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En Putis y Lucanamarca se iniciará la marcha hacia Lima de afectados por la violencia política

Delegaciones de afectados por la violencia política de diferentes regiones del país participarán en la marcha prevista para el martes 17 de abril en Lima. Foto: Paz y Esperanza

Todo está listo. Este domingo 15, las organizaciones de afectados por la violencia política iniciarán su marcha de sacrificio en la comunidad de Putis – Huanta, lugar donde se encontró la fosa común más grande del Perú; y el lunes 16, en Lucanamarca – Huancasancos, escenario de una cruel matanza a 69 campesinos.

La delegación proveniente de Putis tendrá que caminar aprox. ocho horas, llegar a Ayacucho el lunes 16 y finalmente enrumbar a la ciudad de Lima para estar en la marcha este martes 17. Mientras que la delegación proveniente de Lucanamarca saldrá el lunes 16 y llegará directamente a Ica para luego viajar a Lima.

Doris Caqui, presidenta de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política – CONAVIP, anunció que de Ayacucho viajará una delegación de 300 personas. Así mismo, está previsto que un total de 1200 manifestantes de Apurímac, Huancavelica, Junín, Puno, Pasco, Huánuco, Lima, Ancash, San Martín, entre otros, se concentrarán en el Ojo que Llora a partir de las ocho de la mañana.

Líderes de las organizaciones de afectados por la violencia política informaron que esta marcha tiene como objetivo principal exigir la modificatoria del Decreto Supremo 051, que dispone el monto de diez mil soles para las reparaciones económicas individuales. Tema que no fue abordado por el presidente de la república durante su visita a Lucanamarca, sólo se mencionó el presupuesto para las reparaciones integrales de este año.

“Es increíble que hayan funcionarios del Estado que ganen más de 10 mil soles, mientras miles de víctimas de la violencia que perdieron sus familiares, sus bienes económicos y que vieron pisoteada su dignidad tengan que recibir este monto después de muchos años de exigir justicia. Esperamos que estas autoridades se solidaricen con las demandas de esta marcha” mencionó Honorato Méndez, coordinador del Movimiento de Derechos Humanos de Ayacucho.

Además, anunció que dicho colectivo apoya la marcha y estará atenta a todo el recorrido

Fuente: Paz y Esperanza


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APRODEH expresa preocupación ante negativa del Ministerio Público de tomar muestras de ADN para identificar los restos hallados en el ex Cuartel Los Cabitos

La exhibición de prendas estará hasta el 13 de abril en el Centro Cultural de la universidad San Cristóbal de Huamanga

La Asociación Pro derechos Humanos – APRODEH, informó que hasta el momento se identificaron las prendas de 9 desaparecidos durante la exhibición de prendas de vestir de los restos hallados en el ex Cuartel Militar Los Cabitos iniciada el 11 de abril de 2012. Actualmente se muestran los objetos de 58 restos exhumados para que los familiares y allegados de las víctimas reconozcan a sus seres queridos.

De las prendas reconocidas, 3 corresponderían a varones jóvenes de 15 a 20 años. Las otras corresponden a adultos (5 varones y 1 mujer) de entre 25 y 35 años de diferentes provincias de la región Ayacucho y desaparecidos en distintos años.

La Dra. Gloria Cano, Responsable del Área Legal de APRODEH señaló que a pesar de la importancia de esta diligencia existe una gran preocupación por las trabas puestas por el Ministerio Público para realizar la toma de muestras de ADN, lo cual permitiría tener la certeza al 100% de la identidad  los restos.

“Esta negativa implica nuevamente la postergación de las expectativas de los familiares a su derecho de identificar a sus seres queridos. Están menoscabando la necesidad de  ellos con criterios absurdos, aduciendo que no tienen suficientes fiscales para apoyar en esta tarea.  Sin la participación de un fiscal en la toma de muestras, este procedimiento carece de valor legal”.

Cabe recordar que APRODEH patrocina a casi la totalidad de familiares de las víctimas.

Esta Exhibición de prendas estará hasta el 13 de abril en el Centro Cultural de la universidad San Cristóbal de Huamanga, a cargo de la Primera Fiscalía Penal Supra Provincial de Ayacucho. Esta diligencia es apoyada por la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH y otros organismos de Derechos Humanos.

Datos:

Durante los años 1983 y 1985, Ayacucho se convirtió en el principal escenario de la violencia. La cruenta acción terrorista por parte de Sendero Luminoso trajo como respuesta una feroz represión por parte de las Fuerzas Armadas. Así, el Cuartel General “Los Cabitos” se convirtió en el principal centro clandestino de reclusión, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de todo el departamento.

A partir del año 2005 se logró ubicar y determinar la existencia de numerosas fosas, en lo que fuera el campo de entrenamiento del mencionado cuartel, zona conocida como la Hoyada, lográndose la recuperación de más de un centenar de restos humanos.

Fuente: Aprodeh

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CNDDHH expresa preocupación por despliegue militar en Cajamarca

CNDDHH expresa preocupación por despliegue militar en Cajamarca

La CNDDHH, y las 79 organizaciones que la conforman, expresa su preocupación, tanto a las autoridades como a la opinión pública, ante el reciente despliegue militar en Cajamarca, donde las informaciones hablan de la llegada de hasta 700 militares. Nos preguntamos por la finalidad del traslado de personal militar a la zona, pues dichos efectivos sólo están preparados y especializados en conflictos armados externos, y dada la información con la que contamos, no existe ningún objetivo de esa naturaleza que pueda justificar esta operación.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “subraya que el control de la violencia suscitada en el marco de una protesta social es competencia exclusiva de cuerpos oficiales civiles (…) y no así de fuerzas armadas militares”. Precisa además la CIDH que “el entrenamiento y preparación de las Fuerzas Armadas, está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles” y que “la intervención  de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna (…) acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos”[1].

Si bien se han presentado situaciones de conflicto social en la zona, consideramos que el despliegue de un contingente tan grande de personal militar lejos de garantizar los derechos de las personas lo que  hará es incrementar la tensión y exacerbar la desconfianza de la población hacia el Estado y su rol de proteger a todos los ciudadanos sin discriminación.

Por todo ello, nos unimos al llamado al diálogo de la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo, a la vez que solicitamos a las autoridades pertinentes el repliegue de los efectivos militares trasladados a Cajamarca, de modo que el control del orden interno quede circunscrito a la actuación de la Policía Nacional del Perú, tal y como lo determinan los artículos 137 y 165 de nuestra Constitución.

Ver los llamados de la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo en: http://derechoshumanos.pe/2012/04/conferencia-episcopal-y-defensoria-del-pueblo-piden-reestablecer-el-dialogo-en-cajamarca/


[1] CIDH: Segundo Informe sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, en las Américas, 31 de diciembre del 2011, p. 59. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf

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Conferencia Episcopal y Defensoría del Pueblo piden reestablecer el diálogo en Cajamarca

Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Defensor del Pueblo (e) invocan a analizar el peritaje y restablecer el diálogo en el caso Conga

Ante el anuncio del Poder Ejecutivo de dar a conocer –en los próximos días- el peritaje realizado sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Conga; ante las movilizaciones programadas por organizaciones sociales en el departamento de Cajamarca y el desplazamiento de personal militar a la zona, el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y el Defensor del Pueblo (e) consideran su deber señalar lo siguiente:

1.    Invocamos a las autoridades nacionales, regionales, locales y dirigencias sociales a restablecer el canal del diálogo, que en una democracia nunca debe ser interrumpido, y que constituye la mejor vía posible para resolver pacíficamente los conflictos.

2.    Queremos prevenir la ocurrencia de lamentables hechos de violencia. Los peruanos y peruanas no podemos tolerar que nuestras discrepancias produzcan muertes y destrucción. Por el contrario, todos los peruanos debemos perseverar en el diálogo, en la prudencia y en la búsqueda permanente de soluciones pacíficas.

3.    Las tensiones y desencuentros producidos a raíz del desarrollo del proyecto minero Conga, deben ceder paso a la creación de opciones de solución viables y justas.

Por ello, siendo el peritaje un documento altamente técnico, y que contendría respuestas a preguntas centrales sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Conga, recomendamos su más amplia y completa difusión; así como una lectura cuidadosa y objetiva del mismo que permita su cabal comprensión. Es, por consiguiente, inconveniente que se convoque a movilizaciones sin haber cumplido previamente con la obligación de toda autoridad y dirigencia social de conocer en profundidad un documento de la importancia que tiene éste.

4.    Invocamos a las autoridades nacionales, regionales, locales y las dirigencias sociales a realizar su mejor esfuerzo por restablecer el diálogo en el más breve plazo, y considerar la actual circunstancia como una oportunidad extraordinaria para avanzar en la solución de este conflicto.

5.    En ese sentido, una vez realizado el análisis de la documentación respectiva, exhortamos a las autoridades concernidas, a promover y sostener reuniones de trabajo en las que expresen de manera amplia sus opiniones, se esclarezcan las dudas subsistentes y se aproveche esta información para llegar a acuerdos.

El Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo abrigan la esperanza de que el diálogo sincero y de buena voluntad haga retroceder la violencia y cree soluciones justas. En esa dirección, nos comprometemos a colaborar decididamente en lo que nos sea requerido, a fin de evitar la violencia y encontrar las mejores soluciones para Cajamarca y para todos los peruanos y peruanas.

Lima, 9 de abril de 2012

Mons. Salvador Piñeiro,                                                                 Eduardo Vega Luna
Arzobispo de Ayacucho                                                                 Defensor del Pueblo (e)
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

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Fujimori nunca más

Publicado el 09 April 2012 por admin en Opinión, blog

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Fujimori nunca más

Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, Kolumna Okupa, domingo 08 de abril de 2012.

El 5 de abril de 1992 fue una vergüenza para nuestra sociedad que lo aprobó en un porcentaje altísimo porque pedía a gritos mano dura. Y tuvimos esa mano dura, solo que también fue una mano larga: esa fecha inicia la consolidación del latrocinio sistemático del Estado con cuentas en Islas Caimán u otros paraísos fiscales que aún no son repatriadas; de la delincuencia en las más altas esferas de las Fuerzas Armadas; de la genuflexión de los generales y los coroneles ante Vladimiro Montesinos; de la venta al peso de las conciencias de los dueños de los medios de comunicación y sus lacayos, los periodistas que se agacharon no por un plato de lentejas, sino por su camioneta 4×4; de la imbecilización del pueblo a través de una televisión bruta y funcional al autoritarismo del autócrata. Habría que recordar con arcadas esta desmesura inmoral. Sin embargo, algunos pretenden justificarla y encima la aprueban. ¡Deberíamos arrancharnos, más bien, la piel de vergüenza por ese porcentaje que sigue pensando en un caudillo como libertador y salvador!

A partir del 5 de abril, e incluso mucho antes, se consolidó la organización de todo un sistema desde el Estado para matar gente sospechosa de terrorismo, y no sospechosa. Si bien es cierto que los presidentes anteriores, Belaunde y García, se lavaron las manos y dejaron en las de los militares la represión del terrorismo en Ayacucho y Huancavelica permitiendo que se masacrara a mucha gente y se violara sexualmente a muchas mujeres, Fujimori consolidó todo esto, con la presencia de Nicolás de Bari Hermoza, hoy en la cárcel, como presidente del Comando Conjunto. A su vez, Fujimori no tuvo la dignidad de reorganizar el tejido social, todo lo contrario, lo cooptó a través de un asistencialismo denigrante que no consideró jamás el tema de la inclusión sino solo el de la conmiseración, y mantuvo una televisión que además logró difundir en la opinión pública la invención del tele-pobre, es decir, de ese pobre sin ética y amoral que además era funcional a ese mismo asistencialismo negando cualquier actitud crítica. Fujimori desbarató lo poco que quedaba del movimiento popular, y como bien ha sostenido Víctor Vich, logró perfeccionar el capitalismo insensible camuflándolo como emprendedurismo. El “chorreo” y el “perro del hortelano” son sus hijos bastardos.

El 5 de abril fue inmoral a todo nivel, fue el principio de la cochinada, y justificarlo, en retroceso, es ser verdaderamente necio o ignorante o querer taparse los ojos. O tener el cinismo de Keiko Fujimori –qué le queda a la hija “loser” del autócrata– para decir que “después de esa medida excepcional, se creó un Estado moderno con crecimiento, estabilidad y paz”. ¿Entonces por qué tu papá está en la cárcel?, ¿acaso van a alegar, como Abimael Guzmán, que todo esto no es sino revanchismo político? El pueblo se amodorra, pero no se duerme, señores y señora.

La democracia es difícil, es tensa, hay que pelearla, gasta y desgasta, da cólera; pero es la forma de actuar con dignidad. Lo más fácil es pedirle a un caudillo que venga a solucionar nuestros problemas y darle todo el poder lamiéndole los zapatos. Yo no me agacho, menos para amarrarle los cordones de las botas a nadie. ¿O ya olvidamos esa estrofa del himno nacional que reclama levantar la humillada cerviz?

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Jóvenes recuerdan 20 años del autogolpe de Fujimori (Imágenes)

El fotógrafo independiente Carlos Gastelumendi registró las diversas actividades artístico – políticas que realizaron los jóvenes de diferentes colectivos el 4 de abril en la Plaza San Martín de Lima, con motivo de recordar los 20 años del autogolpe de Alberto Fujimori.

Aquí, algunas de sus fotografías.

