¿QUIÉN DEBE PROTEGER LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DE ESPINAR FRENTE AL PROYECTO MAJES SIGUA II?
La Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, organismo de derechos humanos con trabajo en las provincias altas del Cusco, frente a la sentencia emitida en fecha 08 de noviembre del 2011, por el Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 01939-2011, en el caso Majes Sigua II, expresa lo siguiente:
1. Nuestra profunda preocupación por el fallo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional, pues según el fundamento 42, señala “….en esta etapa de ejecución de sentencia, debe establecerse una solución armónica y definitiva que beneficie tanto a los ciudadanos de Cusco, como a los ciudadanos de Arequipa…” ésta máxima instancia, expresa la necesidad de armonizar, en otras palabras pacificar el problema generado por la construcción del proyecto Majes Sigua II. En nuestra opinión, la sentencia no armoniza, más bien ahonda las dudas y coloca en incertidumbre los derechos de la población espinarence.
2. Creemos que el Tribunal Constitucional debió profundizar sus argumentos y discutir qué derechos se vulnerarían o se encuentra en riesgo de ejecutarse el proyecto Majes Sigua II, si bien en su fundamento 40 señala que se encuentra, comprometidos los derechos al medio ambiente y agua a favor de la población de Espinar y al trabajo de los ciudadanos de Arequipa, nos preguntamos ¿acaso no era necesario, que prevalezca el derecho al agua, que está vinculado a la vida misma, sobre el derecho laboral?
3. Consideramos que el caso no está resuelto, pues si se pretendía dar una solución a este conflicto latente, el Tribunal Constitucional debió considerar los derechos que ampara a los pueblos indígenas u originarios, de la población de Espinar, por ejemplo el derecho a la consulta consagrado en el Convenio 169 de la OIT. A la fecha queda pendiente la demanda de amparo presentada por la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE) por violación al derecho a la consulta previa en el proyecto Majes Sigua II, contra del Estado peruano.
4. Si bien es saludable que se haya ordenado un nuevo estudio de balance hídrico integral en la provincia de Espinar, la población espinarence no comprende porque se pretende dar continuidad a la ejecución del Proyecto Majes Sigua II, pues lo ideal sería que mientras se realice los estudios de balance hídrico y hasta que no se determine la cantidad de agua suficiente para la provincia de Espinar, nos parece que el proyecto Majes Sigua II debe suspenderse y con la información técnica a la mano, opinar si el proyecto es o no viable.
5. Muchas veces se exige al sistema de justicia una respuesta más concreta para solucionar los múltiples conflictos socio ambientales, sin embargo con el fallo del TC, se apertura una nueva discusión y se encarga a la Autoridad Nacional del Agua, la responsabilidad que creemos debió asumirlo el TC.
6. Como lo señalamos en el tercer punto, el caso no está resuelto, porque no se ha tocado y dado solución a la raíz del problema. La provincia de Espinar, tiene entre 1 a 2 horas de agua, para consumo humano, al día. Según datos del INEI más del 70% de la población no tiene acceso a servicios básicos, principalmente el agua. Invocamos al TC que a fin de no generar un nuevo escenario de conflicto en la provincia de Espinar, de darse una aclaración a la sentencia emitida, amplíe opinión sobre el derecho a la consulta previa a los pueblos de Espinar, originarios de la cultura K’ana y precise muy claramente si el proyecto Majes Sigua debe o no suspenderse, esto lo requiere con urgencia la población de Espinar.
Sicuani 11 de noviembre del 2011.
Vicaria de Solidaridad de Sicuani-Cusco
Correo: visopsic@derechoshumanos.pe
Direcciòn: Av. Hipolito Unanue 236, 3er piso, Plaza de Armas-Sicuani-Canchis-Cusco
Hasta el momento se han registrado 41 heridos
La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, expresa su preocupación ante los acontecimientos de violencia, suscitados el 10 de noviembre en Andahuaylas – Apurímac, en el marco del paro indefinido convocado por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Andahuaylas y Chincheros.
