Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Tomado de AlertaPeru

Con miras a sensibilizar a la opinión pública respecto a la problemática de las miles de mujeres ultrajadas durante la época de violencia que asoló el país (1980-2000), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentó esta mañana el spot titulado “Violencia Sexual en el conflicto armado y justicia”.

Según explicó José Luis Cuatindoy, realizador del video, éste material es fruto de las imágenes recopiladas en el desarrollo de un taller en la ONU Mujer, relacionado a reparaciones y violencia de género en conflicto armado, con el objetivo de visibilizar el tema.

La idea -sostuvo- fue dejar de lado la victimización y el olvido. “Estas mujeres son fuertes, trabajadoras, han salido adelante a pesar de problemas y que han criado hijos nacidos a partir de violaciones, incluso a costa de enfrentarse a familias (…) A pesar de eso, ellas son sujetos de lucha, de derechos, que buscan su reivindicación y sin llegar a ser esas víctimas que están en el rinconcito y que esperan una mano para sacarlas (adelante) sino queríamos mostrar la fuerza con que encaran este tipo de situaciones”, resaltó en declaraciones a Alerta Perú.

Por su parte, Jeannette Llaja, directora de Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (DEMUS) opinó que el principal valor del spot radica en que pone de relieve la existencia de mujeres indignadas que aún esperan justicia. “Eso nos devuelve al nivel de responsabilidad a nivel de la sociedad en cuanto a justicia y reparación. Es una deuda pendiente”, aseveró.

Agregó que el video también resulta importante pues el tema de la mujer suele ser invisibilizado. “Las violaciones sexuales no han sido reconocidas con la gravedad de otros casos como las desapariciones forzadas o torturas. Sin embargo, videos como este nos ayudan a identificar el impacto que tiene la violencia sexual en la vida de las mujeres, tanto en épocas de conflicto armado interno como en épocas de paz y cotidianidad, no sólo en Perú sino en otros lugares del mundo”.

En su análisis, Llaja añadió que para acceder a la justicia es preciso que el Estado brinde condiciones para que el proceso se lleve adelante como la asistencia sicosocial para las víctimas. “En el Perú, el Ministerio de Justicia (MINJUS) y los estudios jurídicos gratuitos no están especializados ni tienen como objetivo atender este tipo de casos; y los poquísimos que son investigados por el sistema de justicia están la mayoría de veces patrocinados por organismos de derechos humanos”, puntualizó.

En tanto, Juan Carlos Ubilluz, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) refirió que el video rompe con la denominada “estética humanitaria”, la cual -explicó- consiste en representar a la víctima como un “sujeto animalizado” y a quienes abordan el problema como “un sujeto humanitario y salvador”.

En ese sentido, hizo énfasis en que en este spot “las mujeres hablan desde el dolor, pero a la vez se constituyen en agentes en la demanda de justicia (…) o sea, pasan del dolor a la palabra, a la lucha jurídica y política”.

A continuación, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, hizo propicia la ocasión para recordar a Giorgina Gamboa García, quien fue violada por siete efectivos de las fuerzas policiales (sinchis), en diciembre de 1981, en la localidad de Vilcas, departamento de Ayacucho.

Finalmente, se realizó una rueda de intervenciones de los asistentes, entre los cuáles se contó a representantes de distintas instancias de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; así como de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la Derrama Magisterial, entre otras. Todos coincidieron en saludar la iniciativa y el esfuerzo de la CNDDHH en la producción del material audiovisual.

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Por Francisco Chamberlain, s.j.

Tomado de casariccisj.blogspot.com

En artículos anteriores he tocado el tema de las reparaciones. Sin embargo, es necesario, una obligación moral, volver sobre este mismo tema. La semana pasada el coordinador de CORAVIP-Ayacucho, Percy Huauya Bautista, hizo una llamada a las autoridades de la Región de Ayacucho (el Presidente de la Región, alcaldes provinciales y distritales) de sumarse con cartas apoyando la derogatoria o modificación sustantiva del Decreto Supremo No. 051 del PCM del año pasado, firmado por el entonces presidente, Alan García. Dicho decreto supremo sigue vigente. Este decreto supremo cerraba el registro de víctimas y puso topes de dinero absurdos a los reclamos. El Presidente Humala hasta ahora no lo ha tocado.

Además, Huauya Bautista anuncia una marcha a Lima para el 17 de abril de las víctimas de la guerra a nivel nacional.

Si bien el plazo para entregar las cartas es un plazo de tiempo muy apretado -el 15 de marzo-, la justa causa de las miles de víctimas de la guerra, debidamente inscritas en el registro que el mismo gobierno nacional ha promovido, sigue siendo desatendida por el gobierno y la nación. Decir que esto es un escándalo es decir en verdad muy poco. La demora en atender los reclamos de las víctimas, cuya inmensa mayoría son mujeres y hombres del campo, es simplemente horrorosa y que clama al cielo.

¿Por qué tanta demora? ¿Por qué tanta desidia en atender a estos justos reclamos? Algunos dicen que el problema radica en el Ministerio de Economía y Finanzas, que no hay plata para atender a tantas personas y sus reclamos. En vez de mirar la atención a las víctimas como un gasto del estado -la mentalidad que el D.S. 051 del año pasado evidentemente expresa-, el gobierno y todos nosotros debemos mirarla como una inversión en el futuro del país, una inversión que, al menos en algo, sana las heridas y promueve la inclusión de tanta gente secularmente marginada y menospreciada como verdaderos miembros plenos de la comunidad nacional. La reparación de las víctimas de la guerra no garantiza la inclusión, pero es un paso imprescindible para forjar una comunidad nacional en la que todos tengan el derecho de ser y de considerarse como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. La demora de las reparaciones no hace más que reeditar la historia de separación y desprecio que han sufrido millones de peruanos y peruanas.

El texto de Percy Huauya Bautista toca otros temas. Me llamó la atención la demanda de continuar el trabajo de los forenses. El año pasado la Defensoría del Pueblo afirmaba ante una comisión del Congreso que se estimaba el número de desaparecidos -los muertos y enterrados en fosas comunes- alcanza la espeluznante cifra de 15,000, de los cuales sólo se han recuperado los restos de unos 600. Evidentemente este trabajo de recuperación tiene un costo, pero no es sin más un gasto, sino una inversión en nuestro futuro como nación.

El texto de Percy Huauya Bautista es un texto de una asociación civil, el CORAVIP-Ayacucho. Pero es mucho más que un reclamo de un grupo o sector de las víctimas. Es mucho más que un reclamo de las otras asociaciones de las víctimas como nuestro ANFASEP. Ha de ser un reclamo de toda la sociedad peruana, para hacer que nuestro Perú sea algo más humano, más libre de la lastre de discriminación que tanto ha marcado nuestra historia patria.

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Expertos internacionales emiten declaración con respecto a las represalias contra personas y grupos que buscan a cooperar con las Naciones Unidas, la Comisión Africana de Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Un grupo de expertos internacionales sobre la situación de los defensores de derechos humanos instó hoy a los gobiernos del mundo a poner fin a las represalias contra las personas y grupos que buscan cooperar con los sistemas regionales de derechos humanos y los de las Naciones Unidas. Asimismo, hicieron un llamado a los Estados a facilitar, en lugar de obstaculizar, el acceso de la sociedad civil a las instituciones de derechos humanos regionales y de la ONU.

“Las represalias deben cesar de inmediato, y deben realizarse investigaciones confiables sobre los casos de represalias pendientes”, dijeron los Relatores sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Sekaggya; de la Comisión Africana de Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos (Comisión Africana), Reine Alapini-Gansou; y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco.

“Estas represalias contra personas y/o grupos que participan directamente en la ONU, la Comisión Africana y la CIDH, o que suministran información sobre la situación de los derechos humanos en países determinados, se dan en forma de campañas de desprestigio, acoso, intimidación, amenazas directas, agresiones físicas y asesinatos”, indicaron los expertos.

En un esfuerzo por salvaguardar la vital colaboración entre la sociedad civil y los mecanismos de derechos humanos regionales y de las Naciones Unidas, los tres Relatores hicieron un llamamiento a favor de mayor monitoreo y más acciones para hacer respetar los acuerdos normativos y las reglas de procedimiento de la ONU, la Comisión Africana y la CIDH, los cuales prohíben explícitamente las represalias por parte de actores estatales y no estatales.

“Estos pasos hacia una plena rendición de cuentas con respecto a represalias son una medida preventiva importante que debe ser utilizada en combinación con otras medidas a fin de facilitar, en lugar de disuadir, el acceso seguro y sin obstáculos de la sociedad civil a las instituciones de derechos humanos regionales y de la ONU”, destacaron la Sra. Sekaggya, la Sra. Alapini-Gansou y el Sr. Orozco.

