Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Exhumación de restos de las víctimas del caso Cabanino, Ayacucho. Foto: Comisedh

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) abogó por aprobar un plan nacional de exhumaciones lo antes posible, por considerar que aún hay una gran cantidad de personas desaparecidas durante el periodo de violencia en el país.

Rocio Silva Santisteban, titular de la CNDDHH, dijo que comparte la posición de la Defensoría del Pueblo de establecer en el corto plazo un plan nacional de búsquedas de personas desaparecidas, que incluya exhumaciones de carácter humanitario.

“Tiene que haber un plan de búsqueda de personas desaparecidas, no solo para encontrar y exhumar cuerpos de las víctimas de la violencia, sino también para brindar ayuda a los familiares a sobrellevar este proceso y obtener de alguna manera justicia o tranquilidad después de tantos años”, manifestó.

La activista agregó que gracias a la experiencia acumulada en este tema, la CNDDHH está en capacidad de colaborar con sus propuestas y sugerencias a fin de que el Congreso tome cartas en el asunto.

Asimismo, dijo que el Equipo Peruano de Antropología Forense tiene profesionales de calidad que pueden avanzar en la identificación de los desaparecidos.

No obstante, consideró necesario poner este tema en la agenda política del país para lo cual también se requiere –dijo- una voluntad política del Congreso y la expresada en su momento por el Ejecutivo.

“Cuando se hizo la investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se llegó a la conclusión de que había casi cuatro mil sitios de entierros clandestinos y es tal la cantidad de lugares que se necesita una propuesta integral porque demorará muchos años”, subrayó.

Dijo esperar que pronto el Congreso y su Comisión de Justicia apruebe el marco legal para impulsar este tipo de búsquedas y encontrar también las fosas clandestinas donde habrían miles de peruanos víctimas de la violencia política.

Según la desactivada CVR, serían alrededor de 10 mil las personas desaparecidas en el marco del periodo de violencia que inició el terrorismo entre 1980 y el año 2000.

En los últimos siete años se ha logrado recuperar e identificar a 600 víctimas, cifra que representa el cuatro por ciento del universo probable de víctimas.

Fuente: Andina

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En entrevista para el diario La República, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aclaró que los organismos de derechos humanos cuestionan todo tipo de terrorismo, venga del Estado o de grupos sediciosos, como Sendero Luminoso y el MRTA.

“Los comandos de Chavín de Huántar realizaron una acción valerosa durante el rescate de la residencia del embajador de Japón. Sin embargo, entre ellos se infiltraron los llamados “gallinazos”, que bajo el mando de Zamudio, Huamán Ascurra, Hermoza y Montesinos, cometieron ejecuciones extrajudiciales que deben investigarse”, dijo.

Lamentó que un grupo de personas considere que los defensores de derechos humanos son pro terroristas porque están contra las ejecuciones extrajudiciales de tres emerretistas capturados o rendidos, cometidas por un grupo de infiltrados.

“Es justificar una suerte de ‘limpieza social’ que no se puede aceptar, pues los derechos humanos son para todos, tanto de los emerretistas que fueron ejecutados en el operativo como de los policías y militares muertos o heridos en emboscadas terroristas”, refirió.

ACCESO A LA JUSTICIA

Por su parte, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano –que representa a los familiares de los emerretistas ejecutados– explicó que la denuncia de la Comisión Interamericana no cuestiona al Operativo Chavín de Huántar, sino las ejecuciones extrajudiciales cometidas al final de la acción militar.

Indicó que el organismo supranacional considera que se violó el derecho al acceso de justicia, pues un caso de violaciones a derechos humanos se vio en el fuero militar y porque se ha dilatado demasiado la investigación, al punto de quebrarse dos veces el proceso.

Además, aclaró que Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán Ascurra y Jesús Aliaga Zamudio fueron los que involucraron a los comandos, pues sus abogados pidieron que sean citados a declarar. “Lo hicieron para dar la sensación de que están siendo perseguidos cuando no es así”, agregó.

Fuente: La República

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En una entrevista para Lamula.pe, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, se pronunció en contra de la inscripción del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) como partido político, ya que este se presenta como una organización cuyo objetivo es la amnistía, pedido que la CNDDHH rechaza.

Nosotros como CNDDHH consideramos que no puede haber una reconciliación sin justicia y sin memoria. Y lo que está proponiendo Movadef, así como algunos sectores militares que están vinculados con perpetraciones de derechos humanos, es la amnistía como olvido. Sin justicia para las víctimas. Y eso para nosotros es totalmente improcedente. Una amnistía general es una posibilidad para que los violadores de derechos humanos queden impunes.