Lamentamos el trágico saldo de 41 heridos entre policías y civiles (9 de gravedad) y daños contra entidades públicas y privadas. Entre los heridos se encuentran varios niños a causa de las bombas lacrimógenas. Las nueve víctimas más graves fueron evacuadas a Lima y el resto, internados en el Hospital Hugo Pesce de Andahuaylas.
Ante este hecho, el viernes 11 de noviembre APRODEH envió una carta al Coronel Marco Antonio Añi Casasola de la XVI Dirección Regional Territorial de Policía de Apurímac – DIRTEPOL, recordando que la actuación de la Policía Nacional está regulada por la Directiva PNP 03-24-03- B, que señala que está prohibido disparar las bombas lacrimógenas en forma indiscriminada, en zonas de vivienda y hacia el cuerpo de las personas. En este sentido, reiteramos que la Policía Nacional ante los hechos que puedan generarse debe guiarse por los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad porque de lo contrario se estaría vulnerando el orden constitucional y las normas de derechos humanos.
Del mismo modo, instamos firmemente a las organizaciones sociales a retomar los mecanismos de diálogo, así como respetar la propiedad privada y pública, pues la violencia sólo contribuye a la generación de mayor violencia.
En este sentido, APRODEH, reitera su invocación al respeto irrestricto de los derechos humanos y a buscar el diálogo y el entendimiento como mecanismo de resolución de los conflictos suscitados entre las organizaciones sociales, gobierno regional y gobierno central.
APRODEH Asociación Pro Derechos Humanos
prensa@aprodeh.org.pe
T: (51-1) 424-7057 / 431-0482 / 431-4837 anexo 121
Durante el 143º Período de Sesiones, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió crear una Unidad para los derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersexo, a fin de aumentar su capacidad de proteger sus derechos.
En los últimos años la CIDH ha dado un especial seguimiento a la situación de los derechos de las personas LGTBI principalmente mediante medidas cautelares, audiencias, visitas a los países y actividades de promoción. La Comisión ha buscado proteger y promover sus derechos y ha constatado las graves violaciones que muchas de estas personas enfrentan en su vida diaria.
La Comisión ha comprobado la grave discriminación de hecho y de derecho que enfrentan las personas LGTBI en los países de la región. Entre otras violaciones, la CIDH ha recibido información sobre asesinatos, violaciones y amenazas de la cual son víctimas. Adicionalmente, las personas LGTBI enfrentan importantes barreras de acceso a la salud, el empleo, la justicia y la participación política.
La nueva Unidad es parte del enfoque integral adoptado por la CIDH a través de su Plan Estratégico, que promueve el desarrollo armónico de todas sus áreas de trabajo con base en la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos, y la necesidad de proteger los derechos de todas las personas y grupos históricamente sometidas a discriminación.
El próximo año la Comisión evaluará el trabajo de la Unidad y la existencia de recursos suficientes que permitan la sustentabilidad de sus esfuerzos y el funcionamiento balanceado del Plan Estratégico y decidirá sobre la creación de una Relatoría sobre los derechos de las personas LGTBI.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Fuente: CIDH
En esta edición:
- Derecho al trabajo y sindicalización
- Feminicidio
Ayer martes 8 noviembre en el programa “Lo Justo”, producido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entrevistamos a Amet Albujar, trabajador de Topy Top quien denunció la falta de condiciones sindicales en dicha empresa. También estuvo con nosotros Tamy Quintanilla, directora ejecutiva del programa nacional contra la violencia familiar y sexual del Ministerio de la Mujer (MIMDES) quien trató el problema del feminicidio. “Lo Justo”, con la conducción de Rocío Silva Santisteban, los martes a las 7.00pm vía lamula.pe
Los nueve campesinos del Santa, detenidos, asesinados y desaparecidos por el Grupo Colina, que fueron encontrados el pasado 4 de agosto, en el sector de Huaca Corral, jurisdicción de Guadalupito, provincia de Virú, recibirán cristiana sepultura.
