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Lucanamarca, una tragedia que no debemos olvidar

Hace 29 años Sendero Luminoso perpetró una atroz masacre contra la comunidad de Lucanamarca.

69 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron asesinados por SL en Lucanamarca. La CVR realizó la exhumación de las víctimas que recibieron sepultura digna en enero de 2003. Foto: Comisedh

Un día como hoy, 3 de abril de 1983, Sendero Luminoso perpetró una atroz masacre contra la comunidad de Santiago de Lucanamarca, asesinando a 69 personas. Este año se cumplen 29 años y las autoridades distritales han programado diversas actividades para recordar este día. La ceremonia oficial será el martes 10 de abril a la que han confirmado su presencia autoridades del gobierno central, regional y provincial.

El 3 de abril de 1983, un grupo de senderistas ingresó a varios parajes en la puna camino a Lucanamarca y asesinó con armas de fuego y machetes a 69 personas, entre hombres, mujeres y niños. Esta acción armada fue decidida y ordenada por el Comité Central de Sendero Luminoso, en represalia por el levantamiento de los pobladores organizados de las comunidades de Huanca Sancos contra el senderismo.

En la ‘Entrevista del Siglo’ publicada en El Diario, en 1988, Abimael Guzmán cabecilla de Sendero Luminoso señaló que Lucanamarca fue una acción de respuesta por el “… uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria…” que esta acción “era un golpe contundente para sofrenarlos, para hacerles comprender que la cosa no era tan fácil…” refiriéndose al levantamiento de los pobladores.

En noviembre del año 2002, la Comisión de la Verdad y Reconciliación realizó la exhumación de las víctimas, que finalmente recibieron sepultura digna en enero de 2003.

El 13 de octubre de 2006, en el marco del Megaproceso contra la cúpula senderista, la Sala Penal Nacional condenó a cadena perpetua a Abimael Guzmán y a Elena Iparraguirre, junto a otros once implicados con diferentes condenas por los atentados y asesinatos que cometieron desde que iniciara su insurrección armada contra el Estado en 1980. Las pruebas presentadas sobre la masacre de Lucanamarca fueron contundentes para la sentencia condenatoria.

La Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH, acompañó a los familiares de las víctimas en su búsqueda de justicia. Posteriormente ha desarrollado acciones cuyo objetivo es recomponer el tejido social destruido a consecuencia del conflicto armado interno.

Los sobrevivientes, descendientes y población en general, guardan en su memoria la trágica experiencia que les tocó vivir, pero dirigen su mirada al futuro, donde esperan que el Estado cumpla con su rol y promesas así como atienda las necesidades de todos sus pobladores.

Fuente: COMISEDH


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CIDH culmina el 144 Período de Sesiones

Publicado el 02 April 2012 por admin en Noticias

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CIDH culmina el 144 Período de Sesiones

Ver informe completo (anexo a este comunicado)

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 144o Período ordinario de Sesiones del 19 al 30 de marzo de 2012. La CIDH está integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; y por Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, Rosa María Ortiz y Rose-Marie Belle Antoine. El Secretario Ejecutivo es el Dr. Santiago A. Canton.

En primer lugar, la Comisión desea resaltar la importancia histórica de que por primera vez en su más de medio siglo de existencia, la CIDH sesionó con una mayoría de integrantes mujeres.

La Comisión saluda los avances en materia de derechos humanos sobre los cuales fue informada durante estas sesiones, así como los esfuerzos realizados por los Estados por mejorar la situación de los derechos humanos de sus poblaciones. De igual manera, la CIDH valora y agradece la activa participación de víctimas, peticionarios y representantes de los Estados en las audiencias y reuniones de trabajo.

Por otra parte, la Comisión condena las represalias y acciones de descrédito contra personas que acuden a audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de altas autoridades estatales.

Por otro lado, la Comisión expresa su preocupación ante la información recibida sobre varios problemas en materia de derechos humanos que persisten en la región. Estos se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.