Silva Santisteban señaló que lo que sucede con el Movadef es que sigue la propuesta que declaró Abimael Guzmán cuando fue capturado, que esto se trataba de un “recodo del camino”. Además, sostiene que la inscripción de este movimiento como partido político es una estrategia para seguir con una actividad y que puede cambiar y asumir la lucha armada.

Fuente: lamula.pe

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La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, se pronunció en contra de la inscripción del Movimiento por la Amnistía General y Derechos Fundamentales (MOVADEF) ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). ” Un asunto es la libertad de opinión, otro es permitir que un grupo desestabilizador utilice el sistema democrático”, señaló. De igual opinión fue el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla.

Con sujeción al Derecho

Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo.

La ley exige que el partido declare los principios del Estado de Derecho para poder lograr su inscripción. En este caso, estos están negados con los principios que el Movimiento por la Amnistía General y Derechos Fundamentales (MOVADEF) arguye por esta suerte de marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo que obviamente ha sido la bandera de la ideología de los actos de terrorismo que todos hemos conocido. Por lo tanto, el JNE no podría hacer otra cosa que no sea ratificar la resolución que ya ha sido dada. Lo que está en discusión es la abstención a los principios democráticos que se establecen en el Estado de Derecho. Ése es el fondo del asunto. Ahora, si existe alguna otra forma para que este movimiento pueda conseguir su inscripción, no puedo decirla. En otros países, a grupos que han derivado de movimientos terroristas o fascistas les han negado la inscripción. Ha habido casos de real reconversión, derivados de un proceso de arrepentimiento, y recién ahí han sido incorporados, pero este no es el caso.

No al olvido

Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva CNDDHH

Como representante de la CNDDHH no podemos estar de acuerdo con la inscripción de un movimiento que tiene como objetivo principal la amnistía para todos los perpetradores de violaciones de DDHH en el Perú, sobre todo para Abimael Guzmán y otros miembros de la cúpula de SL, quienes fueron los que iniciaron el conflicto armado que enlutó a miles de familias peruanas, que produjo un caos social sin parangón en la historia del Perú. Precisamente, el MOVADEF coincide con algunos sectores militares en considerar que la reconciliación puede darse sobre la base del olvido, de la negación de justicia a miles de víctimas, situación que consideramos improcedente. La única manera en que se dé una verdadera reconciliación es sobre la base de la memoria y la justicia, que implica búsqueda de desaparecidos y juicios justos a todos los violadores de DDHH, así como reparación para las víctimas. Un asunto es la libertad de opinión, otro es permitir que un grupo desestabilizador utilice el sistema democrático.

Fuente: La República

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Sendero Luminoso (SL) ni ningún grupo vinculado a esa banda terrorista tienen lugar en la vida política del país, pues buscarán destruir la democracia, afirmó Salomón Lerner Febres, quien presidió la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Precisó, además, que Sendero Luminoso y sus cabecillas no han renunciado a sus tesis políticas de violencia, guerra y muerte, ni exhibido ningún tipo de arrepentimiento, y menos aún una expresión clara de respeto a las reglas de la democracia.

En ese sentido, se pronunció en contra de que el llamado Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) pueda constituirse en un partido político legalmente reconocido.

“Puesto que el Movadef parece ser la extensión, o la presencia, de Sendero Luminoso con otro nombre, no se puede admitir en la democracia a un movimiento que busca dinamitarla por dentro”, declaró a la Agencia Andina.

Lerner dijo hacer suya la conclusión del informe de la CVR, de 2003, en la que se deja en claro que SL “no tiene lugar dentro de la vida política del país”.

“Hago mía esa afirmación de la CVR que decía que Sendero Luminoso no tiene un lugar dentro de la vida política del país como institución u organización que pueda participar en la democracia, porque sus principios atentan contra ella”, aseveró.

Manifestó que Sendero tendría que cambiar totalmente, en otras palabras dejar de ser la organización que es para entrar en la vida política, lo que resulta imposible.

“Movadef o Sendero Luminoso es, en política, la intolerancia encarnada, por lo que sería absolutamente incoherente, contradictorio y nocivo para el país que se legalizara un movimiento político con esas características (…) mal puede la democracia admitir a un virus dentro de su seno”, agregó.

Por otro lado, Lerner Febres rechazó la tesis de una supuesta “reconciliación nacional” a través de la amnistía, que propugna Movadef.

