Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Exposición documental:

Fotografías/Objetos/Publicaciones/Archivos de prensa de la familia Huilca y de la CGTP.

Exposición de Arte:

Gráfica/Instalación/Grafitis/Esténcil/ Música.

Participan:

Mauricio Delgado/ Claudia Denegri/ Guillermo Valdizán/ Félix Álvarez/ Akito Bertran/ Jorge Miyagui/ Marcel Velaochaga/ Carlos García/ Amapolay/ Mónica Miros/ Marita Rodríguez/ Marte Lugar/ Oscar Valdivia/ Carlos Pinao.

Música :

Piero Bustos

Lara Pajuelo Huilca

Video:

Pedro Huilca en la memoria

Curaduría:

Indira Huilca Flores/ Karen Bernedo Morales

Inauguración:

Lunes 30 de abril 7:00 p.m.

Lugar:

Plaza 2 de Mayo Nº 10 Lima 1

Escuela Nacional Sindical “José Carlos Mariátegui”

Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP

Duración de la exposición:

Del lunes 30 de abril al jueves 31 de Mayo 2012

La familia Huilca y la Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP, agradecen su gentil asistencia.

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El Comité DESC de Naciones Unidas evaluará al Perú los días 2 y 3 de mayo

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) evaluará el cumplimiento por parte del Estado peruano del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que incluye los derechos al trabajo, educación, seguridad social y el de garantizar el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud mental, sexual y reproductiva, sin discriminación alguna.

El Comité DESC ha formulado preguntas iniciales que el Estado ha respondido. Sin embargo, todavía están pendientes de respuesta las investigaciones sobre las esterilizaciones forzadas cometidas durante el régimen fujimorista y las medidas adoptadas para garantizar el derecho al acceso de las mujeres en especial de las zonas rurales a la más amplia gama de métodos anticonceptivos, incluida la Anticoncepción Oral de emergencia.

Asimismo, las organizaciones de mujeres han presentado información sobre seis puntos de preocupación en salud sexual y reproductiva ante el Comité DESC: la falta de protocolización del aborto terapéutico, las barreras legales de acceso de adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva, los problemas en el acceso a la anticoncepción, la mortalidad materna, la discriminación en el acceso a la salud para lesbianas, gays, bisexuales y trans, y las políticas de prevención y atención del VIH, así como el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los casos de K.L. c Perú (Comité de Derechos Humanos) y de L.C. c Perú (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer)

El Perú ratificó el PIDESC mediante el Decreto Ley 22129 del 28 de marzo de 1978. El tratado entró en vigencia para nuestro país el 28 de julio del mismo año. En mayo del año 1997 el  Estado peruano presentó su primer informe ante el Comité DESC (E/1990/5/Add.29). Luego de 15 años, se somete nuevamente a evaluación acumulando sus informes periódicos segundo, tercero y cuarto.

Mas información: www.demus.org.pe

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, colectivo de 79 organizaciones, reitera su solidaridad y pesar con la familia del joven Gerson Falla, a un año de su fallecimiento. Ayer, 26 de abril, se convocó a una misa en la Iglesia “Corazón de Maria”, en el distrito de Magdalena, conmemorando un año del lamentable deceso del joven, quien fuera intervenido y torturado por efectivos policiales de la Comisaría de San Borja.

Gerson Falla (polo negro). Foto: La República

A pesar del tiempo transcurrido, la investigación judicial continúa aún en curso, todavía no se han establecido las responsabilidades penales ni aplicado las sanciones del caso. En este punto, queremos destacar el esfuerzo y tesón del padre de Gerson, el señor Antonio Falla: ha sido una labor titánica, prácticamente en solitario, que ha permitido que hoy se pueda contar con los elementos probatorios suficientes que no dejan margen de duda respecto de quiénes fueron los autores de este horrendo crimen. Esperamos de las autoridades el debido compromiso con el proceso judicial que aún está en curso, procurando no se produzcan mayores dilaciones y se sancione a los responsables.

El uso irresponsable y desmedido de la fuerza por parte de miembros de la policía, quienes se suponen son las encargadas de velar por el orden público y la seguridad de la población, permanece como una lamentable realidad en nuestro país. Y es que junto con el caso de Gerson Falla, también se encuentran otros similares, como el de Wilhem Calero, asesinado brutalmente después de haber sido torturado en julio del 2010, luego de una intervención policial.