Para ver todas las fotos siga el siguiente link:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150916745254409.519145.606629408&type=3

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Se acuerda iniciar proceso de fiscalización al EIA de la empresa Savia en reunión entre representantes del Frente de Defensa de la Bahía de Sechura y la Comisión de Energía y Minas del Congreso

NOTA DE PRENSA

Se acuerda iniciar proceso de fiscalización al EIA de la empresa Savia en reunión entre representantes del Frente de Defensa de la Bahía de Sechura y la Comisión de Energía y Minas del Congreso

El 4 de abril se reunieron en el Congreso de la República representantes del Frente de Defensa de los Intereses de la Bahía y Provincia de Sechura, incluido su Presidente, Amaru Ipanaqué, con la Comisión de Energía y Minas, presidida por Martín Rivas, para dialogar sobre el conflicto en torno a la construcción de un gasoducto submarino, proyecto de la empresa Savia Perú (la Empresa).

Como resultado de la cita, cuya duración fue de aproximadamente 40 minutos, la Comisión se comprometió a iniciar un proceso de fiscalización inmediato contra la Empresa en lo que respecta al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

Ipanaqué, en representación del Frente de Defensa, declaró estar conforme con lo acordado, si bien a la expectativa de que se haga efectiva la fiscalización: “Continuaremos con todas las vías de diálogo… que no se ignore la petición del pueblo de Sechura”, concluyó.

Ramón Correa, miembro del Frente de Defensa, añadió que la búsqueda permanente de diálogo con el Estado ha sido una prioridad en todo momento, así como de una respuesta pacífica al problema. Del mismo modo, negó cualquier responsabilidad del Frente de Defensa en la violencia que culminó en la muerte de los ciudadanos Cristian Alvarado Frias y Luis García Guerrero, a la vez que denunció que la Empresa ya ha iniciado una persecución a los dirigentes. De ser respaldada por el gobierno, tal persecución será tomada como una señal de mala fe en el proceso de diálogo, advirtió Correa.

Precisamente, fueron una serie de irregularidades denunciadas por el Frente de Defensa sobre la audiencia pública convocada por la Empresa como parte del proceso de aprobación del proyecto las que terminaron por desencadenar las protestas de la semana pasada, con dos muertos como resultado del enfrentamiento entre la población y las fuerzas policiales, indicaron los representantes.

Los dirigentes señalaron que el 85% de la economía de Sechura participa de la industria pesquera, que genera 35 mil empleos directos y de la cual dependen 1226 microempresas.

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IDL: A los 20 años del golpe del 5 de abril

Publicado el 04 April 2012 por admin en Noticias

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IDL:  A los 20 años del golpe del 5 de abril

Nada puede justificar una dictadura

Con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 se dio inicio a una etapa siniestra de la historia reciente de nuestro país que se caracterizó por una práctica sistemática de desinstitucionalización y copamiento, por graves violaciones a los derechos humanos, por incontrastables niveles de corrupción  que alcanzaron las esferas más altas del poder y de las Fuerzas Armadas, por el envilecimiento de la política, el fraude a la voluntad popular, por la compra de medios de comunicación, y una búsqueda incesante de ocultamiento e impunidad.

Esa dictadura tuvo a la base una organización  criminal liderada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, quienes se aprovecharon de la precariedad del Estado, del descrédito de los partidos políticos, de la sensibilidad frente al terrorismo y de la pobreza de significativos sectores, para desarrollar una estrategia efectista, populista y asistencial, que no resolvió  los problemas más severos de la sociedad.

Han transcurrido 20 años de este severo atentado contra el Estado de Derecho, y a la luz de la  soterrada o abierta apología que algunos sectores hacen, nos reafirmamos en lo que dijimos en el momento que esto ocurría. Nada puede justificar una Dictadura.

Pero también este 7 de abril se cumplen 3 años de la sentencia condenatoria dictada por la Sala Penal Especial del Poder Judicial contra Alberto Fujimori por la comisión de crímenes de lesa humanidad en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Esa histórica sentencia fue el resultado de un proceso judicial estrictamente respetuoso del debido proceso, que hoy constituye un verdadero hito a nivel mundial en la lucha contra la impunidad. Una verdadera lección de democracia.

Instituto de Defensa Legal

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Lucanamarca, una tragedia que no debemos olvidar

Hace 29 años Sendero Luminoso perpetró una atroz masacre contra la comunidad de Lucanamarca.