“Amnistía significa amnesia, olvido, y Perú no puede olvidar aquello que ha ocurrido. Si lo olvidáramos, lo repetiríamos dentro de poco”, dijo.

“No se puede avalar la tesis de Abimael Guzmán, de buscar un acuerdo de paz y amnistía, porque eso sería para ellos un recodo en el camino, es decir, ‘por el momento nos han ganado, pero volveremos’. Eso resulta insensato”, puntualizó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe resolver una apelación formulada por el Movadef contra una resolución que declaró improcedente su solicitud de inscripción como partido político.

Fuente: Andina

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Al no haberse modificado norma que dio inicio al Programa de Reparaciones

• Este 31 de diciembre finalizaría el período de identificación de beneficiarios que puedan acceder a los programas de reparación.
• A la fecha, existen cerca de 23,000 solicitudes pendientes de calificación en el Consejo de Reparaciones.

Pese a que, el 10 de noviembre pasado, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel aprobó la modificación del Decreto Supremo Nº 051–2011–PCM que dio inicio al Programa de Reparaciones Económicas Individuales, hasta la fecha no se ha oficializado esta medida, lo que ha generado una seria preocupación en la Defensoría del Pueblo ante el posible cierre del Registro Único de Víctimas (RUV) el próximo 31 de diciembre.

“El inicio del Programa de Reparaciones debe constituir una señal inequívoca por parte del Estado respecto de su obligación de reparar a los miles de víctimas. Por ello, en su momento, observamos con suma preocupación la norma que dio inicio a ese programa, porque vulnera el carácter permanente del Registro de Víctimas”, señaló el Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna, en un oficio dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde ha reiterado su pedido para que se modifique esta norma.

Vega Luna señaló que si la determinación e identificación de los beneficiarios culmina el 31 de diciembre, se estaría estableciendo un trato discriminatorio, pues solo aquellos que sean reconocidos en el RUV hasta esa fecha podrán acceder a este beneficio, y no así aquellos que logren su inscripción con posterioridad. “Esta medida contraviene, además, el carácter inclusivo y permanente del Registro”, agregó. Por su parte, la Adjunta para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, explicó que, según las cifras aportadas por el Consejo de Reparaciones, hasta la fecha existen cerca de 23,000 solicitudes pendientes de calificación para su inscripción en el RUV.

“Esta situación es grave porque el Estado dejaría de reconocer el derecho de miles de personas afectadas si el Registro de Víctimas se cierra este mes. Los compatriotas que sufrieron directamente esta violencia, en su mayoría, pertenecen a las zonas más alejadas y pobres de nuestro país. Debe ser parte de una política prioritaria de inclusión que el Estado reconozca sus derechos y justas demandas. No podemos permanecer indiferentes a tanto dolor y frustración”, enfatizó la funcionaria. De igual modo recordó que el Decreto Supremo N° 051-2011 contiene otros aspectos que –de mantenerse vigentes– podrían afectar de manera irreparable a las víctimas. “Por ejemplo, los criterios de priorización para acceder al Programa de Reparaciones Económicas Individuales atienden principalmente a la edad, sin considerar la situación de aquellas personas que sufren enfermedades graves y que necesitan del apoyo inmediato del Estado, entre otros”, añadió.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo espera que el Estado atienda esta obligación y espera una pronta modificación de esta norma, que debe servir para sentar las bases de una verdadera y justa atención a las víctimas de la violencia política ocurrida en el país entre los años 1980–2000. De ahí su enorme trascendencia en el afianzamiento de la democracia y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

Lima, 20 de diciembre del 2011.

Defensoría del Pueblo

Defensoría expresa preocupación por posible cierre de Registro Único de Víctimas

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EPAF lanza spots por los desaparecidos

Artistas y líderes de opinión se unen a “Es Navidad y los seguimos esperando”

El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) inició su campaña por los más de 15,000 desaparecidos en nuestro país, que promueve la creación de una política de búsqueda integral y reparadora para las víctimas del conflicto armado interno de las décadas pasadas.

Con motivo de esta campaña, este viernes 16 de Diciembre, a partir de las 4 pm en la plaza Francia del centro de Lima, se llevará a cabo el acto simbólico cultural llamado “Es Navidad y los seguimos esperando” acompañado de música, teatro y exposiciones artísticas para sensibilizar a la ciudadanía y llamar la atención de las autoridades sobre este problema.