Específicamente, la CIDH recibió información preocupante en estas sesiones sobre la falta de acceso a la justicia para mujeres adolescentes víctimas de violencia sexual, el impacto de las industrias extractivas, en especial sobre los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes, y la situación de triple discriminación histórica que han enfrentado las mujeres indígenas con base en género, identidad indígena y pobreza. La CIDH expresa su preocupación ante información recibida sobre la discriminación y la violencia contra mujeres indígenas en varios países de la región y sobre la impunidad que suele prevalecer en los graves crímenes que se comenten contra ellas, incluyendo asesinatos y desapariciones.

En este contexto de graves afectaciones a los derechos humanos de personas y grupos de personas en todos los países de la región, el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos adquiere una relevancia especial, por ser ellos y ellas una primera línea de defensa que tienen todas las personas. Consciente de ello, la Comisión Interamericana presentó durante estas sesiones el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, que indica que los obstáculos a su trabajo, que fueran identificados en 2006 en el Primer Informe de la CIDH, no sólo persisten, sino que en algunos casos se han intensificado. Continúan las ejecuciones extrajudiciales, las agresiones, las desapariciones forzadas, las amenazas, los seguimientos y allanamientos, así como los señalamientos por parte de altas autoridades que desprestigian y estigmatizan su labor. En este sentido, en una de las audiencias de estas sesiones se recibió información sobre restricciones indebidas a la libertad de asociación, que afectan seriamente la capacidad de la sociedad para organizarse a fin de ejercer sus derechos. Los participantes en la audiencia indicaron que se utiliza el derecho penal en contra de miembros de las organizaciones que reciben financiamiento internacional.

En este contexto, resulta imperioso y urgente proveer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con los recursos humanos y financieros necesarios para hacer frente a estos desafíos y cumplir con su mandato, ya que el sistema interamericano es la última instancia para millones de personas que buscan justicia.

En este sentido, en la audiencia “Proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos”, una coalición que agrupa a 700 organizaciones de derechos humanos de las Américas afirmó que ante la grave vulneración de derechos humanos, crisis humanitarias, y preocupantes índices de iniquidad y violencia que registra la región, el sistema interamericano “es una de las herramientas más importantes de protección de los derechos humanos”. Las organizaciones indicaron que algunos gobiernos buscan impedir que la CIDH realice su labor.

Asimismo, durante las sesiones, la Comisión analizó el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA para reflexionar sobre el trabajo de la CIDH con miras a fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. La CIDH continuará el diálogo con los Estados y la sociedad civil a fin de hacer cada día más efectiva la protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas en todos los países miembros de la OEA.

La CIDH desea resaltar la importancia de que el gobierno de Estados Unidos otorgue las visas para que las personas puedan participar en audiencias y reuniones de trabajo. La CIDH reitera que es de importancia fundamental para el funcionamiento adecuado del sistema interamericano que todas las personas que desean acudir a la Comisión Interamericana puedan hacerlo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Eduardo Carreño visitó la CNDDHH para hablar de la situación de DDHH en Colombia, a propósito de su gira por la región

Un equipo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se reunió hoy con el Dr. Eduardo Carreño Wilches, directivo del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de Colombia, para discutir sobre la situación actual de derechos humanos en dicho país. También asistieron a la reunión Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH, Pablo Zavala, del Instituto de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP), Ercilio Moura, del Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), y Francisco Soberón y Gisela Astocondor, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

De izquierda a derecha: Eduardo Carreño, Miguel Jugo, Gisela Astocondor, Francisco Soberón. Foto: CNDDHH.

Con 32 años de experiencia defendiendo a presos y perseguidos políticos, Carreño explicó el rol de las organizaciones defensoras de DDHH, en especial en la lucha legal contra los abusos del paramilitarismo, donde todavía la impunidad se mantiene generalizada. En este marco, cabe destacar una serie de logros en los procesos judiciales, como la condena efectiva de 4000 paramilitares, incluidos varios generales implicados, así como el destape de las conexiones entre el paramilitarismo y los partidos políticos, empresarios, y funcionarios públicos en todos los niveles. De más de 130 miembros del Congreso (de un total de 268) vinculados con el paramilitarismo, ya se encuentran condenados y presos más de 60, incluido Mario Uribe, primo del ex-Presidente Álvaro Uribe. No obstante, quedan alrededor de 70 parlamentarios involucrados en libertad, con pruebas suficientes para lograr condenas, muchos de los cuales han sido reelegidos y siguen legislando.

