El día de hoy Amnistía Internacional dirigió una carta al Ministro del Interior del Perú, Octavio Salazar, para que reconsidere la expulsión del religioso británico Paul McAuley, presidente de la Red Ambiental Loretana y reconocido activista por el derecho a un medio ambiente sano.
Señor Ministro,
Como es de su conocimiento Amnistía Internacional es una organización que trabaja por el disfrute efectivo de los derechos humanos para todas las personas en el mundo y que cuenta con más de dos milìones de miembros en más de 150 países.
En esta ocasión me dirijo a Usted en relación con la cancelación de la residencia del ciudadano británico Paul Michael John Thomas McAuley (Resolución Ministerial No. 0571-
2010-IN/1601, firmada por Usted el pasado 11 de Junio de 2010). El Hermano Paul McAuley reside en el país desde hace veinte años, dedicándose los últimos diez años a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y a la protección del medioambiente en el Perú. Entre otras de sus acciones, por ejemplo, se destacan las denuncias por contaminación de ríos y de medidas legales y otras que podrían tener un eventual impacto negativo sobre el medioambiente.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, la notificación de esta decisión ha tomado completamente por sorpresa al Hermano Paul y a las comunidades y organizaciones con quienes él trabaja. La forma como se ha adelantado el proceso para llegar a tal decisión, así como el impacto que dicha decisión está tendiendo sobre el Hermano, las personas con quienes el trabaja y ias demás organizaciones de derechos humanos en el pais, genera una profunda preocupación a Amnistía Internacional por los siguientes motivos;
El Hno. Paul McAuley, un conocido defensor del medio ambiente identificado plenamente con la realidad de la Región Loreto y la problemática de los Pueblos Indígenas, ha venido recibiendo constantes amenazas de deportación, con la finalidad de amedrentar su trabajo.
Con ocasión de las celebraciones de este año del Orgullo Gay en el Perú, expresamos nuestro apoyo y solidaridad a las comunidades lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros en el Perú. Apoyamos el derecho de estas comunidades a usar esta tradicional ocasión para marchar juntas pacíficamente y legalmente con el objetivo de expresar su deseo de poner fin al silencio que rodea a aquellos asuntos específicos que los afectan.
El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) presentó su “Análisis a las Observaciones del Poder Ejecutivo sobre la Ley de Consulta Previa” aprobada por el Congreso de la República el día 19 de mayo de 2010. El estudio, elaborado por Hernán Coronado, Milagros Ortega e Ismael Vega, considera que hay algunos temas de fondo que ayudan a explicar la actitud del gobierno y su negativa a reconocer el derecho a la consulta de los pueblos indígenas aún cuando está reconocido en el Convenio 169 de la OIT.
No es una separación entre caviares y no caviares. No estamos hablando de estar a favor de una economía con mayor o menor intervención del Estado. Ni por ejemplo, de cuánto debe descender el gasto en construcción para paliar la crisis como la última medida que se acaba de anunciar en España por el gobierno de Rodríguez Zapatero y que asciende a 6.400 millones de euros.
Hablemos ahora sí de Víctor Robles Sosa, el actual Director Ejecutivo de la ONG Instituto “Paz, Desarrollo y Democracia”, presentada la semana pasada con bombos y platillos por el Primer Vicepresidente de Perú, Luis Giampietri.
En el día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura – 26 de junio – CNDDHH ratifica apoyo a la creación del Mecanismo Nacional
Con una emotiva ceremonia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dio la bienvenida a los catorce organismos que se integran a los más de sesenta que agrupa la Coordinadora a nivel nacional.
La ceremonia contó con la presencia de los representantes de la cooperación española, Luis Puentes, y de la cooperación alemana, Martin Springer.
El Programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal ante la reciente observación del Poder Ejecutivo a la Ley de la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, aprobada por el Congreso, considera necesario manifestar lo siguiente:
