Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

DEMUS expresa su preocupación por debilidad institucional que proyectan candidatos a la presidencia respecto de las presiones de la jerarquía eclesial. Señala que previsible influencia confesional en sus gobiernos afectará derechos de las mujeres.

La institución feminista hizo pública su preocupación por la debilidad en la defensa del Estado laico, las libertades ciudadanas y la igualdad de derechos que proyectan las organizaciones políticas en campaña, agravada luego de las reuniones sostenidas con el primado de la iglesia católica Juan Luis Cipriani, opuesto a la vigencia del sistema de derechos humanos en el país.

En los últimos días Alejandro Toledo de Perú Posible, Keiko Fujimori de Fuerza 2011 y Ollanta Humala de Gana Perú han sostenido encuentros con el arzobispo quien ha  fustigado las propuestas en torno al reconocimiento de derechos humanos en el ámbito de la sexualidad y la reproducción como el matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario, el acceso a la anticoncepción de emergencia y la despenalización del aborto.

“Consideramos que es negativo y desalentador el mensaje que estos personajes políticos le dan al electorado respecto de principios que deben sustentar una democracia como son por ejemplo la vigencia del Estado laico establecida constitucionalmente, los derechos humanos en su integralidad, y la igualdad para todas las personas sin ningún tipo de discriminación”, sostuvo Jeannette Llaja Villena directora de DEMUS.

Argumentó que de la posición expresada por estas candidaturas se evidencia la influencia que en sus posibles gobiernos tendrá la iglesia católica a través de sus operadores políticos, presentes en curules y en el gabinete ministerial, en perjuicio del abordaje de graves problemas nacionales desde una perspectiva de derechos humanos.

“La ausencia de políticas públicas por estas presiones -también presentes en el actual gobierno- acentuará el riesgo sobre la vida y salud de las mujeres en particular  pobres y rurales, quienes seguirán limitadas para decidir libremente sobre su maternidad, expuestas a abortos inseguros por gestaciones no deseadas, y sin acceso a la anticoncepción de emergencia así como a la interrupción legal de embarazos”, subrayó la abogada.

En la historia republicana ningún régimen ha vencido estas presiones lo que se traduce en el caso de las mujeres en la frustración de sus proyectos de vida, nacimiento de niños no deseados, abortos inseguros, enfermedad y muerte materna, entre otros impactos.

Jeannette Llaja criticó la estrecha visión de democracia que muestran las candidaturas y que sesgan a amplios sectores de la población. “Los cambios que requiere el país no son solo económicos sino culturales y sociales. La política no puede ser cálculo electoral sino herramienta para garantizar la democracia, las libertades y los derechos para todas y todos”.

Mencionó al candidato de Gana Perú que contradijo radicalmente su plan de gobierno que postula la despenalización del aborto, al condenarlo públicamente con rosario en mano. “El señor Humala tiene derecho a profesar una fe religiosa, pero no puede imponerla al resto de la ciudadanía. Un gobierno responde a toda su población y debe regirse por la Constitución y el marco internacional de derechos humanos suscrito por el Perú y que es de obligatorio cumplimiento”, remarcó Llaja Villena.

El 10 de abril –agregó- peruanas y peruanos acudiremos a elegir a quien esté en condiciones de gobernar el Estado teniendo claridad sobre su total independencia de las influencias clericales, pues no se trata de votar por un acólito o acólita.

Seguir leyendo

PRONUNCIAMIENTO DE CORAVIP N° 003-2011

La Coordinadora Regional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política CORAVIP- Ayacucho, reunidos los días 17 y 18 de marzo, conforme a las conclusiones del IV Congreso Eleccionario de las Organizaciones de Afectados, expresa lo siguiente:

Primero: A finales de terminar el quinquenio  del Gobierno  Aprista;  no se  ha avanzado de manera significativa la implementación de la demanda del proceso de la verdad y justicia, consideramos que fue un retroceso y estancamiento en temas de judicialización y justicia para familiares y víctimas. El gobierno de turno no ha cumplido con sus promesas electorales; sino, su actuación fue a favor de la impunidad y discriminación.

Segundo: Que, en esta coyuntura electoral,  no existe en la agenda y plan de gobierno de algunos partidos políticos,  respecto al proceso de la verdad,  justicia y reparaciones; salvo del partido Fuerza Social y Gana Perú; por lo que, invocamos abordar estos temas a favor de adultos mayores, personas humildes de comunidades alto andinas y víctimas del conflicto armado interno.

Tercero: Exigimos la implementación del Plan Integral de Reparaciones con prioridad el Programa de Reparaciones Económicas – PRE para las víctimas sin discriminación alguna, conforme a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación – CVR, ademá tomando en consideración la propuesta  planteada por la  Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política – CONAVIP y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; desde un enfoque de dignificación, retribución, nivel de estándar de calidad de vida  y  simbólica.

Cuarto: Si bien es cierto, que durante la campaña electoral  para la elección del Gobierno Regional de Ayacucho; el Sr. Wilfredo Oscorima Núñez, actual presidente,  prometió trabajar por las familias afectadas; por tanto, demandamos el cumplimiento de su promesa de destinar  el 5% del presupuesto regional para atender e implementar las recomendaciones de la CVR y la Ley 28592.

Quinto: Recocemos el avance significativo del Registro Único de Víctimas – RUV, sin embargo aun muchos no han sido calificados e acreditados; por lo que, se solicita al Gobierno Central disponer un presupuesto adecuado para culminar con la calificación y acreditación de expedientes que están pendientes. Asimismo pedimos la modificatoria del Artículo 4° de la Ley 28592, ya que en aplicación a este artículo muchas víctimas y desaparecidos vienen siendo excluidos del RUV sin ningún estudio profundo de los casos.

Sexto: Que, durante ocho años  de lucha y vida institucional  de CORAVIP, antes  Frente Regional de Organizaciones de Base por la Verdad y Justicia – FROBAVEJ; muchas instituciones, autoridades y personalidades han contribuido en la construcción del proceso de la verdad y justicia; por lo tanto, en esta oportunidad queremos reconocer y felicitar de manera pública a congresistas ayacuchanos por el papel cumplido a favor de las familias afectadas.

Séptimo: Que, en esta coyuntura electoral, los asambleístas del IV Congreso de CORAVIP en forma pública respaldamos la candidatura al Parlamento Andino de Daniel Roca Sulca, (ex Coordinador de CORAVIP), único candidato ayacuchano que postula con Alianza Electoral “Gana Perú” con opción Nº 10.

Octavo: El IV Congreso de CORAVIP felicita e  invoca a la nueva directiva de CORAVIP, a fin de que demande a los gobiernos de turno el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, referidas a una vivienda adecuada para las víctimas y desplazados, oportunidades laborales,  construcción de la memoria colectiva y fortalecimiento de organizaciones de afectados.

Ayacucho, marzo de 2011

Contactos:

Coordinadora General: Yudith Ángela Paredes Cáceres
Celular: 966127046

Sub Coordinador Regional: Percy Huauya Bautista
Celular: 966894050

Seguir leyendo

La  Red  contra  la  Criminalización  de  la  Protesta  Social -conformada  por  la  Confederación  General  de Trabajadores del Perú  (CGTP),  la Central Unitaria  de  Trabajadores  (CUT),  la Confederación Campesina  del  Perú (CCP), la Coordinadora Contra la Impunidad (CCI), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas,  Artesanas,  Indígenas  y  Asalariadas  del  Perú  (FEMUCARINAP),  la  Confederación    de  Comunidades  Campesinas  del  Perú  Afectadas  por  la  Minería  (CONACAMI),  la  Coordinadora  Nacional  de  Derechos  Humanos (CNDDHH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)-, pone en conocimiento su agenda  a  los  candidatos  a  la  Presidencia  de  la  República  y  candidatos  a  Congresistas.  Esta  agenda  busca  denunciar  el  proceso  creciente  de  criminalización  de  la  protesta  social  sufrido  por  las  organizaciones  sociales en las últimas décadas y que demandan una atención urgente.

Organizaciones indígenas expresan preocupación por DL 1095. Foto: La República

Durante el gobierno de Alan García se ha agravado  la  criminalización de  la protesta social ante el aumento y endurecimiento de  los conflictos sociales. Criminalizar el derecho a  la  reunión y  expresión; y hacer un uso excesivo de  la  fuerza en  forma sistemática ha sido una  forma de afrontar  los  conflictos sociales que rechazamos.

A la fecha, existen 239 conflictos sociales, de los cuales el 67% se encuentran activos y casi la mitad, un  48,5%, son socio ambientales, es decir que están relacionados con el control, uso y/o acceso al ambiente  y sus recursos.

De junio del 2006 a marzo del 2011, en estos conflictos sociales han muerto 77 personas, entre ellos 51  son civiles. El número de víctimas mortales ha aumentado drásticamente. Asimismo, más de 1200 personas han sido heridas, entre ellos niños, jóvenes y mujeres.  Muchos dirigentes sociales han perdido la libertad y más  de  2,000  personas  sufren  procesos  judiciales  sólo  por  participar  en marchas,  plantones  u  otros  actos  pacíficos.

Si  bien  las  propuestas  de  plan  de  gobierno  de  los  cinco  partidos  que  lideran  las  encuestas  para  las  elecciones presidenciales  reconocen  la existencia de conflictos sociales, sobre  todo  los vinculados a  las  actividades extractivas y al uso del agua, ninguna propuesta contiene medidas concretas para dejar sin  efecto las medidas que se han venido implementado el gobierno y que han criminalizado la protesta social,  violando los derechos humanos.

Por tal motivo la  Red  contra  la  Criminalización  de  la  Protesta  Social pone en conocimiento de los candidatos a la Presidencia y Congreso de la República sus preocupaciones y planteamientos sobre este tema.

