Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Mujeres de San Juan de Lurigancho demandan el cumplimiento local que fue aprobado por ordenanza municipal Nº 172, en setiembre del 2009 contra la violencia hacia las mujeres.

DEMUS organización que defiende a las mujeres y La Coordinadora Multisectorial por los Derechos de la Mujer, Infancia y Familia de San Juan de Lurigancho, en el marco del 8 de Marzo día internacional de la Mujer demandan el compromiso y coordinación entre el gobierno local y las instituciones públicas para la implementación del Plan local contra la violencia hacia la mujer, niñez y adolescencia del distrito, que fue aprobado por ordenanza municipal Nº 172, en setiembre del 2009, además de una mayor cobertura y calidad de la atención de los servicios de salud y justicia para casos de violencia contra las mujeres.

San Juan de Lurigancho, no solo es el distrito mas poblado de Lima, sino también en el que mas casos de violencia contra la mujer se producen, así durante el 2011, el Centro de Emergencia Mujer registró 1,038 casos de violencia familiar y sexual y 12 casos de feminicidio y/o tentativa, en la Red de Salud se registraron 1,815 casos de violencia familiar, el Ministerio Público ha registrado 2,124 denuncias por violencia familiar y actos contra la libertad sexual.  A ello se suma que en el 2009, las 8 comisarías y la comisaría de la mujer del distrito, sumaban un total de 5,314 denuncias de violencia contra la mujer, es decir 14 denuncias por día.

La violencia contra la mujer es un problema social y los datos no reflejan el total de casos, puesto que muchas mujeres no denuncian por temor, desconocimiento porque la cobertura y calidad de los servicios públicos no les garantiza una atención adecuada y oportuna.

Las mujeres de San Juan de Lurigancho demandan además la implementación de un sistema de registro y atención entre las instituciones públicas del distrito para la atención de los casos de violencia contra las mujeres, la Inauguración e implementación del nuevo Centro de Emergencia Mujer, aprobado en noviembre del 2011 por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – MIMP, la Ampliación de cobertura de la atención de medicina legal., la especialización de fiscalías y juzgados en atención de casos de violencia contra las mujeres, que permita atenciones efectivas y oportunas y que los operadores de salud utilicen las normas y protocolos que existen en el sector, para el tratamiento adecuado de los casos de violencia contra las mujeres. Que brinden atención de calidad: trato no discriminatorio, sesiones psicológicas de no menos de 40 minutos, terapias breves y seguimiento de los casos, así como actividades preventivas en la comunidad.

Lima, Marzo 2012
Contacto de Prensa:
Rosa Maria Alva
99921-7161, RPM # 0360696

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Conferencia de Prensa

Presentación del informe “El Proyecto Minero Conga, Perú: Comentarios al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Temas Relacionados”, elaborado por Robert E. Moran.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos anuncia la presentación del informe “El Proyecto Minero Conga, Perú: Comentarios al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Temas Relacionados”, elaborado por Robert E. Moran, Ph.D., Michael-Moran Assoc., L.L.C., preparado para el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC).

La conferencia contará con la presencia de Sergio Sánchez (Grufides), Alejandro Seminario (Escuela de Posgrado, Universidad de Cajamarca), y un representante del Colegio de Ingenieros de Cajamarca.

La conferencia se realizará este jueves 8 de marzo a las 09.00 a.m. en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ubicado en la Calle Pezet y Monel 2467 – Lince.

Para mayores informes contactar con:

Gabriel Salazar, al celular 996471939; email: gsalazar@derechoshumanos.pe
Martín Valdez, al 4191111 anexo 105; email: mvaldez@derechoshumanos.pe

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Los defensores de derechos humanos en América Latina son víctimas de agresiones, amenazas y asesinatos por parte de autoridades y otros grupos, afirmó la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya.

En un mensaje trasmitido en videoconferencia en Ciudad de México, la funcionaria internacional indicó desde Ginebra que “en muchos países, el precio que pagan las y los defensores de derechos humanos por realizar su trabajo es simplemente demasiado alto”.

