Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Hoy a las 10:00 pm. por lamula.pe, una nueva edición de Lo Justo. En esta ocasión estaremos conversando con el antropólogo experto en temas de cultura popular urbana Alex Huerta-Mercado a propósito de una nota que realizamos sobre arte y memoria con Jorge Miyagui y Rafael Landa “Lito”.

Además, una entrevista con Carlos Tapia sobre la coyuntura actual, en especial, sobre la situación en el VRAE. Asimismo, estaremos conversando vía telefónica desde la zona con Ricardo Soberón, especialista en narcotráfico y en el set con Rosa Lía Chauca, psicóloga de Redinfa experta en el tema de niños secuestrados.

Finalmente, una nota sobre la campaña Universitarios Unidos por Chosica que busca ayudar a las familias damnificadas a raíz de los huicacos ocurridos a mediados de abril.

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El coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Vicariato de San José del Amazonas (*), Jorge Luis Gutiérrez, solicitó garantías personales ante la Gobernación de Iquitos, debido a que es víctima de amenazas de muerte por denunciar la existencia de dragas ilegales en la cuenca del río Napo.

En diálogo con el corresponsal de Ideeleradio, indicó que la denuncia fue presentada ante la Comisaría de Santa Clotilde, donde relató que sujetos desconocidos le robaron su laptop, documentos personales y le dejaron un mensaje intimidante. La nota contenía una cruz con tinta roja que decía “esto te pasa por bocón”.

“Es evidente que esta amenaza es una represalia por denunciar la presencia de dragas ilegales. A pesar de estas amenazas nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo de vigilancia, pues la situación esta preocupante por la contaminación que genera esta actividad ilegal”, señaló.

Jorge Luis Gutiérrez narró que el hecho ocurrió en el fin de semana en la comunidad San Luis de Tacshacuraray, ubicado en el distrito de Napo, en la provincia de Maynas, cuando cumplía las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Vicariato de San José del Amazonas.

Fuente: Ideeleradio

(*) La Comisión de Derechos Humanos del Vicariato de San José del Amazonas es miembro de la CNDDHH.

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Las personas e instituciones integrantes de la Red CIUDADANOS PROTEGIENDO CIUDADANOS, Red de Defensa de los Derechos del Personal Militar, expresamos nuestro rechazo y preocupación en la práctica del reclutamiento de menores de edad por parte del grupo terrorista Sendero Luminoso en el Valle del Río Apurímac y Ene – VRAE, según información difundida en diversos medios de comunicación.

Esta práctica pone en riesgo la integridad física y sicológica de los menores involucrados, constituyendo una grave violación de derechos humanos debiendo ser condenada por la sociedad y el Estado. El Estado peruano ha ratificado el  Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, y está obligado a cumplir y a tomar todas las medidas necesarias para que no se enrolen menores de edad por sus Fuerzas Armadas o grupos armado no estatales.

Por lo tanto, en cumplimiento de dicho compromiso, la Red exhorta al Congreso de la República a promover un proyecto de ley que tipifique como delito en el código penal el alistamiento y/o reclutamiento de menores por grupos armados, en similares términos como el proyecto de ley presentado por la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derechos Internacional Humanitario ante el Congreso, en enero de 2011.

Finalmente, es importante recordar que los niños y niñas son las principales víctimas del terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilícitas; por lo tanto, el Estado debe tomar todas las medidas para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir.

Miembros de la Red: Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) * Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO * Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán * Comisión de Derechos Humanos Codeh Pucallpa * Coordinadora Nacional de Derechos Humanos * Encuentros Casa de la Juventud * Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS * Fundación ANAR * Instituto de Defensa Legal * Paz y Esperanza * Red Interquorum * Vicaria de la Solidaridad Jaen * General de Brigada ® César Huertas * Luis Tello * Miguel Huerta, ex defensor de la policía * Rocío Vargas *

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Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), aclara la petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Madre Mía. “La petición del caso se hizo el año 2010, por el ex secretario ejecutivo Ronald Gamarra, dentro del plazo exigido por la CIDH cuando se agota el proceso judicial interno” con el objetivo de establecer la responsabilidad del Estado peruano por la desaparición forzada de personas. (Fuente: Canal N)

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Tres enfrentamientos se habrían producido el día de ayer 19 de abril entre pobladores de Llusco y Santo Tomás con miembros de la Policía Nacional. Foto: Vicaría de Sicuani.