La contracara de estos logros se evidencia en la constante amenaza a la que se ven sometidos los integrantes y activistas de las organizaciones enfrentadas al paramilitarismo. El colectivo de abogados al que pertenece Carreño, por ejemplo, hace de parte civil de más de 200 casos, muchos de los cuales ya han concluido en condenas, incluidas a varios generales. Incluso en el marco de múltiples amenazas y hostigamiento, los organismos defensores de DDHH han logrado algunos triunfos. Destacó el caso de Jorge Noguera, quién dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre el 2002 y el 2005, y que fue eventualmente condenado por filtrar información precisamente a agentes paramilitares sobre las personas a las que su organización debía proteger.

Su paso por el Perú es parte de una gira por distintos países sudamericanos para entablar lazos y fortalecer la institucionalidad de las organizaciones de DDHH en la región.

Más sobre el paramilitarismo

En Colombia los paramilitares han actuado bajo el amparo y apoyo –logístico y de inteligencia– del Estado, representado por las Fuerzas Armadas, produciendo graves crímenes de DDHH como son las ejecuciones extrajudiciales. En esta línea, la facción política denominada uribismo, es decir, el grupo político que apoya al ex-Presidente Álvaro Uribe, se encuentra ampliamente involucrada. Actualmente, hay 1500 militares colombianos presos por apoyo a acciones paramilitares, esto se ha logrado a la labor de acompañamiento a las víctimas y sus familiares por parte de organizaciones de la sociedad civil, así como también, del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, la CIDH y la UE, las cuales, tiene oficinas regionales en el país.

Algunos datos sobre el conflicto armado en Colombia

  • 50 000 personas ejecutadas extrajudicialmente.
  • 62 000 desaparecidos.
  • 6 millones de desplazados internos.
  • Violencia sexual generalizada en las regiones del norte; apenas 500 denuncias.
  • Permanentes amenazas a jueces y defensores de DDHH.
  • Problemas de tierras que implican más de 7 millones de hectáreas.

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Esterilizaciones forzadas no deben quedar impunes

Asociaciones defensoras de los derechos de la mujer exigen al gobierno que se inicie de una vez el proceso contra los responsables de los abusos, los cuales, manifiestan, son crímenes de lesa humanidad y no deben prescribir.

Tomado de La República 30/03/2012

“¡Ha pasado tanto tiempo y no he encontrado paz ni justicia!”, revela con indignación Jacinto Salazar, quien vive en la humilde comunidad de La Encañada, en Cajamarca, acompañado de sus siete hijos.

Él es esposo de María Mamérita Mestanza, quien el 4 de abril de 1998, luego de ocho días de haber sido operada por una ligadura de trompas, falleció y se convirtió en una de las miles de afectadas por las esterilizaciones forzadas realizadas por el gobierno de Alberto Fujimori.

María incluso había sido amenazada por el personal del Centro de Salud de su comunidad para que acepte hacerse la ligadura de trompas, es decir, esterilizarse. “Decían que las personas con más de 5 hijos deberían pagar una multa o si no irían presas”, contó el desconsolado marido.

Ayer su opinión se escuchó junto a los reclamos de diversos colectivos feministas y de derechos humanos en la Casona de San Marcos. “Pedimos al presidente Humala que cumpla sus promesas y colabore con la aceleración de la investigación por los casos de esterilizaciones”, expresó Victoria Vigo, otra de las víctimas.

La directora de Demus, Jeannette Llaja, explicó que el 21 de octubre del 2011 la Fiscalía de la Nación resolvió que se reabran las investigaciones del denominado caso “María Mamérita Mestanza Chávez y las esterilizaciones forzadas”.

Sin embargo, alertó, hasta hoy en día no se han revisado los 62 tomos del expediente que contiene los hechos que afectaron a 2.074 mujeres, de las cuales 18 perdieron la vida.