Lima marzo de 2011

Agenda para los candidatos presidenciales sobre criminalización y la protesta social en el Perú

Seguir leyendo

Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en suplmento Domingo de La República 20-03-2011

“Mis antepasados estaban en nuestras tierras mucho antes de que se formara el Estado peruano; por eso mismo para nosotros la naturaleza es sagrada, porque a diferencia del gobierno occidental, que no vive de la naturaleza, en nuestro caso en la naturaleza está nuestra vivencia”, sostuvo Santiago Manuin, líder awajún, en un seminario sobre el tema de los pueblos indígenas en el debate electoral organizado por la Mesa de Interculturalidad, Fórum Solidaridad y la UARM. Se trata, claro, de un tema ninguneado por los candidatos, cuyos mayores objetivos están centrados en arrear los votos con la mágica palabra blandida como espada: desarrollo. Pero ¿qué tipo de desarrollo esperamos?, ¿un desarrollo-perro-del-hortelano que propone postergar indefinidamente la aprobación de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas contraviniendo dispositivos internacionales como el Acuerdo 169 de la OIT, es decir, infringiendo los tratados internacionales en función de los intereses non santos de los lobistas locales?, ¿o uno como el que nos propone el candidato Gonzalo Alegría, esto es, proyectos de desarrollo para una economía dual?, ¿o un desarrollo que chorree?, ¿o un desarrollo-otro mucho más concentrado en el “buen vivir” que en el “vivir mejor”?

Precisamente este es un punto que incluso aquellos candidatos que tienen índices altos de intención de voto en zonas de la selva nororiental o en la selva central prefieren no tocar porque colisiona con los intereses de las grandes inversiones. Y ya hemos visto que, cuando un candidato sostiene técnicamente que es necesario frenar los intereses de las empresas mineras, un gran sector de la prensa se le tira encima directamente a la yugular para clavarle los dientes hasta verlo tendido en la lona. Sin embargo, hay algo que la prensa, algunos candidatos, los jefes de campaña y ciertos inversionistas olvidan totalmente: en la soledad de la cámara de votación uno/una no necesariamente es tan imbécil como para no saber decidir por los intereses de su clase, de su grupo, de su etnia, de su vecindad, de su barrio y dejarse llevar por los oropeles y el espectáculo del tocamiento de testículos como parte del embrutecimiento dirigido.

“Nuestro territorio NO es un recurso natural, es mucho más que eso; sin territorio nosotros perdemos nuestra identidad”. Quien sostuvo esto ya no fue Santiago Manuin ni Alberto Pizango, también presente en el foro, sino Teresita Antazú, líder del pueblo Yanesha, quien candidatea para el Congreso por la región de Pasco. Junto con la dirigente quechua Gladys Vila-Pihue, quien sostuvo que lo fundamental para el movimiento indígena es encontrarse presentes dentro de la institucionalidad del Estado peruano para promover políticas pluriculturales “no inclusivas” y fomentar el rol de las mujeres dentro de sus propias comunidades, Antazú y los demás líderes indígenas propusieron luchar por la diversidad. Somos diversos y queremos seguir siendo diversos, complementarios y adaptativos.

Seguir leyendo

CNDDHH lamenta posición del Estado peruano

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores anunciaron que el Perú no se adherirá a la Declaración Conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de derechos dumanos dirigidos contra las personas por su orientación sexual e identidad de género, que presentarán diversos Estados el próximo 21 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Tal posición la dieron a conocer, en una reunión en las oficinas de la cancillería, a representantes de la Asociación Internacional de Lesbianas, Trans, Gays, Bisexuales e Intersexuales para América Latina y el Caribe (ILGA-LAC); el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex; LTGB Legal; y la Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (Red Peruana TLGB).

Durante el diálogo, los funcionarios de dicho ministerio argumentaron que si bien el Perú está en contra de todo tipo de violencia y de violaciones de derechos humanos, no podía adherirse a esta declaración porque podría contravenir en el futuro con instituciones jurídicas como el matrimonio y la adopción. Mientras tanto, las y los activistas insistían que esta declaración conjunta es, justamente, un documento básico con el que los diferentes Estados demostrarán que tienen una política clara contra la discriminación, la violencia y el abuso hacia las personas TLGB.

“Esta postura es lamentable y con ella el Estado nos demuestra que es incapaz de expresar su rechazo, ante la comunidad internacional, contra la violencia y el abuso homo-lesbo-transfóbicos. Ni siquiera estamos hablando de un documento que vaya a otorgar derechos civiles, sino de un documento que exhorta a los Estados a tomar medidas para acabar con las violaciones de derechos humanos a personas TLGB en todo el mundo. Además, esta posición ante la ONU es diferente a la que ya ha tenido el Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el mismo tema, por lo que es incomprensible esta actitud contradictoria”, sostuvo Beatriz Ramírez Huaroto, abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex.

“Este anuncio nos demuestra, una vez más, que el Estado peruano es indolente a las demandas de miles de personas TLGB del país. No solo deja de trabajar en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos y en la de las ordenanzas contra la discriminación hacia personas TLGB, y encarpetan proyectos de ley a favor nuestro, sino que además se niegan a firmar un documento declarativo, lo mínimo que un Estado debería hacer”, señaló a su turno Manolo Forno, representante de la Red Peruana TLGB.

En efecto, en todo el mundo, miles de personas sufren violaciones de sus derechos humanos, a causa de su orientación sexual e identidad de género: las asesinan, torturan, violan sexualmente, las sancionan penalmente y ejercen sobre ella diversos tipos de violencia.

El Consejo de Derechos Humanos es “responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo y de una manera justa y equitativa”, como señala la Resolución 60/251, Op. 2, de la Asamblea General de la ONU.