69 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron asesinados por SL en Lucanamarca. La CVR realizó la exhumación de las víctimas que recibieron sepultura digna en enero de 2003. Foto: Comisedh

Un día como hoy, 3 de abril de 1983, Sendero Luminoso perpetró una atroz masacre contra la comunidad de Santiago de Lucanamarca, asesinando a 69 personas. Este año se cumplen 29 años y las autoridades distritales han programado diversas actividades para recordar este día. La ceremonia oficial será el martes 10 de abril a la que han confirmado su presencia autoridades del gobierno central, regional y provincial.

El 3 de abril de 1983, un grupo de senderistas ingresó a varios parajes en la puna camino a Lucanamarca y asesinó con armas de fuego y machetes a 69 personas, entre hombres, mujeres y niños. Esta acción armada fue decidida y ordenada por el Comité Central de Sendero Luminoso, en represalia por el levantamiento de los pobladores organizados de las comunidades de Huanca Sancos contra el senderismo.

En la ‘Entrevista del Siglo’ publicada en El Diario, en 1988, Abimael Guzmán cabecilla de Sendero Luminoso señaló que Lucanamarca fue una acción de respuesta por el “… uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria…” que esta acción “era un golpe contundente para sofrenarlos, para hacerles comprender que la cosa no era tan fácil…” refiriéndose al levantamiento de los pobladores.

En noviembre del año 2002, la Comisión de la Verdad y Reconciliación realizó la exhumación de las víctimas, que finalmente recibieron sepultura digna en enero de 2003.

El 13 de octubre de 2006, en el marco del Megaproceso contra la cúpula senderista, la Sala Penal Nacional condenó a cadena perpetua a Abimael Guzmán y a Elena Iparraguirre, junto a otros once implicados con diferentes condenas por los atentados y asesinatos que cometieron desde que iniciara su insurrección armada contra el Estado en 1980. Las pruebas presentadas sobre la masacre de Lucanamarca fueron contundentes para la sentencia condenatoria.

La Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH, acompañó a los familiares de las víctimas en su búsqueda de justicia. Posteriormente ha desarrollado acciones cuyo objetivo es recomponer el tejido social destruido a consecuencia del conflicto armado interno.

Los sobrevivientes, descendientes y población en general, guardan en su memoria la trágica experiencia que les tocó vivir, pero dirigen su mirada al futuro, donde esperan que el Estado cumpla con su rol y promesas así como atienda las necesidades de todos sus pobladores.

Fuente: COMISEDH


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CIDH culmina el 144 Período de Sesiones

Publicado el 02 April 2012 por admin en Noticias

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CIDH culmina el 144 Período de Sesiones

Ver informe completo (anexo a este comunicado)

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 144o Período ordinario de Sesiones del 19 al 30 de marzo de 2012. La CIDH está integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; y por Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, Rosa María Ortiz y Rose-Marie Belle Antoine. El Secretario Ejecutivo es el Dr. Santiago A. Canton.

En primer lugar, la Comisión desea resaltar la importancia histórica de que por primera vez en su más de medio siglo de existencia, la CIDH sesionó con una mayoría de integrantes mujeres.

La Comisión saluda los avances en materia de derechos humanos sobre los cuales fue informada durante estas sesiones, así como los esfuerzos realizados por los Estados por mejorar la situación de los derechos humanos de sus poblaciones. De igual manera, la CIDH valora y agradece la activa participación de víctimas, peticionarios y representantes de los Estados en las audiencias y reuniones de trabajo.

Por otra parte, la Comisión condena las represalias y acciones de descrédito contra personas que acuden a audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de altas autoridades estatales.

Por otro lado, la Comisión expresa su preocupación ante la información recibida sobre varios problemas en materia de derechos humanos que persisten en la región. Estos se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.

Específicamente, la CIDH recibió información preocupante en estas sesiones sobre la falta de acceso a la justicia para mujeres adolescentes víctimas de violencia sexual, el impacto de las industrias extractivas, en especial sobre los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes, y la situación de triple discriminación histórica que han enfrentado las mujeres indígenas con base en género, identidad indígena y pobreza. La CIDH expresa su preocupación ante información recibida sobre la discriminación y la violencia contra mujeres indígenas en varios países de la región y sobre la impunidad que suele prevalecer en los graves crímenes que se comenten contra ellas, incluyendo asesinatos y desapariciones.

