Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

A 50 años de la Resolución 1514 de la ONU, aprobada el 15 de Diciembre de 1960, que concede la independencia a los países y pueblos coloniales, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos quiere llamar la atención sobre la crítica situación en el Sahara Occidental respecto de los derechos del pueblo saharaui.

El Sahara Occidental, en el extremo noroccidental del Africa, constituye el último caso de descolonización en África. Antigua colonia de España, fue ocupada ilegalmente por Marruecos en 1975 e impide la realización de un reférendum para que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la libre determinación.

El 8 de Noviembre pasado las fuerzas de seguridad y la policía marroquíes asaltaron el campamento de protesta de Gdeim Izik, instalado por más de 15 mil saharauis protestando por la discriminación que sufren para acceder a empleos y servicios básicos en el territorio ocupado.

La cantidad de víctimas mortales del ataque y de acciones represivas posteriores, no puede determinarse por el cerco informativo marroquí y la expulsión de periodistas extranjeros. El Frente POLISARIO, representante del pueblo saharaui, refiere cientos de heridos y detenidos arbitrariamente. Marruecos acepta la ocurrencia de muertes pero sostiene, increíblemente, que la mayoría son fuerzas de seguridad asesinados por civiles saharauis.

El Parlamento Europeo ha emitido una Resolución solicitando a la ONU investigue lo ocurrido e  insta a Marruecos a permitir el trabajo de la prensa y de organizaciones de derechos humanos para que los hechos en Gdeim Izik y en El Aauín sean esclarecidos. Reitera su apoyo a las  conversaciones informales entre Marruecos y el Frente Polisario desarrolladas este año, y plantea la inclusión de la vigilancia de la situación de los derechos humanos como parte de las funciones de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental .

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hace suyo los reiterados informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de otras organizaciones internacionales que dan cuenta de la sistemática violación de los derechos humanos cometida por el Estado marroquí en contra los saharauis en el territorio ocupado. Invoca a la Cancillería peruana a apoyar las iniciativas presentadas foros de la ONU para que la crisis actual en el Sahara Occidental sea abordada desde los principios establecidos por la Resolución 1514 y posteriores sobre el Sahara Occidental, considerado como un caso de descolonización, para que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la libre determinación mediante un referéndum en el que la independencia sea una opción a elegir. Y  a demandar que la MINURSO vigile la situación de los derechos humanos.

Finalmente, instamos al Gobierno Peruano a restablecer relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, suspendidas unilateralmente y sin motivo justificado por el gobierno de Alberto Fujimori.

Lima, 20 de diciembre de 2010.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su profundo rechazo y preocupación por la reciente agresión física, acompañada de amenazas de muerte, en contra de Carlos José Correa, activista y coordinador de la organización gubernamental Espacio Público en Venezuela, el pasado jueves 16 de diciembre.

Correa y otros activistas se habían concentrado para presentar ante la Asamblea Nacional un documento con alegatos y opiniones respecto de las modificaciones a varias leyes relacionadas con la institucionalidad y la libertad de expresión que viene realizando la Asamblea Nacional cuyo mandato expira el próximo día 5 de enero de 2011, y en la cual el oficialismo ostenta una absoluta mayoría de más de 150 votos de los 165 escaños de los que consta su única cámara (la correlación de fuerzas a partir del 5 de enero de 2010 será de 98 parlamentarios oficialistas y 67 opositores).

Mientras los activistas entregaban sus alegatos pasó cerca a ellos un camión de carga a muy baja velocidad, detrás del cual fue lanzado un objeto (cono) utilizado para señalización del paso peatonal, hacia los miembros de Espacio Público, impactando en la cabeza de Carlos José Correa, causándole una fuerte contusión que demandó asistencia médica de urgencia. Luego, un sujeto que había estado conversando con el personal civil de seguridad de la Asamblea Nacional profirió amenazas de muerte hacia Carlos José Correa, diciendo: “te voy a matar”.

La Coordinadora Nacional ha sido siempre defensora y promotora de la libertad de expresión y ha condenado y rechazado actos de violencia que ponen en riesgo la vida y la salud pública de los ciudadanos.

En una democracia los canales de expresión y acción deben ser abiertos y respetados. Bajo ningún motivo se debe impedir o pretender cortar ese derecho consagrado por las leyes de países que han suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece en su artículo 13 que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión.