Las declaraciones conjuntas ofrecen una oportunidad para despertar conciencia y lograr apoyo sobre cuestiones de derechos humanos relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. Permiten que los Estados que desean expresar su apoyo hacia alguna cuestión lo hagan.

La declaración arriba citada se sustenta en iniciativas semejantes del pasado: las declaraciones conjuntas presentadas ante la entonces Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General; así como la declaración sobre orientación sexual, identidad de género y derechos humanos aprobada unánimemente en la OEA en el periodo 2008-2010.

Fuente: Promsex

ACCION URGENTE

Solicita que Perú firme la declaración contra violaciones de derechos humanos de lesbianas, trans, gays y bisexuales de la ONU

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores anunciaron ayer que Perú no suscribirá la Declaración Conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos  contra las personas por su orientación sexual e identidad de  género, que diversos países presentarán el lunes 21 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Declaración es un “llamado a los Estados para que tomen medidas a fin de acabar con los actos de violencia, las sanciones penales y las violaciones de derechos humanos relacionadas” como los asesinatos que cada 5 días cobran la vida de una lesbiana, trans, gay o bisexual (LTGB) en Perú. Es decir, no crea ni reconoce nuevos derechos como asume la Cancillería, sino que simplemente reafirma la vigencia irrestricta de los tratados internacionales y normas de derechos humanos que el Perú ha suscrito y aprobado.

La postura peruana en la ONU es incoherente con su accionar anterior: en la Asamblea General de  diciembre de 2010 votó a favor de condenar las ejecuciones ilegales basadas en la orientación sexual y durante los últimos 3 años ha apoyado las resoluciones sobre derechos LTGB de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El no apoyo a la Declaración confirmaría el doble discurso y homofobia del Estado peruano, que en los últimos 6 años nuestro país ha censurado, eliminado o incluso sancionado la homosexualidad en 4 normas y no ha suscrito o ratificado 3 tratados internacionales que incluyen la protección por orientación sexual e identidad de género.

ACTÚA | Envía hoy una carta al gobierno peruano (ver modelo abajo o descargar)

Súmate a la acción urgente convocada por el Colectivo ContraNaturas, la Kolektiva de Rebeldías Lésbicas (KLR) y el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) enviando cartas al gobierno peruano solicitando que suscriba laDeclaración Conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos relacionadas, dirigidos contra las personas por su orientación sexual e identidad de  género.

Dirija sus comunicaciones a:

Ministro de Relaciones Exteriores
Embajador José Antonio García Belaúnde
Fax: +51 1 2043328
Correo electrónico: jagarciab@rree.gob.pe

Con copia a:

ContraNaturas / KLR / MHOL
Fax: +51 1 3322562
Correo electrónico: estafeta@mhol.org.pe

18 de marzo de 2011

Embajador
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores
Presente.-

Estimado ministro García Belaúnde:

Le escribo para expresar mi profunda preocupación por la decisión peruana de no suscribir la Declaración Conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos relacionadas, dirigidos contra las personas por su orientación sexual e identidad de  género, que diversos países presentarán el lunes 21 al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Declaración es un “llamado a los Estados para que tomen medidas a fin de acabar con los actos de violencia, las sanciones penales y las violaciones de derechos humanos relacionadas” como los asesinatos que cada cinco días cobran la vida de una lesbiana, trans, gay o bisexual (LTGB) en Perú. Es decir, no crea ni reconoce nuevos derechos, sino que reafirma la vigencia irrestricta de los tratados internacionales y normas de derechos humanos que el Perú ha suscrito y aprobado.

La negativa peruana a apoyar esta Declaración ante la ONU es incoherente con su accionar pasado: en la Asamblea General de diciembre de 2010 votó a favor de condenar las ejecuciones ilegales basadas en la orientación sexual, y durante los últimos tres años en su condición de país miembro de la Organización de Estados Americanos – OEA ha apoyado sucesivas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de dicho organismo internacional, que condenan los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de  su orientación sexual e identidad de género.

Además, Perú es signatario de tratados internacionales y regionales que garantizan el derecho a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, seguridad de la persona y protección contra la tortura como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y la Carta Andina de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Los mismos principios y derechos fundamentales han sido recogidos por el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Perú y el artículo 37 del Código Procesal Constitucional, normas que establecen que la discriminación por orientación sexual es contraria a los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional mediante las sentencias 0023-2003-AI/TC., 2868-2004-AA/TC. y 2273-2005-PHC/TC, se ha pronunciado dejando claramente establecido que la discriminación por orientación sexual está proscrita en el ordenamiento jurídico peruano.

Por ello, lo exhorto a enmendar la postura peruana y suscribir la Declaración Conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos relacionadas, dirigidos contra las personas por su orientación sexual e identidad de  género, en concordancia con la visión principista de permanente defensa a los derechos humanos que ha caracterizado a su despacho.

Cordialmente,

Nombre:
Organización:
País:

CONOCE MÁS | Marco jurídico internacional, regional y nacional de derechos humanos LTGB (clic para descargar)

Seguir leyendo

El 16 de marzo se firmó la agenda por los niños y adolescentes. Foto: Vota por la niñez

Diez candidatos que participan en la campaña presidencial firmaron un acta de compromiso para desarrollar políticas públicas a favor de la niñez y de los adolescentes en temas como los derechos a la identidad, salud, nutrición, educación, participación y la protección contra la violencia, contemplados en la Agenda Nacional por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 2011-2016.

