Por incapacidad de controlar el uso de la fuerza con la que actúa la Policía Nacional del Perú durante los conflictos sociales
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y sus 79 organizaciones, lamenta la muerte de Roberto Castillo Páucar (28 años), alcanzado por una bala disparada por efectivos de la Policía Nacional del Perú el día de ayer, 26 de abril, en el marco del conflicto social en la provincia de Paita, región Piura. Asimismo, también lamenta que 26 personas resultaran heridas como consecuencia de este enfrentamiento, algunos en estado de gravedad.
La CNDDHH expresa gran preocupación, porque en lo que va del presente año se ha producido la muerte de seis personas, así como más de un centenar de heridos durante los conflictos sociales. En marzo, Carlos Lanci, Julio Ticona y Francisco Areque, durante las protestas de los mineros informales en Puerto Maldonado. Dos semanas después, en la Bahía de Sechura, Christian Alvarado y Luis García Guerrero, por el conflicto de la construcción del gasoducto de la empresa Savia. Ahora, Roberto Castillo, por la cuota de pesca de merluza en Paita, región Piura.
Precisamente sobre los dos ciudadanos fallecidos en Sechura, expresamos que no debemos consentir la muerte de más personas como resultado de los conflictos sociales. Es perfectamente posible evitar estas muertes. La Policía Nacional del Perú, que es la responsable de este control, debería de tener órdenes expresas, así como los recursos necesarios, para salvaguardar estrictamente la vida de las personas, incluidas las de sus mismos efectivos. Sin embargo, 30 días después de los últimos incidentes en Sechura, se producen nuevos decesos en el marco de los conflictos sociales. Un llamado similar ha sido expresado por la Defensoría del Pueblo.[1] Además, así cómo lo hemos hecho antes, reiteramos nuestra invocación a la población que sus acciones de protesta las lleven adelante en el marco de los canales democráticos que las leyes nacionales amparan, sin ejercer el uso de la violencia contra las autoridades.
No podemos aceptar esta situación. Ya son seis ciudadanos muertos en menos de dos meses, por lo que demandamos al Ejecutivo la renuncia del Ministro del Interior, que ha demostrado ser incapaz de lidiar con el problema de forma adecuada, así como una sanción efectiva a los responsables.
Lima, 27 de abril de 2012
Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
[1] Ver este link al respecto: http://www.larepublica.pe/29-03-2012/defensoria-del-pueblo-recomienda-mejorar-el-equipamiento-con-armas-no-letales-de-la-pnp
Ante las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, en las que pide a las ONG dedicadas a temas infantiles que articulen sus programas con miras a impedir la utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados de modo que coincidan con las políticas generales del gobierno, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), colectivo formado por 79 organizaciones dedicadas a la defensa de DDHH en nuestro país, queremos señalar lo siguiente:
1. Creemos que es fundamental plantear una política integral para la zona del VRAE. En esta línea, conocemos de varios diagnósticos que plantean además una estrategia multisectorial para combatir la problemática del narcotráfico y de la violencia en la zona. Este plan VRAE, no obstante, no ha contado con presupuesto ni con el respaldo político necesario para su implementación.
2. Asimismo, recordamos que cualquier trabajo que se haga con miras a este fin tendrá que ser a mediano o largo plazo, y deberá involucrar el establecimiento de una autoridad civil en la región. En este punto, las ONG podemos aportar con mucha experiencia, pues se ha venido trabajado el tema extensivamente desde distintas organizaciones, si bien estamos lejos de contar con la capacidad presupuestal, y de personal y logística.
3. De forma más precisa, el 2010 publicamos un documento titulado Niños usados como soldados en el Perú, informe que a la vez presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ese mismo año. En dicho informe planteamos una serie de medidas concretas al Estado peruano para la recuperación de estos niños, niñas y adolescentes.
