta que entonces sí, dos horas después del comienzo previsto, y mucho después de que cada uno haya ocupado su lugar, el presidente del TOCF 1 Carlos Rozanski entró a empezar con el juicio.

El proceso que comenzó en La Plata tiene las dimensiones de una megacausa. Varios tramos de seis centros clandestinos que integraron el circuito de la Jefatura de Policía bonaerense a cargo del brutal Ramón Camps confluyeron en este juicio que reunirá durante un año y medio el tránsito de más de 500 testigos, por 281 víctimas, entre las que hay menores de edad y embarazadas, en contra de 26 represores, entre los cuales están las figuras negras de la represión de la provincia.

El jefe de la Brigada de Inteligencia de la Policía Bonaerense –el primer lugar al que llegaban las víctimas secuestradas y espacio de distribución de los prisioneros–, el policía Miguel Etchecolatz todavía no había llegado a la sala cuando empezó la audiencia. En ese comienzo, en cambio, se habían sentado los otros acusados, tres de los cuales subieron al escenario arrastrados en sillas de ruedas. Entre ellos, dos de los tres militares juzgados: Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense que llegó al juicio defendido por su hijo. Agustín Arias Duval, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y entre los dos se sentó el médico de policía Jorge Bergés, también reducido a la silla de ruedas. El resto ocupó otras tres tumultuosas hileras. En un extremo, se sentó el primer civil con rango de ministro que llega a ser juzgado por delitos de lesa humanidad: Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de Saint Jean, pero además abogado que consiguió poco más tarde la autorización del Tribunal para asumir su propia defensa. La decisión, complicada, criticada en otras jurisdicciones porque de ese modo puede preguntar a los testigos y convertir el interrogatorio en una suerte de careo, le permitió rápidamente desplazarse, maletín en mano, de la silla de acusado a la mesa de los abogados. Los otros acusados son mayoritariamente los ex policías de la Bonaerense que libraron la batalla en nombre de la represión. Entre ellos, Norberto Cozzani, mano derecha de Etchecolatz, y Hugo Alberto Gullana, su chofer, acusado de robarse a Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani.

Chicha también estaba ahí. Pese a sus ojos casi ciegos, a su bastón, se sentó a la espera, como en cada comienzo de juicio, de que, a lo mejor, alguno de ellos, esta vez, diga algo. “Para mí es muy distinto este juicio de los otros porque se va a juzgar el caso de Clara Anahí”, dijo Chicha. “No tengo muchas esperanzas porque los veo tan crueles, tan duros, pero uno siempre espera en un rincón del corazón que uno de ellos diga la verdad, es cierto que ya se murieron muchos, pero tengo la esperanza de que alguno hable.”

El hijo de Saint Jean en calidad de abogado dijo que su padre de 89 años tiene problemas de salud avalados por informes de tres peritos forenses: “¡Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala!”, clamó. La abogada de Arias Duval pidió lo mismo e invocó un cuadro de cáncer terminal. Se sumó el abogado de Rodolfo Campos, el tercer militar juzgado, subjefe de policía de Camps.

Rozanski reprendió al Servicio Penitenciario por las demoras. Y el más demorado fue Etchecolatz, que llegó después de la una de la tarde. Ante la ausencia, el juicio empezó con la lectura de los dos únicos tramos que no lo tienen de acusado. Uno, contra Bergés por falsificación de documentos en la apropiación de Pedro Luis Nadal García, y el otro contra el policía retirado Santiago Antonini por el secuestro de Chicha Mariani el 10 de diciembre de 1976, en su casa, durante media hora, pero cuando la patota que integraba buscaba a su hijo, a días del ataque a la casa de la calle 30. Ese comienzo azaroso por la ausencia de Etchecolatz se convirtió sin embargo en una entrada simbólica porque plantó en medio de la sala el ataque a la imprenta de Montoneros y el asesinato de los militantes de la calle 30.

