Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Perspectiva panorámica de la evolución sobre los casos judiciales que tocan asuntos que afectan a los derechos de LGTB a raíz de una sentencia en la corte suprema de Texas por una demanda impuesta por un ciudadano y cómo desde entonces, a modo de punto de inflexión, las resoluciones que se han ido sucediendo le nombran y fallan generalmente a favor de los derechos LGTB como momento de cierta revolución y cambio de situación con respecto a la lucha por los derechos en EE. UU.

Artículo publicado en la web de COGAM

Aunque parezca mentira, hasta hace casi seis años en Estados Unidos algunos estados como el de Texas todavía criminalizaban las relaciones homosexuales. Ocurría en Junio de 2003 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos hacía valer su decisión más generalizadora y favorable a los derechos homosexuales fallando en contra de la ilegalidad de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. La Corte erigió un escudo de privacidad alrededor de dicho tipo de relaciones, allanando el camino para nuevos logros en el campo de sus derechos y fomentando con ello la consecución de otros hitos en el movimiento de derechos de los homosexuales (que incluirían las victorias judiciales en favor del matrimonio homosexual como en Massachusetts –Nov. 2003- o California –a pesar de su rechazo tras votación en Nov. 2008- ).
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Una nueva emisión del programa “Derechos & Humanos” de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Carlos Landeo, secretario adjunto de la CNDDHH y Javier Torres, directivo de la Asociación SER conversan sobre el deslinde de los organismos de derechos humanos con los grupos subversivos.

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Por Ronald Gamarra

El 3 de abril de 1983, una columna de Sendero Luminoso tomó la comunidad campesina de Lucanamarca, situada en el departamento de Ayacucho, y cometió premeditadamente uno de los actos más atroces de la violencia que desataron tres años antes y cuyos efectos sobre la vida peruana desgraciadamente no se extinguen hasta hoy. Por decisión de la m ás alta dirección de esa organización terrorista, en particular de su jefe Abimael Guzmán, la comunidad de Lucanamarca fue víctima de una demencial acción de venganza a causa de la resistencia ofrecida por los campesinos a la tiranía que Sendero pretendía establecer en la región. De ese modo, los terroristas buscaban escarmentar a las comunidades y disuadirlas de oponerse a sus planes.

Como resultado de la brutal acción de Sendero en contra de la comunidad de Lucanamarca, 69 campesinos de toda edad, sexo y condición fueron masacrados a golpes de machete, que fue el arma fríamente elegida para hacer más terrible la acción, y muchos más quedaron heridos, sobreviviendo a duras penas, con secuelas de por vida, como el campesino Edmundo Camana que, días después, trasladado al hospital de Huamanga, fuera fotografiado por el fotógrafo Óscar Medrano,reportero de la revista Caretas, que publicó la foto dando cuenta de la masacre perpetrada por los terroristas. Esta foto se convertiría, muchos años más tarde, en una de las imágenes más desgarradoras de la recopilación reunida en la muestra fotográfica Yuyanapaq, organizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Por esta acción atroz, una entre miles de brutales crímenes, Abimael Guzmán y la dirección de Sendero Luminoso fueron sentenciados hace pocos años a la pena legal máxima y hoy cumplen la sentencia dictada por el tribunal.

El 5 de abril de 1992, el presidente de la República Alberto Fujimori en complicidad con su asesor personal Vladmiro Montesinos, a quien había puesto de hecho en el comando del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y el jefe del Ejército, Nicolás Hermoza, dio un golpe de Estado, el más reciente de la historia peruana, una historia llena de golpes de Estado, típicos actos de prepotencia y militarismo, causa del atraso institucional y la pobreza de nuestro país. Al ser “disueltos” los mecanismos institucionales de la democracia, el poder quedó concentrado en el trío Fujimori-Montesinos-Hermoza.

