Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH

La nueva Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH también se refirió a los  derechos económicos, sociales y culturales. Y a la urgencia de cambiar mentes antes que leyes.

Por Elízabeth Prado. Tomado de La República

¿Ha elegido un tema en especial para dar inicio a su gestión como Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos?

Una de las primeras tareas de la Coordinadora será que los derechos humanos estén en la agenda de los candidatos presidenciales. No he revisado en detalle sus planes de trabajo, pero al menos en el discurso público no aparece.

Será su gran reto…

Sí. También plantearé el tema de los derechos humanos hacia el bicentenario de la independencia. Habría que pensar qué país queremos hacia el año 2021 desde la perspectiva de los derechos humanos y no solo desde el crecimiento económico.

Vivimos una etapa de grandes conflictos sociales y la violación de derechos humanos han variado respecto a las décadas pasadas.

Efectivamente, hay como un segundo tiempo de los derechos humanos que son los derechos económicos, sociales y culturales.

Por ejemplo, la criminalización de la protesta social es un área que la Coordinadora ya está trabajando,

Antes de ejercer este cargo era de su personal interés tratar  el racismo y la exclusión de la mujer. ¿Persistirá en estos temas?

Me interesan mucho esos temas. Veré qué podemos hacer por las mujeres afectadas por la violencia sexual durante el conflicto armado. Hay cerca de 1300 personas que ya se han inscrito en el Registro Único de Víctimas de Violencia Sexual. Ellas no solo deben ser reparadas económicamente, sino deben tener un acompañamiento psicológico.

¿Qué es lo más difícil de enfrentar en un trabajo sobre derechos humanos?

El gran problema no es cambiar las normas, el gran problema es cambiar la mentalidad. Es un tema complejo que tiene que trabajarse de manera sostenida, y sus resultados no son medibles en un año sino en una generación.

Aún falta mucho para que la ciudadanía tome conciencia.

Quiero insistir en la importancia del trabajo con la palabra. Tenemos que pensar que el tema de los derechos humanos debe estar en los programas curriculares de los colegios, desde la Primaria. También se puede llegar a la gente con trabajos artísticos. Hay muchas personas que desde las artes plásticas ya lo están haciendo, y hace mucho tiempo.

¿La elección de Susana Villarán la alienta en la ejecución de sus planes?

Este año es bastante positivo. Que Susana Villarán sea alcaldesa es una esperanza para muchas personas. Pero a su vez me parece también importante que César San Martín esté en la presidencia del Poder Judicial. Es otra esperanza para quienes están vinculados a derechos humanos, porque una democracia requiere de un poder judicial honesto.

Las condiciones están dadas entonces para que la CNDDHH prosiga su labor…

Yo creo que sí. Hay gente con muy buena disposición y hay una política bastante favorable. Pienso que desde los medios de comunicación se puede mucho, porque hay casos emblemáticos que no han sido suficientemente entendidos por el público. Debemos comprender que los derechos humanos son los derechos de todos en general.

Con su designación,  ha vuelto el matriarcado a la Coordinadora…

Sí. Antes han estado Pilar Coll, Sofía Macher y Susana Villarán. De alguna manera el trabajo de la mujer es distinto por una cuestión cultural, porque a las mujeres nos han educado para el cuidado y por ahí hay una línea diferente.

Pero a usted le toca vivir una etapa distinta al de ellas…

En el pasado la Coordinadora enfrentó momentos muy duros, como los que le tocó a Pilar Coll en los años 80 y después a Sofía Macher en los 90. El actual es otro momento completamente diferente, más fácil para una secretaria ejecutiva  desde esta perspectiva, pero más trabajoso en el sentido de que han aumentado las áreas de trabajo. Ya no estamos centrados en la violencia armada, en las violaciones de derechos humanos desde el Estado, sino que hay otras áreas importantes como los conflictos sociales y los derechos ambientales, con procesos administrativos y judiciales complejos.

“La teta asustada hizo más que muchas medidas”

No fueron pocos los que resaltaron lo que hizo la película La teta asustada por los DDHH.

La teta asustada hizo mucho más por las mujeres agredidas sexualmente durante el conflicto armado que el montón de medidas que se podían haber tomado para atender este hecho. El tema de una niña nacida después del conflicto armado y que tiene la paranoia de ser ultrajada cuando a ella no le ha pasado nada, y decide colocarse una papa en la vagina para protegerse… Esa situación impactó en el público.

¿Cuál es la situación en que recibe usted la CNDDHH?

Los problemas laborales ya han sido solucionados. Es una institución eficiente a nivel nacional e internacional a pesar de las dificultades económicas. El 28 de enero tendré mi primera reunión con el Consejo Directivo Nacional.

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•    Proponen mayor presencia de juezas en órganos de decisión
•    Saludan anuncio en favor de promoción y garantía de los derechos humanos

Mejorar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia así como promover la igualdad de género en los puestos de decisión en este poder del Estado, son algunas de las propuestas que la institución DEMUS hizo al nuevo presidente del Poder Judicial Cesar San Martín Castro, quien inició su gestión de dos años en medio de auspiciosas expectativas.