Sekaggya presentó la versión en español del reporte “Comentarios a la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”, el cual está dirigido a proteger a los activistas ante cualquier agresión y amenazas a sus vidas.

Este reporte “sirve como guía básica sobre el derecho a defender los derechos humanos; quisiéramos también contribuir a la creación de un mecanismo nacional de protección para defensoras y defensores en México”, dijo la funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Hago un llamado a todas y todos los defensores en México, América Latina y el mundo para ayudarnos a difundir y utilizar la traducción al español del comentario, así como la declaración”, enfatizó.

Programa de protección a los defensores

Expresó su confianza en que este reporte sea accesible en todas partes y sea traducido a todos los idiomas posibles.

Asimismo, destacó la necesidad de que las autoridades diseñen un programa de protección a los defensores, los cuales “continúan sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos”.

Recordó que la relatoría a su cargo ha enviado diversas peticiones a las autoridades mexicanas para que tomen medidas de protección a los defensores y atiendan las denuncias de violaciones a los derechos humanos de los activistas.

Según diversos organismos civiles en los últimos cinco años y medio han sido asesinados al menos 63 activistas defensores de derechos humanos en México.

En marzo de 2008, Sekaggya fue designada relatora especial sobre la situación de defensoras y defensores de los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

EFE

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, el cual presenta información actualizada sobre la situación de defensoras y defensoras en la región y sobre los estándares de derecho internacional sobre la materia. Asimismo, da seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el primer informe, publicado por la CIDH el 7 de marzo de 2006.

El informe se presentó hoy en Ginebra, en el marco del Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Canton, realizaron la presentación en un seminario en el cual participó también la Relatora de la ONU sobre el mismo tema, Margaret Sekaggya. Este seminario fue organizado por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (International Service for Human Rights, ISHR). En Washington, D.C., el informe se presentará en el 28 de marzo de 2012, en el marco del 144º Período de Sesiones de la CIDH.

El informe consta de cuatro capítulos: 1) obstáculos que enfrentan defensoras y defensores de derechos humanos en la región; 2) grupos de defensoras y defensores en especial situación de riesgo; 3) la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales como garantía de acceso a la justicia; y 4) mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos.

La Comisión reconoce que algunos Estados han realizado importantes esfuerzos dirigidos a cumplir con las recomendaciones del primer informe. No obstante, persisten los obstáculos señalados en el informe de 2006, y en algunos casos se han intensificado. Continúan los asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas, seguimientos y allanamientos, así como los señalamientos por parte de altas autoridades que desprestigian y estigmatizan la labor de defensa de los derechos humanos. Además, existe una creciente sofisticación en los mecanismos destinados a impedir, obstaculizar o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, reflejado en la iniciación de acciones penales, la restricción de fuentes de financiamiento a las organizaciones y la ausencia de mecanismos adecuados y efectivos para su protección.

En el informe, la Comisión analiza especialmente la situación de especial riesgo en la que se encuentran los y las líderes sindicales; líderes campesinos y comunitarios; líderes indígenas y afrodescendientes; operadoras y operadores de justicia; mujeres defensoras de derechos humanos; y defensoras y defensores del derecho al medio ambiente sano, de los derechos de las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexo (LGTBI); y de los trabajadores migratorios y sus familias.

La CIDH valora positivamente la creación de mecanismos nacionales especializados en la protección a defensoras y defensores en algunos Estados, aunque persisten algunas deficiencias en su diseño y funcionamiento. Paralelamente, transcurridos cinco años de las recomendaciones contenidas en el primer informe, en muchos Estados aún no se han creado mecanismos adecuados y efectivos para la implementación de medidas de protección. Las anteriores problemáticas guardan relación con la situación de indefensión en que muchos defensores se encuentran en algunas zonas del hemisferio, que le ha costado la vida a varios defensores y defensoras.

Este informe ha sido publicado gracias al apoyo de la Fundación Sueca para los Derechos Humanos, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Finlandia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

VER:

• Informe en Word
• Informe en PDF
• Sitio de CIDH

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Con ocasión del Día Internacional de la Mujer.  Ceremonia se realizará el 8 de marzo en la Casona de San Marcos.

