CIDH presenta su Informe Anual 2011

Publicado el 10 April 2012 por admin en Documentos

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CIDH presenta su Informe Anual 2011

La CIDH mantuvo a Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela como los países del continente donde ocurren las más graves violaciones a los derechos humanos, al difundir ayer su Informe Anual correspondiente al año 2011.

La CIDH considera necesario resaltar que siguen siendo muchos los desafíos que persisten en la región para el goce pleno de los derechos humanos de sus habitantes sin discriminación. En este sentido, la CIDH observó durante el 2011 la continuidad de graves obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho a vivir libres de violencia y discriminación.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2011 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El informe consta de cinco capítulos en los cuales se da cuenta de las actividades desarrolladas por la CIDH y sus Relatorías durante 2011 y se ofrece información sobre el procesamiento de peticiones y casos y el otorgamiento de medidas cautelares a lo largo del año.

A lo largo del año 2011, la CIDH ha realizado numerosas actividades que incluyen, entre otros, la celebración de tres períodos de sesiones, la aprobación de 67 informes sobre admisibilidad, 11 de inadmisibilidad, ocho de solución amistosa, 54 de archivo, 25 de fondo, la publicación de cinco sobre el fondo, y el sometimiento de 23 casos al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluye también el conocimiento y decisión respecto de más de 400 solicitudes de medidas cautelares, la celebración de 91 audiencias y 58 reuniones de trabajo, la realización de más de 30 visitas lideradas por Comisionadas o Comisionados en su calidad de Relatores de País o Relatores Temáticos, la emisión de 138 comunicados de prensa, y la realización de 5 seminarios y cursos de formación.  Lo anterior refleja el gran número y la diversidad de exigencias de que es objeto la Comisión y las distintas maneras en que protege y promueve los derechos humanos en el hemisferio.

Asimismo, la Comisión continuó su labor de promoción de derechos humanos a través de la publicación de varios informes temáticos. Durante el 2011, la Comisión publicó el informe sobre “Inmigración en Estados Unidos: detenciones y debido proceso”; “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturas”; “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”; “El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las Mujeres en las Américas”; “Acceso a la Información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos”; “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica”; “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación”; la “Situación de las personas Afrodescendientes en las Américas”; y más recientemente, el “Segundo Informe sobre  la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas”.

Asimismo, en el informe, en su Capítulo IV contiene secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela, países que la CIDH consideró que merecían especial atención en 2011.

Respecto de Colombia, el informe señala que la CIDH es consciente de la compleja situación que enfrenta el país tras cinco décadas de violencia, del efecto del negocio del narcotráfico en la violencia, así como de los esfuerzos estatales para combatir estos fenómenos. En este sentido, la Comisión reconoce los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia. No obstante, grupos armados ilegales continúan involucrados en actos de hostigamiento y violencia que afectan especialmente a las poblaciones, pueblos, grupos y personas históricamente sometidos a discriminación o que están en situación de especial vulnerabilidad; ejemplos son las mujeres, la niñez y los y las defensores de derechos humanos.  Por otra parte, el informe toma nota de que Colombia ha impulsado una serie de medidas de índole legislativa, administrativa y judicial para intentar superar las graves situaciones violatorias de derechos humanos derivadas del paramilitarismo y actividades ilegales de inteligencia. Sin embargo, la CIDH continúa recibiendo denuncias por utilización del fuero militar para situaciones de violación de derechos humanos y, tras seis años de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, únicamente se ha proferido una sentencia firme.  La información recibida por parte de la Comisión respecto a la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” podría indicar una disminución de estos casos,  aunque advierte que el número de condenas a miembros de la Fuerza Pública por la comisión de estas ejecuciones extrajudiciales ha sido escaso y que es fundamental que se adelanten investigaciones con celeridad y se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra las denunciantes de violaciones y a sus familiares.