En este contexto de graves afectaciones a los derechos humanos de personas y grupos de personas en todos los países de la región, el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos adquiere una relevancia especial, por ser ellos y ellas una primera línea de defensa que tienen todas las personas. Consciente de ello, la Comisión Interamericana presentó durante estas sesiones el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, que indica que los obstáculos a su trabajo, que fueran identificados en 2006 en el Primer Informe de la CIDH, no sólo persisten, sino que en algunos casos se han intensificado. Continúan las ejecuciones extrajudiciales, las agresiones, las desapariciones forzadas, las amenazas, los seguimientos y allanamientos, así como los señalamientos por parte de altas autoridades que desprestigian y estigmatizan su labor. En este sentido, en una de las audiencias de estas sesiones se recibió información sobre restricciones indebidas a la libertad de asociación, que afectan seriamente la capacidad de la sociedad para organizarse a fin de ejercer sus derechos. Los participantes en la audiencia indicaron que se utiliza el derecho penal en contra de miembros de las organizaciones que reciben financiamiento internacional.

En este contexto, resulta imperioso y urgente proveer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con los recursos humanos y financieros necesarios para hacer frente a estos desafíos y cumplir con su mandato, ya que el sistema interamericano es la última instancia para millones de personas que buscan justicia.

En este sentido, en la audiencia “Proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos”, una coalición que agrupa a 700 organizaciones de derechos humanos de las Américas afirmó que ante la grave vulneración de derechos humanos, crisis humanitarias, y preocupantes índices de iniquidad y violencia que registra la región, el sistema interamericano “es una de las herramientas más importantes de protección de los derechos humanos”. Las organizaciones indicaron que algunos gobiernos buscan impedir que la CIDH realice su labor.

Asimismo, durante las sesiones, la Comisión analizó el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA para reflexionar sobre el trabajo de la CIDH con miras a fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. La CIDH continuará el diálogo con los Estados y la sociedad civil a fin de hacer cada día más efectiva la protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas en todos los países miembros de la OEA.

La CIDH desea resaltar la importancia de que el gobierno de Estados Unidos otorgue las visas para que las personas puedan participar en audiencias y reuniones de trabajo. La CIDH reitera que es de importancia fundamental para el funcionamiento adecuado del sistema interamericano que todas las personas que desean acudir a la Comisión Interamericana puedan hacerlo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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No nos acostumbremos a los muertos

Publicado el 02 April 2012 por admin en Opinión, blog

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No nos acostumbremos a los muertos

Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, Kolumna Okupa, 01 de abril 2012.

No es una historia nueva. Tiene siglos. La defensa de derechos ha sido incomprendida y otras tantas reprimida, pero, si no fuera por todos aquellos caídos, las mujeres no podríamos ejercer nuestros derechos civiles y los mineros trabajarían 20 horas diarias, no habría posibilidad de salud  pública o de escuelas gratuitas. Parafraseando a un famoso cantante podríamos decir que son muchos, millones, los muertos de nuestra (precaria) felicidad. En unos 150 años, los jóvenes cajamarquinos o piuranos o madredinos tendrán que recordar a los caídos por evitar la destrucción de árboles o lagunas o la construcción de hidroeléctricas que no hayan inundado miles de hectáreas, aunque al mismo tiempo se preguntarán si no pudieron evitarse todas esas muertes. Y hoy por hoy no podemos sino avergonzarnos de que la cifra de los muertos por uso excesivo de la fuerza durante la represión en conflictos sociales sea de 196 personas en los últimos cinco años y de que, en efecto, todas hubieran podido evitarse.

La Defensoría del Pueblo ha publicado un documento que recomienda el uso de otro tipo de armamento para enfrentar los posibles desmanes durante los momentos más tensos de los conflictos sociales, precisamente debido a las 196 bajas que debemos lamentar desde hace cinco años hasta hoy. Con una policía entrenada, con armamento no letal, con posibilidades múltiples de disuadir sin represiones sangrientas, se puede avanzar. Por supuesto que, por el otro lado, se debe exigir a los líderes de los movimientos sociales que no sean irresponsables y que asuman un liderazgo serio y consecuente; muchas veces azuzar a la población es totalmente fatal ante circunstancias en las cuales cualquier mínima provocación permite el descontrol. A su vez, el Estado debe imponer autoridad y no exponerse al autoritarismo más gratuito. Se cree que demostrando mayor potencia de fuerzas se podrá detener a la población cuando, en el paroxismo del conflicto, eso no hace sino más que instigar a dar la contra.

En un video producido por la Defensoría del Pueblo y que acompaña el documento mencionado, Javier Torres, de SER y una de las personas que saben más de conflictos, sostiene enfáticamente que los conflictos son consustanciales a la sociedad y por lo tanto se debe aprender a vivir con ellos. Son los conflictos de intereses contrapuestos los que, precisamente, hacen avanzar a la democracia. Las protestas sociales por eso están totalmente permitidas y son un derecho de la población en general y es por eso que los niños, desde el nido, aprenden a salir con sus carteles por las calles, porque manifestarse es una de las grandes posibilidades de ejercer ciudadanía.