Por esta razón pidió que se priorice este caso para que se aceleren las investigaciones. “Queremos tener todas la facilidades para resolver nuestros casos, que haya un presupuesto para esto y se asigne un fiscal que solo vea únicamente esta investigación”, precisó Llaja.

Pero esto no es todo, también exigen que los casos no se archiven nunca. “Las esterilizaciones forzadas fueron parte de un plan, una política pública y son consideradas delitos de lesa humanidad, los cuales por ley no prescriben”, explicó el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Víctor Álvarez.

En tanto, Josefa Ramírez Peña, activista por el derecho a la justicia y reparación de las mujeres víctimas de esterilización forzada de Huancabamba (Piura), reveló que en su comunidad se detectaron 120 casos de esterilizaciones forzadas.

ACUSAN PRESIONES

Las mujeres afectadas se quejaron por una carta enviada al procurador supranacional, Luis Alberto Salgado. “El documento tiene la firma de Alejandro Aguinaga, uno de los implicados en la investigación al ser el ministro de Salud con las esterilizaciones forzadas”, se quejó Jeannette Llaja.

En la misiva se hace mención a elementos que son parte de la defensa en el proceso de la CIDH contra el Estado. Consideró el mensaje como una forma de “ejercer presión y ensombrecer las investigaciones”.

“Todo tiene que ser más transparente”, concluyó con preocupación.

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Intelectuales y artistas se pronuncian por el caso La Oroya

En un acto público realizado en la Plaza San Martín, en Pueblo Libre,  la plataforma La Oroya por un Cambio presentó un video en el que artistas e intelectuales como Gustavo Bueno, Gianfranco Brero, Pachi Valle Riestra, Julio Pérez del grupo La Sarita, Carlos Tovar “Carlín” y Antonio Zapata expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que la empresa Doe Run reinicie sus labores sin cumplir el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) a la que está obligada.

Mas información: laoroyaporuncambio.blogspot.com

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Solidaridad con Daniel Zamudio

Ante el salvaje crimen cometido en Chile contra el joven Daniel Zamudio, la CNDDHH expresa lo siguiente:

1.- Nuestra solidaridad con los familiares y amigos de Daniel y nuestro más enérgico repudio contra la agresión cometida.

2.- Así como Daniel en Chile, en nuestro país una persona a la semana pierde la vida como consecuencia de crímenes de odio. Muchas de estas agresiones son perpetradas por policías y agentes de Serenazgo.

3.- De la misma forma, las personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) sufren una permanente violencia económica y social, que se expresa en la desatención por parte del Estado a sus necesidades específicas en materia de salud, o la ausencia de políticas públicas efectivas para que puedan acceder sin discriminación al empleo, a la educación, o a usar un nombre acorde a su identidad asumida. Todo ello lleva a que, por ejemplo, el promedio de vida de una persona transexual en nuestro país sea menor a los 40 años.

4. Urgimos al Estado peruano que adopte políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos de las personas TLGB en nuestro país. La CNDDHH cree que el Plan Nacional de Derechos Humanos es una oportunidad para ello.

Lima, 29 de marzo del 2012

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CNDDHH exige medidas concretas al Estado peruano ante audiencia de la CIDH sobre la situación general de los DDHH en el Perú

En el marco del 144° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participaron de la audiencia titulada “Situación general de los derechos humanos en Perú”, tanto representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) como del Estado peruano. Si bien se destacaron una serie de logros como la creación del Viceministerio de Derechos Humanos, la puesta en marcha del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016, así como la tipificación del delito de feminicidio, la parte civil manifestó su preocupación sobre la existencia de una serie de problemas, tales como la criminalización de la protesta en torno a conflictos socioambientales, la reglamentación de la Ley de la Consulta Previa, y la lentitud y deficiencia en la reparación de las víctimas del conflicto armado interno.