4. Por último, hacemos énfasis en que cualquier medida de rescate de estos niños, niñas y adolescentes involucrará un trabajo de rehabilitación y de re-educación, que tiene que darse con mucho respeto y consideración, pues no sólo estamos hablando de personas que han sufrido gravísimas situaciones de violencia, sino que han sido obligados a participar en estos grupos armados.
Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Ver también:
- Informe a la CIDH – Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en acciones armadas
- Firme condena al empleo de niños en acciones armadas por parte de terroristas de Sendero Luminoso
- Rechazo a la utilización de menores por parte de Sendero Luminoso
- ONGs reiteran compromiso con medidas que se adopten para recuperar niños víctimas del terrorismo
- UNICEF rechaza uso de niños, niñas y adolescentes en acciones de violencia
- CNDDHH respalda política de recuperar niños y señala que SL comete delito de lesa humanidad
- CNDDHH y Save the Children condenan el empleo de niños y niñas en acciones de violencia
- CNDDHH y Save the Children envían carta a ONU condenando la muerte de soldado menor de edad
- CNDDHH y Save the Children envían carta a NNUU condenando el empleo de niños por parte de Sendero Luminoso
- No más reclutamientos forzados de niños en el Perú
Las organizaciones y personas abajo firmantes, integrantes de la Red CIUDADANOS PROTEGIENDO CIUDADANOS, la cual está dirigida a vigilar el cumplimiento de los derechos del personal militar femenino de nuestras Fuerzas Armadas y de las/los jóvenes que realizan el Servicio Militar Voluntario. En calidad de tales, responde a las declaraciones del Premier Oscar Valdés sobre el llamado a las ONGs de Derechos Humanos para que pongan más atención y den apoyo al gobierno para rescatar los niños que son utilizados por Sendero Luminoso.
De acuerdo a estas declaraciones, la Red Ciudadano Protegiendo Ciudadanos informa que desde el año 2009 en el cual se constituyó la Red se comenzó a realizar actividades de incidencia con el gobierno de entonces para impedir la utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados. En este sentido señalamos lo siguiente:
1.- En el año 2010 se desarrolló una mesa interinstitucional, la cual se desarrollo en diversos periodos de dicho año para tratar el tema de reclutamiento de menores de edad por grupos armados regulares e irregulares. Participaron representantes del Ministerio de Defensa, Ministerio de la Mujer y Desarrollo, Save the Children, Instituto de Defensa Legal, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y UNICEF.
2.- También en el año 2010 se elaboró el informe: “Niños usados como soldados en el Perú” elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Save the Children. Dicho documento se presentó el 23 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 138º periodo de sesiones.
3.- El 23 de marzo del 2010, se expone ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la problemática de reclutamiento ilegal de Adolescentes por las Fuerzas Armadas, así como también se enfatiza en la utilización de niños, niñas y adolescentes por el grupo armado terrorista como Sendero Luminoso, solicitando que el Estado Peruano erradique esta práctica.
4.- Entre el año 2009 y 2011 se realizaron diversas publicaciones, entre libros y artículos donde se expone la problemática del reclutamiento/alistamiento de menores de edad por grupos armados irregulares y por las Fuerzas Armadas. Entre ellos tenemos el artículo “Los niños de la Guerra” del historiador Eduardo Toche publicado en la revista “Quehacer”- Nº180, octubre-diciembre 2010 y el artículo “El reclutamiento y uso de niños soldados en el Perú” del politólogo Gerardo Arce publicado en el libro “Juventud y Género en las Fuerzas Armadas: Hacia el Ejercicio de Derechos Fundamentales” del Instituto de Defensa Legal.