Lima 20 de diciembre de 2010.

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en representación de 80 organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos en el Perú, se dirige a la opinión pública para manifestar su rechazo a las afirmaciones hechas por el Primer Vicepresidente de la República, Luis Giampietri Rojas, en contra de instituciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Esta vez, Luis Giampietri se ha valido de un registro en  wikileaks, en el que, según los medios de comunicación que han dado cuenta de ella, es la siguiente: El 14 de febrero del 2006, el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), contralmirante AP(r) Julio Raygada García, le entregó un reporte al entonces embajador de Estados Unidos, Michael McKinley, quien lo remitió a Phyllis Powers, consejera norteamericana del Departamento de Estado. En ese reporte, se afirma que el IDL y su proyecto Justicia Viva desempeñan el papel de propagandistas y defensores de Sendero Luminoso (SL).

Esta situación ha sido utilizada por Giampietri, para decir por todas partes que esta vez existen evidencias que permiten concluir que el IDL es una organización defensora de Sendero Luminoso. La falsedad y arbitrariedad de sus afirmaciones contra el IDL saltan a la vista una vez más.

Es obvio que estamos ante una afirmación unilateral de un funcionario de la DINI, sin haber estado acompañada de prueba alguna, que el embajador norteamericano se limitó a trasmitir, como lo suelen hacer todas las embajadas con ese tipo información. Efectivamente, todo el mundo sabe que ese es el carácter de gran parte de la información que desde las embajadas se envía a Washington. Muchas veces, es, simplemente, el registro de lo que se dice, de una percepción, sin importar si es verdad o no, si hay pruebas o no.

En caso contrario, habría que asumir algo absolutamente absurdo: toda información transmitida por una embajada norteamericana, que aparezca en los wikileaks, debe ser asumidas como cierta. De otra parte, si la DINI hubiera tenido la más mínima prueba de una relación del IDL con SL, no se entiende por qué en ningún momento se les investigó o acusó. Esto demuestra que lo que puede haber dicho Raygada es solo parte de las campañas de desprestigio que determinados sectores de militares, vinculados a violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, desde hace muchos años vienen realizando contra la labor que, en sentido opuesto, cumplen los organismos de derechos humanos.

La doble moral de Luis  Giampietri se manifiesta cuando en relación al posible vínculo de altos militares con el narcotráfico, denuncia que aparece en los wikileaks, niega toda posibilidad de que sea verdad. Y eso que en este caso no se trata de una información unilateral proveniente de un organismo como la DINI, sino de “un informante” que trabajaba en ese entonces para la DEA, un órgano dedicado a la lucha contra el narcotráfico, vinculado directamente con la embajada de Estados Unidos.

Una vez más, como lo hemos hecho desde el comienzo de la década de los 80, y en todo momento, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus organismos parte, como es el IDL y,  hemos manifestado y lo seguiremos haciendo nuestra total condena  a SL y al MRTA, por sus acciones terroristas y acciones contra la vida de las personas.

En tal sentido, demandamos el cese de este tipo de acusaciones, pedimos la rectificación de Luis Giampietri Rojas y expresamos nuestra solidaridad con el IDL.

Lima 17 Diciembre de 2010

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Pronunciamiento

El Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1.    Rechazamos la aprobación del dictamen de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre realizada el día de hoy en la sesión de la Comisión Agraria en el Congreso de la República, sin que se haya culminado las etapas del proceso de consulta previa de los pueblos indígenas, establecidas por el Tribunal Constitucional.

2.    El pre dictamen de la Ley Forestal aprobado hoy, no tomó en cuenta a las Comunidades Campesinas, andinas y costeñas, las que no fueron convocadas desde que se inició la discusión del proyecto de ley por la Comisión Agraria, ya que sólo enfocó la problemática forestal en la Amazonía.

3.    Denunciamos que se ha utilizado la asistencia de buena fe de algunas organizaciones indígenas a los conversatorios descentralizados del proceso convocado por la Comisión Agraria, para hacer creer a la opinión pública que las comunidades campesinas y nativas están de acuerdo con el proyecto de ley.