Pero el Estado debe saber prevenir y creo que en eso este gobierno también está fallando. En Washington el ministro de Justicia nos dijo, en una audiencia de la CIDH, que este gobierno no criminaliza la protesta. Pero a su vez recordó que el “primer muerto de Ollanta Humala” fue por evitar la construcción de un penal en Ica. El diálogo no puede llegar después de los muertos; acostumbrarnos a eso nos coloca más allá de la vergüenza moral. Y espero –sí, aún tengo esperanzas– que el presidente Humala no siga la infamante tesis del perro del hortelano y sepa hablar antes de reprimir. El Estado ya no puede seguir ausente.

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Eduardo Carreño visitó la CNDDHH para hablar de la situación de DDHH en Colombia, a propósito de su gira por la región

Un equipo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se reunió hoy con el Dr. Eduardo Carreño Wilches, directivo del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de Colombia, para discutir sobre la situación actual de derechos humanos en dicho país. También asistieron a la reunión Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH, Pablo Zavala, del Instituto de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP), Ercilio Moura, del Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), y Francisco Soberón y Gisela Astocondor, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

De izquierda a derecha: Eduardo Carreño, Miguel Jugo, Gisela Astocondor, Francisco Soberón. Foto: CNDDHH.

Con 32 años de experiencia defendiendo a presos y perseguidos políticos, Carreño explicó el rol de las organizaciones defensoras de DDHH, en especial en la lucha legal contra los abusos del paramilitarismo, donde todavía la impunidad se mantiene generalizada. En este marco, cabe destacar una serie de logros en los procesos judiciales, como la condena efectiva de 4000 paramilitares, incluidos varios generales implicados, así como el destape de las conexiones entre el paramilitarismo y los partidos políticos, empresarios, y funcionarios públicos en todos los niveles. De más de 130 miembros del Congreso (de un total de 268) vinculados con el paramilitarismo, ya se encuentran condenados y presos más de 60, incluido Mario Uribe, primo del ex-Presidente Álvaro Uribe. No obstante, quedan alrededor de 70 parlamentarios involucrados en libertad, con pruebas suficientes para lograr condenas, muchos de los cuales han sido reelegidos y siguen legislando.

La contracara de estos logros se evidencia en la constante amenaza a la que se ven sometidos los integrantes y activistas de las organizaciones enfrentadas al paramilitarismo. El colectivo de abogados al que pertenece Carreño, por ejemplo, hace de parte civil de más de 200 casos, muchos de los cuales ya han concluido en condenas, incluidas a varios generales. Incluso en el marco de múltiples amenazas y hostigamiento, los organismos defensores de DDHH han logrado algunos triunfos. Destacó el caso de Jorge Noguera, quién dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre el 2002 y el 2005, y que fue eventualmente condenado por filtrar información precisamente a agentes paramilitares sobre las personas a las que su organización debía proteger.

Su paso por el Perú es parte de una gira por distintos países sudamericanos para entablar lazos y fortalecer la institucionalidad de las organizaciones de DDHH en la región.

Más sobre el paramilitarismo

En Colombia los paramilitares han actuado bajo el amparo y apoyo –logístico y de inteligencia– del Estado, representado por las Fuerzas Armadas, produciendo graves crímenes de DDHH como son las ejecuciones extrajudiciales. En esta línea, la facción política denominada uribismo, es decir, el grupo político que apoya al ex-Presidente Álvaro Uribe, se encuentra ampliamente involucrada. Actualmente, hay 1500 militares colombianos presos por apoyo a acciones paramilitares, esto se ha logrado a la labor de acompañamiento a las víctimas y sus familiares por parte de organizaciones de la sociedad civil, así como también, del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, la CIDH y la UE, las cuales, tiene oficinas regionales en el país.

Algunos datos sobre el conflicto armado en Colombia

  • 50 000 personas ejecutadas extrajudicialmente.
  • 62 000 desaparecidos.
  • 6 millones de desplazados internos.
  • Violencia sexual generalizada en las regiones del norte; apenas 500 denuncias.
  • Permanentes amenazas a jueces y defensores de DDHH.
  • Problemas de tierras que implican más de 7 millones de hectáreas.

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Esterilizaciones forzadas no deben quedar impunes

Asociaciones defensoras de los derechos de la mujer exigen al gobierno que se inicie de una vez el proceso contra los responsables de los abusos, los cuales, manifiestan, son crímenes de lesa humanidad y no deben prescribir.