Jeannette Llaja, directora de la institución feminista, saludó el compromiso del magistrado  a impulsar en su mandato la defensa plena de los derechos fundamentales a través de la actuación ética de jueces y juezas. “San Martín ha asegurado que se atenderá las demandas de la ciudadanía y una que tenemos las mujeres es que la justicia llegue con la debida diligencia para quienes vemos violentados nuestros derechos”, precisó.

Las mujeres en violencia enfrentan obstáculos diversos en el sistema, incluyendo a las víctimas de feminicidio que en el 2010 sumaron 116 según el Observatorio de Medios de DEMUS. El informe defensorial de expedientes judiciales de estos casos  reveló que ninguna sentencia tomó en cuenta los mandatos de los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.

“Aquí existe un gran desafío para el nuevo presidente del Poder Judicial a fin de evitar que la impunidad sea una tendencia constante cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres”, refirió Llaja Villena.

Es preciso –enfatizó- generar acuerdos plenarios que redunden en la obtención de justicia y reparación para las mujeres violentadas desterrando los estereotipos de género que impiden la concreción de estos derechos. Ya en el 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención sobre esta visión discriminatoria de quienes administran justicia.

La abogada mencionó que entre otros pendientes está lograr la presencia de mujeres titulares en el Consejo Nacional de la Magistratura, ya que la única en la actualidad, la doctora Elcira Vásquez, fue elegida antes de la existencia de este órgano.

También, ampliar la minoritaria participación femenina en la Corte Suprema. “Es una buena señal que las salas estén conformadas por siete mujeres, además de la única titular Elcira Vásquez, pero no es suficiente. Parte de la democracia es que podamos acceder a los diferentes espacios de poder, y si resulta difícil pues es necesario promoverla”, dijo.

La directora de DEMUS propuso además dar un giro a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal para que incorpore el enfoque de género y evitar lo sucedido en otros países donde se generó impunidad en los casos de violencia contra la mujer.

“Confiamos en una buena gestión del doctor San Martín y esperamos propicie el apoyo necesario para que prosperen los casos de derechos humanos, asegurando los recursos y el soporte institucional para un trabajo independiente”, expresó.

Mayor información: Mariela Jara 986264356 / Carla de la Quintana 993978935

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A través del Decreto Supremo Nº 021-2010-JUS, publicado el 29 de diciembre en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo determinó ampliar la vigencia del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDDHH) 2006-2010 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Junto con la ampliación de la vigencia del PNDDHH, se ordena que el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (CNDH) realice el seguimiento y monitoreo de los objetivos trazados, además de presentar una evaluación y un informe en un plazo que no puede exceder el 30 de junio de 2011.

La norma también dispone que en un plazo de diez días, contados a partir de la entrada de su vigencia, la Dirección de Promoción y Difusión del Consejo Nacional de Derechos Humanos deberá elaborar e implementar un programa de difusión del Plan Nacional de Derechos Humanos.

• Ver Decreto Supremo Nº 021-2010-JUS

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La Primera Sala Penal de Ayacucho ordenó el archivamiento definitivo de la denuncia que realizó el presidente Alan García Pérez contra la magistrada Cristina Olazábal Ochoa, quien denunció, el 31 de enero del 2005, al jefe de Estado y a otras 27 personas por el presunto delito de genocidio de los pobladores de la comunidad de Accomarca, cometidos en agosto de 1985.

Según la defensa del mandatario peruano, Olazábal Ochoa incurrió en el delito de Prevaricato pues invocó normas internacionales, como el genocidio, que no se encuentran vigentes en la legislación nacional.

Sin embargo, en abril del 2010, la vocal instructora a cargo del caso en primera instancia resolvió como “no ha lugar” la apertura del proceso contra Cristina Olazábal, la misma que fue apelada por el Fiscal Superior formalizando la denuncia penal contra ella.

Luego de ochos meses de formalizada la denuncia, el tribunal integrado por los vocales César Prado Prado, Vladimir Olarte y Gabriel Aramburú; considera que no hubo ninguna irregularidad en la denuncia planteada contra el mandatario pues “la acción penal contra García Pérez se basó en el deber del Estado de investigar a los responsables de graves actos violatorios de los derechos humanos protegidos por el derecho internacional”, sostiene el fallo.

Asimismo, indica que “la Fiscal Cristina Olazábal Ochoa, no infringió el principio de legalidad y actuó en el ejercicio de sus funciones constitucionales, al denunciar este delito, conforme a las normas internacionales”.

El Instituto de Defensa Legal (IDL), que viene asumiendo la defensa de la Fiscal Olazábal Ochoa, saluda la decisión tomada por esta sala pues reafirma su cargo como fiscal, y deja de lado, todo tipo de presiones que podrían existir en procesos judiciales.

Cabe señalar además que actualmente el caso Accomarca, viene siendo judicializado por la Sala Penal Nacional y, el presidente de la República Alan García Pérez, no ha sido incluido.

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Hace un llamado al gobierno peruano a denunciar la acusación infundada e irresponsable de que organizaciones de derechos humanos clave defienden el terrorismo

El 14 de diciembre de 2010, el vicepresidente peruano Luis Giampietri acusó a varias organizaciones prestigiosas de derechos humanos del país de haber defendido a terroristas y de ser grupos defensores de organizaciones subversivas. Posteriormente, en el desempeño de su función de miembro del Congreso del Perú, el vicepresidente mandó a investigar las fuentes de financiación y los gastos de estas organizaciones.