4.    El gobierno no ha cumplido con los acuerdos de las Mesas Nº 2 y Nº 3 que llegaron a consensos sobre la Ley Forestal y la Ley de Consulta Previa de Pueblos Indígenas, y ahora pretende pasar por encima de dichos acuerdos y aprobar sin consulta la Ley Forestal.

5.    Finalmente, el Grupo de Pueblos Indígenas muestra su preocupación por la actitud desafiante del Gobierno que contrariamente al rechazo de los pueblos indígenas a nivel nacional, emite una norma con serios cuestionamientos, que genera frustración y posibles conflictos sociales.

Lima, 15 de diciembre de 2010.

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Mediante carta enviada el día de hoy, 14 de diciembre, el Grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, exhortó a la Comisión Agraria del Congreso de la República a  escuchar  las preocupaciones planteadas por la Defensoría del Pueblo y los pueblos indígenas sobre los conversatorios regionales que esta Comisión llevó a cabo en relación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en los últimos días.

Desde nuestro Grupo hemos reiterado que la Comisión Agraria carece de una metodología para hacer la consulta en tanto no ha considerado un proceso de información apropiado que garantice la entrega de información de manera previa, adecuada y completa y que además comprenda la realización de un proceso de análisis interno en cada una de las organizaciones indígenas. Advertimos que este tipo de análisis  no se ha promovido debido al escaso tiempo para su realización. Por el contrario, por  lo apresurado de las audiencias públicas, las poblaciones indígenas no han tenido tiempo de socializar la norma y discutirla dentro de sus organizaciones; menos aún las comunidades campesinas, quienes han sido excluidas de este proceso.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha señalado que “no se estaría cumpliendo con llevar adelante un proceso de consulta conforme a lo señalado por la Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. Nº 0022-2009-PI/TC), lo cual implicaría una afectación del Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas contenido en el Convenio 169 de la OIT”.

El Grupo de Pueblos Indígenas espera que en la sesión de la Comisión Agraria de mañana miércoles 15 de diciembre, se haga eco de las preocupaciones planteadas por la Defensoría del Pueblo. Además, es necesario que la Comisión acuerde mañana realizar una  aclaración pública -de la misma manera que realizó las convocatorias al “proceso de consulta” que se difundieron en prensa nacional- en la que explique que el carácter de las últimas reuniones ha  sido sólo informativo y que se continuará con las mismas, incluyendo a las comunidades campesinas y los puntos de información planteados por las organizaciones indígenas; así como también se respetarán los plazos necesarios para que las organizaciones representativas de pueblos indígenas estudien el proyecto, lo discutan internamente y alcancen sus aportes y decisiones sobre el particular.

Finalmente, el Grupo de Pueblos Indígenas reitera la necesidad de que se apruebe primero la “Ley sobre el Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio 169 de la OIT”, la misma que generó el consenso de las organizaciones indígenas y fue aprobada por el Congreso el 19 de mayo del 2010 y sobre dicha base se desarrolle el proceso de consulta de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, lo que evitaría que para cada caso se estén programando mecanismos especiales, generando confusiones y desconfianza que no ayuda a lograr consensos.

Lima 14 Diciembre 2010

Grupo de Pueblos Indígenas
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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En emotiva ceremonia fueron galardonados Defensora del Pueblo, Monseñor Pedro Barreto y Radios La Voz de Bagua, Oriente y Marañón. [...]

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Grupo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH señala que es excluyente y vulnera la buena fé entre las partes.

En documento dirigido a la Comisión Agraria del Congreso, la Defensoría del Pueblo mostró su preocupación sobre la forma en que se viene llevando a cabo el proceso de consulta del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 4141/2009-PE, señalando que las llamadas “audiencias públicas” han generado confusión respecto del Estado y etapas del proceso de consulta.

Si bien en reuniones de coordinación de octubre y noviembre últimos tanto la Comisión Agraria, como las organizaciones indígenas nacionales y la Defensoría del Pueblo acordaron aplicar las etapas de consulta conforme lo establecido en Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0022-2009-PI/TC,  la Defensoría considera que la Comisión Agraria se encuentra aún en la etapa de información, la cual no se agota en las audiencias.