Antonini estuvo en la casa de Chicha Mariani después del ataque. Ella lo reconoció en una audiencia de los Juicios por la Verdad, pero él participó a su vez del ataque a la casa de la calle 30, como surge de sus fojas de servicio. La Jefatura lo felicitó después del ataque “por haber participado” y abatir a quienes mantenían ocultas armas y hacer un hallazgo que calificaron de “sorprendente”, por la imprenta de Montoneros. El ataque, se recordó en la sala, buscó “anular el funcionamiento de una imprenta oculta ingeniosamente en la pared, donde se imprimía material de Montoneros”. Y “el objetivo principal fue exterminar a los ocupantes de la casa”. Recordaron el impresionante despliegue de fuerzas militares y policiales, la presencia anticipada de morgueros: “Esta es una muestra de la brutalidad que tenía quien comandó ese ataque, que fue Miguel Etchecolatz”, recordó la elevación. Hubo despliegue de todo tipo de armamentos, explosivos, lanzacohetes. “De allí que no hubo un enfrentamiento, sino una verdadera masacre planificada que cumplió con su objetivo de eliminar a los ocupantes para hacer tronar el escarmiento a implantar en La Plata y en el país y llevarse como trofeo a la pequeña hija de dos militantes de Montoneros.”

Ese será un eje al que volverá el debate en los primeros tiempos. De acuerdo con el cronograma, el debate comenzará con los casos que rodearon el ataque de la calle 30, el robo de Clara Anahí y el secuestro de Chicha. Esa escala permitirá ingresar a uno de los microcircuitos integrado por la Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría V con jurisdicción en el lugar y el Pozo de Arana.

Claudia Belingieri es perito de la causa, investigadora a cargo de los archivos de la ex Dipba, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense. “Los 29 centros clandestinos que incluyó el Circuito Camps funcionaron en comisarías, puestos y destacamentos, es decir –dice–, estaban montados sobre la estructura de la Policía Bonaerense que conducía Camps y Camps militarizó a la policía para ponerla al servicio de la represión.”

El debate avanzará así en causas emblemáticas que tuvieron lugar en ese tramo: el secuestro de los Graiver, el de Jacobo Timerman, Julio López y Adriana Calvo, quien seguramente encontrará la forma de estar presente pese a su muerte, porque la fiscalía pidió que se incorpore uno de sus últimos testimonios filmados. Lo mismo se hará con Julio López.

Emilce Moler era estudiante de Bellas Artes cuando empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Parte de los jóvenes secuestrados en la llamada Noche de los Lápices, otro de los casos que integrarán la primera parte del juicio. Emilce, que estuvo ayer en la sala, aclaró que no los secuestraron por la pelea del boleto estudiantil, que eso sucedió un año antes, que los secuestraron por la UES. Ella pasó el primer tramo de su secuestro en el Pozo de Arana, de ahí pasó a la Brigada de Quilmes, luego a la Comisaría de Valentín Alsina y luego quedó blanqueada en el Penal de Devoto hasta 1978, en que salió en libertad vigilada. “Yo siento que éste es un juicio bueno y reparador”, dijo al comienzo, todavía en la entrada. “Un juicio de esta magnitud es muy emblemático porque se puede centralizar el Circuito Camps, pero porque también aparece un civil, policías y militares: es una muestra de lo que pasaba con los distintos actores que intervinieron desde distintos lugares para que la represión de una dictadura cívico-militar pudiera darse en los distintos grados.”

Afuera, mientras tanto, estaban los que todavía no iban a entrar. Las banderas de HIJOS La Plata y de las agrupaciones que montaron una radio abierta. Las fotos de Jorge Julio López. El paso raudo de Etchecolatz más tarde bajando en medio de nuevos gritos de cobarde y de asesino. Las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Vera Jarach, Carmen Lapacó, Enriqueta Maroni, Mirta Baravalle, Elsa Pavón, Adelina de Alaye, Alba “Nieca” Martino. Las querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Justicia Ya!, Abuelas de Plaza de Mayo y Alejo Ramos Padilla, que acompañó por última vez a Chicha Mariani porque asumirá de juez en los próximos días. Entre el público, hubo sobrevivientes de todos los centros. La audiencia seguirá hoy y se hará lunes y martes en La Plata.