Los tres Relatores internacionales apoyaron asimismo la reciente iniciativa de la Presidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Laura Dupuy Lasserre, quien urgió a los gobiernos a poner fin inmediatamente al acoso y la intimidación contra las personas y grupos que asisten a la sesión en curso del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

La Sra. Dupuy Lasserre expresó su preocupación en relación con informaciones recibidas que indican que agentes de Estados y otras personas han utilizado expresiones agresivas e/o insultantes contra representantes de la sociedad civil, y que les han tomado fotografías y los han filmado sin su consentimiento, en las instalaciones de la ONU, incluyendo la sala principal del Consejo, a fin de intimidarlos o acosarlos. Anunció que estas acusaciones serán investigadas

Fuente: CIDH

Ver declaración conjunta de los expertos internacionales

Declaración conjunta con respecto a las represalias contra personas y grupos que buscan a cooperar con las …

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Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, habla del machismo y de la discriminación de género en el Perú que se ha traducido en las violaciones sexuales durante el conflicto armado interno. Entrevista en el programa Radicales Libres de RBC a propósito del Día Internacional de la Mujer.

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Perú: Mujeres víctimas de violencia sexual en conflicto armado exigen justicia.

En el Perú existen 2383 mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno. Después de 30 años de búsqueda aún hay esperanzas de Justicia.

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Arequipa, mujeres pidieron mayor difusión y participación en el PNDDHH. Foto Ceprodeh

Ante la escasa difusión del nuevo Pla Nacional de Derechos Humanos (PNDDHH) las organizaciones de base de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno y los organismos defensores de derechos humanos: Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos Arequipa CEPRODEH y Asociación de Derechos Humanos del Sur ADEHSUR-TACNA,  han creado el GRUPO IMPULSOR DE ORGANIZACIONES DE BASE SUR PERU PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2012-2016, quienes con un plantón  realizado en el frontis del Palacio de Justicia de Arequipa, el día de ayer 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” dieron por iniciado sus actividades.

Los fines del Grupo Impulsor es apoyar con la difusión y sensibilización del nuevo PNDDHH atraves de seminarios, conferencias, plantones, festivales las que serán organizados por los integrantes del Grupo Impulsor de cada región, siendo su principal objetivo organizar pre audiencias públicas en  Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno para recoger diagnósticos sobre derechos humanos de las mencionadas regiones.

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Comisión Episcopal de Acción Social cumple 47 años cuidando la vida plena y la armonía con la creación

CEAS fue creada en 1965 como un órgano de servicio de la Conferencia Episcopal Peruana, para la defensa y promoción de los derechos humanos. Foto CEAS

Nota de prensa de CEAS

Hoy viernes 9 de marzo, desde las 4pm de la tarde, nos reuniremos en el auditorio de la Conferencia Episcopal Peruana, CEP, para celebrar los 47 años de creación de la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS.

Iniciaremos con la celebración de la Eucaristía que será presidida por nuestro Presidente, Monseñor Héctor Vera Colona, obispo de Ica, quien concelebrará con otros obispos y sacerdotes para dar gracias a Dios por estos años de trabajo en las jurisdicciones del país donde colaboramos.

Después de la Misa, tendremos un panel al que hemos denominado: “Inclusión social y desafíos para la Iglesia”. Presentaremos la visión de la iglesia frente a la salud, la movilidad humana, el cuidado del medio ambiente, la situación penal y penitenciaria, los derechos humanos y el desarrollo humano integral, desde la Doctrina Social de la Iglesia y el contexto actual del país. Después del panel los invitamos a un compartir para celebrar nuestro aniversario institucional.

CEAS fue creada el 11 de marzo de 1965, casi al final del Concilio Vaticano II, ese gran acontecimiento eclesial que renovó a nuestra Iglesia. Nuestra institución, La Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS es un órgano de servicio de la Conferencia Episcopal Peruana, CEP, para la defensa y promoción de los derechos humanos cuyo fundamento está en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.

Este aniversario nos encuentra participando y animando procesos de diálogo entre comunidades campesinas, autoridades locales, instancias nacionales del Estado y empresas. Consideramos que nos toca promover estas oportunidades de diálogo para colaborar en la transformación de los conflictos sociales en el país, así como también, abrir oportunidades económicas para los pobres, no solo para la sobrevivencia, sino para el desarrollo humano integral, a través de la economía solidaria y el comercio justo; así como el derecho de las poblaciones rurales, afectadas por la violencia que vivió nuestra patria entre 1980 y el año 2000.