La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) está sumamente preocupada de que la acusación totalmente falsa del vicepresidente Giampietri represente un nuevo intento de intimidar y silenciar a los defensores de los derechos humanos en el Perú.

“WOLA rechaza de manera rotunda estas acusaciones totalmente infundadas”, dijo John Walsh, coordinador de programa en WOLA.  “Todas estas instituciones son organizaciones de derechos humanos respetadas a nivel internacional que han trabajado durante casi tres décadas para documentar y denunciar abusos de derechos humanos – sin importar el autor de los mismos – y promover el estado de derecho en el Perú”.

El vicepresidente hizo su acusación luego de la publicación de un cable del gobierno de Estados Unidos dado a conocer por WikiLeaks que informa sobre una conversación de 2006 en la cual un ex-director de la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú (DINI), el jubilado contralmirante Julio Raygada, acusa a los grupos no-gubernamentales de derechos humanos, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia Viva, de hacer propaganda a favor del Sendero Luminoso.

Giampietri usó la acusación de Raygada – una declaración infundada para la cual no se ofreció ninguna clase de pruebas – como pretexto para su última ronda de ataques contra IDL, Justicia Viva y otra organización de derechos humanos, la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH). El vicepresidente declaró que estos grupos son “defensores de los terroristas” y “son la fachada de la estrategia terrorista”.

Ésta no es la primera vez en que el vicepresidente Giampietri ha acusado a organizaciones de derechos humanos no-gubernamentales de haber actuado a favor de grupos subversivos.  “No parece ser coincidencia que el vicepresidente Giampietri intente intimidar precisamente a las organizaciones que están al frente del esfuerzo por enjuiciar a agentes del estado, incluyendo a oficiales militares y policiales, que cometieron graves abusos de derechos humanos en el contexto del conflicto interno armado (1980-2000)”, dice Jo-Marie Burt, investigadora afiliada a WOLA y docente de la Universidad de George Mason. IDL y APRODEH representan a víctimas de la masacre carcelaria de El Frontón en 1986,  un caso en el cual Giampietri, un capitán naval quien fue uno de los dos oficiales a cargo del operativo, ha sido citado como testigo.

“Los ataques del vicepresidente no son únicamente infundados, sino también son profundamente irresponsables, al grado de que pudieran colocar en peligro la seguridad de los defensores de derechos humanos en el Perú”, continuó Burt.  “WOLA hace un llamado al gobierno peruano a denunciar de manera expresa y enérgica las recientes acusaciones del vicepresidente, y a salvaguardar la seguridad de los defensores de derechos humanos en el Perú”.

17/12/2010

Contacto:

Kristel Mucino
Coordinadora de Comunicaciones
kmucino@wola.org
(617) 584-1713

John Walsh
Coordinador de Programa
jwalsh@wola.org
(202) 797-2171

Jo-Marie Burt
Investigadora Afiliada y Docente en la Univ. de George Mason
jmburt@gmu.edu
(703) 946-9714

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SI QUIERES PROMOVER LA PAZ, PROTEGE LA CREACION

(Carta de BENEDICTO XVI, 1 de enero 2010)

DECLARACION DEL OBISPO Y LOS SACERDOTES DE LA DIOCESIS DE HUARAZ,

EN TORNO A LOS PROBLEMAS SOCIALES GENERADOS POR LA MINERIA EN NUESTRA REGION

1.       El Obispo y los Sacerdotes de la Diócesis de Huaraz, testigos del Señor que ha venido a darnos la Vida en abundancia (Jn. 10,10), reunidos en la localidad de Cajacay,  conscientes de los últimos y graves problemas sociales que afectaron seriamente la vida de nuestras ciudades y pueblos a partir de la presencia de la Compañía Minera Chancadora Centauro en inmediaciones de la laguna de Conococha, expresamos nuestro respaldo a la población que reclama el derecho a una vida digna en un ambiente saludable.

2.       Reprobamos los excesos, el vandalismo, los actos de violencia, los desmanes, el atropello a la libertad de las personas en sus actividades y desplazamientos, producidos durante las manifestaciones de la semana pasada. Asimismo, nos extraña la escasa cobertura prestada a estos eventos por los medios de comunicación nacional.

3.       Nos solidarizamos con la familia del comunero  Muñante Willy Cadillo Vergara, muerto durante los enfrentamientos en Catac. Expresamos nuestra cercanía a los heridos civiles y efectivos de la Policía Nacional.

4.       Condenamos todo acto de apropiación de los bienes naturales que pertenecen a todos los Ancashinos y a la humanidad entera; asimismo condenamos toda actividad que, en el futuro, puede llegar a contaminar el ambiente más aun constituyendo nuestra Región una zona eminentemente turística y agrícola.