Bajo el título de “Presidente Humala, recuerde sus promesas”  un colectivo feminista realizará el próximo 8 de marzo una acción pública para evocar las promesas que hizo el Jefe de Estado cuando ofreció que garantizaría los derechos de las mujeres peruanas.

El evento se llevará a cabo en la Casona de San Marcos a las 11:30am del jueves 8.  Este es el mismo lugar donde el entonces candidato Ollanta Humala realizó el Juramento por la Democracia antes de la segunda vuelta electoral. Participarán algunas de las personalidades que atestiguaron esta promesa a la nación.

Integran el colectivo organizador de esta acción pública las ONGs feministas DEMUS,  Manuela Ramos, Promsex, Católicas por el derecho a decidir y CLADEM Perú.  La ceremonia de recordación y demanda a las autoridades consistirá en un acto cultural y una conferencia de prensa.

Algunas de las demandas a las que el candidato hoy convertido en Presidente ofreció solución fueron detalladas en un comunicado publicado ayer en un diario de tiraje nacional, tales como la aprobación y publicación del protocolo de aborto terapéutico, la ley de alternancia en listas electorales, el Plan de Igualdad de Género 2012-2017 y reparación a las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas; entre otros puntos.

El colectivo exige, de acuerdo a lo expresado en el mencionado comunicado, que se nombre a un Premier y Ministros y Ministras que respeten los derechos humanos de las mujeres, la democracia y laicidad del Estado y a una Ministra de la Mujer que haga de su sector un verdadero ente rector de las políticas de igualdad de género.  Se adhirieron a este comunicado un total de 67 organizaciones.

Lima, 5 de marzo 2012

Más información:
Mabel Barreto, telf. 987766089

VER PRONUNCIAMIENTO

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Tomado del blog de Bartolomé Clavero (*)

En el Perú, ante las malas artes de la parte gubernamental, las organizaciones indígenas se han retirado del proceso de reglamentación de la Ley de Consulta o están manifestando profundas reservas. Impasible, la llamada Comisión Multisectorial, ya prácticamente reducida a interministerial, se dedica a ultimar el anteproyecto. Esta parte gubernamental desinforma pretendiendo que el proceso de consulta avanza hacia su culminación. La Defensoría del Pueblo comienza, ahora, a marcar alguna, poca, distancia. Para la semana próxima, en momento tan crucial, se aguarda la visita del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Hay expectativa. El Gobierno espera que avale el proceso dizque de consulta, lo que parece impensable. Pensable es el recordatorio necesario al Gobierno del Perú sobre sus obligaciones internacionales de prestar garantía a los derechos de los pueblos indígenas comenzando por respetar el derecho a sus opciones y prioridades de desarrollo.

Posiciones de AIDESEP, CONACAMI y CNA

Posición de CCP

Posición de CONAP

Comunicado de CONAP

CONAP a Defensoría

Posición de la Defensoría

Posicionamiento de CNDH

Anuncio de recurso

Viejas prácticas con nuevo rostro (J. Ugaz, con ulterior documentación en SERVINDI)

Entrada más relacionada:

Informe sobre el Perú tras la Ley de Consulta

(*) Bartolomé Clavero es Catedrático de la Universidad de Sevilla, experto en derecho de los pueblos indígenas. Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (2008-2010).

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos  (CNDDHH) se solidariza con los periodistas ecuatorianos Juan Carlos Calderón Vivanco y Christian Zurita Ron sentenciados, el 6 de Febrero, por causar daño moral al presidente Rafael Correa.

Solidaridad con periodistas Calderón y Zurita. Foto RTU

La sentencia los obliga a pagar una indemnización de un millón y medio de dólares cada uno, debido a la publicación del libro “Gran Hermano Historia de una simulación”, en el cual se destapan los contratos de las empresas del hermano del presidente, Fabricio Correa, con el Estado. Según el Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha la sentencia es debido a la gravedad del daño causado hacia Rafael Correa y la intención dolosa y maliciosa de atentar gravemente contra su dignidad.