5.- Finalmente, se han continuado con las reuniones para lograr incidencia sobre el problema con otras organizaciones de Derechos Humanos y con representantes de los ministerios o instituciones del Estado vinculadas al desarrollo de políticas públicas a favor de la infancia y adolescencia. Además, como Red CPC se han publicado los comunicados: “En contra de la utilización de menores por parte de Sendero Luminoso” y “Rechazo a la continuidad de utilización de menores por parte de Sendero Luminoso” publicados los meses de noviembre del 2010 y abril del 2012 en la web de la Red: http://www.ciudadanosprotegiendociudadanos.org/prensa.php
Ante lo manifestado, señalamos que ha habido acciones inmediatas de parte de las organizaciones de la sociedad civil que se muestran preocupantes ante estos hechos, debido a que el Estado Peruano aún no ha logrado erradicar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por Sendero Luminoso. Por eso, continuando con nuestro compromiso en promoción de los derechos humanos adoptaremos todas las medidas en apoyo al gobierno para recuperar estos niños, niñas y adolescentes víctimas del terrorismo.
Miembros de la Red: Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) * Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO * Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán * Comisión de Derechos Humanos Codeh Pucallpa * Coordinadora Nacional de Derechos Humanos * Encuentros Casa de la Juventud * Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS * Fundación ANAR * Instituto de Defensa Legal * Manuela Ramos * Paz y Esperanza * Red Interquorum * Vicaria de la Solidaridad Jaen * General de Brigada ® César Huertas * Luis Tello * Miguel Huerta, ex defensor de la policía
Ver también:
- Informe a la CIDH – Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en acciones armadas
- Firme condena al empleo de niños en acciones armadas por parte de terroristas de Sendero Luminoso
- Rechazo a la utilización de menores por parte de Sendero Luminoso
- UNICEF rechaza uso de niños, niñas y adolescentes en acciones de violencia
- CNDDHH respalda política de recuperar niños y señala que SL comete delito de lesa humanidad
- CNDDHH y Save the Children condenan el empleo de niños y niñas en acciones de violencia
- CNDDHH y Save the Children envían carta a ONU condenando la muerte de soldado menor de edad
- CNDDHH y Save the Children envían carta a NNUU condenando el empleo de niños por parte de Sendero Luminoso
- No más reclutamientos forzados de niños en el Perú
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su preocupación sobre los hechos que se vienen dando en la zona de Pallares, en el anexo de Chipta, distrito de San Marcos, provincia de Huari, Ancash, donde permanecen enfrentados efectivos de la DINOES (División de Operaciones Especiales de la PNP) y de la empresa de seguridad privada Orus, ambas al servicio de la Compañía Minera Antamina, por un lado, y los pobladores de la localidad, en el otro. El motivo del conflicto es la oposición de los pobladores al tapado del único manantial de consumo directo y tradicional en la zona.
El lunes 16 de abril se dio precisamente un altercado entre ambos lados, que tuvo como resultado la detención de María Magdalena Marzano Velásquez y Mario Antonio Espinoza Domínguez, ambos pobladores de Chipta. Ayer, jueves 19 de abril, a la una de la tarde, efectivos de la DINOES, en prestación de servicio a Antamina, habrían entrado en la zona con la excusa de esperar al Fiscal y acompañarlo a desarrollar una diligencia, pero a la media hora, Antamina habría realizado una voladura que ocasionó la muerte de dos burros. Los pobladores, indignados por el suceso, se enfrentaron a los efectivos de la DINOES, que a su vez respondieron con balas y bombas lacrimógenas.
Explosiones en Antamina vista desde la zona Pallares, en el anexo de Chipta, Áncash. La minera opera a 150 metros de las viviendas. Foto: Servindi
El pueblo de Chipta se considera a sí mismo un pueblo indígena u originario quechua con propiedad comunal legítima ocupada por 300 familias. Del total de co-propietarios, permanecen en la zona actualmente 90 familias que viven de forma pacífica, careciendo de agua, luz y desagüe, y sin mejoras en su condición y calidad de vida a pesar de vivir por más de doce años colindantes con la Compañía Minera Antamina. Durante este tiempo han tenido que lidiar con las constantes voladuras de tajo abierto que generan impactos negativos al ambiente y a su salud, como la elevada presencia de plomo en la sangre de los pobladores y una concentración de metales como arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo y zinc en las aguas de los ríos Juprog y Carash, los cuales superan los límites máximos permisibles de acuerdo a estándares internacionales.