5.       Denunciamos otros posibles focos de contaminación ambiental en diversos lugares de nuestra Región,  de los que aún no hemos tomado consciencia como: Mesapata (Catac), Alianza y Tomalamano (Ticapampa), Hércules (Aija), Magistral (Chiquian),  Santa Rosa (Jangas), Palca-Rio Llamac (Bolognesi), California (Yungay) y muchos otros lugares donde se ejerce la pequeña, mediana y grande minería, formal e informal.

6.       Deploramos la ineptitud de las autoridades regionales y nacionales por la lentitud con la que actuaron para la solución del problema del ilegal otorgamiento de la autorización de exploración a la empresa Chancadora Centauro.

7.       Pedimos que los Congresistas de nuestra Región presenten al Congreso de la República un proyecto de ley orientado a una mayor protección de las áreas naturales que son la verdadera riqueza y futuro, también económico, de nuestra Región. Toda actividad minera debe tener la aprobación de la población afectada directa e indirectamente en sus territorios, incluida la población que se encuentra en la totalidad de la cuenca. Tal aprobación debe conseguirse de manera democrática, mediante consultas populares.

8.       Invocamos una voluntad de diálogo cada vez que, en el presente y futuro, existan problemas o conflictos. Especialmente llamamos a las autoridades a mantenerse en permanente estado de escucha de las necesidades y anhelos de nuestra población.

9.       Exhortamos a la población en general a mantenerse en constante estado de alerta para hacer de conocimiento público todo acto de contaminación. La cohesión experimentada en estos días se convierta en una medida disuasiva a las empresas mineras para que no prioricen el lucro antes que la vida y la salvaguarda del ambiente.

10.   Clamamos al Señor de la Vida para retornar a una pacífica coexistencia entre la población, las autoridades, las empresas y el ambiente, en el ejercicio de las diferentes actividades de nuestra región.

Construyamos la paz como fruto de la justicia social.

Mons. Eduardo Velásquez Tarazona y todos los sacerdotes de la Diócesis de Huaraz.

CAJACAY, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010

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Giampietri, los Wikileaks y el Frontón

Por Ernesto de la Jara

Luis Giampietri, primer vicepresidente de la República y congresista, volvió a arremeter con todo contra el IDL. Esta vez se ha valido del registro de una información en los wikileaks.

La información a la que se refiere el almirante en retiro Giampietri, según los medios de comunicación que han dado cuenta de ella, es la siguiente: El 14 de febrero del 2006, el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), contralmirante AP(r) Julio Raygada García, le entregó un reporte al entonces embajador de Estados Unidos, Michael McKinley, quien lo remitió a Phyllis Powers, consejera norteamericana del Departamento de Estado. En ese reporte, se afirma que el IDL y su proyecto Justicia Viva desempeñan el papel de propagandistas y defensores de Sendero Luminoso.

A partir de este registro, Giampietri se ha atrevido a decir por todas partes que esta vez existen evidencias que permiten concluir que el Instituto de Defensa Legal (IDL) es una organización defensora de Sendero Luminoso.

Nos parece tan absurda la acusación, que la primera respuesta que nos nace es: ¡nos descubrieron! Por fin el almirante Giampietri gana una batalla. Después de 27 años de existencia, logró desenmascararnos y demostrar que somos de SL.

Y lo somos nada menos en el ¡2010!, cuando, felizmente, SL esta estratégicamente derrotado, y solo tiene una presencia focalizada -peligrosa, es cierto- en el VRAE, en el Huallaga y en algunos lugares más del país. No solo entonces, somos terroristas, sino tontos, ya que, corriendo todo tipo de riesgos, estamos vinculados a un grupo que no tiene ningún futuro.

La falsedad y arbitrariedad de las afirmaciones de Giampietri contra el IDL saltan a la vista una vez más.

Es obvio que estamos ante una afirmación unilateral de un funcionario de la DINI, sin haber estado acompañada de prueba alguna, que el embajador norteamericano se limitó a trasmitir, como lo suelen hacer todas las embajadas con ese tipo información.

Efectivamente, todo el mundo sabe que ese es el carácter de gran parte de la información que desde las embajadas se envía a Washington. Muchas veces, es, simplemente, el registro de lo que se dice, de una percepción, sin importar si es verdad o no, si hay pruebas o no.

En caso contrario, habría que asumir algo absolutamente absurdo: toda información transmitida por una embajada norteamericana, que aparezca en los wikileaks, debe ser asumidas como cierta.

Darle valor probatorio a esa declaración unilateral y sin pruebas tratando de sorprender a la opinión pública, como lo ha hecho Giampietri, vuelve a hablar muy mal de él, y no de nosotros.

La doble moral del Almirante Giampietri se manifiesta cuando en relación al posible vínculo de altos militares con el narcotráfico, denuncia que aparece en los wikileaks, niega toda posibilidad de que sea verdad. Y eso que en este caso no se trata de una información unilateral proveniente de un organismo como la DINI, sino de “un informante” que trabajaba en ese entonces para la DEA, un órgano dedicado a la lucha contra el narcotráfico, vinculado directamente con la embajada de Estados Unidos.

¿Por qué frente a posibles relaciones de altos mandos militares con el narcotráfico, Giampietri quiere cerrar cualquier tipo de investigación? Él como vicepresidente, congresista y ex almirante debería ser uno de los más interesados en que se esclarezca esta gravísima denuncia.