Los periodistas mencionados han sido galardonados en más de una oportunidad tanto en su país como al nivel internacional, debido a los logros que alcanzaron en sus investigaciones y reportajes. Premios como Símbolo de Libertad los años de 1994 y 1996, Premio de la Unión Nacional de Periodistas (1998) o también Premio Eugenio Espejo (2001) los recibió Juan Carlos Calderón, por otro lado Christian Zurita fue premiado con la Mención de Honor por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el año 2008 por la serie de reportajes “Angostura a los seis meses del ataque”.

La CNDDHH en base al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se menciona que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, se solidariza con los periodistas mencionados.

Lima 28 febrero de 2012

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Reproducimos pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP) que exige al Estado atención urgente a sus demandas.

PRONUNCIAMIENTO

Los delegados regionales representantes de las organizaciones de afectados de: Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cuzco, Apurímac, Huánuco, Junín, Lima, Pasco, La Libertad, Ica, San Martín y Ucayali, agrupados en CONAVIP; después de una ardua reunión llevada a cabo el día viernes 24, con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, sus Viceministros y el nuevo Secretario Ejecutivo del Consejo Multisectorial de Alto Nivel – CMAN, y habiendo tomado conocimiento de la negativa del Ministerio de Economía con respecto a la modificatoria de Decreto Supremo Nº 051 – 2011-PCM, expresamos lo siguiente:

Primero: El Decreto Supremo Nº 051- 2011-PCM tiene tres graves enunciados que en lugar de favorecer la implementación digna de nuestro derecho a la reparación la vulnera contradiciendo a la Ley del PIR 28592 que establece: “Que el registro de las víctimas es permanente…”. El D.S. N° 051 establece el cierre del Registro Único de Víctimas el 31/12/11 excluyendo a los que aún no han sido registrados, limitando el acceso a las reparaciones económicas sólo a las víctimas que cuentan con 65 a 85 años y sean pobres como requisito.

Así mismo, establece un monto de reparación indignante de S/. 10,000. Por estos fundamentos y más, exigimos la urgente modificación de dicho decreto, esto considerando los acuerdo del acta de la 115ª sesión Ordinaria de la CMAN de fecha 10 de Noviembre del  2011, la misma que fue presentada ante la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM  para su aprobación y publicación, proponiendo como monto las 10 UITs como reparación económica individual, propuesto por el propio Estado.

Segundo.- Exigimos garantizar los 221 millones de soles anuales planteados y solicitados por la CMAN para la implementación del 50% de reparaciones al 2016. Recordemos que tanto el Presidente Ollanta Humala como el ex Premier Salomón Lerner Gittis plantearon como política pública la reparación del 50% del total de víctimas como meta hasta el 2016. Recogiendo dicho objetivo, la CMAN elaboró la “Propuesta de trabajo institucional 2011 – 2016”, la misma fue construida con la participación de los diversos actores a través de numerosas consultas en reuniones y talleres en Lima y las regiones.  Esta propuesta no sólo se limita al plano presupuestal sino también al programático y estratégico para la implementación de las reparaciones.

Tercero.- Reconocemos el trabajo del Consejo de Reparaciones y el Registro Único de Víctimas RUV, muy abiertos al diálogo y a la escucha. Sin embargo, es menester atender varias preocupaciones que venimos encontrando en el camino, subsanarlas en lo que queda de este proceso posibilitará que nuestro derecho a ser inscritos sea óptimamente atendido.

Cuarto.- Es urgente incorporar el pliego presupuestal sobre reparaciones en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta acción debe ser respaldada por la lista nominal de los beneficiarios por cada programa de reparación, para ello, es necesario que el Registro Único de Víctimas resuelva cuanto antes los casos complejos aún pendientes del Libro 1, concluir la inscripción, calificación y proceso de entrega de acreditaciones a las víctimas así como a los grupos de desplazados. Así mismo, concluir con el registro de desplazados que viene trabajando el MINDES.