En febrero de este año, el pueblo de Chipta, que no es sino uno de los muchos sectores poblados afectados por las operaciones de Antamina como también lo son Juprog y Dos Cruces, nos comunicó de una denuncia contra la Compañía Minera Antamina S. A. por vulneraciones permanentes y continuas a sus derechos individuales y colectivos, así como de acuerdos incumplidos por la misma empresa.
Ante esta situación, expresamos nuestra honda preocupación ante la información que hemos recibido sobre la represión violenta a manos de los efectivos de la DINOES trabajando para la empresa Antamina, contra los pobladores de Chipta. A la vez, solicitamos al Ministerio de Interior una copia del convenio por el cual la Policía Nacional del Perú presta servicio a Antamina, así como información concreta sobre la existencia de un campamento de la DINOES u otro destacamento policial en el interior de las instalaciones de la empresa, que incluya el número y la graduación de los efectivos asignados a dicho servicio.
Lima 20 de abril de 2012
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(1) Situación del cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el Perú. Informe Alternativo 2010 – Perú. Elaborado por Organizaciones Indígenas y de la Sociedad Civil. Junio 2010. Sobre la zona, consultar páginas 30-34. Disponible en: http://servindi.org/pdf/Texto_Final_del_Informe_Alternativo_2010.pdf
Cientos de personas marcharon hoy, martes 17 de abril, desde el monumento “El ojo que llora”, ubicado en el Campo de Marte, en dirección al Congreso de la República, para pedir la modificatoria inmediata del DS 051-2011-PCM, así como la aprobación de 10 UITs (aproximadamente 35 mil soles) como monto único de reparación económica individual a todas las víctimas de la violencia política de 1980 al 2000.
La marcha, que se inició el domingo 15 de abril en Lucanamarca y Putis (Ayacucho), contó con la participación de numerosas delegaciones de afectados de la violencia política que vienen desde las 24 regiones del país, incluidos familiares de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Los manifestantes coincidieron en la necesidad de una reparación digna, pues la suma de 10 mil soles dispuesta por el DS 051, promulgado a finales del gobierno de Alan García, es considerada “una burla para las víctimas”, de acuerdo Marlene Torres, de la Asociación de Afectados y Familiares de la Región Junín. “Se ha dicho [Alan García] cuánto va a ser el monto sin tomar en cuenta a las víctimas, porque 10 mil soles no vale una vida humana”, añadió Torres. Elena Gonzales, presidenta de ANFASEP, respecto al monto actual, consideró que “nos están marginando, discriminando, pedimos una reparación integral”.
La marcha fue convocada por la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP) y la Asociación de Viudas Madres y Sobrevivientes de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (AVISFAIP).
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estuvo presente apoyando la marcha, pues las reparaciones integrales a las víctimas de la violencia política es uno de los objetivos fundamentales de la CNDDHH y de las 79 organizaciones que la conforman.
Algunas imágenes de la marcha (Fuente: Prensa CNDDHH):
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a las autoridades y a la opinión pública en referencia a los operativos militares que, bajo el nombre de “Operación Libertad”, se vienen llevando a cabo en la zona del VRAE luego de la recuperación con vida de los trabajadores secuestrados por los terroristas de Sendero Luminoso.
La CNDDHH ha venido recibiendo llamadas de pobladores de las siete comunidades del distrito de Kepashiato, de los lugares llamados Alto Kepashiato, Lagunas, y miembros de la Cooperativa Cafetera “Mateo Pumacahua”, señalando que debido a los intensos operativos militares en la zona, que consisten en arrojo de gases, disparos, uso de explosivos, unos trescientos pobladores por comunidad han abandonado sus chacras y casas, para dirigirse a los poblados de Kiteni y Quillabamba, con la finalidad de salvar sus vidas, llegando a estos sitios con nada más que la ropa que tienen puesta y sin el auxilio de ninguna autoridad.