Los esperamos hoy viernes 9 de marzo a las 4.00 p.m., en el local de la Conferencia Episcopal Peruana (Jr. Estados Unidos 838 – Jesús María, Lima).

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Comisedh deplora sentencia que consagra impunidad en el caso “Parco – Pomatambo”

Con respecto a la Resolución Nº 809-2011 sobre las ejecuciones extrajudiciales producidas en las localidades de Pomatambo y Parco Alto, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia (SPP) el día 22 de noviembre de 2011, y recién notificada a la parte civil el día 6 de marzo de los corrientes, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) señala lo siguiente:

1. Por medio de esta resolución, la SPP declaró no haber nulidaden la sentencia de la Sala Penal Nacional de fecha 22 de noviembre de 2010, que absolvió a los presuntos responsables de las ejecuciones extrajudiciales producidas en las localidades de Pomatambo y Parcco Alto, Ayacucho, los días 22 y 23 de octubre de 1986.

2. Como se recuerda, en las fechas y lugares señalados fueron asesinadas doce personas, incluyendo dos ancianos y dos menores de edad, en el marco de la operación “La Despedida-2” llevada a cabo por miembros del Ejército Peruano. No debe olvidarse que el caso “Parcco-Pomatambo” formó parte de las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que, en opinión de la misma, debían ser objeto de las denuncias penales correspondientes en virtud de la existencia de suficientes elementos probatorios.

3. Esta resolución supone un grave retroceso en la lucha contra la impunidad por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno acaecido entre los años 1980 y 2000.

4. Efectivamente, la SPP presidida por el ex-presidente del Poder Judicial, Dr. Javier Villa Stein, yendo en contra de lo señalado por los principales Tribunales Internacionales de Justicia, señala: (i) que no es suficiente la presencia de pruebas indiciarias para demostrar la responsabilidad penal de los autores inmediatos y mediatos de graves violaciones de los derechos humanos realizadas, en el marco de un conflicto armado, por sujetos integrantes de organizaciones militares o para-militares; y (ii) que para probar la responsabilidad penal de un coautor, no basta con demostrar que éste participó junto con otros en la comisión de un delito sino que, además, es necesario demostrar que hubo entre ellos un acuerdo expreso de voluntades para llevar a cabo un ilícito penal de manera conjunta. Sin duda, la aplicación generalizada de estos criterios a los casos de graves violaciones de los derechos humanos acaecidas en el marco de un conflicto armado, supondría consagrar la impunidad en sede judicial de los responsables de los mismos desde que esos contextos, por la propia forma de actuación de las organizaciones militares o para-militares, están claramente marcados por la inexistencia de pruebas directas, tales como ordenes escritas u orales.

5. A nuestro juicio, con este pronunciamiento el Estado peruano, por medio del Poder Judicial, ha incumplido con su obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, tal como lo exige el artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

6. Dado que las expectativas de justicia de los familiares de las víctimas se han visto truncadas en sede interna, el caso “Pomatambo y Parcco Alto” será sometido a la consideración del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, tal como lo permite el artículo 205º de la Constitución de 1993. Confiamos que, en sede internacional, se les otorgue a los familiares de las víctimas la justicia que por más de 25 años el Estado peruano les ha venido denegando.

Lima, 8 de marzo de 2012
Comisión de Derechos Humanos
COMISEDH

Para mayor información contactarse con:
Dr. Hugo Rodríguez, Jefe del área legal
3305255 Anexo 112 / 990086990
Dr. Ernesto Aguinaga
3305255 Anexo 110 / 996216580