Representantes de la CNDDHH en audiencia CIDH: Gloria Cano (Aprodeh), Rocío Silva Santisteban (secretaria ejecutiva CNDDHH) y David Velazco (Fedepaz). Foto: Juan Manuel Herrera/OEA

David Velazco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), señaló que en el gobierno de Alan García se alcanzó la preocupante cifra de 66 civiles muertos como resultado de la intervención de la Fuerzas del Orden, y que hasta ahora el Estado no ha efectuado acciones concretas para prevenir este uso excesivo de la fuerza a la hora de tratar con las protestas de la población civil. Además, alertó sobre el número de contratos que ponen a operativos de las fuerzas policiales y del Ejército al servicio de las empresas dedicadas a actividades extractivas mineras, parcializando la posición del Estado en los conflictos socioambientales.

Por su parte, Gloria Cano, abogada de Aprodeh, refiriéndose a la justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno, afirmó que en los últimos años “el proceso de justicia ha sufrido un grave retroceso” y que “los pocos progresos han sido desestimados por el Poder Judicial”, donde ha existido una tendencia a subvalorar los testimonios de los familiares de las víctimas (testigos directos de las desapariciones), a la vez que se ha dado mayor peso a los testimonios de los oficiales subalternos, “como si estos no tuviesen intereses”.

Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, saludó al Poder Ejecutivo haber asumido la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, y señaló que desde la Coordinadora y las 79 organizaciones que la conforman se está siguiendo de cerca el proceso. En particular, se enfatizó la necesidad de que el Plan Nacional sea debidamente consensuado por la sociedad civil organizada, así como del establecimiento de objetivos y medidas concretas, y que cuente con un presupuesto.

Concluyendo la presentación de la parte civil, Rocío Silva Santisteban listó una serie de recomendaciones que se consideran prioritarias: la investigación de responsabilidades de las autoridades por el uso excesivo de la fuerza, permitir que el proceso de consulta sea efectivo, incorporar a las víctimas de violencia sexual (y no solo de violación sexual) en el plan de reparaciones, la aprobación del protocolo de aborto terapéutico (legal en el Perú), así como sancionar las prácticas denigrantes por orientación sexual.

Por parte del Estado, el Ministro de Justicia, Juan Jiménez, apuntó que “en el Perú no está criminalizada la protesta… las personas son libres y pueden protestar”, si bien lo que no pueden hacer es “vulnerar el derecho de terceros, la propiedad privada y la propiedad pública”. En torno al controvertido Artículo 20º del DL Nº 982, que planteaba la inimputabilidad del personal de las Fuerzas del Orden que “en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”, Jiménez señaló que el “Tribunal Constitucional ha planteado un criterio de interpretación conforme a la Constitución de ese artículo, donde señala claramente que esta legislación no puede ser entendida como que está dirigida a impedir la investigación y procesamiento de malos policías o militares que delinquen”.

Además, reconoció que el proceso de reparaciones “estaba paralizado” en el anterior gobierno, pero que ya se están implementando una serie de medidas para asegurar que antes de agosto se encuentren beneficiadas 22 mil víctimas.

Desde la CNDDHH quedamos a la expectativa de que las buenas intenciones de nuestras autoridades se ejecuten de manera operativa a través de una gerencia efectiva de las medidas planteadas. Señal de esto, en torno a la próxima reorganización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), organismo del Estado encargado de fiscalizar a las ONGs, sería aceptar la propuesta de que las mismas ONGs participen de forma activa en esta reorganización. De otro modo, cuando “las buenas intenciones se quedan en intenciones… dejan de ser buenas”, concluyó Rocío Silva Santisteban.

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Comisionados de la CIDH en la audiencia sobre situación de derechos humanos en el Perú. Foto: Juan Manuel Herrera/OEA

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Defensoría: Entre 2006 y 2011 se produjeron 195 muertos y 2,312 heridos en conflictos sociales

Defensoría del Pueblo recomienda mejorar la especialización y el equipamiento con armas no letales de la Policía Nacional para intervenir en conflictos sociales.