Mediante este comunicado, buscamos llamar la atención sobre los operativos militares, pues estos no deberían afectar a la población civil no comprometida en los hechos violentos, a la vez que pedimos a las autoridades que se hagan cargo de atender a todas las personas que se han visto obligadas a desplazarse para evitar el peligro y con la finalidad de poder garantizar su seguridad.
Finalmente queremos dejar constancia de nuestra preocupación por el paradero de los miembros de la PNP, Luis Alfredo Astuquilca Vásquez y César Antonio Vilca Vega, creemos que el Estado debe brindar todo lo que esté a su alcance para ubicarlos y así dar tranquilidad a sus familiares, pero creemos además que esto se debe hacer garantizando los derechos de las poblaciones lugareñas.
Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Hoy jueves 12 de abril en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se convocó a una conferencia de prensa que contó con la presencia de las viudas de los ciudadanos muertos en las protestas de finales de marzo, Leovina Del Socorro Alvarado, esposa de Cristian Alvarado Frias, y Maryury Jackmery Nuñez, esposa de Luis Guerrero García, así como con Manuel Zeta Chavesta, padre de Manuel Omar Zeta Jorge, herido de bala en el abdomen y en actual estado de gravedad. Junto a ellos estuvo el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Bahía y Provincia de Sechura, Amaru Ipanaqué, y Ramón Correa, secretario de prensa del mismo Frente.
De izquierda a derecha: Ramón Correa, Amaru Ipanaqué, Mar Pérez (CNDDHH), Leovina Del Socorro, Maryury Jackmery Nuñez y Manuel Zeta Chavesta.
Ante el inicio de la mesa de diálogo entre el Frente de Defensa y el gobierno central, mañana viernes 13, el objetivo de la conferencia de prensa fue abordar algunas cuestiones previas que consideran deben resolverse con miras a iniciar el diálogo con buena fe. Precisamente, el tema de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas se mostró como una preocupación central.
Leovina Del Socorro declaró: “Yo sólo quiero que se haga justicia, que se encuentre al responsable. Se supone que todos somos seres humanos y somos peruanos como ellos”, añadió refiriéndose a las fuerzas policiales, que habrían disparado contra la población, a pesar de que los manifestantes “no portaban armas de fuego”. “Que el gobierno se responsabilice con mis hijos”, exigió la viuda de Cristian Alvarado, muerto por una bala que le impactó en la espalda. Manuel Zeta Chavesta concluyó por parte de los familiares que “la policía no debería intervenir con armas de fuego”.
Amaru Ipanaqué, presidente del Frente de Defensa, refirió a una fuerte represión hacia los dirigentes sociales que están liderando la protesta, de los cuales ya se encuentran doce procesados. “Queremos un clima de paz para que hayan condiciones de diálogo”, señaló Ipanaqué, y “que el Estado asuma responsabilidad de indemnización con las víctimas y con los heridos”, finalizó.
Ramón Correa, sobre lo que esperan obtener del diálogo con el gobierno, se mostró claro: “Queremos que se declare como zona exclusiva para la pesca y la maricultura la Bahía de Sechura, y contamos con argumentos técnicos que demostrarán la inviabilidad del proyecto de la empresa Savia”.
Finalmente, los del Frente de Defensa señalaron una serie de irregularidades sobre la audiencia pública convocada por la Empresa Savia Perú (ex Petro-Tech), como parte del proceso de aprobación del proyecto, las que terminaron por desencadenar las protestas de finales de marzo con dos muertos como resultado del enfrentamiento entre la población y las fuerzas policiales.