De otra parte, si la DINI hubiera tenido la más mínima prueba de una relación de nuestra institución con SL, no se entiende por qué en ningún momento se nos investigó o acusó. Esto demuestra que lo que puede haber dicho Raygada es solo parte de las campañas de desprestigio que determinados sectores de militares, vinculados a violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, desde hace mucho años vienen realizando contra la labor que, en sentido opuesto, cumple nuestra institución.

Recordemos todo lo que ha dicho y hecho Giampietri contra nuestra institución, lo cual lejos de habernos debilitado, nos ha servido como propaganda y para fortalecernos en nuestras convicciones:

-     Innumerables ataques verbales contra nosotros.

-     Ha tratado infructuosamente de que se nos cite a la comisiones de Defensa y de Inteligencia del Congreso.

-     Sus declaraciones fueron determinantes para que APCI decidiera volvernos a investigar, cuando ya lo había hecho en dos oportunidades anteriores, las que, supuestamente, habíamos salido sorteados dos veces consecutivas.

-     Sus amigos de Expreso, La Razón y Correo nos acusaron de conflictos de intereses por haber participado en la Comisión de Indulto, lo que motivó un pronunciamiento de la fiscalía a favor nuestro, en el sentido de que no había ninguna razón para ni siquiera abrir una investigación.

-     Hace poco, el también fujimorista Rolando Sousa, congresista de la República, trató de –sin logarlo, también- se nos investigara, por enseñar en la Academia de la Magistratura.

¿No es esto una persecución contra el IDL, de parte de Giampietri, abusando de sus cargos y de su inmunidad parlamentaria?

Una vez más, como le hemos hecho desde el comienzo de la década de los 80, y en todo momento, expresamos nuestra total condena frente a SL y el MRTA, y frente a todo grupo que recurra a métodos terroristas o violentos, o defienda proyectos políticos totalitarios. Allí están nuestros pronunciamientos, publicaciones y actividades que lo demuestran, además de las amenazas de las que fuimos objeto por parte de SL en diversos momentos.

Solo dos palabras explica por qué Giampietri nos tiene tanta animadversión: El Frontón.

El IDL ha patrocinado el caso de Durand-Ugarte personas que murieron en la matanza que se produjo en el penal de El Frontón (junio de 1986), luego del violento motín realizado por los senderistas. El caso se ganó a nivel de la Corte Interamericana, Tribunal Internacional que falló a favor de la responsabilidad del Estado peruano, ordenado cumpla con su obligación de investigar, procesar y sancionar los hechos ocurridos.

Inicialmente la fiscalía cerró el caso, pero la Corte consideró que de esa manera no se había cumplido con su mandato, volviendo a ordenar lo mismo.

Fue así que, el proceso penal por dicha matanza se inició en enero del 2005. En ese momento se abrió proceso contra 10 efectivos de la marina, por el delito de asesinato. Posteriormente en enero de 2009 se abrió un segundo proceso por los mismos hechos contra otros 23 efectivos de la marina. En mayo de 2010 se acumularon los dos  procesos.

Es cierto que en este proceso, que Giampietri solo tiene la condición de testigo. Sin embargo hay que considerar tres hechos fundamentales: 1) La condición de testigo puede ser variada de testigo a procesado en cualquier momento. 2) En setiembre de 2009 la fiscal superior Luz Ibañez opinó que en el proceso solo estaban comprendidos los autores materiales del crimen y por ello solicitó que se identifique a los autores mediatos del crimen. 3) El Poder Judicial ha calificado a este delito como un crimen de lesa humanidad.

Si Giampietri procede de una manera tan prepotente y arbitraria contra una institución como el IDL, que desde hace 27 años viene actuando abiertamente en defensa de la democracia, la paz y los derechos humanos, con el reconocimiento y respaldo de muchos sectores del país y de la comunidad internacional, y a la vista de todo el mundo nos preguntamos ¿cómo podría ser su actuación frente a más de 100 personas, presas, derrotadas, echadas en el suelo, boca abajo, con las manos atadas hacia atrás y con pánico por lo que les pudiera pasar?

Pero nosotros, el IDL, no estamos presos, ni  en el suelo, ni con las manos atadas, ni tenemos nada que temer.

Recurriremos a todos los medios legales nacionales e internacionales para defendernos de los ataques de Giampietri y de los fujimoristas en general que abusan de sus cargos para impedir que desde la sociedad civil se defienda la democracia y los derechos humanos y se impulse la lucha contra la corrupción y la impunidad en general.

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El 97% de casos registrados por la CVR no se investigan y el otro 3% asumido por las autoridades sigue trunco

Sólo 3 investigaciones están a nivel judicial. Organizaciones piden intervención multidisciplinaria y creación de fiscalías especializadas

Si las investigaciones por violaciones de derechos humanos en general no avanzan, dentro de este grupo los casos por violaciones sexuales a mujeres durante el conflicto armado interno son los más  postergados. Desde 2004, una veintena de procesos se encuentran congelados al punto que en la mayoría de casos ni siquiera se han tomado las manifestaciones de las víctimas.