La Sala Penal Nacional Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante resolución de fecha 28 de octubre de 2011, fijó la entrega de los restos mortales a sus deudos, para este viernes 11 de noviembre, a las 11 de la mañana en la sede de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú, con la presencia de los miembros de la Sala que preside la Dra. Inés Tello.
En conferencia de prensa, Silvia Alayo Dávila, directora de la Comisión de Justicia Social de Chimbote (CJS) y los familiares de las víctimas, dieron a conocer el programa de actividades que se desarrollará del viernes 11 al domingo 13 de noviembre, con el que los familiares honrarán a las víctimas del Santa.
Se anunció que cumplida la diligencia de entrega en la Fiscalía de Virú se desarrollará una ceremonia pública en la Plaza de Armas del distrito de Santa, a las 2 de la tarde. Posteriormente el cortejo fúnebre se dirigirá a los domicilios de las víctimas para el velatorio en sus respectivos hogares, el cual se prolongará hasta las 2 de la tarde del día siguiente, sábado 12, en que los féretros serán nuevamente trasladados hacia la Plaza de Armas de Santa donde tendrá lugar el velatorio público que será acompañado por una velada cultural.
El velatorio continuará en la Plaza de Armas hasta las 11 de la mañana del domingo 13, hora en la que se celebrará la Misa de Cuerpo Presente en la Parroquia Señor Crucificado de Santa; la Misa estará presidida por el Obispo de Chimbote, Mons. Ángel Francisco Simón Piorno. Se prevé que el entierro se realice a las 12 del mediodía en el cementerio municipal de Santa.
De este modo, 19 años después del crimen de Santa, los familiares tendrán la posibilidad de velar, honrar y darles la solemnidad de una sepultura a Jesús Noriega Ríos, Denis Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez, Gilmar León Velásquez, Pedro Pablo López Gonzales, Carlos y Roberto Barrientos Velásquez, Jorge Luis y Carlos Tarazona More.
Asimismo, se informó que en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Cantuta”, que es igualmente aplicable al caso “El Santa”, por cuanto ambos crímenes fueron cometidos por el “Destacamento Colina”; corresponde al Estado cubrir los gastos de entierro de los restos mortales de común acuerdo con los familiares de los mismos, esta disposición en el caso de “El Santa”, será ejecutado a través de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN.
Fuente: CJS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 143er Período ordinario de Sesiones del 19 de octubre de 4 de noviembre de 2011. La CIDH está integrada por Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; las Comisionadas Luz Patricia Mejía y María Silvia Guillén, y los Comisionados Felipe González y Paulo Sérgio Pinheiro. El Secretario Ejecutivo es Santiago A. Canton.
En primer lugar, la Comisión Interamericana saluda la promulgación en Uruguay, el 30 de octubre de 2011, de la ley No. 18.831, que declara imprescriptibles los crímenes cometidos durante la dictadura. En su artículo 1º, la nueva ley “restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado” para los delitos comprendidos en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado del 22 de diciembre de 1986. De esta manera, Uruguay ha avanzado de manera significativa en el cumplimiento de las recomendaciones del Informe 29/92 aprobado por la CIDH y la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Juan Gelman.
Asimismo, la CIDH saluda el compromiso del Estado de Perú de luchar contra la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en tiempos de autoritarismo, expresado por el Ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, en una audiencia pública realizada el 25 de octubre. La CIDH valora las expresiones del Ministro afirmando que la posición del Estado peruano ante los órganos del sistema interamericano está orientada por el cumplimiento de sus resoluciones y por un compromiso ético y moral con la defensa de los derechos humanos.
Durante las sesiones se recibió información sobre esfuerzos realizados por los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales. En este sentido, la CIDH saluda la decisión de la Fiscalía de la Nación de Perú de reabrir la investigación del caso Maria Mamerita Mestanza Chavez. Esta decisión fue informada a la CIDH en una reunión de trabajo de seguimiento de un Informe de Solución Amistosa, en el cual el Estado se había comprometido a individualizar y sancionar debidamente a los responsables de las esterilizaciones forzadas a las que se sometió a más de 2.000 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Asimismo, en relación con Colombia, la Comisión saluda la adopción del Decreto 3375 como un avance en la protección de los derechos de las mujeres, ya que enfatiza la importancia de un enfoque diferencial que tome en cuenta las especificidades de edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual y procedencia urbana y rural a los efectos de recomendar y adoptar medidas de protección.