Pobladores del distrito de Llusco, Chumbivilcas – Cusco, fueron sorprendidos por una intervención policial violenta el jueves 19 de abril entre las 6:00 y 7:00 de la noche, con uso de bombas lacrimógenas e inclusive armas de fuego. Los pobladores señalan que un contingente policial de 100 efectivos se hizo presente para llevarse las tres camionetas que se encontraban en custodia por pobladores de la zona desde diciembre del 2011 y enero del 2012 al parecer de propiedad de la empresa minera ANABI S.A.C. Como se recuerda Llusco viene reclamando el retiro de esta empresa minera por posibles niveles de contaminación desde hace varios años atrás.

Como producto de esta intervención  se registró varios heridos  en Llusco donde se produjo el primer enfrentamiento, el segundo enfrentamiento habría ocurrido al salir de Llusco y finalmente un tercer enfrentamiento en la ciudad de Santo Tomas – Chumbivilcas.

Frente a estos hechos desde la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani rechazamos la forma violenta y  autoritaria como vienen interviniendo los efectivos policiales  en la provincia de Chumbivilcas, cabe recordar que no es la primera vez que se realiza este tipo de acciones en la zona, en el mes de febrero pobladores del distrito de Velille también fueron repelidos de la misma forma violenta por efectivos de la DINOES.

La Vicaria de Solidaridad a través de la Prelatura de Sicuani en reiteradas oportunidades ha llamado al diálogo como salida al conflicto en este distrito, tratando en todo momento de evitar cualquier acción violenta que pueda cobrar vidas humanas; sin embargo la actitud del gobierno es cada vez más represiva y violenta.

Exigimos a la PCM y al Ministerio del interior, el cese de las intervenciones violentas, los pobladores del distrito Llusco y Chumbivilcas, pues ellos tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos de nuestro país y no deben ser menospreciados en sus derechos; lo único que se logra con este tipo de acciones es agravar la situación de convulsión social que se vive en estos momentos en la provincia de Chumbivilcas.

Chumbivilcas, 20 de abril del 2012.

Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani. Ver blog

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Las organizaciones y personas abajo firmantes, integrantes de la Red CIUDADANOS PROTEGIENDO CIUDADANOS, la cual está dirigida a vigilar el cumplimiento de los derechos del personal militar femenino de nuestras Fuerzas Armadas y de las/los jóvenes que realizan el Servicio Militar Voluntario. En calidad de tales, nos dirigimos a las autoridades del sector Defensa y expresamos nuestra preocupación ante el posible traslado al VRAE de jóvenes entre 18 y 21 años de edad que realizan Servicio Militar Voluntario en la Base Contrasubversiva Nº 79 de Alto Comaina, ubicada en la ciudad de Satipo, conforme lo señala la Defensoría del Pueblo en su nota de prensa N°107/2012 publicado el 19 de abril.

Según las denuncias efectuadas por los familiares ante la Defensoría, estos jóvenes habrían estado en el servicio militar entre un mes y medio y siete meses al momento que fueron trasladados, uno de ellos incluso sólo tenía 28 días de enrolado al momento del traslado. Esta decisión de trasladarlos a una zona de alto riesgo como es el VRAE, pone en peligro innecesario la vida de estos jóvenes que se presentan al Servicio Militar Voluntario, pues no poseen la preparación suficiente para realizar las acciones de lucha contrasubversiva.

Es por ello que invocamos a las autoridades civiles y militares a brindar la atención requerida a esta situación y a tomar todas las acciones necesarias a fin de que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Asimismo, solicitamos a las autoridades que el personal militar que sea trasladado a esa zona sea el que cuente con mayor preparación y conocimiento de la zona, con el fin de evitar muertes innecesarias de nuestros soldados.

Por último, invocamos al Ministerio de Defensa se brinde toda la información pertinente a los familiares y a la Defensoría del Pueblo sobre el traslado de dichos soldados.