Respecto de Cuba, la Comisión reitera el reconocimiento por los logros alcanzados en relación con las metas de desarrollo del milenio establecidas por Naciones Unidas. La CIDH valora particularmente los logros alcanzados en relación con la salud materna, en especial que el 100% de los nacimientos fueron atendidos por personal calificado. Sin embargo, la CIDH reitera que las restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes en Cuba. La información disponible sugiere que la situación en general de derechos humanos no ha variado durante 2011. Persisten las situaciones de derechos humanos anteriormente señaladas, así como actos de represión severa contra mujeres, restricciones a defensores y defensoras de derechos humanos y provisiones y prácticas que contravienen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Respecto de Honduras, la Comisión ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en el país, y ha expresado reiteradamente su preocupación en relación con graves problemas estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación. La CIDH reconoce las buenas prácticas del Estado de Honduras, tales como la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación por decreto ejecutivo, así como la creación por decreto de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de Estado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños y de Justicia y Derechos Humanos. De igual manera, la Comisión saluda la ratificación en 2011 por parte de Honduras de cuatro instrumentos interamericanos de Derechos Humanos, como un paso positivo hacia la universalización del sistema. Sin embargo, la CIDH destaca en su informe que durante 2011 continuó recibiendo información preocupante sobre la situación de los periodistas, las defensoras y los defensores de derechos humanos, los campesinos del Bajo Aguán, los pueblos indígenas, las personas LGTBI, entre otros grupos.. La CIDH también ha recibido información sobre asesinatos de periodistas, presuntamente por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación, entre otros.

Respecto de Venezuela, la Comisión reconoce en su informe los avances alcanzados por Venezuela en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales a través de políticas y medidas dirigidas a subsanar las falencias que aquejan a amplios sectores de la población venezolana y los avances normativos en Venezuela con relación a la protección y garantía de estos derechos. Sin embargo, el informe señala la preocupación de la CIDH por la situación de inseguridad ciudadana y altos índices de violencia y la impunidad en la que quedan la mayor parte de los crímenes cometidos contra la población. Esto se relaciona con la continuidad de la situación de provisionalidad de los jueces y fiscales, lo cual genera fragilidad y falta de independencia e imparcialidad del poder judicial, lo que a su vez impacta de manera negativa en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Asimismo, el informe analiza el uso abusivo del derecho penal y la afectación a la libertad de expresión, así como la grave situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad, entre otros temas. La Comisión continúa solicitando al Estado su anuencia para realizar una visita de observación a Venezuela. Hasta la fecha, el Estado se ha negado a permitir una visita de la CIDH a Venezuela, lo cual no sólo afecta la capacidad de la Comisión de cumplir con su mandato como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que además debilita gravemente el sistema de protección creado por los Estados Miembros de la Organización.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

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Ejecutivo publica reglamento de Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas

VER: Reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios
publicado en el boletín Normas Legales del diario El Peruano, martes 3 de abril 2012
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Pueblos indígenas exigen reconocimiento del derecho a la consulta previa y a elegir su propio modelo de desarrollo.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, publicó hoy el reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, que será aplicado por los gobiernos regionales y locales para los procesos de consulta a su cargo.

De acuerdo al texto, el Estado adoptará todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como los derechos a la vida, la integridad y pleno desarrollo, promoviendo la mejora de su calidad de vida.

En ese sentido, los gobiernos regionales y locales solo podrán promover procesos de consulta, previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad, según el decreto supremo 001-2012-MC publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano.

El dispositivo señala que este viceministerio ejercerá el rol de rectoría en todas las etapas del proceso de consulta, correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la decisión final sobre la medida.

También el Viceministerio de la Interculturalidad se encargará de dictar políticas orientadas a promover la debida capacitación de facilitadores e intérpretes de la consulta, y de elaborar la Base de Datos Oficial de los pueblos indígenas del país.

De esa manera, el derecho a la consulta previa se realizará con el fin de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos como tales por el Estado peruano en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados por el Perú y las leyes.

La norma también señala que el resultado del proceso de consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las partes.

Sin embargo, sí es obligatorio celebrar una consulta de acuerdo a las obligaciones establecidas por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Como excepción, establece que las normas de carácter tributario o presupuestario no son materia de consulta.

Para ello, las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe, con un verdadero diálogo entre las autoridades gubernamentales y los pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo o consentimiento, buscando que la decisión se enriquezca con los aportes de los representantes indígenas.

A fin de lograr ese objetivo, deben establecerse mecanismos apropiados, realizándose las consultas de una forma adaptada a las circunstancias y a las particularidades de cada pueblo indígena consultado.

Esas consultas deben realizarse a través de los representantes de las comunidades indígenas directamente afectadas por medidas administrativas o legislativas propuestas por el Estado, quienes deben ser nombrados conforme a sus propios usos y costumbres, debiendo acreditarse debidamente ante la entidad promotora de la consulta.

En atención a la diversidad de los pueblos indígenas y a sus costumbres, el proceso de consulta considera las diferencias según las circunstancias a efectos de llevar a cabo un verdadero diálogo intercultural.