Defensoría del Pueblo presentó Informe Defensorial N° 156: “Violencia en los Conflictos Sociales”. Foto: Defensoría

La Defensoría del Pueblo formuló diversas recomendaciones al Estado con la finalidad de mejorar la especialización de la Policía Nacional para el cumplimiento de sus tareas de reposición del orden frente a actos de violencia en conflictos sociales, con la finalidad de contribuir con el cese de las muertes, tanto de civiles como de policías.

El Informe, elaborado por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, analiza el comportamiento de los actores sociales y, en consecuencia, exhorta a la ciudadanía a ejercer sus derechos de reunión y manifestación dentro del marco constitucional sin recurrir a actos ilegales que afecten los derechos fundamentales, principalmente los derechos a la vida y a la integridad personal.

Entre las recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior y a la PNP, se propone equipar y fortalecer a las Unidades de Servicios Especiales de la PNP; mejorar la especialización y el equipamiento no letal de la División de Operaciones Especiales; así como evaluar la malla curricular de las escuelas policiales.

El Informe señala que, entre enero del 2006 y septiembre del 2011, se produjeron 195 muertos y 2,312 heridos producto de las acciones de violencia en conflictos sociales. Luego de la culminación de esta investigación defensorial las muertes en los conflictos no se han detenido. En diciembre 2011, falleció una persona durante las manifestaciones contra la ampliación del penal de Cañete; hace unas semanas fallecieron tres personas en Puerto Maldonado, durante las manifestaciones de los mineros informales y, ayer, dos más perdieron la vida en Sechura, Piura, debido a los enfrentamientos generados por la oposición a un proyecto de gas.

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CNDDHH lamenta una muerte más producto del conflicto en la Bahía de Sechura

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lamenta la muerte del ciudadano Luis García Guerrero, producto del uso excesivo de la fuerza empleado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la Bahía de Sechura, durante el Paro convocado por el Frente de Defensa del lugar. García Guerrero, herido de bala producto del conflicto ocurrido ayer, falleció hoy, en horas de la madrugada, en el Hospital Santa Rosa de Piura.

La CNDDHH demanda al Estado, particularmente a la Policía Nacional del Perú (PNP), a no hacer uso excesivo de la fuerza, ni a comprometer vidas humanas. Además, también demandamos se haga una investigación exhaustiva a los responsables de las muertes de los ciudadanos Cristian Alvarado Frias y Luis García Guerrero.

Sumado a ello, la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH) invoca a la población que sus acciones de protesta las lleven adelante en el marco de los canales democráticos que las leyes nacionales amparan, sin ejercer el uso de la violencia sobre las autoridades.

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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APORVIDHA: Sobre demanda de amparo por violación del derecho a la consulta previa en aeropuerto de Chinchero

La Asociación por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDHA, se dirige a la opinión pública y a los medios de comunicación para expresar su rechazo a todos los adjetivos que se han venido utilizando en contra de nuestra institución respecto de  la  Demanda de Amparo presentada en el Caso del Aeropuerto de Chinchero, por los comuneros de Yanaconas del distrito de Chinchero, frente a lo que señalamos lo siguiente:

1.    APORVIDHA es una asociación civil sin fines de lucro, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que desde 1997 labora a favor de la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el Cusco, no sólo desde la defensa legal sino también a través de capacitaciones y talleres para promover y difundir  los Derechos Humanos.

2.    De esta formar venimos trabajando con lideres comunales, operadores de justicia, consejeros regionales, procuradores, periodistas en talleres sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y el  Convenio 169, Tratado Internacional de Derechos Humanos que cuenta con rango constitucional y que debe ser aplicado de manera efectiva en nuestro territorio nacional, tal como lo reconoce el Tribunal Constitucional  STC. Nº 0025-2005-PI/TC.F.J.33.

3.    Como organización de derechos humanos y a pedido de los comuneros de Yanacona estudiamos la situación del Proyecto del Aeropuerto de Chinchero,  identificando la violación de algunos derechos estipulados en el Convenio 169 razón por la cual presentamos una DEMANDA DE AMPARO POR VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, EN EL CASO DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO. Demanda que se viene tramitando en el Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia del Cusco.