Miembros de la Red: Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) * Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO * Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán * Comisión de Derechos Humanos Codeh Pucallpa * Coordinadora Nacional de Derechos Humanos * Encuentros Casa de la Juventud * Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS * Fundación ANAR * Instituto de Defensa Legal * Paz y Esperanza * Red Interquorum * Vicaria de la Solidaridad Jaen * General de Brigada ® César Huertas * Luis Tello * Miguel Huerta, ex defensor de la policía * Rocío Vargas *

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Con referencia a los operativos militares, “Operación Libertad”, que se vienen llevando a cabo en la zona del VRAE; la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDHA manifestamos, lo siguiente:

1.- Queremos llamar la atención sobre la forma como se viene interviniendo a los pobladores de los sectores de Kepiashiato, distrito de Echarate, provincia de la Convención – Cusco, pues las comunicaciones que tenemos de los mismos pobladores de la zona es que los operativos militares consisten en arrojo de gases, disparos, uso de explosivos, entre otros. Muchos pobladores han abandonado sus comunidades y hogares para dirigirse a los poblados de Kiteni y Quillabamba con la finalidad de salvaguardar sus vidas y sin la asistencia de ninguna autoridad.

2.- Nos preocupa la vida e integridad de estas personas que por razones de miedo y temor, están siendo desplazados por este Operativo Militar, pues en el pasado las mismas comunidades fueron afectadas por la violencia política, llegando inclusive a estigmatizarlos como senderistas o terroristas. Esta Operación Militar, si bien ha tenido un resultado positivo con la ubicación de ciudadanos secuestrados, no debe afectar a la población civil en especial, aquella que no se encuentra comprometida con los hechos violentos y menos es parte de organizaciones subversivas.

3.- Solicitamos a las autoridades se garantice el respeto a la vida de las poblaciones involucradas en este operativo, y sobre todo se atienda a todas las personas que han tenido que desplazarse hasta otras ciudades para garantizar su seguridad personal y familiar. Exhortamos una pronta atención y la presencia de una comisión que permita garantizar los plenos derechos de estas personas.

Cusco, 19 de abril del 2012.

Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani. Visita blog

Asociación por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDHA. Visita blog

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Los estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Antonio Ruíz de Montoya (UARM), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad del Pacífico (UP) se han  unido en la Campaña de Solidaridad UNIVERSITARIOS UNIDOS POR CHOSICA.

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Afectados por la violencia política de 24 regiones del país exigirán igualdad de condiciones y la aprobación de 10 UITs como monto de reparación económica individual.

La concentración será mañana martes 17 de abril a partir de las 7.00am en el monumento "El Ojo que llora" en Jesús María, Lima.

Como medida de fuerza ante el agotamiento de medios y plazos extendidos al Ejecutivo, organizaciones de afectados de la violencia política de la sociedad civil y familiares de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional marcharán solicitando la modificatoria inmediata del DS 051 y la aprobación de 10 UITs como monto único de reparación económica individual a todas las víctimas de la violencia política de 1980 a 2000.

En junio del 2011 (gobierno de Alan García) el ejecutivo promulgó el DS 051 cerrando el registro de víctimas y adjudicando 10 mil soles de reparación económica individual, el cual es discriminante en comparación con el monto recibido por otras víctimas. El 27 julio de 2011 mediante el DS Nº 068-2011-PCM se otorgó $30 mil a los deudos del magistrado Carlos Ernesto Giusti Acuña, fallecido el 22 de abril de 1997 durante el rescate de rehenes de la residencia del Embajador del Japón. Los marchantes exigirán el reconocimiento de la igualdad de la dignidad de todas las víctimas.

En noviembre pasado la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), órgano adscrito al MINJUS, aprobó la Modificatoria del DS 051 – PCM 2011 luego de un proceso de diálogo con las organizaciones de afectados, incrementando el monto de las reparaciones económicas a 10 UITs y la modificación de los criterios de reparto de las reparaciones. Sin embargo a la fecha la modificatoria no ha sido promulgada.

La marcha que, que se inició ayer domingo 15 de abril en Lucanamarca y Putis (Ayacucho), contará con la participación de víctimas y familiares de la violencia política de 1980 a 2000, familiares de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Las delegaciones de afectados que vienen desde 24 regiones del país estarán llegando a Lima entre hoy y mañana y tienen previsto concentrarse a partir de las 7am en el momumento “El Ojo que llora” del Campo de Marte, Lima.

La marcha es convocada por la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP) y la Asociación de Viudas Madres y Sobrevivientes de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (AVISFAIP).