Quinto.- Se debe formular y elaborar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Por otro lado, en el tema de memoria, se debe incorporar a los representantes de los familiares en la Comisión del Lugar de Memoria. Para la construcción de este espacio se debe contar con la participación de las víctimas civiles, políticas, gremiales, militares y comunales en todas las regiones afectadas por la violencia política, e incorporación en la currícula escolar  la memoria del Conflicto Armado Interno en base al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Sexto: Exigimos la creación de juzgados y Fiscalías especializadas en DDHH con conocimiento de la cultura e idioma original de las poblaciones afectadas por la violencia política, para judicializar de forma adecuada y justa los crimines de lesa humanidad en nuestras regiones.

POR LO QUE,  LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA INDIGNADOS POR EL OLVIDO Y LA EXCLUSIÓN, ACORDAMOS EMPRENDER LAS SIGUIENTES ACCIONES:

•        Llevar a cabo una conferencia de prensa y hacer una entrega pública de miles de cartas al Señor Presidente de la República, exigiendo la modificatoria del D.S. Nº 051-2011-PCM, el día 15 de marzo del presente año.

•        De no lograr una respuesta favorable a nuestras peticiones,  nos veremos en la necesidad de movilizar a todas las víctimas de la violencia política de todo el país, donde expresaremos nuestra voz de protesta, indignación. Buscaremos ser escuchados para alcanzar justicia y reparación; para ello ya venimos realizando movilizaciones previas, como la marcha regional de nuestros hermanos ayacuchanos denominado “Marcha de Putis a Huanta, de Huanta hasta Ayacucho, hacia la Marcha Nacional de las Víctimas”. Similares tareas se vienen cumpliendo en Apurimac y otras regiones.

¡MODIFICACIÓN INMEDIATA DEL DECRETO SUPREMO 051!
¡VIVA LA MARCHA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA!

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Defensoría del Pueblo señala que es una obligación impostergable del Estado atender a las víctimas de la violencia del período 1980-2000.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, exhortó al Poder Ejecutivo para que se cumpla con aprobar la modificatoria del Decreto Supremo Nº 051–2011–PCM, que dio inicio a las reparaciones económicas individuales, en el mes de junio del año pasado. Esta norma fue observada en su oportunidad porque vulnera el carácter permanente del Registro Único de Víctimas y ha perdido su finalidad reparatoria, al establecer criterios cuestionables.

Por ejemplo, se exige – sostuvo el Defensor – que los padres de personas asesinadas o desaparecidas tengan más de 80 años y se encuentren en situación de desamparo material, y que las esposas, esposos o convivientes deban tener más de 65 años, “sin considerar los casos de personas con enfermedades graves que necesitan de manera prioritaria acceder a estas reparaciones, agregó.

“Como lo hemos señalado en diversas oportunidades, es una obligación impostergable del Estado atender a las víctimas del terrorismo de manera integral y, cumplir con los compromisos asumidos. De acuerdo con la Ley Nº 28592, la Comisión Multisectorial –CMAN, tiene a su cargo formular las políticas del Estado en reparaciones y fue dicha Comisión la que propuso la modificatoria del mencionado decreto”, explicó el funcionario.

Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, señaló que su institución ha cursado sendas comunicaciones a diversas autoridades del Ejecutivo y Legislativo, así como han sostenido reuniones con miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y Economía y Finanzas, a quienes se les han hecho conocer su preocupación por las dificultades que enfrentan las víctimas de la violencia, solicitando la modificatoria del Decreto Supremo Nº 051-2011- PCM.

“Todos rechazamos el terrorismo de la manera más enérgica, pero a la vez, el Estado debe hacer los esfuerzos necesarios por atender a las miles de viudas, madres y padres, hijos e hijas de valerosos miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, comités de autodefensa y población civil que sufrió de manera directa el periodo de violencia”, dijo la funcionaria.