Hasta inicios de este año se registraron 16 casos, 13 en investigación preliminar en el Ministerio Público y tres con apertura de proceso penal en Lima, Cusco y Ayacucho, entre los cuales se encuentra la investigación por violacion sexual a mujeres en las bases militares de Manta y Vilca de Huancavelica. Este es el primer caso de este tipo que fue judicializado.

Aunque las violaciones contra mujeres se perpetraron por lo menos en 15 regiones del país durante los años de violencia  (1980-2000), la veintena de casos está congelada en las fiscalías y juzgados de siete regiones: Ayacucho, Huancavelica,  Apurímac, Cusco, Junín, Pasco y Lima.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró 538 casos de violaciones sexuales en los años del conflicto, de los cuales no se ha investigado el 97%.

Se cometieron violaciones a los derechos humanos muy graves –ejecuciones extrajudiciales, torturas,  desapariciones y masivas y sistemáticas violaciones sexuales a mujeres –, especialmente en zonas rurales del país que se encontraban bajo el control militar y en estado de emergencia.

Las violaciones sexuales fueron frecuentes como método de tortura, castigo o  represalia. Los principales responsables son agentes estatales, especialmente del Ejército.

La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Asociación Paz y Esperanza y DEMUS  han asumido la defensa legal de la mayoría de las víctimas  y exigen que el Ministerio de Defensa  brinde información para que se conozca a los responsables directos y a sus jefes que no sancionaron estos hechos y que en muchos casos los encubrieron.

CONGELADOS EN AYACUCHO

En Ayacucho se concentra más del  50 por ciento de los casos, por lo menos 9 en las fiscalías supraprovinciales, según el Instituto de Defensa Legal.

Entre los casos simbólicos que siguen truncos en la fiscalía de Ayacucho figura el de Georgina Gamboa, quien fue violada por efectivos policiales de Vilcashuamán en  los 80. El caso fue archivado por el Poder Judicial en 2004. Ese año, Georgina dio su testimonio en una audiencia pública de la CVR y se presentó una nueva  denuncia al  Ministerio Público patrocinada por COMISEDH.  Georgina espera justicia desde hace 28 años.

La violación contra ocho mujeres del pueblo de Llusita en Ayacucho también sigue impune, en gran parte, porque las autoridades fiscales fragmentaron los hechos perpetrados en 1983, lo cual no permite explicar con claridad el contexto en que ocurrieron, así como identificar a los presuntos responsables y a sus jefes que consintieron estas prácticas.  La violación fue perpetrada por militares de la base de Cangallo.

A pesar de la gravedad de los hechos, hay investigaciones que han sido archivadas como el de María Elena Loayza Tamayo.  En este caso el delito prescribió no obstante que el Estado se comprometiera a investigar este crimen por mandato de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CRITERIOS INSÓLITOS

En la mayoría de casos las autoridades pretenden investigar estos crímenes desde sus despachos, tampoco consideran en el proceso la vergüenza y el miedo de las víctimas. Además, exigen, de manera absurda, exámenes ginecológicos de reciente data como pruebas.

“Las investigaciones por estos delitos deberían realizarse a través de equipos multidisciplinarios (psicólogos, médicos, abogados, antropólogos, historiadores y otros) con amplia experiencia,  reconocimiento en las zonas y  dominio del quechua o lengua nativa”, manifestó el responsable del área legal COMISEDH, Gustavo Campos.

El abogado recordó que un criterio que establecen los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda  así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos es tomar como cierto la versión de la víctima, que se corrobora con otros indicios o pruebas. Sin embargo, esto no es considerado por los operadores de justicia en el Perú.

“No puede haber una intervención tradicional en estos casos porque no se tratan de delitos comunes. Debe crearse fiscalías especializadas con este propósito”, aseguró el responsable del área legal de IDL, Carlos Rivera.

Las organizaciones que acompañan a las víctimas, piden a las autoridades que tomen medidas para hallar a los responsables de estos casos horrendos que hoy son los más postergados en la búsqueda de justicia.

Lima 12 Diciembre de 2010

COMISEDH – APRODEH – IDL – PAZ Y ESPERANZA – DEMUS

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Como ya es tradicional en nuestro país, con motivo de conmemorarse el 62 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos realizará la ceremonia de [...]

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ARZOBISPADO DE HUANCAYO

COMUNICADO

El Arzobispado de Huancayo, ante los diversos comentarios que han surgido en la opinión pública acerca de la “Carta de ciudadanos” sobre la persona del Señor Fernando Barrios Ipenza, publicada el día 01 de diciembre del año en curso en distintos medios de comunicación, la misma que firmara Monseñor Pedro Barreto Jimeno S.J., Arzobispo de Huancayo; comunica lo siguiente.

1.    Monseñor Pedro Barreto, fue visitado en el Arzobispado hace más de 10 días, por familiares directos del señor Barrios quienes radican en la ciudad de Huancayo, para solicitarle su firma de respaldo a la trayectoria personal del Señor Fernando Barrios Ipenza.

2.    En aras de defender el legítimo derecho de toda persona de no ser condenada sin ser procesada previamente, y desconociendo la magnitud de las acusaciones de las que fuera objeto el señor Fernando Barrios Ipenza, dadas a conocer por los medios de comunicación, Monseñor Barreto aceptó firmar la carta de respaldo que le solicitaron.