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Entrevista a Jo Marie Burt, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad George Mason de Washington, quien conversó con Lo Justo sobre las polémicas declaraciones del Ministro de Defensa, Daniel Mora, y además sobre el tema de las reticencias del propio ministerio para dar información sobre militares y miembros de las FFAA implicados en violaciones de derechos humanos durante los años 1980-2000. Lo Justo sale al aire todos los martes de 7 a 8 de la noche por lamula.pe

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Señalan la necesidad que el Estado peruano suscriba y ratifique Convención contra la desaparición de personas

CNDDHH realiza reunión de trabajo con la participación de Rainer Huhle, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, representantes del Estado y sociedad civil.

Familiares de los desaparecidos del Santa realizan acto en memoria de sus seres queridos. Foto: CJS Chimbote

El día de hoy, 5 de setiembre de 2011, se llevó a cabo el desayuno de trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con la participación, como expositor principal, del Director del Centro de Derechos Humanos de Núremberg y Vicepresidente del Instituto Alemán de Derechos Humanos, Rainer Huhle, así como  diversas personas de la sociedad civil y el Estado en el local del IEP.

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas fue adoptada por la Asamblea General en su resolución A/RES/61/177, de 20 del diciembre de 2006 y entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, explicó Rainer Huhle. Pero a su vez señaló que hubiera sido imposible los tratados, convenciones e instrumentos vigentes de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, pudieran conseguirse sin la lucha persistente y el trabajo sistemático de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo.

La desaparición forzada era un delito que, hasta hace años, ni siquiera existía, a pesar de haber sido una de las prácticas violatorias de los derechos humanos desde hace muchas décadas atrás, particularmente en América Latina. Precisamente por ello, esta parte del continente jugó un papel muy importante para la configuración de este delito, en especial la lucha contra la impunidad que se llevó a cabo en Guatemala, Chile, Argentina, Colombia y México, luego de las amargas experiencias de la represión política que sufrieron estos países, especialmente en las décadas del 70, 80 y 90 del siglo pasado, con la práctica de la desaparición forzada de personas por parte de los aparatos estatales y paraestatales.

“Como alemán no puedo dejar de mencionar”, indicó, “que este problema se inició, en las dimensiones que hoy se conoce, con las persecuciones nazis a los opositores políticos dentro y fuera de las fronteras alemanas”.  Huhle recordó que el decreto denominado “Directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las Fuerzas de Ocupación en los Territorios Ocupados” aprobado un 7 de diciembre de 1941, más conocido como Decreto Noche y Niebla (en alemán Nacht und Nebel – Erlass), debido a que los detenidos a su amparo eran despojados de toda identificación y eran conducidos a los campos de concentración con las siglas NN. Luego de la caída de la liberación de Alemania, el Tribunal Internacional Militar de Núremberg, como uno de sus primeros actos, calificó dicho decreto como Crimen de Guerra, condenando al Mariscal del Ejército Alemán, Wilhelm Keitel, como responsable por haber firmado dicho decreto siendo ejecutado el 16 de Octubre de 1946.

La Convención contra la Desaparición Forzada se inició por presión de la sociedad civil en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas del  18 de diciembre 1992, con la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por resolución 47/133. En 1998 se presentó un borrador sobre una Convención que contuviese directrices de lucha contra las desapariciones forzadas. En el año 2001 Manfred Nowak, delegado por Austria ante la Comisión de Derechos Humanos aconsejó la aprobación de una convención propia y especial contra la desaparición forzada. Por fin, el 20 de diciembre de 2006, la Asamblea General, en su resolución A/RES/61/177, adopta la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que entra en vigor, finalmente, el 23 de diciembre de 2010 ratificada por veinte estados. Este año 2011 son ochenta y ocho los Estados que han firmado la Convención, en tanto que veintinueve la han ratificado. El Perú es uno de los países que no ha firmado la convención hasta el momento.

Los principales elementos que aporta la convención, entre otros, son las especificaciones de que ningún Estado podrá invocar circunstancias excepcionales, como situación de guerra, inestabilidad política o cualquier otra emergencia política para justificar la práctica de desaparición forzada. Asimismo la consideración de que para transformar el contenido de la convención debe ser emitida una ley aplicable al nivel nacional. Otro de los aportes de la convención es lo referente a la definición de víctima, no solo se refiere a la persona desaparecida, sino a todas las personas directamente afectadas que sufran un daño directo, como los familiares y allegados, a los cuales se garantiza el derecho a la reparación. En cuanto a la persecución de los perpetradores del delito de desaparición forzada se pondrán en vigencia las obligaciones mutuas entre los Estados miembros, incluida la extradición.