4.    El derecho a la Consulta Previa es un derecho de los pueblos indígenas que debe ser respetado, para ello, tal como lo indican el Convenio 169 de la OIT (suscrito por el Estado Peruano) y la Ley del Derecho a la Consulta Previa, se debe realizar un proceso adecuado que asegure una real participación de los involucrados.

5.    También queremos aclarar que son falsas las afirmaciones vertidas en algunos medios de comunicación sobre la vinculación laboral que tendría el señor Jorge Millones con Aporvidha. El señor Jorge Millones no ha laborado ni labora en nuestra institución, teniendo como único vinculo la amistad y el  respeto por el arte que realiza.

6.    Finalmente, APORVIDHA reconoce la necesidad de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero y lo único que exigimos es el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos originarios en cumplimiento del marco normativo vigente.

Cusco, viernes 23 de marzo 2012.

APORVIDHA

Asociación por la Vida y Dignidad Humana – Cusco

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Embajada de Francia convoca a concurso de derechos humanos “Javier Pérez de Cuéllar”

Candidatos tienen hasta el 31 de mayo para participar.

Ayer se realizó una conferencia de prensa en la residencia del embajador francés, en ocasión de la presentación del Premio de Derechos Humanos “Javier Pérez de Cuéllar”, organizado por la Embajada de Francia, haciendo homenaje a la trayectoria del embajador peruano, ex Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El premio tiene como finalidad reconocer las actividades individuales y colectivas de peruanos y extranjeros en defensa y difusión de los derechos humanos en nuestro país. La recompensa será un apoyo financiero para la difusión de las propuestas.

Salomon Lerner, Diego García-Sayán, Javier Pérez de Cuéllar, Jean Jacques Beassou, Eduardo Vega y Javier Monroe en la presentación del concurso. Foto: Prensa CNDDHH.

En la conferencia estuvieron presentes los miembros del jurado, el embajador Javier Pérez de Cuéllar, el embajador francés, Jean Jacques Beassou, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diego García-Sayán, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), Salomón Lerner Febres, y el representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Javier Monroe.

El embajador Javier Pérez de Cuéllar agradeció el prestar su nombre al premio y afirmó que “solo hay respeto a los derechos humanos donde hay democracia”. Por su parte, el embajador francés indicó que “el concurso vence el 31 de mayo y el 14 de julio se entregará el premio, en el Día Nacional de Francia”. Por otro lado, el director del IDEHPUCP, Salomón Lerner Febres resaltó la creación del Viceministerio de Derechos Humanos.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos participará en el concurso como jurado, junto con Javier Pérez de Cuellar, Diego García-Sayán, así como la Defensoría del Pueblo, el IDEHPUCP, y dos miembros invitados de la sociedad civil.


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ICA: Reconocen a promotores de la inclusión y el desarrollo humano

CONVOCATORIA

En la búsqueda por identificar hombres y mujeres, sensibles, luchadores y defensores de los derechos fundamentales de las personas, la Comisión de Derechos Humanos de Ica (Codehica) promueve el reconocimiento y premiación a quienes durante años han dado su vida con el único fin de garantizarle condiciones dignas al prójimo.

En ese marco la Comisión de Derechos Humanos de Ica, cree necesario reconocer la labor de dirigentes de bases, lideresas, agente comunal, personas, que integran organizaciones e instituciones públicas y privadas que, de manera desinteresada y movidos por su opción social contribuyen al desarrollo de la comunidad.

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

Las personas naturales o jurídicas pueden inscribir a sus candidatos hasta el martes 10 de abril, a través de una hoja de vida que dé fé de su real compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, deberán adjuntar y enviar los documentos necesarios que certifiquen su labor en un sobre cerrado con el nombre del candidato a las siguientes direcciones y correo electrónico:

Defensoría del Pueblo, Av. Cutervo L – 8 (frente a la Compañía Peruana de Bomberos).
Comisión de Derechos Humanos de Ica, Av. Cutervo 124 (a espaldas de la iglesia del Sr.de Luren).
y/o a codehica@terra.com.pe

Están impedidos de participar las y los trabajadores de CODEHICA, la Defensoría del Pueblo y quienes tengan parentesco en tercer y cuarto grado de consanguineidad y el segundo en afinidad con los miembros del jurado.