El documento, elaborado por más de 45 organizaciones, entre ellas la FAO, Unicef, Care Perú, Usaid, Cáritas, Save the Children , Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, CNDDHH, entre otras, fue presentado el 16 del presente mes con la firma y el compromiso de cumplirlo por diez de los candidatos que participan en la contienda electoral.

El compromiso suscrito obliga a los candidatos a que al término de su eventual mandato: el 100% de los niños y niñas cuente con un DNI que los identifique; a reducir el número de muertes maternas y de niños menores de un mes; disminuir la desnutrición crónica infantil y la anemia; a que los niños y niñas reciban todas sus vacunas preventivas; a elevar la comprensión lectora y lógico – matemática de la niñez; mejorar la cobertura de protección contra la violencia y proveer de servicios a la niñez y adolescencia que trabaja.

Firmaron la agenda Ollanta Humala (Gana Perú), Ricardo Noriega (Despertar Nacional), Keiko Fujimori (Fuerza 2011), Alejandro Toledo (Perú Posible), Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional), Pedro Pablo Kuczynski (Alianza por el Gran Cambio), Humberto Pinazo (Juste), José Ñique de la Puente (Fonavistas del Perú), Julia Reymer (Fuerza Nacional), Manuel Rodríguez Cuadros (Fuerza Social). Además, las metas fueron respaldadas por el Partido Aprista Peruano y por Cambio Radical.

Mas información:

• Vota por la Niñez
• Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza

Agenda Nacional por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 2011-2016

Seguir leyendo

Mientras en Bagua los familiares de los asesinados y heridos de bala reclaman justicia

En Bagua, la Asociación de Familiares y Víctimas realizan una marcha para exigir justicia.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advierte que la reciente sentencia emitida por el Tribunal Militar Policial contra la generales Muguruza y Uribe podría ser utilizada para evitar que sean  sancionados, en el fuero común, todos los responsables de  las lesiones graves y los homicidios cometidos el 5 de abril del 2009 durante los sucesos del Baguazo.

La sentencia emitida señala penas suspendidas e indemnizaciones que serán entregadas al Estado por no haber cumplido con sus funciones policiales pero no señala en ningún sentido, sanciones e indemnizaciones para los familiares de los muertos y heridos de bala que aun reclaman justicia y reparación.

Por otro lado la denuncia penal, interpuesta, a favor  de los familiares de los fallecidos y heridos en Bagua el 5 de Junio del 2009; se encuentra estancado. Han pasado 20 meses de los hechos y todavía no se ha iniciado la Instrucción.  Por este motivo, en Bagua, la Asociación de Familiares Víctimas del 5 de Junio, realizó el día lunes 14 de marzo una marcha hacia el Poder Judicial donde entregó una carta dirigida al Dr. Uldarico Bohórquez en la que exigen que este proceso avance y se haga justicia

La demanda de Verdad, Justicia y Reparación continua, en tanto que los Informes de la Comisión Investigadora del Congreso de la República aún no han sido debatidos en el Pleno del Congreso. Consideramos que tras esta sentencia hay un objetivo: responsabilizar a dos policías y un militar por los graves hechos de Bagua y dejar en la impunidad a los verdaderos responsables  penales de estos hechos; además de dejar sin reparación efectiva a las víctimas.

Por tal motivo, demandamos una pronta apertura del proceso en Utcubamba, que se haga una efectiva investigación en el fuero común y que se sancione ejemplarmente a los que causaron los sucesos del 5 de Junio del 2009 para que no se repitan.

Lima 15 de marzo del 2011

Datos Relevantes:

• En Febrero del 2010, la Fiscal  Dra. Bobadilla, formuló denuncia penal, por los hechos de Bagua, ante el Segundo Juzgado Liquidador de Bagua, que despacha el Dr. Uldarico Bohórquez, el mismo que solicitó, que esta denuncia se adecuara al Nuevo Código Procesal Penal, la Fiscal apeló este auto y el 30 de Diciembre del 2010, la Sala Penal de Amazonas, señaló, que el proceso se llevará adelante con el Código de 1940. Desde esa fecha se esta a la espera de que el Juez Dr Bohórquez, emita el auto apertorio de Instrucción, que de inicio al proceso penal.

• Según el Informe de la Defensoría del Pueblo se registro la muerte de 33 personas (23 efectivos policiales, 5 personas de la ciudad y 5 personas de comunidades indígenas),  200 personas heridas, 83 de ellas por heridas producidas por proyectil de arma de fuego (PAF).

.

Seguir leyendo

Foto y texto diario La Primera

Activistas de Amnistía Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Coordinadora contra la Corrupción y el Sindicato de Trabajadores de la empresa minera Casapalca hicieron ayer un plantón en el frontis del Poder Judicial para solidarizarse con los dirigentes mineros Pedro Condori y Antonio Quispe, quienes están presos bajo la acusación de haber asesinado a un policía.

La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Marlene Román, indicó que Condori y Quispe, secretario y subsecretario del Sindicato de Trabajadores de la minera Casapalca, respectivamente, son víctimas de “hostigamiento” por parte de la empresa minera.