Por su parte, el Grupo de Pueblos Indígenas (PPII) de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha señalado que la metodología que viene desarrollando la Comisión Agraria para aprobar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre carece de legitimidad  en tanto no ha sido consensuada con las organizaciones indígenas, no respeta la decisión de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, excluye de la consulta a las comunidades campesinas, vulnera el principio de buena fe y no considera un proceso de información adecuado. Además no propone un proceso de consulta conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, las Sentencias del Tribunal Constitucional y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En ese mismo sentido, las organizaciones nacionales, AIDESEP, CONACAMI, CCP, CNA y CONAP expresaron su rechazo a la convocatoria de “consulta” por la Comisión Agraria, a cuyas audiencias públicas han  calificado como “meros conversatorios” y señalaron que “no existe el tiempo ni las condiciones necesarias y adecuadas para efectuar la consulta a los pueblos indígenas en la presente legislatura”. Junto a otras organizaciones, manifestaron la necesidad que el Congreso de la República apruebe la “Ley sobre el Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio  169 de la OIT” y que sobre la base de los principios establecidos en dicha Ley, se desarrolle el proceso de consulta de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Datos:

El Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre pretende regular aspectos relacionados con los recursos forestales y de fauna silvestre, lo que afectará la relación espiritual, cultural, social y económica entre estos elementos y los pueblos indígenas, siendo necesario un verdadero proceso de consulta y no el que la Comisión Agraria propone hacer en lugar de ella.

A la etapa de información le siguen la de evaluación interna, en la que el gobierno debe facilitar a las organizaciones indígenas la realización de una evaluación libre y razonable de los aspectos materia de consulta, a fin de que las organizaciones puedan definir sus propuestas. Culminadas las dos etapas anteriores, recién se podrá iniciar la etapa de diálogo, para lo cual se requiere una metodología apropiada y ser ejecutada dentro de un plazo razonable.

Lima, 07 de diciembre de 2010.

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La Coordinadora Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, colectivo que agrupa a 80 organismos a nivel nacional que promueven el respeto de los derechos humanos, expresa su preocupación por la situación de los dirigentes del Frente de Defensa del valle del tambo, cuyo ámbito están los distritos de Cocachacra y Dean Valdivia, Provincia de Islay, Región Arequipa.

Como se sabe, estos dirigentes vienen llevando adelante un conjunto de acciones, para evitar la contaminación de su Valle, por la realización del proyecto minero “Tía María”, ejecutado por la empresa Southern Perú.

A raíz de esta oposición, los mismos han empezado a recibir un conjunto de amenazas y apremios legales. El día de ayer 02 de Diciembre se produjo un hecho particularmente grave: A la 01:30 horas de la madrugada, aprovechando la falta del fluido eléctrico en la Localidad de Cocachacra, prendieron fuego al vehículo de  propiedad del  Presidente del Frente de Defensa Señor Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, el cual se encontraba estacionado en el frontis  de su domicilio  ubicado en la calle Deán Valdivia cuadra 11 de Cocachacra, ocasionando serios daños al vehículo.

Este hecho muy lamentable, debe ser investigado por las autoridades policiales y judiciales y se debe sancionar a los responsables, que pretenden generar un  ambiente de violencia e intranquilidad, en una situación ya bastante delicada.

Solicitamos así mismo, a las autoridades nacionales,  las garantías para la vida e integridad física de Pepe Julio Gutiérrez, así como de todos los dirigentes del frente de Defensa del valle del Río Tambo.

Creemos, que los conflictos se solucionan con el diálogo e información a las poblaciones y no con  amedrentamientos o  acciones contra ellos

Lima 03 de Diciembre del 2010.

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hace público su absoluto rechazo a la censura y ataque [...]

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su preocupación y profundo rechazo   por la agresión que un miembro del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible GRUFIDES, sufrió el pasado 06 de noviembre cuando salía de su domicilio.

Este hecho podría ser muy grave si se demostrara que forma parte de los ataques, amenazas y campañas de desprestigio que GRUFIDES ha sufrido por su labor de defender a las comunidades afectadas por la actividad minera y el impacto de éstas en el medio ambiente y la sociedad.

Como se sabe el integrante afectado salió de su domicilio el sábado 06 del presente, y cuando abordó una moto-taxi el conductor de la misma le inyectó una sustancia narcótica en la pierna la cual le hizo perder inmediatamente el conocimiento. El efecto de la droga duró varias horas haciendo imposible identificar al perpetrador o perpetradores.