La falta de representantes no es obstáculo para la realización del proceso de consulta, debiendo la entidad promotora adoptar las medidas necesarias para hacer posible la consulta a los pueblos indígenas que pudieran ser afectados.

En el caso de las entidades promotoras, representadas por los gobiernos regionales o locales, pueden realizar reuniones preparatorias con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, para informarles la propuesta de plan de consulta.

La misma entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo si el incumplimiento del principio de buena fe impidiera la continuación del proceso de consulta, elaborando un informe sobre las razones que sustentan dicha decisión.

De alcanzarse un acuerdo total o parcial entre el Estado y los pueblos indígenas, como resultado del proceso de consulta, dicho acuerdo es de carácter obligatorio para ambas partes.

En caso de que no se alcance un acuerdo y la entidad promotora dicte la medida objeto de la consulta, le corresponde a dicha entidad adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

También debe garantizar sus derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo, promoviendo la mejora de su calidad de vida. Los representantes que expresen su desacuerdo tienen el derecho de que el mismo conste en el acta de consulta.

Fuente: Andina

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ONU presenta nuevo manual para investigar violaciones sexuales

Foto portada de manual

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó este martes un manual de procedimientos profesionales en la recolección de evidencias y análisis de laboratorio en casos de violaciones sexuales.

La guía de la UNODC ayuda a aclarar los detalles de la agresión a partir del momento en que una víctima la denuncia a las autoridades.

De esa manera, los resultados que se presenten a los tribunales serán más precisos y confiables, y podrían facilitar el hallazgo de los responsables, señaló la UNODC.

El organismo especificó que muchas veces este tipo de delitos queda impune por la falta de evidencias debida a la recolección y análisis tardíos o inadecuados de pruebas

DESCARGAR MANUAL

Fuente: ONU


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Perú: Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT – 2011

El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) presentan a la opinión pública el Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT correspondiente al año 2011.

El presente informe  cobra especial importancia debido a la reciente promulgación de la Ley de Consulta Previa y la actual discusión acerca de su implementación.

Perú: Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT – 2011

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SER publica “Recomendaciones para la gestión estatal de los conflictos mineros por usos y ocupación del territorio”

La Asociación SER presenta una agenda con recomendaciones sobre temas centrales para la gestión del territorio y los recursos naturales en el contexto de expansión minera. La propuesta se enfoca en los conflictos vinculados a la gran minería desde la entrega de las concesiones y durante la fase de exploración.

Entre las medidas propuestas se encuentra la elaboración de una política nacional de ordenamiento territorial, así como la aprobación de una ley de ordenamiento territorial que establezca claramente las competencias entre niveles de gobierno en relación a esta materia y cree mecanismos de articulación entre los procesos de ordenamiento territorial a nivel nacional, regional y local. Asimismo, se propone la participación de las instancias competentes para que emitan opinión técnica sobre el otorgamiento de concesiones y plantea el desarrollo de una política de información que involucre la participación de los gobiernos regionales.

En cuanto a los instrumentos de gestión ambiental, la agenda apunta a una mayor participación del Ministerio del Ambiente así como a fortalecer la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas para que tenga mayor autonomía frente a los órganos de línea de dicho sector.

De otra parte, propone modificaciones a la normativa de participación ciudadana del sector minero, considerando que los mecanismos de participación actuales no son adecuados. Asimismo, considera que la participación es un asunto público y, por tanto, debe ser implementada por las entidades estatales respectivas y no por las empresas mineras, como actualmente se hace.

Las recomendaciones también abordan el tema las entidades competentes de la prevención y resolución de conflictos: se señala la necesidad de fortalecer  la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros –desarrollando el análisis y la formulación de estrategias preventivas-; y se menciona la importancia de elaborar una política estatal para la gestión de conflictos que ordene los roles de las distintas instancias competentes y reconozca una mayor participación de los gobiernos regionales.

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Amnistía Internacional alerta de la amenaza sobre los pueblos indígenas de América

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Conflictos sociales: Más allá de las discrepancias

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pone a disposición de la comunidad de derechos humanos y del público en general, la publicación  “Más alla de las discrepancias. Conflictos sociales, incidencia y defensores de derechos humanos“, elaborado por Martin Sprenger.

El documento, además de ofrecer herramientas para prevenir situaciones de conflictividad, trata de ser una guía práctica para defensores de derechos humanos en la búsqueda de evitar vulneraciones a los derechos fundamentales en conflictos sociales.