Vignolo recalcó que a la fecha ninguna víctima ha recibido reparaciones integrales, asimismo aún subsisten problemas en la implementación de las reparaciones en salud y educación. Por ejemplo, en el Sistema de Aseguramiento Universal las víctimas tienen problema de afiliación y cobertura; mientras que en educación aún no se encuentra con un programa específico que atienda sus necesidades.

La Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades del Poder Ejecutivo, en especial al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que en el más breve plazo se adopten las medidas que deban reimpulsar decididamente el proceso de reparaciones en el país y, se tomen en consideración las sugerencias y propuestas que las diferentes organizaciones de afectados a nivel nacional vienen realizando.

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El miércoles 22 de febrero Lo Justo emitió a través de LaMula.TV su segundo programa de la temporada 2012.  En este se conversó sobre el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa y la problemática de la seguridad ciudadana en el país. Para el primer tema invitamos al set de Lo Justo a Gladis Vila, de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), y a Javier Jahncke, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ). Para el segundo bloque del programa, tuvimos de invitado en el set de Lo Justo a Carlos Romero de la institución Ciudad Nuestra.

La representante de ONAMIAP si bien sostuvo que la ley es el primer instrumento legal que reconoce los derechos indígenas respecto a la ocupación de sus territorios, consideró que este aún sigue teniendo vacíos, y es por ello que están apostando por la modificación del mismo. A propósito de ello, Javier Jahncke comentó que “el Perú es el primer país de Sudamérica en contar con una Ley de Consulta Previa”, destacando la iniciativa legislativa.

Las organizaciones indígenas buscan mayor diálogo y participación con el Estado, y así, poder llegar a acuerdos. El proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa ha tenido un periodo fijo, en el cuál se han incluido las audiencias nacionales los días 12, 13 y 14 de  este mes, que termina el 23 del mismo mes. Sobre este proceso, Gladis Vila esgrimió una crítica afirmando que este “… impone criterios que los restringen como pueblos indígenas”. Aportando al respecto, Javier Jahncke afirmó que “en la práctica el Estado solo ha dado el financiamiento para que las organizaciones indígenas dialoguen solas”.

En el segundo bloque, a propósito de  un reportaje realizado por los reporteros de LaMula.Pe sobre la fuga de los reos del penal de Challapalca, Romero sostuvo que “enfrentar la inseguridad requiere de una estrategia integral y en estos momentos no la tenemos”. La población penitenciaria sigue aumentando y no se está haciendo nada para mejorar las condiciones. Al respecto, Rocío Silva comentó acerca del hacinamiento del penal de mujeres de Chorrillos, en donde hasta la biblioteca tuvo que ser transformada en un pabellón a falta de espacio para las nuevas internas. En ese sentido, Romero dijo que “las cárceles deberían tener criterios de arquitectura para madres internas con hijos pequeños”.

Finalizando el programa, se sorteó un paquete de libros sobre racismo para los primeros miembros de la audiencia que manden comentarios en las redes sociales. La ganadora deberá acercarse a la oficina a recoger el premio.

El próximo miércoles, Lo Justo estará de nuevo al aire en LaMula.TV sorteando entradas para la obra de teatro Pedro y el Capitán, obra de Mario Benedetti, dirigida por Jimena Del Sante, sobre la cual hemos preparado una nota que puede ver en nuestro canal de Youtube. Sumado a ello, en el siguiente programa también tendremos los temas de currícula escolar y conflicto armado interno, así cómo el tema de la movida cultural en Lima sobre derechos humanos.

Gladis Vila, de la Organización Nacional de Mujeres lndígenas Andinas y Amazónicas del Perú y Javier Jahncke, miembro de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) tuvieron una entrevista con Rocío Silva Santisteban para el programa Lo Justo.

facebook.com/ProgramaLoJusto
@ProgramaLoJusto

Mira el programa completo aquí:
http://vimeo.com/37311796
Además una nota en La Mula:
http://lojusto.lamula.pe/2012/02/23/la-ley-de-consulta-previa-no-reconoce-nuestro-derechos-afirma-dirigenta-indigena/rociosilva
Y los reportajes en: http://www.youtube.com/user/programalojusto?ob=0&feature=results_main

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Tomado de alertaperu.pe

Audiencia en la CIDH. Foto OEA

Mediante un pronunciamiento más de 200 organizaciones de sociedad civil que trabajan en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en los países americanos expresaron su preocupación por algunas decisiones que recientemente ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según señala la comunicación, se ha observado un giro inquietante de la CIDH al haber modificado o rechazado medidas cautelares que hubiesen evitado daños irreparables e inminentes a las comunidades amenazadas por proyectos a gran escala.