Recogiendo los aportes de los invitados al Desayuno de trabajo, congresistas como Omar Chehade y Rosa Mávila, miembros del Ministerio de Justicia como José Burneo, de la Defensoría del Pueblo como Gisela Vignolo, e incluso, el vicecanciller José Antonio Meier, así como miembros del Ministerio Público y muchos activistas en derechos humanos, el especialista Rainer Huhle señaló la imperiosa necesidad de que el Estado peruano suscriba la convención y a su vez también la ratifique.  Esto debe permitir, según señaló, una relación más estrecha entre sociedad civil, las diferentes instituciones del Estado y de Naciones Unidas en torno al tema de las desapariciones. Finalmente califico a la reunión como muy alentadora.

Lima, 5 de setiembre de 2011
Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

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Defensoría del Pueblo exhorta al Estado peruano a ratificar Convención contra la desaparición de personas

En el marco de una política de respeto a los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo exhortó al Estado peruano a ratificar la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 20 de diciembre del 2006, y que se encuentra hasta el momento pendiente de ratificación.

En una carta dirigida al Presidente del Consejo de Ministros, el Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, señaló que “la adhesión del Perú al mencionado instrumento internacional constituirá una señal inequívoca para reafirmar ante sus ciudadanos, y ante la comunidad internacional, su compromiso de erradicar todas las prácticas que conducen a una desaparición forzada”.

Vega Luna sostuvo que “en los últimos años, en el marco de la política exterior de nuestro país se han realizado esfuerzos orientados al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. No obstante ello, aún está pendiente la ratificación de la mencionada Convención contra la desaparición forzada de personas y la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, de las Naciones Unidas, suscrito por el Estado Peruano”, indicó.

Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos, afirmó que la Convención contra la Desaparición Forzada impone al Estado un conjunto de obligaciones de prevención que buscan principalmente la prohibición de detenciones secretas y el requisito de que las personas solo sean privadas de su libertad en lugares oficialmente reconocidos y bajo supervisión.

La funcionaria agregó que la Convención establece la implementación de un registro detallado de los detenidos que pueda ser puesto a disposición de la autoridad competente. Finalmente, Vignolo señaló que la exhortación efectuada por la Defensoría del Pueblo se sustenta en lo establecido en el artículo 9°, inciso 5) de su Ley Orgánica, que reconoce la facultad de “promover la firma, ratificación, adhesión y efectiva difusión de los tratados internacionales sobre derechos humanos”.

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FIDH rechaza declaraciones oficiales a favor de amnistía

La FIDH expresa su rechazo a las declaraciones recientes del Ministro de Defensa a favor de una amnistía de los responsables de violaciones graves de derechos humanos, y hace un llamado a las autoridades peruanas para que respeten y garanticen el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

El 31 de agosto de 2011, el Ministro de Defensa Daniel Mora Zevallos afirmó que Perú debía «llegar a una solución de punto final y reconciliación del país», refiriéndose a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad acusados de haber cometido graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

“Estas declaraciones, además de constituir una intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial, constituyen un precedente grave en la medida en que evidencian la continuación de la búsqueda de la impunidad”, explicó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. “Es una paradoja que en el momento en que países como Argentina y Chile están juzgando a decenas de responsables de crímenes de lesa Humanidad cometidos durante las dictaduras, Perú esté hablando de ’punto final’”, agregó.

En el 2010, bajo el gobierno de Alán García, la aprobación del decreto legislativo N° 1097 – luego derogado gracias a la presión ejercida por la sociedad civil – ya constituía un intento de promoción de la impunidad. Ante este nuevo planteamiento por parte del Ministro de Defensa, la FIDH recuerda que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la sentencia emitida el 14 de marzo de 2011 en el caso Barrios Altos, establece como ’inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos”.