En la audiencia relativa a la situación del Poder Judicial en Haití, los representantes del Gobierno presentaron el nuevo programa del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública, el cual tendría como objetivo, entre otros, el fortalecimiento de la Escuela Nacional de la Magistratura, evitar la detención preventiva prolongada, y el establecimiento de mecanismos que permitan mejorar el acceso a la justicia. La CIDH espera que el programa presentado sea efectivamente implementado.
La Comisión saluda especialmente la presencia de María da Penha en la audiencia “Obstáculos para la Efectiva Implementación de la Ley María da Penha en Brasil”. Esta ley, aprobada en Brasil en 2006, prevé sanciones penales para actos de violencia doméstica y familiar contra las mujeres, promueve programas de rehabilitación para los agresores y crea cuerpos policiales y tribunales especializados. La ley, en parte, fue consecuencia del caso tramitado por la CIDH y que permitió importantes cambios en la legislación y las políticas públicas de Brasil.
Por otra parte, durante las audiencias la CIDH continuó recibiendo con preocupación información respecto de la especial situación de riesgo de las mujeres afrodescendientes, quienes han sufrido históricamente una triple discriminación en base a su género, pobreza y raza.
Asimismo, la Comisión recibió información sobre graves violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región. En especial, la CIDH manifiesta su preocupación ante la información recibida en la audiencia sobre justicia penal juvenil acerca de medidas regresivas por parte de diversos Estados que han adoptado o pretenden adoptar leyes enfocadas a disminuir de 18 a 16 años la edad máxima de responsabilidad ante el sistema de justicia juvenil o a aumentar la duración de las sanciones privativas de la libertad aplicadas a niños, niñas y adolescentes procesados por infringir las leyes penales.
Adicionalmente, se recibió información sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en la región y los obstáculos que continúan enfrentando en el ejercicio de su labor de promoción y protección de los derechos humanos. Además de las amenazas, hostigamientos y ataques contra su vida e integridad, la Comisión recibió información sobre un incremento del uso de procesos penales en su contra, con acusaciones de rebelión, terrorismo, sedición y conspiración, entre otros.
La CIDH manifiesta su profunda preocupación sobre la grave situación de seguridad que atraviesa la región mesoamericana. Los altos índices de homicidios están entre los más elevados del mundo, y la mayoría de los casos se encuentra en la absoluta impunidad. Preocupa especialmente a la CIDH la situación del Bajo Agúan, en Honduras, donde entre septiembre de 2009 y octubre de 2011, habrían sido asesinadas 42 personas afiliadas a organizaciones campesinas, asi como un periodista y su pareja, en el contexto de un conflicto agrario. En una audiencia sobre esta situación, se recibió información sobre la criminalización de la lucha campesina y la militarización de la zona, lo que habría puesto a los campesinos y a defensores y defensoras de derechos humanos en la zona del Bajo Aguán en una situación de alto riesgo.
La Comisión expresa su preocupación por la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad ciudadana. La Comisión reitera que los Estados tienen el deber de adoptar e implementar políticas públicas integrales de prevención y disuasión y deben focalizarse en la creación y consolidación de una institucionalidad estatal que proporcione respuestas eficaces y eficientes a las demandas de una sociedad democrática.
Este comunicado tiene un anexo, que estará disponible en la página Web de la CIDH.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Enlaces útiles:
Anexo al Comunicado de Prensa 117/11 (estará disponible en las próximas horas)
Fechas de los Períodos de Sesiones en 2012
Videos, fotos y grabaciones de audio de las audiencias públicas de la CIDH
Videos, fotos y grabaciones de audio de las audiencias públicas del 143 Período de Sesiones
Búsqueda avanzada de videos, fotos y grabaciones de audio de audiencias y otros eventos públicos de la CIDH
Fuente: CIDH
Las autoridades peruanas deben investigar las denuncias según las cuales se utilizó un programa de planificación familiar del gobierno para esterilizar a miles de mujeres indígenas y campesinas contra su voluntad, ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras la reapertura de una investigación sobre el programa estatal.