VIDEO
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), ante las informaciones respecto al caso de la detención y desaparición forzada de los ciudadanos Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro, ocurrida el 17 de Junio de 1992, en la base militar de Madre Mía, en la localidad de este mismo nombre, región Huánuco, expresa ante la opinión pública lo siguiente:
1.- El 22 de Junio de 2010 se presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para establecer la responsabilidad del Estado peruano por la desaparición forzada de las personas mencionadas. Esta denuncia se presentó a la CIDH antes de la campaña política y dentro del plazo de 6 meses exigido por la CIDH cuando se agota el proceso judicial interno. El objetivo de esta petición es la búsqueda de justicia para esta pareja de convivientes que fueron torturados y desaparecidos durante la violencia política en una zona duramente castigada y en la que hasta hace poco actuaba el grupo terrorista Sendero Luminoso.
2.- En el proceso judicial que se llevó a cabo para determinar a los responsables de estos crímenes, las resoluciones señalaron que los hechos denunciados ocurrieron, pero no se pudo establecer quiénes fueron los responsables. En tal sentido, la petición presentada a la CIDH pretende que se señale la obligación del Estado peruano de agotar las investigaciones a fin de ubicar el paradero o la suerte que corrieron las víctimas y sancionar ejemplarmente a los responsables.
3.- Por tales razones rechazamos los ataques que se vienen produciendo contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aprovechándose absurdamente de un pedido de justicia para las víctimas de un crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada de personas.
4.- Al margen del resultado que pueda darse por este caso en el Sistema Interamericano, reiteramos nuestra firme convicción de que los hechos ocurridos con los pobladores Ávila Rivera y Sullca Castro en la Base Militar de Madre Mía deben ser investigados de forma rigurosa y eficiente por el sistema de justicia peruano, que hasta la fecha no ha cumplido un rol adecuado.
Lima 11 de abril de 2012
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Ante el salvaje crimen cometido en Chile contra el joven Daniel Zamudio, la CNDDHH expresa lo siguiente:
1.- Nuestra solidaridad con los familiares y amigos de Daniel y nuestro más enérgico repudio contra la agresión cometida.
2.- Así como Daniel en Chile, en nuestro país una persona a la semana pierde la vida como consecuencia de crímenes de odio. Muchas de estas agresiones son perpetradas por policías y agentes de Serenazgo.
3.- De la misma forma, las personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) sufren una permanente violencia económica y social, que se expresa en la desatención por parte del Estado a sus necesidades específicas en materia de salud, o la ausencia de políticas públicas efectivas para que puedan acceder sin discriminación al empleo, a la educación, o a usar un nombre acorde a su identidad asumida. Todo ello lleva a que, por ejemplo, el promedio de vida de una persona transexual en nuestro país sea menor a los 40 años.
4. Urgimos al Estado peruano que adopte políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos de las personas TLGB en nuestro país. La CNDDHH cree que el Plan Nacional de Derechos Humanos es una oportunidad para ello.
Lima, 29 de marzo del 2012
En el marco del 144° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participaron de la audiencia titulada “Situación general de los derechos humanos en Perú”, tanto representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) como del Estado peruano. Si bien se destacaron una serie de logros como la creación del Viceministerio de Derechos Humanos, la puesta en marcha del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016, así como la tipificación del delito de feminicidio, la parte civil manifestó su preocupación sobre la existencia de una serie de problemas, tales como la criminalización de la protesta en torno a conflictos socioambientales, la reglamentación de la Ley de la Consulta Previa, y la lentitud y deficiencia en la reparación de las víctimas del conflicto armado interno.
Representantes de la CNDDHH en audiencia CIDH: Gloria Cano (Aprodeh), Rocío Silva Santisteban (secretaria ejecutiva CNDDHH) y David Velazco (Fedepaz). Foto: Juan Manuel Herrera/OEA
David Velazco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), señaló que en el gobierno de Alan García se alcanzó la preocupante cifra de 66 civiles muertos como resultado de la intervención de la Fuerzas del Orden, y que hasta ahora el Estado no ha efectuado acciones concretas para prevenir este uso excesivo de la fuerza a la hora de tratar con las protestas de la población civil. Además, alertó sobre el número de contratos que ponen a operativos de las fuerzas policiales y del Ejército al servicio de las empresas dedicadas a actividades extractivas mineras, parcializando la posición del Estado en los conflictos socioambientales.