En el documento se hace referencia a la decisión más reciente de la CIDH tomada el 7 de diciembre de 2011 en la que se modificaron las medidas cautelares que protegían a 18 comunidades indígenas maya mam y maya sipakenses afectadas por una mina grande de oro a cielo abierto —la Mina Marlin— en el altiplano occidental de Guatemala. En ese caso, la CIDH modificó su resolución y revocó la solicitud de suspensión de operaciones de la Mina Marlín a pesar de que las personas afectadas, respaldadas por estudios independientes denunciaban que dicha mina contamina el agua potable de las comunidades y que existían amenazas a la seguridad personal de defensores del medio ambiente.

Las organizaciones aseguran que sin la orden de suspensión del proyecto, ya no existe incentivo para asegurar que el Gobierno de Guatemala proteja los derechos de las comunidades y realice las investigaciones correspendientes en este caso, pues, tanto la empresa minera como el Gobierno de Guatemala han utilizado esta modificación de las medidas cautelares para desacreditar públicamente las demandas de las comunidades y justificar de este modo que la mina continúe operando.

De otro lado, en agosto de 2011 la CIDH también modificó su resolución de medidas cautelares para el Gobierno de Brasil, en la que se solicitaba suspender la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte actualmente en contrucción sobre el Río Xingu, estado de Pará, la cual perjudicará a cientos de comunidades indígenas y campesinas. Frente a ello, el gobierno de Brasil reaccionó ante las medidas cautelares retirando a su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y suspendiendo su aporte financiero anual. Según la prensa brasileña, el gobierno normalizará sus relaciones con la OEA sólo “después de que la CIDH, entidad responsable del conflicto, sea reformada.” Asimismo, el gobierno se ha negado a dialogar con las víctimas y con la CIDH, y no se presentó a una reunión de trabajo con la CIDH en Washington, para la cual una dirigente indígena viajó desde el Amazonas.

Además, las organizaciones señalan que en muchos de estos casos, el mecanismo de medidas cautelares es la única esperanza de las comunidades para la prevención de violaciones a los derechos humanos, incluyendo daños irreparables al derecho a la vida, al territorio, a la cultura y al medio ambiente, por ello es que solicitan que, en beneficio de las comunidades afectadas y de muchas otras, la CIDH se mantenga firme en su compromiso de proteger los derechos humanos contra amenazas, en especial las provocadas por los grandes proyectos.

Carta: Organizaciones preocupadas por últimas medidas de la CIDH

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La Misión de Observación Internacional en la Marcha por el Derecho al Agua  presentó un primer informe sobre la movilización realizada en Perú entre el 1 y 10 de febrero. A continuación publicamos la carta remitida a la CNDDHH y el informe en mención.

VER INFORME DE LA MISIÓN DE OBSERVADORES

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Lo temas en esta edición:
- MOVADEF, SL, Artemio y los jóvenes
- La marcha por el agua
- La inhabilitación del Juez Garzón
- María Elena Moyano

Lo Justo estrenó una nueva temporada con transmisiones todos los miércoles de 10:00 a 11:00 p.m. por la MulaTV y, en su primera edición, contó con la presencia del experto en temas de Derechos Humanos y director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) Francisco Soberón, con quien conversamos respecto al caso del Juez Baltasar Garzón. Sobre el tema, Soberón comentó que, a pesar del asombroso fallo de la Corte de Justicia española, el Juez Garzón tiene la posibilidad de apelar la decisión pues cuenta con el principal recurso en administración de justicia: el derecho a una segunda instancia.