Poco después vendría el crimen de La Cantuta, que junto con el crimen de Barrios Altos constituyen los casos paradigmáticos de una política de violación de derechos humanos, ejecutada por el destacamento Colina, organización creada y alentada precisamente por dicho trío. La corrupción fue el otro aspecto que se desbocó tras el golpe del 5 de abril. Años después, Montesinos y Hermoza caerían con cuentas secretas por decenas de millones de dólares en el extranjero. A diferencia de sus socios, Fujimori tuvo tiempo de fugar, llevándose decenas de maletas. Habría que ser ingenuo para no imaginar que estaban llenas de elementos que podían comprometerlo. Luego se las ingenió para eludir la justicia por varios años. Hoy dice que no sabía nada de lo que hacían sus íntimos socios y que no tuvo que ver nada en los crímenes cometidos en su gobierno. ¿Usted podría creerle? La justicia dará su veredicto en pocos días.

Publicado en el diario La República
http://www.larepublica.pe/causa-justa/03/04/2009/reflexiones-del-3-y-el-5-de-abril

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Una nueva edición del programa “Derechos & Humanos” de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que se emite a través del portal de Perunet.tv. En esta edición, Ronald Gamarra y Carlos Landeo reflexionan sobre el autogolpe del 5 de abril que significó el primer paso para instalar la dictadura fujimontesinista en el país.

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) saluda la decisión del Gobierno de crear una Comisión de Alto Nivel que tendrá como principal labor la coordinación, promoción, organización, implementación y gestión del Museo de la Memoria.

La Resolución Suprema refrendada por el Presidente de la República señala que la  Comisión  de Alto Nivel estará integrada por reconocidas personalidades, de intachable trayectoria personal, como el escritor Mario Vargas Llosa, monseñor Luis Bambarén, Enrique Bernales Ballesteros, Frederick Cooper Llosa, Fernando de Szyszlo, Salomón Lerner Febres y el antropólogo Juan Ossio Acuña.

Ellos tendrán la importante misión de coordinar con las entidades competentes y el Gobierno alemán las acciones necesarias para viabilizar el apoyo financiero, que permita implementar en el más breve plazo el tan ansiado Museo de la Memoria.

La CNDDHH saluda la sana rectificación del Gobierno, que decide  así  abrir un espacio para la reconciliación y la memoria de las miles de víctimas que siguen clamando por justicia, verdad y reparación.

Reconocemos las virtudes de los integrantes de la Comisión de Alto Nivel y no dudamos  de  su capacidad para plasmar y representar en el Museo de la Memoria a las verdaderas víctimas de la barbarie que significó la violencia en el Perú.

Finalmente, queremos expresar nuestra gratitud  a las personalidades y organizaciones que hicieron suya la iniciativa de concretizar el Museo de la Memoria.

Lima, 31 de marzo de 2009
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Nota de prensa

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) presentaron un recurso contra la resolución fiscal en el caso Majaz. El pasado 10 de marzo, la V Fiscalía Provincial Penal de Piura culminó la investigación por las torturas cometidas a comuneros del alto Piura que en el 2005 participaron en  una marcha de sacrifico por la presencia ilegal de la Minera Majaz en sus tierras. Representantes de la CNDDHH calificaron la resolución como “tibia”, ya que se limita a formular denuncia contra un reducido número de efectivos policiales que han podido ser identificados como los que directamente cometieron las torturas.

El fiscal resolvió no formular denuncia penal contra los mandos policiales y los representantes de minera Majaz, pese a las torturas infringidas y el hecho de que se utilizaran métodos similares contra todos los comuneros, y pese a que la documentación fotográfica de los abusos, indican que las agresiones se practicaron respondiendo a órdenes superiores.

La Fiscalía considera además que el mantener a los comuneros privados de su libertad durante tres días no constituyó delito secuestro, pese a que se ha demostrado que existieron posibilidades de trasladar a los comuneros a un centro de detención regular desde el primer día de su captura, tal y como exige la ley.

Del mismo modo, la Fiscalía considera que no se han aportado pruebas suficientes de los abusos sexuales cometidos contra las dos mujeres secuestradas en el campamento minero, pese a que la institución estadounidense Physicians for Human Rights elaboró un peritaje que corrobora el abuso sufrido por las mujeres.

Por último la Fiscalía considera que los facultativos del Instituto de Medicina Legal que revisaron a los comuneros no incurrieron en el delito de expedición de certificado médico falso, pese a que se ha demostrado que omitieron dejar constancia de los evidentes signos de tortura que presentaban los comuneros después de su liberación.

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Pero fiscalía libra de culpa a representantes de forza y de minera. Fedepaz y CNDDHH estiman insuficiente que solo se comprenda a mandos medios de la Policía Nacional.