Por su parte, Gloria Cano, abogada de Aprodeh, refiriéndose a la justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno, afirmó que en los últimos años “el proceso de justicia ha sufrido un grave retroceso” y que “los pocos progresos han sido desestimados por el Poder Judicial”, donde ha existido una tendencia a subvalorar los testimonios de los familiares de las víctimas (testigos directos de las desapariciones), a la vez que se ha dado mayor peso a los testimonios de los oficiales subalternos, “como si estos no tuviesen intereses”.
Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, saludó al Poder Ejecutivo haber asumido la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, y señaló que desde la Coordinadora y las 79 organizaciones que la conforman se está siguiendo de cerca el proceso. En particular, se enfatizó la necesidad de que el Plan Nacional sea debidamente consensuado por la sociedad civil organizada, así como del establecimiento de objetivos y medidas concretas, y que cuente con un presupuesto.
Concluyendo la presentación de la parte civil, Rocío Silva Santisteban listó una serie de recomendaciones que se consideran prioritarias: la investigación de responsabilidades de las autoridades por el uso excesivo de la fuerza, permitir que el proceso de consulta sea efectivo, incorporar a las víctimas de violencia sexual (y no solo de violación sexual) en el plan de reparaciones, la aprobación del protocolo de aborto terapéutico (legal en el Perú), así como sancionar las prácticas denigrantes por orientación sexual.
Por parte del Estado, el Ministro de Justicia, Juan Jiménez, apuntó que “en el Perú no está criminalizada la protesta… las personas son libres y pueden protestar”, si bien lo que no pueden hacer es “vulnerar el derecho de terceros, la propiedad privada y la propiedad pública”. En torno al controvertido Artículo 20º del DL Nº 982, que planteaba la inimputabilidad del personal de las Fuerzas del Orden que “en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”, Jiménez señaló que el “Tribunal Constitucional ha planteado un criterio de interpretación conforme a la Constitución de ese artículo, donde señala claramente que esta legislación no puede ser entendida como que está dirigida a impedir la investigación y procesamiento de malos policías o militares que delinquen”.
Además, reconoció que el proceso de reparaciones “estaba paralizado” en el anterior gobierno, pero que ya se están implementando una serie de medidas para asegurar que antes de agosto se encuentren beneficiadas 22 mil víctimas.
Desde la CNDDHH quedamos a la expectativa de que las buenas intenciones de nuestras autoridades se ejecuten de manera operativa a través de una gerencia efectiva de las medidas planteadas. Señal de esto, en torno a la próxima reorganización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), organismo del Estado encargado de fiscalizar a las ONGs, sería aceptar la propuesta de que las mismas ONGs participen de forma activa en esta reorganización. De otro modo, cuando “las buenas intenciones se quedan en intenciones… dejan de ser buenas”, concluyó Rocío Silva Santisteban.
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Comisionados de la CIDH en la audiencia sobre situación de derechos humanos en el Perú. Foto: Juan Manuel Herrera/OEA
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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lamenta la muerte del ciudadano Luis García Guerrero, producto del uso excesivo de la fuerza empleado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la Bahía de Sechura, durante el Paro convocado por el Frente de Defensa del lugar. García Guerrero, herido de bala producto del conflicto ocurrido ayer, falleció hoy, en horas de la madrugada, en el Hospital Santa Rosa de Piura.
La CNDDHH demanda al Estado, particularmente a la Policía Nacional del Perú (PNP), a no hacer uso excesivo de la fuerza, ni a comprometer vidas humanas. Además, también demandamos se haga una investigación exhaustiva a los responsables de las muertes de los ciudadanos Cristian Alvarado Frias y Luis García Guerrero.
Sumado a ello, la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH) invoca a la población que sus acciones de protesta las lleven adelante en el marco de los canales democráticos que las leyes nacionales amparan, sin ejercer el uso de la violencia sobre las autoridades.
Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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