Exigimos, por tanto, una política de seguridad que comprenda la erradicación de estas prácticas en el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado peruano, esfuerzo que debe de también empezar por sancionar ejemplarmente a quienes las cometen.

Lima, 27 de abril de 2012

Secretaría Ejecutiva

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Las organizaciones y personas abajo firmantes, integrantes de la Red CIUDADANOS PROTEGIENDO CIUDADANOS, la cual está dirigida a vigilar el cumplimiento de los derechos del personal militar femenino de nuestras Fuerzas Armadas y de las/los jóvenes que realizan el Servicio Militar Voluntario. En calidad de tales, responde a las declaraciones del Premier Oscar Valdés sobre el llamado a las ONGs de Derechos Humanos para que pongan más atención y den apoyo al gobierno para rescatar los niños que son utilizados por Sendero Luminoso.

De acuerdo a estas declaraciones, la Red Ciudadano Protegiendo Ciudadanos informa que desde el año 2009 en el cual se constituyó la Red se comenzó a realizar actividades de incidencia con el gobierno de entonces  para impedir la utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados. En este sentido señalamos lo siguiente:

1.- En el año 2010 se desarrolló una mesa interinstitucional, la cual se desarrollo en diversos periodos de dicho año para tratar el tema de reclutamiento de menores de edad por grupos armados regulares e irregulares. Participaron representantes del Ministerio de Defensa, Ministerio de la Mujer y Desarrollo, Save the Children, Instituto de Defensa Legal, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y UNICEF.

2.- También en el año 2010 se elaboró el informe: “Niños usados como soldados en el Perú” elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Save the Children. Dicho documento se presentó  el 23 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 138º periodo de sesiones.

3.- El 23 de marzo del 2010, se expone ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la problemática de reclutamiento ilegal de Adolescentes por las Fuerzas Armadas, así como  también se enfatiza en la utilización de niños, niñas y adolescentes por el grupo armado terrorista como Sendero Luminoso, solicitando que el Estado Peruano erradique esta práctica.

4.- Entre el año 2009 y 2011 se realizaron diversas publicaciones, entre libros y artículos  donde se expone la problemática del reclutamiento/alistamiento de menores de edad por grupos armados irregulares y por las Fuerzas Armadas. Entre ellos tenemos el artículo “Los niños de la Guerra” del historiador Eduardo Toche publicado en la revista “Quehacer”- Nº180, octubre-diciembre 2010 y el artículo “El reclutamiento y uso de niños soldados en el Perú” del politólogo Gerardo Arce publicado en el libro “Juventud y Género en las Fuerzas Armadas: Hacia el Ejercicio de Derechos Fundamentales” del Instituto de Defensa Legal.

5.- Finalmente, se han continuado con las reuniones para lograr incidencia sobre el problema con otras organizaciones de Derechos Humanos y con representantes de los ministerios o instituciones del Estado vinculadas al desarrollo de políticas públicas a favor de la infancia y adolescencia. Además, como Red CPC  se han publicado los comunicados: “En contra de la utilización de menores por parte de Sendero Luminoso” y “Rechazo a la continuidad de utilización de menores por parte de Sendero Luminoso” publicados los meses de noviembre del 2010 y abril del 2012 en la web de la Red: http://www.ciudadanosprotegiendociudadanos.org/prensa.php

Ante lo manifestado,  señalamos que ha habido acciones inmediatas de parte de las organizaciones de la sociedad civil que  se muestran preocupantes ante estos hechos, debido a que el Estado Peruano  aún no ha logrado erradicar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por Sendero Luminoso. Por eso, continuando con nuestro compromiso en promoción de los derechos humanos adoptaremos todas las medidas en apoyo al gobierno para recuperar estos niños, niñas y adolescentes víctimas del terrorismo.

Miembros de la Red: Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) * Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO * Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán * Comisión de Derechos Humanos Codeh Pucallpa * Coordinadora Nacional de Derechos Humanos * Encuentros Casa de la Juventud * Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS * Fundación ANAR * Instituto de Defensa Legal * Manuela Ramos * Paz y Esperanza * Red Interquorum * Vicaria de la Solidaridad Jaen * General de Brigada ® César Huertas * Luis Tello * Miguel Huerta, ex defensor de la policía

Ver también:

• Informe a la CIDH – Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en acciones armadas
• Firme condena al empleo de niños en acciones armadas por parte de terroristas de Sendero Luminoso
• Rechazo a la utilización de menores por parte de Sendero Luminoso
• UNICEF rechaza uso de niños, niñas y adolescentes en acciones de violencia
• CNDDHH respalda política de recuperar niños y señala que SL comete delito de lesa humanidad
• CNDDHH y Save the Children condenan el empleo de niños y niñas en acciones de violencia
• CNDDHH y Save the Children envían carta a ONU condenando la muerte de soldado menor de edad
• CNDDHH y Save the Children envían carta a NNUU condenando el empleo de niños por parte de Sendero Luminoso
• No más reclutamientos forzados de niños en el Perú

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Hoy a las 10:00 pm. por lamula.pe, una nueva edición de Lo Justo. En esta ocasión estaremos conversando con el antropólogo experto en temas de cultura popular urbana Alex Huerta-Mercado a propósito de una nota que realizamos sobre arte y memoria con Jorge Miyagui y Rafael Landa “Lito”.

Además, una entrevista con Carlos Tapia sobre la coyuntura actual, en especial, sobre la situación en el VRAE. Asimismo, estaremos conversando vía telefónica desde la zona con Ricardo Soberón, especialista en narcotráfico y en el set con Rosa Lía Chauca, psicóloga de Redinfa experta en el tema de niños secuestrados.

Finalmente, una nota sobre la campaña Universitarios Unidos por Chosica que busca ayudar a las familias damnificadas a raíz de los huicacos ocurridos a mediados de abril.

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No se lo pierdan!

HOY 10pm en http://lamula.pe

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El coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Vicariato de San José del Amazonas (*), Jorge Luis Gutiérrez, solicitó garantías personales ante la Gobernación de Iquitos, debido a que es víctima de amenazas de muerte por denunciar la existencia de dragas ilegales en la cuenca del río Napo.

En diálogo con el corresponsal de Ideeleradio, indicó que la denuncia fue presentada ante la Comisaría de Santa Clotilde, donde relató que sujetos desconocidos le robaron su laptop, documentos personales y le dejaron un mensaje intimidante. La nota contenía una cruz con tinta roja que decía “esto te pasa por bocón”.

“Es evidente que esta amenaza es una represalia por denunciar la presencia de dragas ilegales. A pesar de estas amenazas nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo de vigilancia, pues la situación esta preocupante por la contaminación que genera esta actividad ilegal”, señaló.

Jorge Luis Gutiérrez narró que el hecho ocurrió en el fin de semana en la comunidad San Luis de Tacshacuraray, ubicado en el distrito de Napo, en la provincia de Maynas, cuando cumplía las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Vicariato de San José del Amazonas.

Fuente: Ideeleradio

(*) La Comisión de Derechos Humanos del Vicariato de San José del Amazonas es miembro de la CNDDHH.

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Las personas e instituciones integrantes de la Red CIUDADANOS PROTEGIENDO CIUDADANOS, Red de Defensa de los Derechos del Personal Militar, expresamos nuestro rechazo y preocupación en la práctica del reclutamiento de menores de edad por parte del grupo terrorista Sendero Luminoso en el Valle del Río Apurímac y Ene – VRAE, según información difundida en diversos medios de comunicación.

Esta práctica pone en riesgo la integridad física y sicológica de los menores involucrados, constituyendo una grave violación de derechos humanos debiendo ser condenada por la sociedad y el Estado. El Estado peruano ha ratificado el  Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, y está obligado a cumplir y a tomar todas las medidas necesarias para que no se enrolen menores de edad por sus Fuerzas Armadas o grupos armado no estatales.

Por lo tanto, en cumplimiento de dicho compromiso, la Red exhorta al Congreso de la República a promover un proyecto de ley que tipifique como delito en el código penal el alistamiento y/o reclutamiento de menores por grupos armados, en similares términos como el proyecto de ley presentado por la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derechos Internacional Humanitario ante el Congreso, en enero de 2011.

Finalmente, es importante recordar que los niños y niñas son las principales víctimas del terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilícitas; por lo tanto, el Estado debe tomar todas las medidas para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir.

Miembros de la Red: Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) * Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO * Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán * Comisión de Derechos Humanos Codeh Pucallpa * Coordinadora Nacional de Derechos Humanos * Encuentros Casa de la Juventud * Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS * Fundación ANAR * Instituto de Defensa Legal * Paz y Esperanza * Red Interquorum * Vicaria de la Solidaridad Jaen * General de Brigada ® César Huertas * Luis Tello * Miguel Huerta, ex defensor de la policía * Rocío Vargas *

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Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), aclara la petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Madre Mía. “La petición del caso se hizo el año 2010, por el ex secretario ejecutivo Ronald Gamarra, dentro del plazo exigido por la CIDH cuando se agota el proceso judicial interno” con el objetivo de establecer la responsabilidad del Estado peruano por la desaparición forzada de personas. (Fuente: Canal N)

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Tres enfrentamientos se habrían producido el día de ayer 19 de abril entre pobladores de Llusco y Santo Tomás con miembros de la Policía Nacional. Foto: Vicaría de Sicuani.