Hechos del caso “Parco-Pomatambo”:
En horas de la noche del 22 de octubre de 1986, dos patrullas del Ejército (“Bayer” y “Búfalo”), provenientes de la base militar de Vilcashuamán, incursionaron en la localidad de Pomatambo y detuvieron a Eusebio Najarro Alarcón, Teodoro Castillo García, José Fernández Bellido, Manuel Remón Zea, Timoteo Bautista Bellido, Jacinto Gutiérrez Gómez y Antonio Najarro Soto; autoridades locales que se encontraban reunidas preparando un campeonato deportivo. Los detenidos fueron conducidos por los militares a la localidad de Parcco Alto, donde incursionaron, aproximadamente a las 6 de la mañana del 23 de octubre del mismo año. En dicho lugar, los militares dieron muerte a los 7 detenidos de Pomatambo y también a Donato Ramírez Rivera, Hilda Buitrón Gutiérrez (ambos esposos de 86 años), Reynaldo Ramírez Buitrón, y a los menores Mario Ramírez Castillo (08) y Eugenia Ramírez Castillo (12). Pasado el mediodía hizo su arribo en un helicóptero el entonces Teniente Coronel EP Carlos Armando Bardales Angulo, jefe del puesto de comando de Cangallo, quien habría ordenado a los integrantes de las patrullas, que incineraran los cuerpos. Como éstos no fueron consumidos por el fuego, los restos humanos calcinados fueron llevados por dichos militares y arrojados en la quebrada denominada Mongas Punku con la finalidad de encubrir el delito. Días después, el entonces Juez Mixto de Cangallo recuperó algunos restos humanos.

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Hoy 8 de marzo se llevó a cabo, en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos la presentación del informe técnico “El Proyecto Minero Conga, Perú: Comentarios al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Temas Relacionados”, elaborado por el hidrólogo Robert E. Moran, Ph.D., Michael-Moran Assoc., L.L.C., preparado para el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC). La presentación estuvo a cargo de Sergio Sánchez (Grufides), Alejandro Seminario (Escuela de Posgrado, Universidad de Cajamarca) y Mar Pérez (CNDDHH), y estuvo abierta a la prensa y al público.

Sergio Sánchez (GRUFIDES), Alejandro Seminario (UNC), Már Pérez (Área de DESCA y Pueblos Indígenas) y Rocío Silva-Santisteban (SE de la CNDDHH).

El informe de Moran cuestiona la transparencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga, pues los datos que lo constituyen han sido recabados por técnicos contratados por las mismas empresas “que tienen un interés económico en asegurar que el proyecto Conga siga adelante”. El estudio de Moran llama la atención acerca de una serie de consecuencias que impactarían en el medio ambiente y la población, y que no han sido consideradas en el EIA contratado por la empresa, y cuyo costo recaerá, finalmente, sobre el Estado y la sociedad peruana.

Sergio Sánchez, citando el informe de Moran, señaló que el EIA de Conga solo habría abordado el problema de las lagunas de forma aislada, obviando considerar el sistema interconectado que constituye los recursos hídricos de la zona, el cual incluye también bofedales y humedales, limitándose así, el EIA, solo a un análisis muy focalizado y superficial. “En la zona del proyecto, las aguas superficiales y subterráneas, así como los manantiales, están fundamentalmente interconectados”, se lee en el informe técnico de Moran.

Sánchez agregó, siguiendo la línea del estudio de Moran, que el EIA “contiene medias verdades”, y sus conclusiones suponen “una ruptura con la institucionalidad ambiental”, refiriéndose, con esta última expresión, a que si bien el EIA de Conga cuenta con mucha información de utilidad, omite frecuentemente “detalles inconvenientes” y contiene “opiniones interpretadas incorrectamente” –cómo lo indica el estudio de Moran-.

Sergio Sánchez, especialista en ingeniería ambiental, de ONG GRUFIDES. Foto: CNDDHH

Sánchez, reafirmando el contendido del informe de Moran, desmintió también la aseveración del EIA según la cual el agua de las lagunas ya está contaminada y no sirve. Es más, sobre la aprobación del Proyecto Conga, Sánchez indicó: “En ningún lugar del mundo se aprobaría este proyecto, donde el Estado trataría más bien el agua a perpetuidad”. Precisamente una de las principales limitaciones del EIA es que considera únicamente el impacto del proyecto a corto plazo, entre diez y 30 años, descuidando las consecuencias medioambientales del proyecto a largo plazo.

La investigación de Moran, en cambio, se cuestiona sobre dónde recaerá la responsabilidad del pago de los costos cuando la empresa se vaya, mencionando la posibilidad de que el pago de las consecuencias medioambientales del proyecto recaería sobre el Estado peruano.

Continuando con el tema, Sánchez afirmó que quisieron entablar un diálogo con el gobierno y el actual primer ministro: “Propusimos una evaluación integral al señor Valdés… éste no aceptó, con ello hubiéramos detenido todo lo que sucede hoy”.