Representantes del gobierno anunciaron el miércoles que el Ministerio Público de Perú ha reabierto una investigación sobre la esterilización forzada de más de 200.000 mujeres durante la presidencia de Alberto Fujimori en la década de 1990.
Las mujeres indígenas y campesinas de zonas rurales empobrecidas fueron los objetivos principales del programa, que causó al menos una muerte, la de María Mamérita Mestanza Chávez en el norte de Perú en 1996.
“Pedimos a las autoridades peruanas que garanticen una investigación sin demora, efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial sobre las esterilizaciones forzadas de mujeres. Todas las mujeres que fueron obligadas a someterse a esa intervención deben obtener plena reparación, como dispone el derecho internacional” ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América.
La medida formaba parte de un programa de planificación familiar patrocinado por el gobierno que se llevó a cabo durante el último mandato del presidente Fujimori, encarcelado en 2009 tras ser declarado culpable de diversas violaciones de derechos humanos.
Su política oficial de control demográfico se dirigía específicamente contra las mujeres indígenas y campesinas de los sectores más pobres de la sociedad. Quienes se encargaban de aplicarla promovieron la esterilización –sobre todo de mujeres indígenas y campesinas– para cumplir las cuotas fijadas por el gobierno.
Como consecuencia fueron esterilizadas miles de mujeres, en muchos casos sin su consentimiento o contra su voluntad.
Las normas internacionales reconocen el derecho fundamental de todas las mujeres y niñas a decidir libremente el número de hijos, su espaciamiento y el momento de su nacimiento. Además, instan a los Estados a facilitarles el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva.
Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones relacionadas con la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia. La práctica generalizada y sistemática de la esterilización forzada en Perú puede constituir un crimen de lesa humanidad.
“La aplicación abusiva del programa de planificación familiar de Fujimori aparentemente ha supuesto la violación de los derechos reproductivos de miles de mujeres indígenas y campesinas con escasos recursos económicos”, afirmó Guadalupe Marengo.
“Las víctimas y sus familiares llevan más de un decenio esperando a conocer la verdad sobre los motivos de que esto haya podido suceder. Justicia y reparación son un primer paso para que el Perú del siglo XXI demuestre su intención firme de acabar con la discriminación sistemática que las mujeres indígenas y campesinas soportan desde hace décadas.”
Normas permiten de manera inconstitucional el uso de la fuerza letal de las Fuerzas Armadas contra la protesta social y la criminalización de las mismas
En la Audiencia “Política de derechos humanos del Gobierno peruano”, convocada en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), participó la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, a través de su representante, David Velazco.
“En el último gobierno de Alan García, los conflictos sociales se incrementaron significativamente”, manifestó David Velazco. Además, el portavoz de Fedepaz, indicó que el gobierno anterior intentó desmovilizar la protesta social criminalizándola y reprimiéndola, lo cual ha originado a la fecha: la muerte de 66 civiles y 26 policías; lesiones severas en 628 personas (varias de las cuales perdieron la extremidades como consecuencia de la represión) y el procesamiento judicial de más de 1,200 personas entre dirigentes y miembros de las comunidades rurales, urbanas, sindicatos, etc.
Asimismo, David Velazco, recalcó que con los Decretos Legislativos 982, 983, 984, 985, 986 y 987, se ha criminalizado la protesta social al calificar como delito conductas que en realidad son ejercicios de derechos. Con el mismo propósito, el Gobierno de García, violando la delegación de facultades que le dio el Congreso, aprobó el Decreto Legislativo 1095 que permite el uso inconstitucional, desproporcionado e injustificable de la fuerza letal en la represión de la protesta social por parte de las fuerzas armadas.