“La invitación está hecha a todo el público en general, así como nos acompañaron el año pasado con velas y la esperanza de que este año nos trajera buenas noticias. Esta vez llevaremos a cabo la segunda edición de Es Navidad y los seguimos esperando, porque Navidad es unión familiar y muchos de los familiares de desaparecidos se siguen preguntando donde están sus seres queridos y hasta cuándo tienen que seguir esperando una respuesta que les dé paz y tranquilidad”, dijo Gisela Ortiz, Directora de Operaciones de EPAF.

Por ello, en esta ocasión EPAF ha recibido la colaboración de artistas y líderes de opinión como los periodistas Beto Ortiz, Augusto Álvarez Rodrich y Claudia Cisneros; los actores Carlos Carlín, Delfina Paredes; músicos como Daniel F y el ex Fiscal Dr. Avelino Guillén, entre otros, quienes han sumado sus voces a spots televisivos para preguntarse “¿Hasta cuándo?”.

“Pese a la creciente cifra de personas desaparecidas y las recomendaciones dadas al Estado para que se cree un espacio que impulse una política de búsqueda, hasta el momento no se ha hecho nada al respecto. Desde la sociedad civil tenemos el compromiso de seguir impulsando campañas como ésta para conseguir que el gobierno de turno ponga real atención a este problema”, finalizó Ortiz.

Datos:

Formarán parte del acto cultural el Comité Pokofloro (hip hop), Norka Monzoni y Margot Palomino (folklore), Enrique Ortiz y Jorge Millones (trova), Sikuris, así como performances de teatro y exposiciones de arte y serigrafía, como la “Chalina de la Esperanza”, además del museo itinerante “Arte por la Memoria”.

SPOTS ¿HASTA CUANDO?

Claudia Cisneros

Augusto Álvarez Rodrich

Avelino Guillén

Carlos Carlín

Daniel F.

Beto Ortiz

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Familiares esperan los restos de sus seres queridos. Foto: Asociación Paz y Esperanza

Hoy, luego de casi dos años de investigación forense, se entregarán los dos últimos cuerpos que se exhumaron en la comunidad de Huarapite, distrito de Chiara – Ayacucho. Ambos corresponden al grupo de los diecinueve restos que el Ministerio Público recogió en noviembre del 2009.

La entrega será hoy miércoles 30, a las 10:00 A.M. En el Laboratorio de Investigación  Forense del Ministerio Público de Ayacucho y con la presencia de los familiares quienes llevarán los cuerpos para darles cristiana sepultura, el mismo día, en Huarapite.

Recuerdan lo sucedido

Los familiares de las víctimas recordaron que el 05 de abril de 1984, se produjo una incursión militar a plena luz del día, la mayoría de las víctimas fueron ultimadas en presencia de sus menores hijos, las más jóvenes fueron violadas y posteriormente asesinadas. De esta forma, las Fuerzas Armadas habrían diezmado la población.

Según información de testigos presenciales, 26 personas habrían sido asesinadas, sin embargo, en el 2009, los peritos forenses de la División Médica Legal de Ayacucho sólo pudieron hallar 19 cuerpos.

Así mismo, señalaron que la matanza se originó debido a que una patrulla militar fue atacada por miembros de Sendero Luminoso en la zona denominada Caballo Machay – Moyocc, a pocos minutos de Huarapite; resultado de esta emboscada murieron dos miembros del Ejército.

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Aproximadamente una treintena de personas participaron el último fin de semana en el I Encuentro de Familiares de Víctimas de la Conflictividad Social.

En el encuentro realizado en Lima participaron heridos, familiares de personas fallecidas y dirigentes en los diversos conflictos sociales que tuvieron saldos trágicos producto de la represión policial.

Entre los presentes participaron personas afectadas en los conflictos sociales como Islay, Huancavelica, Bagua, Puno, Barranca y Ayacucho los cuales trataron temas prioritarios como la judicialización de sus casos; con el objetivo de determinar responsabilidades, y asimismo lograr  justicia y reparación, ya que en la mayoría de los casos poco o nada se ha hecho debido a la desidia de las autoridades correspondientes.

Asimismo se trataron temas acerca de formas de organización a fin de solicitar reparación para las familias de las personas fallecidas y exigir atención medica en el caso de los heridos que dejaron los conflictos sociales.

Algunos datos claves:

Islay- Arequipa :  Abril 2011.
La población de Islay se movilizo  rechazando el proyecto minero Tía María teniendo como saldo la muerte de Andrés Taype Choquepuma, Aurelio Huarcapuma Clemente y Néstor Cerezo Patana así como numerosos heridos.

Huancavelica: Junio del 2011.
Estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica protestaron; por la creación de la Universidad Autónoca de Cayacaja. Murieron Oswaldo Demetrio Quispe Lázaro (22) , Ivann Ccora Quispe (30)  Oswaldo Demetrio Quispe Lázaro (22) así como decenas de heridos.