3.    La Iglesia Católica defiende la dignidad y los derechos humanos de toda persona, y es respetuosa de la institucionalidad democrática del Estado. Por ello considera que corresponde a las autoridades pertinentes investigar las diversas acusaciones de las que cualquier persona sea objeto, y declarar, siguiendo el debido proceso, su inocencia o culpabilidad.

4.    Siguiendo las enseñanzas de la Iglesia, “exhortamos a todos los fieles a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados por el Espíritu del Evangelio…” (Nota Doctrinal “sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los Católicos en la vida Política”. Congregación para la Doctrina de la Fe, del 24 de noviembre de 2002). Lo señalado, implica “la rehabilitación ética de la política” (Cfr. Documento Aparecida 406, a), como la urgente necesidad de no permitir el divorcio entre el ejercicio político de los funcionarios públicos con la ética; es decir, el conjunto de los valores de honestidad, verdad y transparencia entre otros, que deben acompañar la acción cotidiana de su función pública.

En el tiempo de Adviento, en el que nos preparamos para la venida del Señor, Príncipe de la Paz, busquemos la verdad en la justicia.

Huancayo, 03 de diciembre de 2010.

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La Coordinadora Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, colectivo que agrupa a 80 organismos a nivel nacional que promueven el respeto de los derechos humanos, expresa su preocupación por la situación de los dirigentes del Frente de Defensa del valle del tambo, cuyo ámbito están los distritos de Cocachacra y Dean Valdivia, Provincia de Islay, Región Arequipa.

Como se sabe, estos dirigentes vienen llevando adelante un conjunto de acciones, para evitar la contaminación de su Valle, por la realización del proyecto minero “Tía María”, ejecutado por la empresa Southern Perú.

A raíz de esta oposición, los mismos han empezado a recibir un conjunto de amenazas y apremios legales. El día de ayer 02 de Diciembre se produjo un hecho particularmente grave: A la 01:30 horas de la madrugada, aprovechando la falta del fluido eléctrico en la Localidad de Cocachacra, prendieron fuego al vehículo de  propiedad del  Presidente del Frente de Defensa Señor Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, el cual se encontraba estacionado en el frontis  de su domicilio  ubicado en la calle Deán Valdivia cuadra 11 de Cocachacra, ocasionando serios daños al vehículo.

Este hecho muy lamentable, debe ser investigado por las autoridades policiales y judiciales y se debe sancionar a los responsables, que pretenden generar un  ambiente de violencia e intranquilidad, en una situación ya bastante delicada.

Solicitamos así mismo, a las autoridades nacionales,  las garantías para la vida e integridad física de Pepe Julio Gutiérrez, así como de todos los dirigentes del frente de Defensa del valle del Río Tambo.

Creemos, que los conflictos se solucionan con el diálogo e información a las poblaciones y no con  amedrentamientos o  acciones contra ellos

Lima 03 de Diciembre del 2010.

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Frecuencia Latina deberá  pedir disculpas a la sociedad y en particular a la comunidad afroperuana por el racismo en su programa “El Especial del Humor” donde aparece el personaje “Negro Mama”. Así lo señala la resolución del Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), como resultado de la demanda interpuesta por LUNDU.

La SNRTV reconoce el racismo de esta caracterización en la secuencia del programa humorístico  que LUNDU presentó como prueba y donde se intenta parodiar el asalto cometido por un hombre afroperuano a una empresa de caudales. Sin embargo la SNRTV señala que no es de su competencia prohibir al personaje Negro Mama.

Respecto al uso de términos como cocodrilo, gallinazo  o guindón con brazos aludiendo a la identidad racial y étnica de quien cometió el robo; el Tribunal señala que “resultan ofensivos para la dignidad de las personas y, por tanto, quedan fuera del ámbito de protección de la libertad de expresión”, “los diálogos y conductas sí afectan a la dignidad de las personas y constituyen expresiones que implican una discriminación racial hacia la comunidad afroperuana.

“El Tribunal ha podido apreciar determinadas actitudes que revisten una cierta discriminación por el sólo hecho de tener el personaje citado la condición de afroperuano. Estas conductas se manifiestan a través de diálogos prejuiciosos hacia el personaje y actitudes prejuiciosas, como por ejemplo, asustarse ante su presencia y presumir su conducta delictiva por el sólo hecho de tener una condición racial determinada”, señala la Resolución.

El Tribunal reconoce que “los términos utilizados pueden ser considerados como auténticas expresiones de odio hacia una minoría racial”,  “el mensaje agravia a una minoría racial, la población afroperuana, y a pesar de que los mensajes no incitan a la violencia, sí tienen un fuerte contenido racista”.

En consecuencia, la SNRTV establece, en calidad de mandato de difusión para Frecuencia Latina, que exprese “disculpas al público televidente, y de manera especial al público afroperuano por el contenido de los diálogos y conductas advertidos por el Tribunal como atentatorios contra la dignidad de las personas”. También señala que estas disculpas deben realizarse en la edición central del noticiero “90 Segundos”, anunciarse en los titulares del noticiero y desarrollarse  dentro de los primeros 15 minutos de la edición del programa ; indicando además el plazo de 10 días para hacerlo desde que sea notificada la Resolución ya mencionada.