Ante ello, “solicito al Estado Peruano -en el marco de su nueva política de derechos humanos- la derogatoria de los decretos legislativos 982, 983, 984, 985,986 y 987 que legalizan la criminalización de la protesta social; así como del decreto legislativo 1095 que permite el uso letal de las fuerzas armadas y la indebida ampliación de la competencia de la justicia militar a casos de violaciones de derechos humanos; aprobar y ejecutar una política pública de reparación a los criminalizados sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos, y el cese de toda política de criminalización y persecución judicial contra los dirigente sociales y defensores de derechos humanos”, enfatizó David Velazco.
Fuente: FEDEPAZ
Tomado de Alerta Perú
El gobierno de Ollanta Humala espera completar el 50% de las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado, aseguró Isabel Coral, secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Reparaciones (CMAN).
Coral Cordero precisó que para tal fin se requerirán 200 millones de nuevos soles, los cuales serán cubiertos de la siguiente manera: 60% del tesoro público; 30% de otros sectores del Estado a manera de “aporte de solidaridad” para políticas de reparación; y el 10% restante del sector privado y cooperación internacional, donde “ya hay expresiones de interés”.
En el tema de las reparaciones económicas individuales, la titular de la CMAN adelantó que cada víctima de la violencia política recibirá el valor de 10 UITs, lo que equivale a unos 36 mil nuevos soles. “Para eso se requiere recuperar el carácter integral de la reparación lo cual significa crear un paquete concertado según las recomendaciones (del informe final) de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)”, aseveró.
De igual manera, Coral anunció la creación de una Área de Memoria, Paz y Reconciliación para profundizar la labor desarrollada por la CVR en cuanto a la búsqueda de los más de 16 mil desaparecidos en la lucha interna. “La paz exige el esclarecimiento de esos cuatro mil lugares de entierro (clandestino) y darle un entierro digno a la población”, enfatizó.
Añadió que, en adelante, la CMAN abordará casos de violencia sexual y violaciones sistemáticas que se dieron durante dos décadas de conflicto armado. Así mismo, se sistematizará experiencias de poblaciones como las comunidades asháninkas y de la sierra sobre el perdón y las políticas de paz.
Finalmente, pedirá la participación de las comunidades asháninkas en el consejo consultivo permanente de CMAN. “Sin ustedes, este proceso se puede distorsionar”, sentenció. (GV)
Isabel Coral brindó estas declaraciones en el marco de una conferencia desarrollada esta tarde en la sede del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), donde también estuvieron presentes Fernando Carvallo, representante del equipo técnico a cargo del Lugar de la Memoria; y Ruth Buendía, presidenta de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), entre otras personalidades.
Marcha TLGB en Lima. Foto Internet
Este viernes 28 de octubre del 2011, durante el 143 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Red Peruana TLGB, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX, REDRESS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se presentarán en la audiencia Situación de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales e Intersexuales (LGBTI) en las Américas.
Esta se realizará entre las 11:30 a.m. y las 12:30 p.m. (desde las 10:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. hora Lima), en la Sala Padilha Vidal, ubicado en el edificio de la OEA, en Washington D.C.
La audiencia –en la que participarán asimismo una delegación venezolana y la REDLACTRANS– tiene por objetivo informar sobre la situación de discriminación y violencia que afecta a las personas en razón de su orientación sexual y su identidad de género en los países de las Américas y El Caribe. La delegación peruana sostendrá que, pese al marco normativo existente y los compromisos internacionales ratificados por el Estado Peruano, existe una lamentable brecha entre lo normado y su efectiva implementación; brecha que coloca a la población LTGBI en una verdadera situación de vulnerabilidad y desventaja.
La delegación proveniente de Lima está conformada por Víctor Álvarez, abogado, responsable del Área Legal de la CNDDHH y representante de REDRESS, Maribel Reyes Pérez, activista lesbiana de la Red Peruana TLGB; Ysabel Marín, abogada y representante de PROMSEX y George Liendo, también representante de PROMSEX y de ILGA-LAC.