La Quinta Fiscalía Provincial de Piura entabló una denuncia penal contra algunos miembros de la Policía Nacional que participaron  en el secuestro y tortura de 29 comuneros en el campamento minero de Majaz, en agosto de 2005.

El titular de dicha fiscalía, Juan Ortiz Arévalo, resolvió formular una acusación contra un grupo de agentes del orden, liderados por el oficial Aurelio Terrones Valladolid, por el delito contra la humanidad en la modalidad de tortura, en agravio de los campesinos.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDH) consideraron insuficiente la denuncia por no haber tomado en cuenta a los autores intelectuales del hecho.

Ambas organizaciones manifestaron que debieron estar comprendidos en el expediente los altos mandos de la PNP que dirigieron la operación, los médicos legistas de la Fiscalía de Huancabamba, funcionarios de la empresa de seguridad Forza y los directivos de Majaz.

“Es importante que se haya acreditado que la denuncia es por el delito de tortura, pero hemos presentado un recurso de queja dado que no se ha comprendido a los autores intelectuales”, expresó Rosa Quedena, abogada de las víctimas y representante de Fedepaz.

Quedena reconoció que la divulgación de las fotos en enero pasado, en la que se muestran irrefutablemente los ataques físicos y secuestro de los comuneros, contribuyó a acelerar las investigaciones respecto al caso Majaz.

La denuncia fue formulada en junio del 2008, pero hubo en un principio lentitud de las autoridades para profundizar en el caso.

Fedepaz criticó la decisión de archivar denuncia contra el general Ricardo Benavides Rodríguez, jefe de la Primera Dirección Territorial de la PNP; el coronel Ricardo Murillo, responsable del mantenimiento del orden en la zona;  y el capitán Marco González Santillán, jefe del destacamento policial del campamento minero “Henry´s Hill”, perteneciente a la compañía Majaz.

Fuente: La República

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Una nueva emisión del programa Derechos & Humanos que llega a través de Perunet.tv. En esta edición, Carlos Landeo, secretario adjunto de la CNDDHH entrevista a Gladis Sonia Rubina Arquinigo, hermana de Nelly Morja Rubina Arquinigo, víctima de Barrios Altos.

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Una nueva emisión del programa “Derechos & Humanos” de la CNDDHH que se emite a través de Perunet.tv. En esta edición, Rosa Rojas, víctima de Barrios Altos nos cuenta el vía crucis que vivió los últimos 18 años después de haber perdido a su menor hijo y esposo durante el operativo perpetrado por el destacamento Colina en el solar de Huanta 840. Rosa reclama justicia y no impunidad.

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Una nueva edición del programa “Derechos & Humanos”, de la CNDDHH, que se difunde a través de Perunet.tv. En esta oportunidad, Antonio Salazar García, abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, reafirma la responsabilidad de Alberto Fujimori en los crímenes de lesa humanidad perpetrados en su gobierno.

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El Estado se comprometió ante la CIDH a sancionar penalmente a los responsables y a pagar las indemnizaciones, pero no ha cumplido con ello

“No sé qué han hecho conmigo. Luego de la operación no quedé igual. Tengo una bola aquí”, dice Ligia Ríos. Se toca el vientre con la misma zozobra de hace cinco años, cuando le ligaron las trompas y ella estaba embarazada. Y, claro, luego de la intervención, perdió al niño. Desde entonces los sangrados no paran. Ella solo acude a la farmacia para automedicarse. “Pido algún coagulante”, dice. No hace más porque no puede. Lo último que le dijeron fue que tenía un fibroma. El hospital le resulta caro y no hay dinero.

Ligia Ríos vive junto a dos de sus hijos en una humilde vivienda alquilada, en San Juan de Lurigancho. Trabaja como cobradora en una empresa de transportes. Pero no lo hace siempre, sino solo cuando la llaman o cuando está bien de salud. No gana mucho, pero le alcanza para alimentarse y pagar la mensualidad del estrecho cuarto que alquila.

“¿Por qué después de tantos años les interesa otra vez el tema? ¿Van a indemnizarnos? ¿Se sancionó a los responsables, a los que me operaron?”, preguntó Ligia el día que la encontramos.

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