La CNDDHH hace un llamado a las autoridades policiales y judiciales, que conocen el caso, para que las investigaciones permitan identificar y sancionar a los responsables de este acto, y se establezca si se trata de un delito común o ha sido cometido deliberadamente por quienes ven al personal de GRUFIDES como una amenaza para las empresas mineras, tal como ocurriera con las acciones de espionaje y chuponeo telefónico en las que se encontraron involucradas las empresas privadas de seguridad Forza y Business Track, y cuyas investigaciones quedaron en total impunidad debido al archivamiento que dispuso el Ministerio Público de Cajamarca.

Expresamos nuestra solidaridad con GRUFIDES, como organismo defensor de las comunidades y pueblos más afectados e indefensos ante la actividad minera indiscriminada y extendemos nuestra preocupación para que  esta Institución pueda desarrollar su trabajo en un clima de paz y seguridad en la ciudadanía.

Lima, 19 de noviembre de 2010.

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechaza firmemente las agresiones verbales y hostilidades contra la integridad de Monseñor Pedro Barreto Jimeno, Arzobispo Metropolitano de Huancayo, durante su presentación en la ciudad de La Oroya invitado por un grupo de abogados norteamericanos quienes patrocinan a 107 niños de La Oroya contaminados con plomo de la empresa Doe Run, con sede en el Estado Missouri, Estados Unidos.

La labor valiente y ejemplar de Mons. Barreto en la defensa del medio ambiente y de la integridad de nuestra amazonía, caracterizada siempre por la exhortación al diálogo, tolerancia y respeto en la búsqueda del bien común, es un aporte valioso y fundamental para la lucha por la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, y constituyen un máximo referente en el activismo y la protección y promoción de los derechos humanos.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su respaldo a Mons. Pedro Barreto, quien es también Coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín y reafirma sus preceptos de paz, defensa de la vida y de los derechos de los pueblos de la amazonía. Asimismo, condena rotundamente cualquier acto de agresión o amenaza que ponga en riesgo su vida e integridad, o que busquen mellar su labor a favor de la Amazonía y los derechos que nuestra Constitución le consagran.

Lima, 17 de Noviembre de 2010.

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En el 140 período ordinario de sesiones

El próximo martes 26 de Octubre, a partir de las 10:00 a.m. se llevará a cabo el 140 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en su sede en Washington, que tocará temas referentes a la desaparición forzada en el Perú, justicia militar y el impacto en los pueblos indígenas de las industrias extractivas.

A las audiencias asistirán los Drs. David Lovatón y Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal, y la Doctora Gloria Cano, del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos. También forman parte de la comitiva que visitará la CIDH, Hernán Coronado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAAAP, y Henderson Rengifo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP.

En la primera parte de la audiencia se expondrá sobre el tema de Justicia Militar e Impunidad, y la aplicación de justicia en nuestro país respecto a casos de violaciones a derechos humanos y la reciente aprobación del Decreto Legislativo 1095. Luego se tocará el tema de la detención y desaparición forzada de personas y por la tarde se presentará el tema de la política energética e Industria extractiva y el impacto en los derechos de los pueblos indígenas, enfatizando en la no aplicación de la ley de consulta para la entrega de lotes para la actividad extractiva en nuestro país.

Miguel Jugo de la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló al respecto: “Luego del pronunciamiento que hiciera la CIDH, sobre el DL 1097, es importante solicitar la opinión de los expertos internacionales sobre la necesidad de respetar la libertad de expresión de los y las ciudadanas, la necesidad de consultar a los pueblos indígenas respecto a los proyectos extractivos que se realizarán en sus territorios, así como del proceso de verdad y justicia que ha sufrido un conjunto de retrocesos en nuestro país, para incidir y exhortar a las autoridades peruanas sobre su cumplimiento”.

Lima, 22 de octubre de 2010.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Ver calendario de audiencias
Sitio de la CIDH

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El Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, manifestamos nuestra preocupación por la inminente afectación a la Institucionalidad de los Pueblos Indígenas.