“La empresa minera Casapalca, coludida con la Fiscalía de Matucana, ha conseguido que Condori sea apresado por tercera vez en dos años y que Quispe también enfrente la cárcel por segunda vez”, dijo.

Román explicó que en septiembre de 2009 Condori fue recluido por primera vez durante siete meses en el penal de Aucallama, en Huaral, por una falsa denuncia de asesinato a un oficial de la policía durante una protesta contra la minera. “Condorí no puedo haber cometido ese asesinato porque estaba en Lima”, aclaró.

El capitán PNP Giuliano Villarreal Lobatón murió de una pedrada en la cabeza durante las protestas de trabajadores mineros que bloquearon en noviembre de 2008 la Carretera Central en la zona de Casapalca.

Luego, en abril de 2010, Pedro Condori y Antonio Quispe, fueron de nuevo apresados tres meses por un bloqueo de carreteras. Después en diciembre de 2011 se les hizo una tercera denuncia por impedir el levantamiento del cadáver de un obrero que murió en trabajos dentro de la mina.

Seguir leyendo

“Perú ha hecho un significativo esfuerzo por enfrentar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Sin embargo, la exclusión de las víctimas de violencia sexual del Plan Integral de Reparaciones empaña esos esfuerzos y es contrario a las obligaciones que derivan del derecho internacional, y que el Perú ha voluntariamente aceptado.” Así lo ha dicho el presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, David Tolbert, con relación al debate sobre la incorporación de víctimas de violencia sexual en el Plan Integral de Reparaciones realizado en el Congreso del Perú.

Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen el derecho de obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida, como ha sido reconocido por numerosos instrumentos internacionales. Este principio – vinculante para el Estado peruano – ha sido también afirmado en forma constante por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo casos relativos al Perú, y por las normas del sistema universal de protección de los derechos humanos. La jurisprudencia de la Corte y las normas del derecho internacional son también muy claras en establecer que el cumplimiento de estas obligaciones no puede ser condicionado a las normas del derecho interno.

Por ello, constituye un error afirmar que la reparación de una conducta no tipificada por la legislación penal interna del Perú generaría una incoherencia en el sistema jurídico. El informe de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia confunde las normas que deben regular el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con las normas de su derecho penal interno. Así lo ha manifestado el Centro Internacional para la Justicia Transicional en carta dirigida a la Ministra de Justicia, a congresistas y a otras autoridades.

La práctica de otros Estados, que también han implementado programas de reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos, reafirma la diferente naturaleza de la obligación de reparar. Tanto Argentina como Chile han reparado a víctimas de violaciones que, al momento de implementarse dichas reparaciones, no estaban descritas en sus legislaciones como delito. Incluso, al calificar a las víctimas titulares de reparación, la Comisión de Prisión Política y Tortura de Chile, no utilizó las normas de su derecho penal, sino las provenientes de las respectivas convenciones internacionales. De otro modo no se explica que hayan sido objeto de reparación formas de privación de libertad que eran legales, dentro de la normativa de la dictadura, pero que imponían sanciones atentatorias contra la dignidad de las personas y contrarias al derecho internacional.

El Perú también ha sido condenado por la Corte Interamericana a pagar reparaciones en un caso de que claramente no involucra una conducta criminal, sino una violación al derecho a la protección judicial, con relación al derecho a la propiedad (Caso Acevedo Buendía y otros – “Cesantes y Jubilados de la Contraloría” vs. Perú), por lo que no tiene sentido denegar la reparación en casos tan graves como los de violencia sexual, en razón de que ellas no están tipificadas en el derecho penal nacional.

Perú no puede desconocer sus obligaciones que derivan del derecho internacional. Debe ser consistente con su compromiso de defensa y protección de los derechos humanos, e incluya en la reparación a las víctimas de violencia sexual.

Lima, marzo 14 de 2011.

Acerca de ICTJ

El Centro Internacional para la Justicia Transicional trabaja para remediar y prevenir las violaciones más graves de los derechos humanos al enfrentar los legados de atrocidades masivas. El ICTJ busca soluciones integrales para promover la rendición de cuentas y crear sociedades justas y pacíficas.

Contactos
Astrid Elena Villegas
avillegas@ictj.org

Lisa Jamhoury
ljamhoury@ictj.org

Sitio web www.ictj.org

Seguir leyendo

Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en suplemento Domingo de La República, 13/03/2011

Me datean que en el debate electoral que está organizando el JNE no van a tocarse temas vinculados con derechos humanos. Al parecer las negociaciones sobre los temas han venido de tiempo atrás, han implicado tensiones varias, y por supuesto el tema de la deuda que tiene el Perú como nación con todos aquellos peruanos y peruanas que han sufrido persecución, desapariciones, torturas y violaciones no es lo suficientemente potable como para ser tocado por los candidatos. Es muy polémico. Es muy complicado. Es un tema en el que varios pueden trastabillar o, incluso, caer en picada.  Por lo mismo se escogen temas como educación, seguridad y desarrollo, que son tan amplios y tan gaseosos en sus premisas, que finalmente todos pueden estar de acuerdo porque, en realidad, es imposible estar en contra. La amnesia sobre los derechos se ha instalado olímpicamente.