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Informe Anual 2009 – 2010

Publicado el 08 July 2011 por admin en Documentos

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Informe Anual 2009 – 2010

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presenta su informe sobre los avances, problemas y dificultades en materia de derechos humanos en el Perú. En esta oportunidad el informe corresponde a la situación de derechos humanos durante los años 2009 y 2010.

La CNDDHH espera que los postulados aquí planteados puedan ser recogidos por los diversos sectores estatales, así como por el conjunto de la colectividad nacional, para constituir una sociedad más justa y respetuosa de la dignidad humana.

Descargar documento completo (2.05MB)

Informe Anual 2009 – 2010

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A nuestra comunidad, una mañana entraron…

Historias de violencia política en comunidades del Perú

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) comparte su última publicación “A nuestra comunidad, una mañana entraron… Historias de violencia política en comunidades del Perú, la cual hace una recopilación de las historias de violencia política recogidas durante 24 meses en seis zonas de los cinco departamentos más afectados por la violencia política.

Los testimonios que se presentan nos hablan de la fuerza de la memoria y de la importancia que la memoria de las comunidades tiene para un proceso de justicia transicional. Ellos nos desafían a entender que la justicia transicional no es sólo algo referido a las instituciones estatales, a los procesos que ocurren en las capitales, o a los grandes procesos judiciales de casos emblemáticos. Es también un deber de justicia, reconocer lo sucedido en el corazón de los conflictos.

Participaron también en este proyecto, la Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Iniciativas para el Desarrollo Humano (CEIDHU), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Web de ICTJ

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Presentan Informe Anual de Derechos Humanos de la Comunidad Trans

El Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, integrante de la ILGA (Asociación  Internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales), de la CNDDHH (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) y de la Red Peruana TLGB, abocado a la visibilización de las condiciones de vida de la población trans (transgénero, travesti y transexual) y a la defensa de sus derechos humanos presentó el Informe Anual de Derechos Humanos de la Comunidad Trans 2010. El evento tuvo lugar en el local de la CNDDHH contando con la participación de activistas y público interesado.

El informe brinda información de primera mano, sobre la situación y las condiciones de vida que enfrenta la población trans, marcada por la violencia, la discriminación y exclusión social. De igual manera, describe el panorama sobre las difíciles condiciones sociales, económicas y culturales por las que transita la población trans en su vida cotidiana. El mencionado informe fue comentado por representantes de la CNDDHH, Amnistía Internacional, ONUSIDA, La Kolectiva Lésbica y el Colectivo Raiz 2.0

www.runa.org.pe

Ver informe:
Informe Anual de Derechos Humanos de la Comunidad Trans 2010

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IDL publica libro  sobre Juventud y Género en las Fuerzas Armadas

La presentación se realizará el martes 19 de abril 2011 en el local del IDL

El Instituto de Defensa Legal (IDL) publica el libro “Juventud y Género en las Fuerzas Armadas: hacia el ejercicio de derechos fundamentales” (*), que busca difundir la situación de los jóvenes que prestan servicio militar; y de las mujeres, quienes, por su edad, género, posición en la estructura jerárquica, nivel socioeconómico y origen étnico, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad respecto del ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales.

El libro será presentado este martes 19 de abril en el auditorio del IDL ubicado en la Av. Del Parque Norte 829, Urb. Corpac – San Isidro, a las 4 p.m.

La presentación del documento contará con la participación del Director General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, Embajador Mario López Chávarri, la Consejera Política de la Unión Europea, Marianne Van Steen, Ciro Alegría de la Universidad Católica del Perú, Rocío Villanueva del IDEHPUCP, así como Ana María Tamayo y Ernesto de la Jara del IDL.

El documento, que cuenta con dos partes, analiza la problemática de la juventud y el servicio militar; y examina el tema de la situación de las mujeres en las Fuerzas Armadas.

En la primera parte, Eduardo Toche, Carlos Tubino Arias Schreiber, Alejo Vargas Velásquez y Gerardo Arce examinan la evolución del sistema de servicio militar en el Perú desde su transformación de un servicio obligatorio hasta el actual servicio voluntario.

Según algunas encuestas realizadas, la percepción de la sociedad sobre el servicio militar es parcialmente positiva, eso significa que el sistema actual no responde a las necesidades y requerimientos de los jóvenes peruanos. Eduardo Toche sostiene, que se necesitaría que el servicio militar se rediseñe articulando los objetivos de la defensa y seguridad del país con las políticas de juventud, y que el servicio militar no continúe siendo visto como un refugio de la pobreza para los jóvenes con menos oportunidades, ni como una alternativa de control social de los jóvenes que infringen la ley.