Las organizaciones indígenas del Perú han exigido durante años que se establezca un Organismo Público con autonomía administrativa y financiera para desarrollar políticas a favor de los pueblos indígenas que garantice el cumplimiento de los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas

En respuesta a esta demanda, en el año 2005, mediante Ley Nº  28495, se creó  el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), como un Organismo Público Descentralizado de la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa y presupuestal. Esta institución fue creada para fortalecer la institucionalidad indígena toda vez que su mandato principal es el de proponer políticas nacionales dirigidas a la promoción, defensa, afirmación e investigación de los derechos de los pueblos indígenas y afroperuano, a fin de lograr su desarrollo respetando su identidad y sus instituciones. Asimismo, se le asignó la labor de supervisar el cumplimiento de estas políticas y articular el conjunto de programas y acciones específicas del Estado en función de ellas.

La creación del INDEPA significó un gran avance, pero sólo a nivel formal, ya que dicha institución no garantizó los derechos colectivos de los pueblos indígenas incumpliendo constantemente el mandato conferido.

El INDEPA ha ido perdiendo autonomía funcional y su carácter transectorial, pasando de la Presidencia de Consejo de Ministros, al Ministerio de la Mujer y hoy adscrito y fusionado por absorción al nuevo Ministerio de la Cultura, dependiendo del Viceministerio de Interculturalidad. Como observamos en la siguiente línea de tiempo:

• Abril de 2005: La Ley Nº  28495 crea  el INDEPA como un Organismo Público Descentralizado de la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa y presupuestal.
• Febrero de 2007: el Estado  convierte al INDEPA en una sub-unidad del MIMDES, perdiendo su autonomía y su carácter transectorial.
• Diciembre de 2007: Se reintegra a INDEPA su autonomía funcional, pero no recobra su carácter transectorial.
• Febrero de 2010: INDEPA recupera su carácter transectorial como Unidad Técnica especializada adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.
• Junio de 2010: INDEPA vuelve a perder su autonomía y carácter transectorial, convirtiéndose en una unidad adscrita al nuevo Ministerio de la Cultura.
• Septiembre de 2010: Se aprueba la fusión por absorción del INDEPA con el Ministerio de la Cultura.

Si bien el Viceministerio de Interculturalidad, tiene entre sus funciones el “Promover y garantizar el sentido de la igualdad social y respeto de los derechos de los pueblos del país de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas”, la fusión del INDEPA con el Ministerio de Cultura los desnaturaliza y constituye un nuevo atentado a la institucionalidad indígena por las siguientes razones:

Afecta el objeto de creación de INDEPA: Las competencias del Ministerio de Cultura se refieren a la promoción, inclusión y protección del patrimonio cultural que aportan los pueblos indígenas, mas no se establece su competencia para defender los derechos de los pueblos indígenas, como establecía la definición de INDEPA en la ley que lo crea.

- Pierde su autonomía: Una institución con el mandato del INDEPA debe gozar de autonomía, que incorpore dentro de su estructura la participación indígena y con la posibilidad de que sus representantes participen en el Consejo de Ministros.

Con esta nueva estructura se elimina el Consejo Directivo con representación indígena, tal como lo establecía la norma de creación del INDEPA.

Asimismo, las políticas, planes y programas relacionados a los Pueblos Indígenas estarán supeditados a las áreas programáticas de acción del Ministerio de la Cultura: (i) Patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial; (ii) creación cultural contemporánea y artes vivas; (iii) gestión cultural e industrias culturales; (iv) pluralidad étnica y cultural de la Nación.

- Pierde su carácter transectorial: Una institución con el mandato del INDEPA debe tener un carácter transectorial, de tal manera que vincule a todos los sectores del Estado, con capacidades efectivas para elaborar políticas públicas intersectoriales, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta y para emitir opiniones vinculantes sobre todas aquellas materias que afecten a los pueblos indígenas, incluidos proyectos de desarrollo en sus territorios.

Por ello no puede pertenecer o formar parte de un sector en particular, por su naturaleza debería formar parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, tal como fue concebida  donde se establezca claramente la relación Estado- Pueblos Indígenas.

- La fusión de INDEPA al Ministerio de Cultura fue aprobada sin consulta a los Pueblos Indígenas: El INDEPA debe ser la institución encargada de la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, cualquier afectación que deba sufrir debe ser consultada a estos pueblos. Este acto fue aprobado sin hacerles la consulta respectiva, incumpliendo con los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la OIT, de obligatorio cumplimiento para el Perú desde hace más de 15 años.