Finalmente, sobre el peritaje contratado por el gobierno, Sánchez informó que “los peritos han sido ignorados” y que (en Cajamarca) “nadie los ha visto como válidos”.

Dato: El informe de Moran supone un comentario de carácter técnico al EIA de Conga. Junto con este informe, pueden encontrar  otros dos sobre la Marcha del Agua de Pedro Arrojo y un informe sobre recursos hídricos,  disponibles al público en este link http://derechoshumanos.pe/2012/03/informe-sobre-eia-proyecto-conga/

Para Mayor Información comunicarse con Sergio Sánchez GRUFIDES Teléfono 51-76-342082

Ver:

• Informe de Robert E. Moran

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El peritaje al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga elaborado por el hidrólogo Robert E. Moran [...]

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Este 07 de marzo el Consejo Regional debe aprobar la ordenanza correspondiente y con ello la implementación del Plan operativo 2012 – 2013.

Las organizaciones de mujeres de Huancavelica y Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, solicitan urgente aprobación del Plan Regional Contra la Violencia hacia la Mujer 2012 – 2016 en la sesión de Consejo Regional del 7 de marzo y la adopción inmediata del plan operativo 2012 – 2013 donde se priorice ampliar la cobertura y mejorar los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia a través de la creación de un registro y sistema regional que facilite el trabajo articulado entre sectores y niveles de gobierno.

La violencia contra las mujeres en la Región Huancavelica es un problema grave. De 853 denuncias en la Comisaría el 88% corresponden a mujeres que han sido violentadas; en los primeros 9 meses del 2011 se atendieron en el CEM a 56 víctimas de violencia sexual y hay registradas hasta el momento 241 víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Estas cifras son preocupantes, aunque no reflejan la real dimensión del problema.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo de cada año, las organizaciones de mujeres consideran que no se puede aplazar, ni un día más, la adopción de medidas frente a un problema que afecta principalmente a las mujeres, y se debe enfatizar en:

-    Capacitación a las y los servidoras/res de los establecimientos de salud del primer nivel de atención en enfoque de género, interculturalidad, estándares de calidad según normas de derechos humanos e igualdad de oportunidades, asimismo el uso de la Guía Técnica para la Atención Integral de la Persona Afectada por la Violencia Basada en Género y el Protocolo sobre Violencia contra la Mujer, y la intervención en salud mental comunitaria; de manera que se logre un adecuado abordaje a todas las formas de violencia de género.

-    Especialización de magistradas/os de las fiscalías y juzgados para la atención de casos de violencia contra las mujeres con perspectiva de género, intercultural y derechos humanos, que permita atenciones efectivas, oportunas y sin discriminación.

Como se recuerda el año 2011 el Gobierno Regional de Huancavelica elaboró el Plan Regional Contra la Violencia hacia la Mujer 2012 – 2016; con la participación de más de 2500 personas de las 7 provincias entre mujeres organizadas, jóvenes, dirigentes/as, autoridades y funcionarios/as de todos los sectores del Estado y de los gobiernos locales; la ejecución de éste plan depende de su aprobación mediante ordenanza regional y de la voluntad política por parte del Gobierno Regional para gestionar su cumplimiento e invertir en ello. Asimismo, dependerá de la instalación de un órgano consultivo con participación de la sociedad civil.

Huancavelica, Marzo 2012
Contacto de Prensa:
Jessenia Casani
997300923

Fuente: DEMUS

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Mujeres de San Juan de Lurigancho demandan el cumplimiento local que fue aprobado por ordenanza municipal Nº 172, en setiembre del 2009 contra la violencia hacia las mujeres.

DEMUS organización que defiende a las mujeres y La Coordinadora Multisectorial por los Derechos de la Mujer, Infancia y Familia de San Juan de Lurigancho, en el marco del 8 de Marzo día internacional de la Mujer demandan el compromiso y coordinación entre el gobierno local y las instituciones públicas para la implementación del Plan local contra la violencia hacia la mujer, niñez y adolescencia del distrito, que fue aprobado por ordenanza municipal Nº 172, en setiembre del 2009, además de una mayor cobertura y calidad de la atención de los servicios de salud y justicia para casos de violencia contra las mujeres.