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Delegaciones de afectados por la violencia política de diferentes regiones del país participarán en la marcha prevista para el martes 17 de abril en Lima. Foto: Paz y Esperanza

Todo está listo. Este domingo 15, las organizaciones de afectados por la violencia política iniciarán su marcha de sacrificio en la comunidad de Putis – Huanta, lugar donde se encontró la fosa común más grande del Perú; y el lunes 16, en Lucanamarca – Huancasancos, escenario de una cruel matanza a 69 campesinos.

La delegación proveniente de Putis tendrá que caminar aprox. ocho horas, llegar a Ayacucho el lunes 16 y finalmente enrumbar a la ciudad de Lima para estar en la marcha este martes 17. Mientras que la delegación proveniente de Lucanamarca saldrá el lunes 16 y llegará directamente a Ica para luego viajar a Lima.

Doris Caqui, presidenta de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política – CONAVIP, anunció que de Ayacucho viajará una delegación de 300 personas. Así mismo, está previsto que un total de 1200 manifestantes de Apurímac, Huancavelica, Junín, Puno, Pasco, Huánuco, Lima, Ancash, San Martín, entre otros, se concentrarán en el Ojo que Llora a partir de las ocho de la mañana.

Líderes de las organizaciones de afectados por la violencia política informaron que esta marcha tiene como objetivo principal exigir la modificatoria del Decreto Supremo 051, que dispone el monto de diez mil soles para las reparaciones económicas individuales. Tema que no fue abordado por el presidente de la república durante su visita a Lucanamarca, sólo se mencionó el presupuesto para las reparaciones integrales de este año.

“Es increíble que hayan funcionarios del Estado que ganen más de 10 mil soles, mientras miles de víctimas de la violencia que perdieron sus familiares, sus bienes económicos y que vieron pisoteada su dignidad tengan que recibir este monto después de muchos años de exigir justicia. Esperamos que estas autoridades se solidaricen con las demandas de esta marcha” mencionó Honorato Méndez, coordinador del Movimiento de Derechos Humanos de Ayacucho.

Además, anunció que dicho colectivo apoya la marcha y estará atenta a todo el recorrido

Fuente: Paz y Esperanza

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La exhibición de prendas estará hasta el 13 de abril en el Centro Cultural de la universidad San Cristóbal de Huamanga

La Asociación Pro derechos Humanos – APRODEH, informó que hasta el momento se identificaron las prendas de 9 desaparecidos durante la exhibición de prendas de vestir de los restos hallados en el ex Cuartel Militar Los Cabitos iniciada el 11 de abril de 2012. Actualmente se muestran los objetos de 58 restos exhumados para que los familiares y allegados de las víctimas reconozcan a sus seres queridos.

De las prendas reconocidas, 3 corresponderían a varones jóvenes de 15 a 20 años. Las otras corresponden a adultos (5 varones y 1 mujer) de entre 25 y 35 años de diferentes provincias de la región Ayacucho y desaparecidos en distintos años.

La Dra. Gloria Cano, Responsable del Área Legal de APRODEH señaló que a pesar de la importancia de esta diligencia existe una gran preocupación por las trabas puestas por el Ministerio Público para realizar la toma de muestras de ADN, lo cual permitiría tener la certeza al 100% de la identidad  los restos.

“Esta negativa implica nuevamente la postergación de las expectativas de los familiares a su derecho de identificar a sus seres queridos. Están menoscabando la necesidad de  ellos con criterios absurdos, aduciendo que no tienen suficientes fiscales para apoyar en esta tarea.  Sin la participación de un fiscal en la toma de muestras, este procedimiento carece de valor legal”.

Cabe recordar que APRODEH patrocina a casi la totalidad de familiares de las víctimas.

Esta Exhibición de prendas estará hasta el 13 de abril en el Centro Cultural de la universidad San Cristóbal de Huamanga, a cargo de la Primera Fiscalía Penal Supra Provincial de Ayacucho. Esta diligencia es apoyada por la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH y otros organismos de Derechos Humanos.

Datos:

Durante los años 1983 y 1985, Ayacucho se convirtió en el principal escenario de la violencia. La cruenta acción terrorista por parte de Sendero Luminoso trajo como respuesta una feroz represión por parte de las Fuerzas Armadas. Así, el Cuartel General “Los Cabitos” se convirtió en el principal centro clandestino de reclusión, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de todo el departamento.

A partir del año 2005 se logró ubicar y determinar la existencia de numerosas fosas, en lo que fuera el campo de entrenamiento del mencionado cuartel, zona conocida como la Hoyada, lográndose la recuperación de más de un centenar de restos humanos.