Así, el presidente de esta institución debe ser nombrado con el respaldo de las organizaciones indígenas representadas en el Comité Directivo.

Es por ello, exhortamos al Estado Peruano para que cumpla con lo establecido en el artículo 33º del Convenio 169 de la OIT y  desarrolle acciones encaminadas a resarcir las observaciones antes mencionadas y se cuente con una Institucionalidad  Estatal en materia indígena.

Lima, octubre 2010

Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Podrían condenarlo por defender los derechos de los indígenas y del medio ambiente

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su respaldo al padre Mario Bartollini Palombi, quien podría ser sentenciado a doce años de cárcel y a la expulsión del país por velar por los derechos de los indígenas y medio ambiente luego del conflicto en Bagua en junio del año pasado.

El Padre Bartollini, de origen Italiano, lleva más de 35 años recorriendo nuestra amazonia acompañando a los nativos y campesinos rivereños. En los años 80s se enfrentó  valientemente al terrorismo del MRTA, resistiendo a sus amenazas. Durante los sucesos de Bagua y la huelga amazónica, Bartollini fue convocado por los propios nativos para garantizar la paz y la tranquilidad en la zona del Yurimaguas.

En ese contexto, durante una homilía celebrada en memoria de los muertos, el párroco de la localidad de Barranquita, departamento de San Martín, fue enfático en señalar que “ser creyentes no significa aceptar la acción criminal de las autoridades que hoy nos gobiernan, les tenemos que decir asesinos a quienes matan por el dinero”, lo que provocó que parlamentarios del APRA lo denunciaran por el delito de instigación a la rebelión, y se le abriera un proceso judicial.

Ante la posibilidad de que la sentencia, próxima a dictarse, sería condenatoria, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos demanda la absolución de Mario Bartollini en tanto no se le puede castigar y expulsar a alguien que representando a la Iglesia emite una declaración como parte de su labor en la defensa del medio ambiente y los derechos de los indígenas y más necesitados de la amazonía.

Lima 14 de octubre de 2010

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hace extensiva su felicitación y saludo a la Red de apoyo a la campaña de recolección de firmas para la iniciativa ciudadana de una nueva ley general de personas con discapacidad (PCD), que movilizó a cientos de ciudadanos y logró obtener más de 57 mil firmas para la iniciativa que busca una nueva ley general de las PCD.

A través de esta iniciativa se busca el goce efectivo y pleno de los derechos de las personas con discapacidad en educación, salud, deporte, empleo, accesibilidad, seguridad social, comunicaciones, cultura y otros, ya que se trata de una población que se acerca a los 3 millones de peruanos y peruanas. Así mismo este esfuerzo pugna por la inclusión y participación efectiva de las PCD en la vida política, económica, social y cultural, en condiciones de igualdad, y establece las obligaciones del Estado para lograr este fin.

Gracias a los ciudadanos y ciudadanas que participaron con su firma en esta acción, el Proyecto de Nueva Ley General de las PCD y de Implementación de la Convención de la ONU podrá llegar al Congreso de la República para su debate y aprobación. La CNDDHH hace extensivo su saludo a la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad CONFENADIP, Sociedad y Discapacidad SODIS por ser los promotores de esta iniciativa, así como al Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad CEMPDIS, Ayni-Mundo, Paz y Esperanza, Sociedad Peruana de Síndrome de Down, Clínica Oftalmológica Divino Niño Jesús, Asociación Hellen Keller, Universidad Alas Peruanas, GID–Perú, Arariwa, ONGs que trabajan con el Fondo por los Derechos de las Personas con Discapacidad (DRF), Save the Children, Red Científica Peruana, a EsSalud, Defensoría del Pueblo, el Voluntariado y DARS de la Universidad Católica del Perú, así como voluntarios de la Universidad de San Marcos entre otros peruanos y peruanas que hicieron posible llegar e incluso superar a la cantidad de firmas necesarias.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recuerda que este 16 de Octubre se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y que el Estado debe fomentar una cultura de de respeto y promoción a sus derechos tal como lo consagra la Constitución Política y los principios de un país democrático, equitativo y tolerante.

Lima, 14 de octubre de 2010.

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