La reunión del viernes podrá seguirse en vivo, a través del siguiente enlace: http://www.livestream.com/OASSpanish22
Para acceder al Calendario de Sesiones de la CIDH, entrar a:
http://www.cidh.org/comunicados/English/2011/Calendar143en.htm
Contactos de prensa.
Víctor Álvarez: valvarez@derechoshumanos.pe
George Liendo: george@promsex.org. Teléfono: (511) 98959-3176.
Maribel Reyes Pérez: reyesperezmaribel@yahoo.es
Ysabel Marín: ysabel@promsex.org
Se abre la posibilidad de justicia y reparación para las miles de mujeres víctimas de la política de Alberto Fujimori
El día de hoy, 26 de octubre de 2011, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 143° período ordinario de sesiones, se realizó la reunión de trabajo entre el Estado peruano, las representantes de María Mamérita Mestanza Chávez y miembros de la CIDH.
En la reunión, el Estado peruano dio a conocer la resolución de la Fiscalía de la Nación, de fecha 21 de octubre de 2011, por la cual se dispone la reapertura de las investigaciones por la esterilización forzada de María Mamérita y las demás mujeres que en aquella época fueron víctimas de esta política, tras haber reconocido, además, que éstos hechos constituyeron delitos de lesa humanidad.
La investigación ha sido encargada a la Fiscalía Supraprovincial Penal para lo cual el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, ha ampliado la competencia de la misma a efectos de poder investigar la totalidad de esta práctica en los diversos departamentos del país.
El caso de esterilización forzada de María Mamérita Mestanza, ocurrido en el año 1996, como producto de la ejecución de la política de planificación familiar del gobierno de Alberto Fujimori, lleva 15 años en la impunidad.
DEMUS, APRODEH, CRR, CLADEM y CEJIL saludaron dicha decisión y exhortaron a las autoridades estatales a que dispongan de los recursos económicos, humanos y técnicos, a fin de que las investigaciones sean efectivas, dado que estos hechos fueron una práctica sistemática y generalizada que violentó los derechos de las mujeres, especialmente las más pobres del Perú.
El gobierno peruano de Ollanta Humala se comprometió este martes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a respetar los derechos humanos y cooperar con los organismos internacionales para revertir la impunidad arrastrada por décadas.
“Me comprometo como lo he hecho en mi país: no entenderemos la defensa del Estado como la defensa de violadores de derechos humanos o la defensa de asesinos”, señaló el ministro de Justicia, Franciso Eguiguren, durante una audiencia de la CIDH en Washington.
Los esfuerzos no serán “sólo en el tradicional aspecto de violaciones a los derechos humanos, tiene que ser una política de Estado que ponga el énfasis en la inclusión social”, dijo Eguiguren, al destacar que ese es el objetivo del presidente Humala desde su juramentación el 28 de julio.
El ministro prometió que Lima rectificará la postura de algunos gobiernos anteriores, sobre todo el de Alberto Fujimori (1990-2000), de “desconocer la competencia de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos”, integrado por la Comisión y la Corte interamericanas.
“No estamos aquí para propiciar la impunidad ni la actitud irresponsable de gobiernos que se comprometen con algo y luego lo incumplen”, afirmó Eguiguren.
Con casi 330, Perú es uno de los países que más casos tiene en trámite en la CIDH, recordó Jesús Orozco, el comisionado para Perú, durante la audiencia solicitada por el gobierno de Humala para explicar su nueva política.
Una parte de los casos en la CIDH tienen que ver con el conflicto interno, que dejó unos 70.000 muertos entre 1980 y 2000.
“No es fácil revertir en poco tiempo una agenda pesada acumulada de varios años”, advirtió el ministro, quien dijo que el gobierno enfrenta internamente “sectores hostiles a las posturas democráticas y de derechos humanos” y la falta de recursos.
Los comisionados de la CIDH recibieron con agrado el compromiso del gobierno peruano, y ofrecieron la asistencia de la comisión para avanzar en el tema de derechos humanos.
“Esperamos que se pueda concretar la salvaguarda de los derechos humanos (…) y que no queden en retórica los importantes pronunciamientos” de Humala, dijo Orozco.
AFP
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