Puno: Junio del 2011
Iindígenas protestan y se movilizan en rechazo la actividad minera en la región.  Murieron 5 personas. Félix Edwin Vircanota Turpo , Antonio Campos Huanca, Gregorio Huamán Mamani, Raúl Cancapaa Huaricayo, Petronila Coa Huanca,

Bagua: “Baguazo”: Junio del 2009
Participaron personas que fueron heridas que constituyeron  la Asociación de Familiares y afectados Victimas del 5 de Junio.

Barranca: Febrero del 2008
El marco de la realización de un paro nacional agrario ante la falta de atención por parte del gobierno a reclamos agropecuarios e hídricos; murió Julio Rojas.

Ayacucho: febrero del 2008
Paro nacional agrario de; en la región Ayacucho murieron dos campesinos: Emiliano García y Rubén Pariona.
Entre otros casos.

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El conflicto producido por la ejecución del proyecto Conga está en su etapa más álgida. Habiéndose frustrado el proceso de diálogo entre la población de Cajamarca, la minera Yanacocha y el Estado, estamos ad portas del paro regional indefinido convocado por las autoridades de la región. Ante la proximidad de este hecho el Instituto de Defensa Legal manifiesta lo siguiente:

1.      Es deber del Estado velar por la seguridad de la población cajamarquina, la instalaciones y personal de la mina. Las partes involucradas deben evitar todo tipo de acto violento. La protesta y la huelga son derechos constitucionales, pero deben ser ejercidos con responsabilidad y en forma pacífica.

2.   La información en torno a los preparativos del paro regional en Cajamarca son preocupantes. Versiones, confirmadas o no, sobre el posible uso de armas de fuego por parte de personal del estado, de personal de seguridad de la mina y de los manifestantes solo ocasionan mayor incertidumbre y tensión en relación al inicio de esta manifestación que se anuncia como pacífica y que debería tener como fin evidenciar la legítima insatisfacción que tiene un sector de la población cajamarquina en torno al proyecto Conga y la posición del Estado.

3.   Creemos firmemente que todavía estamos a tiempo para encontrar los canales de diálogo que puedan satisfacer a todas las partes. Hay que salir del entrampamiento de “Conga va de todas maneras” o “Conga no va de ninguna manera”, estamos seguros que se pueden encontrar soluciones alternativas. Este caso es tan importante para la población, el Estado y la empresa, que se puede convertir en la gran oportunidad para encontrar un nuevo esquema de solución de conflictos que pueda utilizarse para resolver problemas originados por concesiones, sean nuevas o ya establecidas; a fin que todas las partes puedan defender sus derechos e intereses. Ello, sin duda, reduciría la falta de confianza y credibilidad que mutuamente existe.

4.   Para ser coherentes con la promoción de una minería responsable, aspiración de la mayoría del país, nos parece lógico y legítimo el reclamo de revisión del informe del impacto ambiental (EIA) y que se haga por una autoridad que no sea el Ministerio de Energía y Minas, ya que tiene fundamento el conflicto de intereses existente al ser el Ministerio que promueve la inversión. Si efectivamente no existen los problemas que denuncia la población, ni la minera ni el Estado tendrían por qué oponerse a ello.

5.   Es entendible la preocupación de la población cajamarquina, por la posible eliminación de cuatro lagunas y el futuro ambiental de su región, preocupación que es deslegitimada por la empresa, supuestamente por falta de fundamento; el problema debería ser resuelto por un nuevo estudio hidrogeológico.

6.   Justamente el retomar este proceso de diálogo será tan importante para abordar puntos como: (i) la necesidad de elaborar un ordenamiento territorial del suelo peruano, a fin de tener certeza sobre en qué áreas se puede desarrollar actividad minera y cuáles son las zonas intangibles, (ii) la forma en que deben hacerse las concesiones, (iii) el sentido de los EIA, (iv) la forma como la mina resguarda sus instalaciones y utiliza a su personal de seguridad, (v) la necesidad de respetar las condiciones para proteger la salud de las personas y la propia viabilidad de los ecosistemas, (vi) mejorar la forma en que la población también podría beneficiarse de la inversión, (vii) encontrar la manera en que se incluya la opinión de las comunidades afectadas en la toma de decisiones respecto a su desarrollo, a través de la consulta a los pueblos indígenas y otras formas de participación, tal como lo establecen los instrumentos internacionales.