Desde el otro lado de la balanza, desde la sociedad civil y decenas de grupos de familiares afectados por el conflicto armado, por el conflicto de Bagua o por las torturas de los piuranos en Majaz, se cocina más bien una búsqueda necesaria, urgente, sin tregua, de memorias. Las memorias siempre son tensas, peligrosas. A veces no es nada agradable echar una mirada sobre el hombre para enfrentarnos “con la resaca de todo lo vivido”, como diría Vallejo. Pero, sin duda, es la manera más sana de hacerle frente a la verdad y, en ese sentido, a la fiereza del futuro. Es cierto que las memorias, sobre todo impuestas desde el Estado, pueden generar versiones esquizoides de la historia pero, sobre todo, lo que hacen es permitir que se abuse de la misma memoria, que se la use de la peor manera. Una forma de eso es también la ausencia de la misma, la amnesia total.

Uno de los grandes analistas de la memoria, Tsevan Todorov, en un libro titulado polémicamente Los abusos de la memoria, propone que: “Una manera de distinguir los buenos usos de los abusos consiste en preguntarnos sobre sus resultados y sopesar el bien y el mal de los actos que se pretenden fundados sobre la memoria del pasado”. Si precisamente apelando a la memoria continuamos con nuestro antichilenismo hasta llegar a la guerra, sería un abuso de la misma; por el contrario, trabajar sobre las duras y dolorosas memorias para buscar consolidar una nación como un solo cuerpo sano sería un buen uso de la misma.

Y en este sentido el nuevo portal web Espacios de Memoria http://espaciosdememoria.pe, una propuesta del Movimiento Para que no se repita, es una posibilidad para ver cómo los propios pobladores del Perú que han estado afectados por el conflicto armado, tanto por el terrorismo como por las fuerzas armadas y policiales, han construido con sus escasos recursos múltiples “memoriales” o “lugares de memoria” que pasan desde el Ama Qonqanapac en Apurímac (también bautizado como El ojito que llora) hasta  el Museo de ANFASEP en Ayacucho, que tiene una famosa “ollita” –un utensilio sencillo– que sirvió para que decenas de apresados sobrevivieran con la poca comida que un soldado piadoso les tiraba día a día. El portal tiene un registro de todos los lugares en los cuales se ha conmemorado una historia vinculada con el conflicto. En Huánuco están los murales “Después del silencio la verdad”; en Arequipa “El Parque del Periodista”; en Villa El Salvador el busto de María Elena Moyano;  en Piura la “Estela de la Memoria”, y así en varias decenas de lugares desde el norte hasta el sur del Perú. Detrás de cada sitio hay, probablemente, decenas o miles de muertos pero, a su vez, sobre ellos se tejen las historias que, espero, puedan proponernos una reconciliación a mediano plazo.

Seguir leyendo

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos  (CNDDHH) expresa su preocupación por las personas heridas producto de la actuación policial durante la protesta de mineros artesanales en el departamento de Madre de Dios.

Según la información recabada por la institución de derechos humanos APORVIDHA, los heridos, que por su estado de gravedad han debido ser trasladados al Cusco, no pueden atenderse con el Seguro Integral de Salud (SIS) , debiendo costear los gastos de los servicios médicos. El problema radica en que el SIS no proporciona cobertura en caso de lesiones originadas por terceros, en este caso las fuerzas del orden.

La CNDDHH considera que esta situación vulnera claramente las obligaciones estatales de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, dado el grave estado y los escasos recursos económicos de las personas heridas.

Además, al no brindar atención médica gratuita a estas personas se están contraviniendo los principios de Naciones Unidas para el uso de la fuerza, que establecen la obligación de proporcionar asistencia médica a las personas afectadas.

Como se recuerda, la intervención de las fuerzas del orden la pasada semana en Madre Dios originó la muerte de dos  mineros artesanales hasta ahora no identificados y al menos 40 heridos. Entre los trasladados al Cusco por su estado crítico figuran los siguientes:

- Adam Aguilar Ulloa (28) heridas por PAF desde el muslo derecho hasta la altura del pecho
- Anibal Yauri Pallani (20), herida por PAF en mandíbula
- Jesus Hancco zea (23).- herida por PAF en pierna derecha y torso
- Saul Osorio Mejia
- Edson Avendaño Mircua
- Yamil Boris Urbina Vásquez

La CNDDHH ha enviado oficios a los ministros de Salud e Interior solicitando que se atienda gratuitamente a estas pesonas y que se adecuen los procedimientos administrativos para evitar que situaciones semejantes se produzcan en el futuro.

Lima, 10 de marzo de 2010

Seguir leyendo

En el próximo debate, los candidatos a la Presidencia deberían exponer sobre temas fundamentales en la agenda de derechos humanos en el país, como sus propuestas para cumplir con las reparaciones a las víctimas de la violencia interna, consideró Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

La activista lamentó que hasta el momento en la actual campaña electoral, ningún candidato haya dado a conocer propuestas acerca de los derechos fundamentales de los peruanos.

Recordó que hace algunas semanas, la organización que dirige remitió a los candidatos un documento conteniendo la agenda pendiente respecto a los derechos humanos, con la finalidad de motivar en ellos el interés sobre estos temas.