San Juan de Lurigancho, no solo es el distrito mas poblado de Lima, sino también en el que mas casos de violencia contra la mujer se producen, así durante el 2011, el Centro de Emergencia Mujer registró 1,038 casos de violencia familiar y sexual y 12 casos de feminicidio y/o tentativa, en la Red de Salud se registraron 1,815 casos de violencia familiar, el Ministerio Público ha registrado 2,124 denuncias por violencia familiar y actos contra la libertad sexual.  A ello se suma que en el 2009, las 8 comisarías y la comisaría de la mujer del distrito, sumaban un total de 5,314 denuncias de violencia contra la mujer, es decir 14 denuncias por día.

La violencia contra la mujer es un problema social y los datos no reflejan el total de casos, puesto que muchas mujeres no denuncian por temor, desconocimiento porque la cobertura y calidad de los servicios públicos no les garantiza una atención adecuada y oportuna.

Las mujeres de San Juan de Lurigancho demandan además la implementación de un sistema de registro y atención entre las instituciones públicas del distrito para la atención de los casos de violencia contra las mujeres, la Inauguración e implementación del nuevo Centro de Emergencia Mujer, aprobado en noviembre del 2011 por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – MIMP, la Ampliación de cobertura de la atención de medicina legal., la especialización de fiscalías y juzgados en atención de casos de violencia contra las mujeres, que permita atenciones efectivas y oportunas y que los operadores de salud utilicen las normas y protocolos que existen en el sector, para el tratamiento adecuado de los casos de violencia contra las mujeres. Que brinden atención de calidad: trato no discriminatorio, sesiones psicológicas de no menos de 40 minutos, terapias breves y seguimiento de los casos, así como actividades preventivas en la comunidad.

Lima, Marzo 2012
Contacto de Prensa:
Rosa Maria Alva
99921-7161, RPM # 0360696

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Conferencia de Prensa

Presentación del informe “El Proyecto Minero Conga, Perú: Comentarios al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Temas Relacionados”, elaborado por Robert E. Moran.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos anuncia la presentación del informe “El Proyecto Minero Conga, Perú: Comentarios al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Temas Relacionados”, elaborado por Robert E. Moran, Ph.D., Michael-Moran Assoc., L.L.C., preparado para el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC).

La conferencia contará con la presencia de Sergio Sánchez (Grufides), Alejandro Seminario (Escuela de Posgrado, Universidad de Cajamarca), y un representante del Colegio de Ingenieros de Cajamarca.

La conferencia se realizará este jueves 8 de marzo a las 09.00 a.m. en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ubicado en la Calle Pezet y Monel 2467 – Lince.

Para mayores informes contactar con:

Gabriel Salazar, al celular 996471939; email: gsalazar@derechoshumanos.pe
Martín Valdez, al 4191111 anexo 105; email: mvaldez@derechoshumanos.pe

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Los defensores de derechos humanos en América Latina son víctimas de agresiones, amenazas y asesinatos por parte de autoridades y otros grupos, afirmó la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya.

En un mensaje trasmitido en videoconferencia en Ciudad de México, la funcionaria internacional indicó desde Ginebra que “en muchos países, el precio que pagan las y los defensores de derechos humanos por realizar su trabajo es simplemente demasiado alto”.

Sekaggya presentó la versión en español del reporte “Comentarios a la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”, el cual está dirigido a proteger a los activistas ante cualquier agresión y amenazas a sus vidas.

Este reporte “sirve como guía básica sobre el derecho a defender los derechos humanos; quisiéramos también contribuir a la creación de un mecanismo nacional de protección para defensoras y defensores en México”, dijo la funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Hago un llamado a todas y todos los defensores en México, América Latina y el mundo para ayudarnos a difundir y utilizar la traducción al español del comentario, así como la declaración”, enfatizó.

Programa de protección a los defensores

Expresó su confianza en que este reporte sea accesible en todas partes y sea traducido a todos los idiomas posibles.

Asimismo, destacó la necesidad de que las autoridades diseñen un programa de protección a los defensores, los cuales “continúan sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos”.

Recordó que la relatoría a su cargo ha enviado diversas peticiones a las autoridades mexicanas para que tomen medidas de protección a los defensores y atiendan las denuncias de violaciones a los derechos humanos de los activistas.

Según diversos organismos civiles en los últimos cinco años y medio han sido asesinados al menos 63 activistas defensores de derechos humanos en México.

En marzo de 2008, Sekaggya fue designada relatora especial sobre la situación de defensoras y defensores de los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

EFE

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