7.   IDL espera que, así como el Estado busca la inversión en el país, también es urgente que cumpla su rol de tutela de derechos fundamentales y lo compatibilice con su principal norte: buscar la vida digna de los peruanos y peruanas, y promover un desarrollo sustentable sin daños ecológicos irreparables.

Lima, 23 de diciembre 2011

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1.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en representación de 79 instituciones que defienden los derechos fundamentales de la persona, expresa su más enérgico rechazo y condena el ataque terrorista producido por sectores remanentes de Sendero Luminoso que tuvo como saldo trágico  el asesinato del teniente EP. Roberto Obregón Angeles, así como dos militares heridos, nos referimos al mayor EP Jorge Walter Villanueva Calderón y el soldado Ignacio Lancha Chuy,  hecho ocurrido el 21 de Noviembre en el distrito de Llochegua, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.

2.- Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares del oficial fallecido, así como nuestra solidaridad con los heridos, para los que solicitamos que el Estado brinde el mayor cuidado para su total recuperación de su salud física y mental.

3.  Al mismo tiempo demandamos al Estado una respuesta oportuna e inteligente, en el marco de un estado democrático, ante la situación de estos casos de violencia terrorista, en particular de la zona de VRAE del castigado departamento de Ayacucho, para acabar con este tema que viene tiñendo de dolor a muchas familias peruanas aún después de 30 años de iniciado el conflicto armado interno.

Lima, 22 de noviembre del 2011
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Texto tomado de AlertaPeru

Merecido. La comunidad de Cruz de Mayo (Áncash) será premiada este año con el premio nacional de derechos humanos por su defensa de la laguna de Parón ante la sobreexplotación hidroenergética. Así lo anunció Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, durante la emisión del  programa Lo Justo.

“La laguna es símbolo de vida e identidad para la comunidad de Cruz de Mayo y toda la comunidad de Caraz”, destacó la antropóloga Jessi Romero, que acompaña a los campesinos en esta lucha. Romero y Humberto Ortiz, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), se hicieron presentes en Lo Justo para comentar la valiente lucha del pueblo caracino.

“Tenemos el problema del agua con Duke Energy y también tenemos un problema con el tema minero, pues la empresa Coronel Metals está asentada en territorio comunal desde el 2006”, explicó Romero.

Duke Energy

“Estamos resaltando el tema porque han pasado tres años desde que la comunidad campesina junto a la comisión de usuarios de la subcuenca Parón-Lullán han recuperado Parón”, destacó Romero. “Tres años atrás la comunidad tomó la laguna, pacíficamente.  Es un ejemplo de lucha pacífica”, agregó Ortiz. Ambos entrevistados relataron la lucha de los campesinos ante la sobreexplotación realizada por varios años por la empresa Duke Energy, concesionaria de la hidroeléctrica del Cañón del Pato.

“Duke es dueña de la central, y para abastecer de agua en época de estiaje usan agua de varias lagunas, y una de ellas era Parón, que es la laguna más grande del parque nacional Huacarán”, señaló Romero.

Durante muchos años, Duke Energy utilizó en exceso el flujo de agua de la laguna, incluso duplicando por momentos su capacidad autorizada. “Ello implicó que el espejo de agua había descendido tremendamente, se encontraba como un charco de agua”, explicó Romero, lo que motivó la preocupación y protesta de los comuneros.

Miles de comuneros se movilizaron contra explotación irracional de laguna de Parón (Lo Justo)
“La población se movilizó, cinco mil campesinos se hicieron presentes en la laguna en agosto del 2008 para poner en conocimiento su preocupación por el nivel de la laguna”, relató Ortiz. Los comuneros se levantaron “frente a este peligro a sus cultivos y al consumo humano, porque esta laguna cumple ambas funciones”, explicó. “Se movilizan, piden que la empresa se retirara y a partir de ese momento la comunidad asume la vigilancia de esta laguna”, indicó.

Tras la protesta y al comprobarse las denuncias, el Estado retiró la autorización a la empresa para utilizar el agua de la laguna. “Ahora el nivel de agua se ha recuperado por la acción organizada de la población”, señaló Romero, detallando que actualmente la comisión de usuarios de la subcuenca y la Autoridad Local del Agua administran la emblemática laguna.

Humberto Ortiz, quien se hizo conocido en los medios de comunicación por la carta que enviara a la Primera Dama, Nadine Heredia, para que le preste atención al caso, explicó que CEAS “ha enviado muchas comunicaciones a diversas autoridades, porque además de los problemas mencionados, llegó un momento muy álgido en octubre de este año, porque ocho dirigentes habían sido enjuiciados por Duke Energy” y corrían el riesgo de ser encarcelados, señaló.