Tomado de La República 30/03/2012

“¡Ha pasado tanto tiempo y no he encontrado paz ni justicia!”, revela con indignación Jacinto Salazar, quien vive en la humilde comunidad de La Encañada, en Cajamarca, acompañado de sus siete hijos.

Él es esposo de María Mamérita Mestanza, quien el 4 de abril de 1998, luego de ocho días de haber sido operada por una ligadura de trompas, falleció y se convirtió en una de las miles de afectadas por las esterilizaciones forzadas realizadas por el gobierno de Alberto Fujimori.

María incluso había sido amenazada por el personal del Centro de Salud de su comunidad para que acepte hacerse la ligadura de trompas, es decir, esterilizarse. “Decían que las personas con más de 5 hijos deberían pagar una multa o si no irían presas”, contó el desconsolado marido.

Ayer su opinión se escuchó junto a los reclamos de diversos colectivos feministas y de derechos humanos en la Casona de San Marcos. “Pedimos al presidente Humala que cumpla sus promesas y colabore con la aceleración de la investigación por los casos de esterilizaciones”, expresó Victoria Vigo, otra de las víctimas.

La directora de Demus, Jeannette Llaja, explicó que el 21 de octubre del 2011 la Fiscalía de la Nación resolvió que se reabran las investigaciones del denominado caso “María Mamérita Mestanza Chávez y las esterilizaciones forzadas”.

Sin embargo, alertó, hasta hoy en día no se han revisado los 62 tomos del expediente que contiene los hechos que afectaron a 2.074 mujeres, de las cuales 18 perdieron la vida.

Por esta razón pidió que se priorice este caso para que se aceleren las investigaciones. “Queremos tener todas la facilidades para resolver nuestros casos, que haya un presupuesto para esto y se asigne un fiscal que solo vea únicamente esta investigación”, precisó Llaja.

Pero esto no es todo, también exigen que los casos no se archiven nunca. “Las esterilizaciones forzadas fueron parte de un plan, una política pública y son consideradas delitos de lesa humanidad, los cuales por ley no prescriben”, explicó el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Víctor Álvarez.

En tanto, Josefa Ramírez Peña, activista por el derecho a la justicia y reparación de las mujeres víctimas de esterilización forzada de Huancabamba (Piura), reveló que en su comunidad se detectaron 120 casos de esterilizaciones forzadas.

ACUSAN PRESIONES

Las mujeres afectadas se quejaron por una carta enviada al procurador supranacional, Luis Alberto Salgado. “El documento tiene la firma de Alejandro Aguinaga, uno de los implicados en la investigación al ser el ministro de Salud con las esterilizaciones forzadas”, se quejó Jeannette Llaja.

En la misiva se hace mención a elementos que son parte de la defensa en el proceso de la CIDH contra el Estado. Consideró el mensaje como una forma de “ejercer presión y ensombrecer las investigaciones”.

“Todo tiene que ser más transparente”, concluyó con preocupación.

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Intelectuales y artistas se pronuncian por el caso La Oroya

En un acto público realizado en la Plaza San Martín, en Pueblo Libre,  la plataforma La Oroya por un Cambio presentó un video en el que artistas e intelectuales como Gustavo Bueno, Gianfranco Brero, Pachi Valle Riestra, Julio Pérez del grupo La Sarita, Carlos Tovar “Carlín” y Antonio Zapata expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que la empresa Doe Run reinicie sus labores sin cumplir el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) a la que está obligada.

Mas información: laoroyaporuncambio.blogspot.com

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Solidaridad con Daniel Zamudio

Ante el salvaje crimen cometido en Chile contra el joven Daniel Zamudio, la CNDDHH expresa lo siguiente:

1.- Nuestra solidaridad con los familiares y amigos de Daniel y nuestro más enérgico repudio contra la agresión cometida.

2.- Así como Daniel en Chile, en nuestro país una persona a la semana pierde la vida como consecuencia de crímenes de odio. Muchas de estas agresiones son perpetradas por policías y agentes de Serenazgo.

3.- De la misma forma, las personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) sufren una permanente violencia económica y social, que se expresa en la desatención por parte del Estado a sus necesidades específicas en materia de salud, o la ausencia de políticas públicas efectivas para que puedan acceder sin discriminación al empleo, a la educación, o a usar un nombre acorde a su identidad asumida. Todo ello lleva a que, por ejemplo, el promedio de vida de una persona transexual en nuestro país sea menor a los 40 años.

4. Urgimos al Estado peruano que adopte políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos de las personas TLGB en nuestro país. La CNDDHH cree que el Plan Nacional de Derechos Humanos es una oportunidad para ello.

Lima, 29 de marzo del 2012

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