Asimismo, la FIDH solicita a las autoridades peruanas sentar una posición clara reiterando su compromiso hacia la justicia y la memoria, así como a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reparación, contribuyendo a «la recuperación moral, mental y física de las víctimas sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos cometidas en el Perú en el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000», y garantizando su derecho a la verdad, justicia y reparación.

Web FIDH

Contacto de prensa :
FIDH, Arthur Manet, +33 1 43 55 90 19 / +33 6 72 28 42 94
Twitter : @fidh_ngo


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WOLA rechaza propuesta del ministro de Defensa del Perú de concluir los procesos contra miembros del EP por violaciones de derechos humanos

Comunicado de prensa

Washginton, D.C.—El día 31 de agosto el Ministro de Defensa Daniel Mora Zevallos dijo en una entrevista con Ideéle Radio que el Perú debe llegar a un acuerdo político de “punto final y reconciliación” para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Ante las declaraciones del Ministro Mora Zevallos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha emitido una declaración criticando varios de los planteamientos del Ministro Mora. WOLA rechaza rotundamente cualquier propuesta de amnistía para militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

Según Jo-Marie Burt, asesora principal al programa del Perú en WOLA, “El llamado del Ministro de Defensa Mora a un ‘punto final’ para los juicios contra militares acusados de violar los derechos humanos es un llamado a la impunidad como política de Estado”.

“De acuerdo a las obligaciones internacionales del Perú”, acertó la Dra. Burt, “la justicia peruana tiene la obligación de investigar y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles”.

Las declaraciones del Ministro de Defensa han generado rechazo de parte de la comunidad de derechos humanos en el Perú, que se movilizó el año pasado en rechazo al Decreto Ley 1097 promulgado por el ex presidente Alan García, que fue una amnistía encubierta. Luego de las protestas nacionales e internacionales, la ley fue revocada.

WOLA recuerda que el Presidente Ollanta Humala se comprometió a respetar a los derechos humanos e impulsar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, las cuales incluyen un plan integral de reparaciones para las víctimas, así como la judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos.

“Desde WOLA, hacemos un llamado al Presidente Humala a rechazar las declaraciones del Ministro Mora y a afirmar una política de derechos humanos que facilite no solamente las reparaciones para las víctimas de la violencia sino también la justicia”, dijo la Dra. Burt.

CONTACTO:
Jo-Marie Burt
Asesora Principal
jmburt.wola@gmail.com
(703) 946-9714

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Organizaciones de víctimas piden al Presidente Humala deslinde público con propuesta de Mora

CONAVIP – Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política

COMUNICADO

Desde nuestras organizaciones, las víctimas y afectados por la violencia política del Perú – CONAVIP, le pedimos al Señor Presidente de la República Ollanta Humala  Tasso, haga  “un deslinde público con el Sr. Daniel Mora,  Ministro de Defensa, por  promover Ley que beneficia a violadores de derechos humanos.

Sr. Presidente Ollanta Humala,  La declaración del Sr. Mora es inaceptable, desde todo punto de vista, y no ayuda en lo absoluto con el compromiso asumido por su persona en la búsqueda de verdad.

La muerte de nuestros seres queridos no pueden  quedar impune, la Ley de “punto final”, sirvió en los países de Argentina y Uruguay para paralizar procesos judiciales de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.  Y en el Perú serviría para paralizar el juzgamiento y castigo a los autores de la muerte, ejecución extrajudicial, torturas, violación sexual y desapariciones forzadas de nuestros seres queridos.

No podrán silenciar nuestra voz y consolidar la impunidad ni promover leyes de amnistía. Hoy más que nunca nos ratificamos en nuestra exigencia de seguir en la lucha contra la impunidad.

Y exigimos con todas nuestras fuerzas que el Ministerio de Defensa de una vez por todas abra los archivos que tiene bajo siete llaves y remita la hoja de vida de todos los militares y policías implicados en la violación de los derechos humanos hacia el  Ministerio Público para su investigación correspondiente.

Lima, 2 de septiembre del 2011

Doris Caqui Viuda de Rimac                       José Eduardo Sayan Ratto
Presidenta                                                          Vicepresidente

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