No obstante, dijo que no han recibido respuesta alguna de parte de los postulantes.

Por ello, informó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha enviado un grupo de preguntas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que las puedan formular a los once candidatos presidenciales que participarán en el debate electoral de este domingo.

“Hay varios temas para debatir, pero básicamente un tema de fondo es que el desarrollo económico no puede estar divorciado de los derechos humanos ni del derecho a la salud y la educación; esto es básico para la población”, subrayó en declaraciones a la Agencia Andina.

Indicó que también existen temas puntuales sobre las reparaciones a las víctimas de la violencia interna en el país, asuntos que –dijo- deben ser abordados por todos los aspirantes a la jefatura del Estado.

“Otro de los puntos de la agenda que hemos planteado como agenda prioritaria de derechos humanos es aprobar la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas; de hecho, en estos momentos se encuentra en una especie de pantano jurídico”, manifestó.

Manifestó, además, que el Plan Nacional de Derechos Humanos no ha sido difundido entre la población y los operadores de justicia de una manera adecuada.

“Por qué los candidatos no plantean estos temas que se vienen discutiendo hace mucho tiempo, definitivamente demuestra un poco interés y ahora están abocados a cortarse el pelo o atacar al otro”, lamentó.

Fuente: Andina

Seguir leyendo

Familiares esperan la entrega de los restos de sus seres queridos. Foto PASDIH

Despúes de 21 años, el día de ayer fueron entregados a sus familiares 11 restos de víctimas asesinadas el 05 de febrero de 1990 por el accionar de las rondas campesinas en la región Junín.

Los restos pertenecen a 10 varones y 01 mujer, exhumados de dos fosas comunes ubicados en los anexos de Matapa y Manzanayocc, del distrito de Andamarca, provincia de Concepción en la región Junín. Según los familiares los autores de estos asesinatos fue una patrulla de la ronda campesina procedente de la comunidad de Huancamachay, del mismo distrito.

“A mi casa entraron  un grupo de 20 ronderos a eso de las dos de la mañana.  A mi hermano (Oscar Surichaqui Salazar) y a mi sobrino (Glicerio Bacilio Surichaqui) lo torturaron acusándolo de ser senderista y en el patio de mi casa lo asesinaron a golpes. Pero ellos nunca simpatizaron con Sendero, a ellos los mataron porque una familia de la comunidad de Huancamachay les tenía cólera por problemas con mi hermano”, declaró Isabel Salazar Flórez, hermana de dos víctimas.

La entrega estuvo a cargo de la fiscal Ofelia Crispín Aliaga, encargada de la Tercera Fiscalía Penal de Huancayo, quien se comprometió en apoyar a los familiares en los trámites que estuvieran pendientes.

En la ceremonia participó Monseñor Pedro Ricardo Barreto Jimeno, quién ofició una oración en memoria de las once víctimas y de los familiares para que cierren el círculo de dolor que vivieron los 21 años que demoró esperar los restos de sus familiares.

La entrega de las osamentas estuvo organizada por el Organismo de Derecho y Antropología Forense – ODAF; organización designada para el peritaje forense y el reconocimiento de la identidad de los restos, mediante el análisis del ADN. Para esta entrega colaboró el comité Internacional de la Cruz Roja – CICR en solventar los gastos de traslado de los familiares, así como de las osamentas.

Fuente: PASDIH Huancayo

Seguir leyendo

Con motivo de las elecciones generales en el Perú, Amnistía Internacional (AI) dirigió una carta abierta a los candidatos al sillón presidencial a fin de poner en su conocimiento las inquietudes y preocupaciones en  materia de derechos humanos.

AI señala que desde el inicio de la campaña electoral el tema fundamental de la promoción y protección de los derechos humanos ha permanecido en gran medida ausente de los debates y comentarios de los candidatos. Asimismo, preocupa a AI que representantes de los partidos políticos que participan en la contienda electoral hayan realizado declaraciones contrarias a principios de derechos humanos que el Perú se ha comprometido a respetar.

AI carta a candidatos presidenciales Perú 2011

Seguir leyendo

Martin Scheinin en el Consejo de Derechos Humanos. Foto ONU

El relator de la ONU para la Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, Martin Scheinin, advirtió que la descripción de “grupos hostiles” que hace el decreto ley 1095 vigente en Perú podría legitimar el uso de la fuerza militar contra protestas sociales de los pueblos indígenas.

Scheinin informó al Consejo de Derechos Humanos este lunes sobre los progresos reportados en esas garantías en ese país andino después de la visita que realizara en septiembre pasado.

“Reconocemos la creación de la Comisión de la Verdad y el avance en el otorgamientos de reparaciones a las víctimas del terrorismo y de las medidas contrainsurgentes del Gobierno. Sin embargo, pedimos que se garantice la presencia plena de la mujer en los programas de resarcimientos”, dijo Scheinin.

El experto también encomió la derogación del decreto 1097, cuya aplicación hubiese resultado en la impunidad para funcionarios del Estado que cometieron graves violaciones de derechos humanos en décadas pasadas en nombre de la lucha contra el terrorismo.

Fuente: Radio ONU

Seguir leyendo