Ortiz estimó que el conflicto aún no ha sido superado, pues hace poco el Tribunal Constitucional admitió una acción de amparo presentada por la empresa, recurso legal que le permitiría retomar el control de la laguna pese a los negativos antecedentes ambientales. “Los comuneros levantan el pedido de un estudio solvente sobre el balance hídrico de la laguna, y un estudio de la disponibilidad hídrica de la subcuenca Parón- Lullán”, indicó.

“Nosotros esperamos una resolución justa, lo que pasa por generar una instancia de diálogo y una salida sostenible a largo plazo”, señaló Ortiz. Ambos anunciaron que este fin de semana se realizará un primer diálogo con la presencia de autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Energía y Minas, así como el presidente de la comunidad de Cruz de Mayo y la comisión de usuarios de la subcuenca. También participarán el presidente regional de Áncash y el alcalde provincial de Huaylas.

Minería sin consulta

Además de este problema, Romero destacó los temores de la población con respecto a la presencia de Coronel Metals, empresa minera ubicada en la cabecera de la cuenca. “El 2008 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha aprobado su Estudio de Impacto Ambiental semidetallado y tienen el permiso para iniciar sus etapas de exploración”, explicó Romero, “pero han ingresado a la comunidad sin autorización”. “En ese momento no había ley de consulta, pero sí el Convenio 169 de la OIT”, precisó. La empresa “no ha coordinado debidamente con la población, no ha habido talleres adecuados para recoger los datos de la comunidad”, explicó Romero. “Ellos no han puesto de conocimiento a la asamblea general, que es el procedimiento correcto, sino que elevaron al MEM el reconocimiento realizado por un sector de los 21 que tiene la comunidad”, señaló.

Las declaraciones tuvieron lugar en la emisión de esta noche (martes 22) del programa Lo Justo, producido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y transmitido en vivo vía La Mula TV. (PM)

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La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, demandó al gobierno y el parlamento, la aprobación del presupuesto solicitado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)  para la atención del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de la violencia  interna que vivió nuestro  país desde 1980 al 2000.

Este dictamen de la ley de Presupuesto para el sector público para el año 2012, no fue aprobado por la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República a pesar de que el Premier, Salomón Lerner Ghitis sustentó el pedido planteando que  ““El Gobierno tiene la meta de reparar a las miles de víctimas que ocasionó la violencia en el Perú…., nos proponemos como meta al 2016 la reparación integral del 50 por ciento del total de víctimas. Entregaremos a cada una de ellas una suma significativa como un gesto simbólico de reconocimiento”.

Cabe recordar que la PCM aprobó un  presupuesto  de 221,2 millones de nuevos soles adicionales a los 42 millones que destinó el gobierno anterior, los últimos 5 años. Este incremento permite cumplir en un plazo razonable, con la atención integral a las víctimas. Por esto, APRODEH lamenta  que no se pueda dar 10 UIT (36 mil soles) por víctima, tremiendo en cuenta que las reparaciones administrativas son un proceso de dignificación y un reconocimiento por parte del gobierno ante todo el dolor y sufrimiento que vivieron las miles de familias.

Hasta la fecha, solo se ha reparado a los ronderos y no a todas las víctimas de la violencia, tal  como lo propuso la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Francisco Soberón, Director Ejecutivo de Aprodeh, señaló que “no se puede permitir que en zonas como Ayacucho y Huancavelica, madres, esposas e hijos mueran sin haber sido atendidos por el estado, como parte de su obligación con las víctimas”.

Asimismo, Soberón saludó la presencia en Lima  de más de 400 delegados de organizaciones regionales (Ayacucho, Junín, Huánuco, Apurimac, Huancavelica, Pasco, Lima, Cusco, entre otras) de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política del Perú, CONAVIP y de familiares de las víctimas de la Policía Nacional, en su justa exigencia para ser atendidos por el estado con las reparaciones integrales”

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El día de hoy, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho realizará la entrega de restos de 17 víctimas pertenecientes al Caso Cabanino o el Expreso de la Muerte.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, a cargo de la Fiscal Titular Dra. Jhousy Aburto Garavito, dispuso a través de la Resolución Nº 235-2011, la entrega de 17 restos de las víctimas exhumadas del Cementerio General del Distrito de Sora, Provincia de Sucre (Ayacucho).

Hoy lunes 21 de noviembre se realizará la ceremonia de entrega de los restos en las instalaciones del Laboratorio del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, a partir de las 08.00 a.m.