Fuente: Aprodeh

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Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Defensor del Pueblo (e) invocan a analizar el peritaje y restablecer el diálogo en el caso Conga

Ante el anuncio del Poder Ejecutivo de dar a conocer –en los próximos días- el peritaje realizado sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Conga; ante las movilizaciones programadas por organizaciones sociales en el departamento de Cajamarca y el desplazamiento de personal militar a la zona, el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y el Defensor del Pueblo (e) consideran su deber señalar lo siguiente:

1.    Invocamos a las autoridades nacionales, regionales, locales y dirigencias sociales a restablecer el canal del diálogo, que en una democracia nunca debe ser interrumpido, y que constituye la mejor vía posible para resolver pacíficamente los conflictos.

2.    Queremos prevenir la ocurrencia de lamentables hechos de violencia. Los peruanos y peruanas no podemos tolerar que nuestras discrepancias produzcan muertes y destrucción. Por el contrario, todos los peruanos debemos perseverar en el diálogo, en la prudencia y en la búsqueda permanente de soluciones pacíficas.

3.    Las tensiones y desencuentros producidos a raíz del desarrollo del proyecto minero Conga, deben ceder paso a la creación de opciones de solución viables y justas.

Por ello, siendo el peritaje un documento altamente técnico, y que contendría respuestas a preguntas centrales sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Conga, recomendamos su más amplia y completa difusión; así como una lectura cuidadosa y objetiva del mismo que permita su cabal comprensión. Es, por consiguiente, inconveniente que se convoque a movilizaciones sin haber cumplido previamente con la obligación de toda autoridad y dirigencia social de conocer en profundidad un documento de la importancia que tiene éste.

4.    Invocamos a las autoridades nacionales, regionales, locales y las dirigencias sociales a realizar su mejor esfuerzo por restablecer el diálogo en el más breve plazo, y considerar la actual circunstancia como una oportunidad extraordinaria para avanzar en la solución de este conflicto.

5.    En ese sentido, una vez realizado el análisis de la documentación respectiva, exhortamos a las autoridades concernidas, a promover y sostener reuniones de trabajo en las que expresen de manera amplia sus opiniones, se esclarezcan las dudas subsistentes y se aproveche esta información para llegar a acuerdos.

El Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo abrigan la esperanza de que el diálogo sincero y de buena voluntad haga retroceder la violencia y cree soluciones justas. En esa dirección, nos comprometemos a colaborar decididamente en lo que nos sea requerido, a fin de evitar la violencia y encontrar las mejores soluciones para Cajamarca y para todos los peruanos y peruanas.

Lima, 9 de abril de 2012

Mons. Salvador Piñeiro,                                                                 Eduardo Vega Luna
Arzobispo de Ayacucho                                                                 Defensor del Pueblo (e)
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

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Nada puede justificar una dictadura

Con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 se dio inicio a una etapa siniestra de la historia reciente de nuestro país que se caracterizó por una práctica sistemática de desinstitucionalización y copamiento, por graves violaciones a los derechos humanos, por incontrastables niveles de corrupción  que alcanzaron las esferas más altas del poder y de las Fuerzas Armadas, por el envilecimiento de la política, el fraude a la voluntad popular, por la compra de medios de comunicación, y una búsqueda incesante de ocultamiento e impunidad.

Esa dictadura tuvo a la base una organización  criminal liderada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, quienes se aprovecharon de la precariedad del Estado, del descrédito de los partidos políticos, de la sensibilidad frente al terrorismo y de la pobreza de significativos sectores, para desarrollar una estrategia efectista, populista y asistencial, que no resolvió  los problemas más severos de la sociedad.

Han transcurrido 20 años de este severo atentado contra el Estado de Derecho, y a la luz de la  soterrada o abierta apología que algunos sectores hacen, nos reafirmamos en lo que dijimos en el momento que esto ocurría. Nada puede justificar una Dictadura.

Pero también este 7 de abril se cumplen 3 años de la sentencia condenatoria dictada por la Sala Penal Especial del Poder Judicial contra Alberto Fujimori por la comisión de crímenes de lesa humanidad en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Esa histórica sentencia fue el resultado de un proceso judicial estrictamente respetuoso del debido proceso, que hoy constituye un verdadero hito a nivel mundial en la lucha contra la impunidad. Una verdadera lección de democracia.

Instituto de Defensa Legal

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