Además, el reconocido especialista en Derechos Humanos aprovechó la oportunidad para comentar la importancia de la Marcha por el Agua a propósito del reportaje presentado por el equipo de la Coordinadora de Derechos Humanos en el programa. Para Francisco Soberón, la marcha ha permitido crear una mayor conciencia entre la ciudadanía sobre el fuerte impacto de las industrias extractivas sobre este vital recurso. Asimismo, nuestra conductora, Rocío Silva Santisteban —Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)—, remarcó la posición de la CNDDHH a favor de declarar el acceso al agua como un derecho fundamental en el Perú.

Pasando a otro tema en el programa, conversamos en el set con la antropóloga experta en temas de memoria María Eugenia Ulfe y el politólogo Diego Salazar —especialista en el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF)—, para tratar de comprender el apoyo que dicho grupo ha tenido entre los universitarios del país. A partir del reportaje elaborado por el equipo de prensa de la CNDDHH sobre universitarios y partidos políticos, ambos panelistas señalaron la existencia de una serie de factores que han permitido crear espacios para propuestas como la del MOVADEF. Entre estos, destaca la escasa o nula representación de los jóvenes en la política —incluso dentro de las propias universidades—, así como también resalta la profunda crisis del sistema de partidos a nivel general. Ante esto, las propuestas que Salazar llama “antisistema” logran gran acogida en medio de un “desborde partidario”. Asimismo, Ulfe apuntó que la falta de espacios de debate en torno a temas de memoria en las universidades es lamentable, en especial, porque los pocos grupos de estudios de memoria existentes no cuentan con el apoyo debido por parte de las autoridades académicas.

Finalizando el programa, Rocío Silva presentó un video sobre la obra de Natalia Iguíñez acerca de María Elena Moyano -a propósito de la conmemoración de su asesinato en manos del PCP-SL-. Lo Justo volverá el siguiente miércoles con un reportaje acerca del tema de la Ley de Consulta Previa y las Audiencias Públicas que se han realizado en este semana en la ciudad de Lima.

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La antropóloga María Eugenia Ulfe y el politólogo Diego Salazar coincidieron en que la crisis de los partidos políticos en el Perú es aprovechada por agrupaciones como el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) para captar a jóvenes que no se sienten representados y no encuentran oportunidades dentro de la política peruana.

En ese contexto de “desborde partidario”, organizaciones como el Movadef plantean un proyecto de país complejo, pero con ideologías estructuradas, que puede ser interesante para los universitarios, indicó María Eugenia Ulfe en el primer programa de la nueva temporada de ‘Lo Justo’, que conduce Rocío Silva Santisteban, directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

“Una variable es la crisis estructural de los partidos políticos. Hay desilusión de parte de los jóvenes y en la universidad, que es básicamente el caldo de cultivo del senderismo.  El desborde de la representación genera espacios para partidos antisistema que puedan cubrir esas expectativas”, explicó Diego Salazar.

Ambos opinaron que este problema se agudiza porque las universidades no ofrecen un desarrollo político entre los jóvenes. Los estudiantes encuentran una “coherencia” política en la manera cómo actúa el Movadef que no está presente en los partidos tradicionales.

Otro problema que identificaron los invitados es que las universidades no tienen un trabajo de memoria, en algunas no se toca el tema de violencia social, e incluso es considerado un tema tabú.

Finalmente, una de las soluciones que planteó Diego Salazar, autor de una investigación sobre el Movadef, es que esta política de conciencia colectiva a largo plazo comience en los colegios, tratando temas de violencia social.

En el programa también estuvo como invitado Francisco Soberón, experto en temas de derechos humanos, quien habló  sobre la reciente inhabilitación que le hizo el Tribunal Supremo de España al juez Baltasar Garzón. Al respecto,  lamentó el fallo del juzgado español, aunque explicó que Garzón aún puede apelar la medida ante el Tribunal europeo.

El fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos también destacó que la “Marcha por el Agua”  ha contribuido a la conciencia ciudadana sobre las consecuencias que implica afectar este recurso.

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