Carlos Tubino Arias Schreiber, quien se desempeñó como Inspector General del Ministerio de Defensa del 2008 al 2010, analiza los avances en el sector defensa respecto de mecanismos desarrollados para proteger los derechos de los soldados, así como la creación de las Oficinas de Asistencia al Personal de Servicio Militar  en el sector defensa, como un mecanismo para  asegurar una mejor administración del personal, garantizando que la subordinación y el liderazgo se ejerza con respeto a la ley.

Por último Gerardo Arce estudia los casos de reclutamiento indebido de menores de edad para prestar servicio militar, registrados por la Defensoría del Pueblo durante el 2009 y el 2010. En el libro se prevé que, de no darse las medidas necesarias destinadas a aumentar el número de voluntarios que presten servicio militar, y a reformar el mismo; lo más probable es los casos de reclutamiento de menores de edad continúe en el futuro.

En la segunda parte del libro, Ana María Tamayo, Isabel Urrutia, Gerardo Arce, Eugenia Fernán Zegarra e Ileana Arduino, analizan la problemática de las mujeres militares en tres ámbitos fundamentales: la promoción de igualdad de acceso y oportunidades en la carrera militar; (en el acceso a las especialidades de combate); el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y varones en las Fuerzas Armadas (que  se encuentra restringido en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales, en las que el embarazo, deviene en una causal para perder la condición de cadete o alumno); la protección contra el acoso y violencia sexual en el sector defensa, y la conciliación de la vida familiar y profesional para varones y mujeres.

Ana María Tamayo e Isabel Urrutia plantean que el proceso de integración de las mujeres en las fuerzas armadas del Perú, tiene que garantizar la vigencia de estándares jurídicos internaciones que reconocen  las necesidades de adecuación de los aparatos de defensa a la presencia de las mujeres, a efecto de promover, de un lado, la igualdad de oportunidades y la no discriminación en la carrera militar, y el reconocimiento de derechos específicos, sobre todo, en relación con el impacto de la maternidad y responsabilidades subsecuentes en la vida de las mujeres militares, así como el diseño de mecanismos de protección y prevención de delitos contra la libertad sexual en el sector defensa.

Eugenia Fernán-Zegarra, Adjunta de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, desarrolla los límites a la potestad autonormativa de los institutos armados y policiales, en concordancia con los derechos a la igualdad y principio de no discriminación contemplados en la legislación internacional y nacional vigentes, a partir de una revisión de algunas sentencias del Tribunal Constitucional sobre casos de discriminación por sexo de cadetes de la Policía Nacional.

Ileana Arduino, Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de Argentina, desarrolla la propuesta de inclusión de una perspectiva de género en el sector defensa en Argentina, para asegurar un mejor nivel de derechos y garantías para el personal militar. Como parte de ello presenta las iniciativas emprendidas: el Observatorio sobre integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas, y la Dirección de Políticas de Género, entre las que destaca las medidas para la conciliación entre la vida familiar y profesional, orientadas a regular la situación de la maternidad y otras responsabilidades derivadas de la vida familiar, que acarrean un mayor impacto sobre las mujeres que sobre los varones.

(*) La publicación se entregará el día de la presentación.

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CIDH presenta su Informe Anual 2010

Publicado el 15 April 2011 por admin en Documentos

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CIDH presenta su Informe Anual 2010

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy su Informe Anual 2010 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El informe consta de cinco capítulos en los cuales se da cuenta de las actividades desarrolladas por la CIDH y sus Relatorías durante 2010 y se ofrece información sobre el procesamiento de peticiones y casos y el otorgamiento de medidas cautelares a lo largo del año. Asimismo, el Capítulo IV contiene secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela, países que la CIDH consideró que merecían especial atención en 2010.

Respecto de Colombia, el informe señala que a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de crímenes. La CIDH es consciente de la compleja situación que enfrenta Colombia tras cinco décadas de violencia, y el informe destaca que el Estado colombiano ha emprendido esfuerzos dignos de reconocimiento a fin de avanzar en la pacificación mediante la desmovilización de actores armados y la protección de sus ciudadanos. Asimismo, la Comisión saluda el diálogo de las nuevas autoridades de Colombia con la CIDH, el cual permitirá avanzar en la defensa y promoción de los derechos humanos en el país.