“Consideramos positivo  que el Tribunal reconozca de manera explícita el racismo en los programas televisivos. Sin embargo, estamos disconformes por la falta de decisión de solicitar el retiro definitivo del los personajes “Negro Mama” y “Paisana Jacinta” de la televisión peruana”, señala Mónica Carrillo, presidenta de LUNDU quien además comentó que conjuntamente con otras organizaciones impulsan una propuesta de ley que sancione la injuria racista.

“Es un precedente en torno a la autorregulación de los medios de comunicación y particularmente de los programas humorísticos porque es una práctica común que a partir de las bromas se vulneren derechos fundamentales”, comenta Gustavo Oré abogado de LUNDU en el proceso. “Esta Resolución servirá de base para otros casos y esperemos que logre que los estereotipos racistas desaparezcan de la televisión peruana” señala el abogado Wilfredo Ardito.

El Observatorio Afroperuano ha identificado más de 350 representaciones racistas hacia población afroperuana en ediciones de 6 medios impresos a lo largo de un año.  La campaña contra el racismo en los medios de comunicación ha articulado a diversas organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, tales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CEDET, Makungu, Amnistía Internacional, Chirapaq, Flora Tristán, MHOL, GIM Perú, INNPARES, además de personalidades de la Sociedad Peruana de Sicoanálisis,  instituciones internacionales como el Fondo Judío Americano, Coalición de Salud de las Mujeres, Madre y el pronunciamiento de congresistas del Black Caucus del Parlamento de Estados Unidos.

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El día de ayer 1 de diciembre, el pleno del Consejo Nacional de Derechos Humanos,  presidido por la ministra de Justicia, Rosario Fernandez, acordó por unanimidad dos aspectos importantes respecto a la protección y garantía de los derechos humanos:

1.- Prorrogar el Plan Nacional de Derechos Humanos hasta el 31 de diciembre del 2011, con la finalidad de continuar avanzando hacia mejores estándares de cumplimiento y realizar un seguimiento y monitoreo de sus lineamientos que coadyuven a la promoción y protección de los derechos humanos en el Perú y proponer las modificaciones urgentes destinadas para su cumplimiento.

2.- Aprobar el proyecto de ley de Creación y Designación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes elaborado por el grupo de trabajo del Consejo Nacional de Derechos Humanos que designa a la Defensoría del Pueblo  como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El Ministerio de Justicia debe ahora canalizar este acuerdo ante el Consejo de Ministros para su promulgación.

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Jesús Aliaga, secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Plan Institucional de Reparaciones del Estado, sostuvo que aún no se ha definido el monto que se destinará de manera individual a las víctimas identificadas de la violencia política.

En diálogo con RPP Noticias, manifestó que solo tienen registrado  21, 274 casos, pese a que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimaba esta cifra en 69 mil víctimas de grupos terroristas o por obra de agentes del Estado.

No obstante, aseguró que el gobierno se comprometió a empezar a resolver “los dramas individuales que la violencia ha dejado”.

Aliaga refirió que se les destinó un presupuesto de 20 millones de soles como primera partida para los adultos mayores.

Cabe señalar que Daniel Roca, coordinador nacional de las víctimas de la violencia política, demandó al gobierno cumplir con las reparaciones individuales a los huérfanos, viudas y demás afectados en los años del terrorismo en el país.

Roca sostuvo que el presupuesto de este año fue de 40 millones de soles, pero que no tiene nombre propio y lo destinan para obras de infraestructuras.

Al respecto, Aliaga sostuvo que la Comisión tiene como plazo el 15 de enero para presentar el Programa de Reparaciones Económicas, en el cual se tiene en cuenta el perfil de la víctima: “ciudadano quechua hablante, campesino, pobre y poco educado que se concentró en el área rural alto andina o selvática”.

“Tratamos de identificar la situación actual de las víctimas para estimar un monto y mejorar en algo su calidad de vida”, indicó.

Precisó que de los 21 mil 274 casos registrados, 15 mil 450 son muertos, 4, 844 desaparecidos, 950 casos de violación sexual y 30 casos de discapacidad.

La gran mayoría de víctimas proviene de Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, San Martín y Junín.

Fuente: RPP

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La Organización Mundial de la Salud pugnó este martes porque las respuestas a la epidemia del VIH aseguren la protección y promoción de los derechos humanos.

En un comunicado por el Día Mundial del SIDA, que se celebra cada 1 de diciembre, la OMS arguyó que ese enfoque reduciría el riesgo y la vulnerabilidad y haría más efectivos los programas para la prevención de la enfermedad.

El Organismo añadió que si bien hay optimismo por la estabilización del contagio en todas las regiones del mundo, aún quedan muchas personas sin accesos al tratamiento del VIH.

Recordó que los antirretrovirales están solamente disponibles para un tercio de las personas que los necesitan.

La OMS subrayó que las personas con el VIH no sólo deben disfrutar el derecho a la salud, sino también del pleno acceso a servicios cruciales como la educación, el empleo, la vivienda y la seguridad social.

Fuente: Radio ONU

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