Pobladores del distrito de Llusco, Chumbivilcas – Cusco, fueron sorprendidos por una intervención policial violenta el jueves 19 de abril entre las 6:00 y 7:00 de la noche, con uso de bombas lacrimógenas e inclusive armas de fuego. Los pobladores señalan que un contingente policial de 100 efectivos se hizo presente para llevarse las tres camionetas que se encontraban en custodia por pobladores de la zona desde diciembre del 2011 y enero del 2012 al parecer de propiedad de la empresa minera ANABI S.A.C. Como se recuerda Llusco viene reclamando el retiro de esta empresa minera por posibles niveles de contaminación desde hace varios años atrás.

Como producto de esta intervención  se registró varios heridos  en Llusco donde se produjo el primer enfrentamiento, el segundo enfrentamiento habría ocurrido al salir de Llusco y finalmente un tercer enfrentamiento en la ciudad de Santo Tomas – Chumbivilcas.

Frente a estos hechos desde la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani rechazamos la forma violenta y  autoritaria como vienen interviniendo los efectivos policiales  en la provincia de Chumbivilcas, cabe recordar que no es la primera vez que se realiza este tipo de acciones en la zona, en el mes de febrero pobladores del distrito de Velille también fueron repelidos de la misma forma violenta por efectivos de la DINOES.

La Vicaria de Solidaridad a través de la Prelatura de Sicuani en reiteradas oportunidades ha llamado al diálogo como salida al conflicto en este distrito, tratando en todo momento de evitar cualquier acción violenta que pueda cobrar vidas humanas; sin embargo la actitud del gobierno es cada vez más represiva y violenta.

Exigimos a la PCM y al Ministerio del interior, el cese de las intervenciones violentas, los pobladores del distrito Llusco y Chumbivilcas, pues ellos tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos de nuestro país y no deben ser menospreciados en sus derechos; lo único que se logra con este tipo de acciones es agravar la situación de convulsión social que se vive en estos momentos en la provincia de Chumbivilcas.

Chumbivilcas, 20 de abril del 2012.

Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani. Ver blog

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Las organizaciones y personas abajo firmantes, integrantes de la Red CIUDADANOS PROTEGIENDO CIUDADANOS, la cual está dirigida a vigilar el cumplimiento de los derechos del personal militar femenino de nuestras Fuerzas Armadas y de las/los jóvenes que realizan el Servicio Militar Voluntario. En calidad de tales, nos dirigimos a las autoridades del sector Defensa y expresamos nuestra preocupación ante el posible traslado al VRAE de jóvenes entre 18 y 21 años de edad que realizan Servicio Militar Voluntario en la Base Contrasubversiva Nº 79 de Alto Comaina, ubicada en la ciudad de Satipo, conforme lo señala la Defensoría del Pueblo en su nota de prensa N°107/2012 publicado el 19 de abril.

Según las denuncias efectuadas por los familiares ante la Defensoría, estos jóvenes habrían estado en el servicio militar entre un mes y medio y siete meses al momento que fueron trasladados, uno de ellos incluso sólo tenía 28 días de enrolado al momento del traslado. Esta decisión de trasladarlos a una zona de alto riesgo como es el VRAE, pone en peligro innecesario la vida de estos jóvenes que se presentan al Servicio Militar Voluntario, pues no poseen la preparación suficiente para realizar las acciones de lucha contrasubversiva.

Es por ello que invocamos a las autoridades civiles y militares a brindar la atención requerida a esta situación y a tomar todas las acciones necesarias a fin de que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Asimismo, solicitamos a las autoridades que el personal militar que sea trasladado a esa zona sea el que cuente con mayor preparación y conocimiento de la zona, con el fin de evitar muertes innecesarias de nuestros soldados.

Por último, invocamos al Ministerio de Defensa se brinde toda la información pertinente a los familiares y a la Defensoría del Pueblo sobre el traslado de dichos soldados.