Luego, el cortejo fúnebre partirá hacia la a Plaza Mayor de Huamanga y a las 6.00 p.m. se ofrecerá una Misa de Honras en la Basílica Catedral. Posteriormente, se velarán los restos en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

El martes 22 partirá el cortejo fúnebre hacia Soras, donde recibirán cristiana sepultura.

Los restos a ser entregados a sus familiares , corresponden a:

1. Hipólito Máximo Garay Garibay
2. Carlos Vidal Huayhuas Berrocal
3. Jorge Meléndez Turriate
4. Sebastián Víctor Huamán Tello
5. Francisco Lapa Álvarez
6. Cresencia Pineda Nieto
7. Gumercindo De la Cruz Alarcón
8. Grimaldo Salazar Quispe
9. Federico Quispe Cruces
10. Valerio Dasio Inca Huamaní
11. Melacio Conde Cotaquispe
12. Julio Llamocca Apahuasco
13. Saturnino Atequipa Medina
14. Saturnino Huamaní Pineda
15. Juan Miranda Gutierrez
16. Jorge Abilio León Pacheco
17. Mauricio Olimpio Jáuregui De la Cruz

Los hechos

La masacre senderista investigada por la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) conocida como “El Expreso de la muerte”, tuvo como epicentro la provincia ayacuchana de Sucre, dejando como saldo total más de un centenar de víctimas. Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 1984, fecha en la que los terroristas dirigidos por el “camarada José” hoy al mando de SL en el VRAE, buscaron vengarse de campesinos que no quisieron integrar sus filas.

COMISEDH ha realizado la investigación de este caso, más grande aún que el de Lucanamarca por el número de muertos y la atrocidad de los crímenes. Se ha establecido una relación de más de 100 víctimas en más de 34 sitios de entierro. La mayoría de víctimas eran naturales de Sucre, Ayacucho, mientras que 12 personas, eran comerciantes de Sicuani (Cusco), que se encontraban de paso en la zona de Doce Corral.

COMISEDH  y la Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, han asumido la representación legal de los familiares de las víctimas y acompañan su reclamo de justicia.

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Comisión del Congreso de la República aprobó dictamen del presupuesto 2012 que no incluye el rubro para reparaciones a las víctimas de la violencia política solicitada por la PCM.

“Es preocupante que el dictamen del proyecto de ley Nº 114/2011-PE para el presupuesto fiscal 2012 que aprobó la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República el martes 15 no contemple el pedido del Premier para atender el pago de reparaciones a las víctimas de la violencia política”, expresó la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aída García Naranjo Morales.

El pedido fue sustentado por el Premier Salomón Lerner en su presentación ante el Congreso, en el que planteó textualmente: “nos proponemos como meta al 2016 la reparación integral del 50 por ciento del total de víctimas. Entregaremos a cada una de ellas una suma significativa, como un gesto simbólico de reconocimiento”. Para lograr esta meta se requiere atender a 6,700 víctimas cada año.

Por este motivo la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó 221,2 millones de nuevos soles, cifra que cubriría las reparaciones económicas a las víctimas en el 2012. En la sesión de la Comisión de Presupuesto en que se aprobó el presupuesto 2012 el ministro de Economía, Miguel Castilla, invitado a la sesión, expresó su desacuerdo con la inclusión de esta partida.

“Ninguna suma económica podrá compensar la pérdida de un padre, madre, esposo/a o hijo/a. Las reparaciones son un esfuerzo por parte del Estado, para dignificar a las familias de las víctimas”, afirmó la titular del MIMDES, en respaldo a la solicitud del Premier Lerner.

La ministra García Naranjo Morales señaló que expresa su preocupación en relación a todas las víctimas y como responsable del proceso de Registro y Acreditación de Desplazados, tarea que lleva el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) a través de la Dirección de Desplazados y Cultura de Paz. Como se sabe, muchas de las víctimas de la violencia tuvieron que huir de sus lugares de origen, convirtiéndose en desplazados.

El MIMDES ha acreditado durante los primeros 100 días de gestión a 6,500 personas desplazadas. Esta acreditación les permitirá su ingreso directo al Registro Único de Victimas, acceder al Seguro Integral de Salud y a participar de las reparaciones colectivas otorgadas por el Estado, acceder a servicios educativos y a los planes y programas sociales a nivel de gobiernos locales y regionales. Al igual que todas las víctimas, los desplazados tienen pendiente el pago de las reparaciones económicas individuales. La reparación será base de la Reconciliación Nacional.

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