JURADO CALIFICADOR

El jurado calificador estará integrado por personalidades con reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos Humanos, el Abogado Teddy Panitz, Defensor del Pueblo en Ica, el Padre José Manuel Miranda, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Ica y Roció Silva Santisteban, secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

El premio “Promotores de la Inclusión y el Desarrollo Humano” es nuestro aporte para quienes reconocen el valor de las personas. La ceremonia se desarrolla en el marco del 30 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos de Ica.

Más información: www.codehica.org.pe


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VIDEO: CNDDHH participó en audiencias de la CIDH

  • Nota de prensa: CNDDHH exige medidas concretas al Estado peruano ante audiencia de la CIDH sobre la situación general de los DDHH en el Perú – 29/03/2012

    VIDEOS AUDIENCIA CIDH

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viene celebrando su 144° ordinario de sesiones que comenzaron el 19 de marzo y culminan el 30 de marzo, en su sede de Washington, D.C.

    La  Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), representada por Rocío Silva Santisteban, participó como peticionario en la audiencia “Situación general de derechos humanos en el Perú” el lunes 26 de marzo. También estuvo presente David Velazco de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ). Ese mismo día, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), representada por Gloria Cano, participó en la audiencia “Acceso a la información en la investigación de casos de graves violaciones de derechos humanos en Perú” .

    VER VIDEOS:

    Lunes 26 de marzo
    Situación general de derechos humanos en Perú
    Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
    Estado de Perú

    Acceso a la información en la investigación de casos de graves violaciones de derechos humanos en Perú
    Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
    Estado de Perú

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CIDH ve deficiencias para que la mujer latinoamericana acceda a la justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció hoy la persistencia de dificultades para que la mujer latinoamericana acceda a la justicia, pese a los avances normativos en la región en cuestión de género y de violencia doméstica.

La primera vicepresidenta de la CIDH, la jamaicana Tracy Robinson, subrayó la desigualdad en esta materia, especialmente hacia las ciudadanas de áreas rurales, pobres o de origen afroamericano, y se comprometió ante organizaciones feministas a abordar esta problemática desde la CIDH.

Ante organizaciones de mujeres de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y México, la CIDH analizó hoy el acceso de las mujeres a la justicia y la protección por violencia de género, durante una audiencia en Washington en su 144 periodo de sesiones.

“Muchos casos no llegan más allá de la denuncia y muchas veces sufren discriminación por cuestión de género”, lamentó ante la CIDH María Castañeda, una de las portavoces de la Articulación Regional Feminista.

Pese a ciertos avances legislativos al respecto en la región, las asociaciones a favor de los derechos de la mujer subrayaron que hay tipos de violencia contra la mujeres que “quedan invisibles” en el sistema judicial, como el acoso sexual a trabajadoras domésticas.

Castañeda alegó que la mayoría de las denuncias sufren una investigación incompleta o se resuelven de forma que perjudica a la mujer, a causa de los estereotipos que persisten entre los jueces y el resto de funcionarios acerca de la cuestión de género.

“Hubo avances en las instancias judiciales, pero sobre todo en las altas cortes, adonde llegan pocos casos”, aseguró otra de las ponentes, Natalia Gherardi, que ve una persistencia de la discriminación femenina en los juzgados de primera y segunda instancia.

Gherardi explicó que “la doble y triple jornada laboral de algunas mujeres les impiden acceder a la justicia” y recordó que el principal problema en América Latina es la falta de conjunción entre los derechos oficialmente reconocidos y su aplicación práctica.

La ponencia ante la CIDH se basa en casos de denuncias, pero las portavoces mencionaron la gran cantidad de episodios denunciables que no se materializan ante la policía y la justicia.

Por ello, las entidades pidieron a la CIDH que se divulgue a las mujeres qué derechos tienen, cómo pueden acceder a ellos, dónde pueden recibir asesoramiento jurídico y de qué forma pueden mantener su caso en la burocracia judicial hasta su resolución.

Fuente: Terra / EFE


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