Miembros de la Red: Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) * Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO * Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán * Comisión de Derechos Humanos Codeh Pucallpa * Coordinadora Nacional de Derechos Humanos * Encuentros Casa de la Juventud * Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS * Fundación ANAR * Instituto de Defensa Legal * Paz y Esperanza * Red Interquorum * Vicaria de la Solidaridad Jaen * General de Brigada ® César Huertas * Luis Tello * Miguel Huerta, ex defensor de la policía * Rocío Vargas *

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Con referencia a los operativos militares, “Operación Libertad”, que se vienen llevando a cabo en la zona del VRAE; la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDHA manifestamos, lo siguiente:

1.- Queremos llamar la atención sobre la forma como se viene interviniendo a los pobladores de los sectores de Kepiashiato, distrito de Echarate, provincia de la Convención – Cusco, pues las comunicaciones que tenemos de los mismos pobladores de la zona es que los operativos militares consisten en arrojo de gases, disparos, uso de explosivos, entre otros. Muchos pobladores han abandonado sus comunidades y hogares para dirigirse a los poblados de Kiteni y Quillabamba con la finalidad de salvaguardar sus vidas y sin la asistencia de ninguna autoridad.

2.- Nos preocupa la vida e integridad de estas personas que por razones de miedo y temor, están siendo desplazados por este Operativo Militar, pues en el pasado las mismas comunidades fueron afectadas por la violencia política, llegando inclusive a estigmatizarlos como senderistas o terroristas. Esta Operación Militar, si bien ha tenido un resultado positivo con la ubicación de ciudadanos secuestrados, no debe afectar a la población civil en especial, aquella que no se encuentra comprometida con los hechos violentos y menos es parte de organizaciones subversivas.

3.- Solicitamos a las autoridades se garantice el respeto a la vida de las poblaciones involucradas en este operativo, y sobre todo se atienda a todas las personas que han tenido que desplazarse hasta otras ciudades para garantizar su seguridad personal y familiar. Exhortamos una pronta atención y la presencia de una comisión que permita garantizar los plenos derechos de estas personas.

Cusco, 19 de abril del 2012.

Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani. Visita blog

Asociación por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDHA. Visita blog

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Los estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Antonio Ruíz de Montoya (UARM), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad del Pacífico (UP) se han  unido en la Campaña de Solidaridad UNIVERSITARIOS UNIDOS POR CHOSICA.

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Afectados por la violencia política de 24 regiones del país exigirán igualdad de condiciones y la aprobación de 10 UITs como monto de reparación económica individual.

La concentración será mañana martes 17 de abril a partir de las 7.00am en el monumento "El Ojo que llora" en Jesús María, Lima.

Como medida de fuerza ante el agotamiento de medios y plazos extendidos al Ejecutivo, organizaciones de afectados de la violencia política de la sociedad civil y familiares de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional marcharán solicitando la modificatoria inmediata del DS 051 y la aprobación de 10 UITs como monto único de reparación económica individual a todas las víctimas de la violencia política de 1980 a 2000.

En junio del 2011 (gobierno de Alan García) el ejecutivo promulgó el DS 051 cerrando el registro de víctimas y adjudicando 10 mil soles de reparación económica individual, el cual es discriminante en comparación con el monto recibido por otras víctimas. El 27 julio de 2011 mediante el DS Nº 068-2011-PCM se otorgó $30 mil a los deudos del magistrado Carlos Ernesto Giusti Acuña, fallecido el 22 de abril de 1997 durante el rescate de rehenes de la residencia del Embajador del Japón. Los marchantes exigirán el reconocimiento de la igualdad de la dignidad de todas las víctimas.

En noviembre pasado la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), órgano adscrito al MINJUS, aprobó la Modificatoria del DS 051 – PCM 2011 luego de un proceso de diálogo con las organizaciones de afectados, incrementando el monto de las reparaciones económicas a 10 UITs y la modificación de los criterios de reparto de las reparaciones. Sin embargo a la fecha la modificatoria no ha sido promulgada.

La marcha que, que se inició ayer domingo 15 de abril en Lucanamarca y Putis (Ayacucho), contará con la participación de víctimas y familiares de la violencia política de 1980 a 2000, familiares de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Las delegaciones de afectados que vienen desde 24 regiones del país estarán llegando a Lima entre hoy y mañana y tienen previsto concentrarse a partir de las 7am en el momumento “El Ojo que llora” del Campo de Marte, Lima.

La marcha es convocada por la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP) y la Asociación de Viudas Madres y Sobrevivientes de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (AVISFAIP).

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