Respecto de Cuba, el informe señala que las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones al derecho de residencia y de tránsito, configuran una situación permanente de trasgresión de los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos. La sección sobre Cuba analiza el impacto de las sanciones económicas implementadas por Estados Unidos sobre el goce de los derechos humanos de los habitantes de la isla, así como la represión política, la privación de libertad de disidentes políticos y las restricciones al derecho de residencia y tránsito, entre otros aspectos.

Respecto de Honduras, el informe analiza una serie de asuntos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes, y que se han agudizado a partir del golpe de Estado de 2009. La sección incluye información sobre asesinatos, hostigamientos y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos y otros líderes sociales, hostigamiento y persecución contra magistrados identificados como opositores al golpe de Estado, violaciones al derecho a la libertad de expresión, y deficiencias en la implementación de medidas cautelares, entre otros.

Respecto de Venezuela, el informe analiza la situación de la libertad de pensamiento y expresión, la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político, los serios obstáculos que los defensores de derechos humanos enfrentan en el ejercicio de su labor,y la situación de violencia en las cárceles, entre otros aspectos.  Igualmente, se destacan los logros alcanzados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, tanto por el reconocimiento jurídico de la exigibilidad de los derechos a la educación, salud, vivienda, y la seguridad social universal, como por la implementación de políticas y medidas dirigidas a subsanar las falencias que aquejan a vastos sectores de la población venezolana.

Ver Informe Anual 2010

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Planes de Gobierno: Estado, Amazonía y Pueblos Indígenas

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) presenta documento sobre los derechos de los Pueblos Indígenas Amazónicos en los planes de gobierno de los partidos políticos que participan en las Elecciones Generales 2011.

Una  de las debilidades  históricas  de los  partidos  políticos en  el Perú ha sido -y  sigue  siendo- la invisibilidad  y ausencia  de  los  pueblos  indígenas  amazónicos  en  el  proceso  de  construcción  del  país.  Las  referencias  a  la Amazonía  y  a  los  pueblos  indígenas  no  sólo  son  superficiales  y  generales;  están  colmados de  estereotipos  e imaginarios  expresados  en  la  idea  de  “conquistar ”  la  Amazonía,  en  vez  de  promover  su  desarrollo  con  la participación activa de los pobladores de esta importante región.
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IDL presenta informes de balance y propuestas sobre justicia en el Perú

Balance señala que el gobierno saliente dejará un PJ y un TC menos independientes

El Programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL) presenta dos recientes documentos titulados “Balance de la Justicia 2009-2010. ¿Cómo estuvo la justicia en el Perú?” y “La reforma judicial pendiente. Hoja de ruta”. Ambos informes aportan a la comprensión del sistema de justicia, pues en uno se muestra un diagnóstico sobre los avances y retrocesos del sistema judicial en el período pasado, y en el segundo, se contribuye con algunas propuestas para mejorar la justicia en el país.

Una de las principales conclusiones a las que llega el Balance de la Justicia 2009 – 2010, es que el gobierno saliente dejará un Poder Judicial (PJ) y un Tribunal Constitucional (TC) menos independientes. Se señala que el resultado de grandes casos de corrupción del actual régimen como “Petroaudios” y “Business Track”, se encuentran estancados en el PJ; se da cuenta también del retroceso que ha tenido el actual TC en importantes fallos; así como otros importantes casos que, vistos en conjunto, apuntan a concluir que hoy en día el sistema de justicia es más permeable a las presiones e injerencias políticas del partido aprista y del gobierno de García.

Además, se analizan temas como la transparencia judicial, la independencia judicial,  examinando la actuación del titular de la Corte Suprema frente a los demás poderes. Luego, los asuntos referidos a la Carrera Judicial y al funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, con todos los problemas que allí se han generado.

Otros temas tratados son los referentes a la implementación del nuevo Código Procesal Penal en los dieciséis distritos judiciales, que viene ocurriendo sin realizar una evaluación previa; asimismo se realiza un análisis positivo sobre lo ocurrido en el campo del acceso a la justicia, empezando por la justicia de paz, donde se valora lo sucedido con la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP), y la importante asignación presupuestal ocurrida por primera vez en la historia del Poder Judicial.

Este arqueo forma parte de una serie de diagnósticos sobre los avances y retrocesos del sistema de justicia que, desde el 2004, el IDL publica.

Por otro lado, La reforma judicial pendiente, toma en cuenta 60 problemas de todo el sistema de justicia, y plantea soluciones puntuales para cada uno ellos, constituyéndose así en una propuesta integral para el mejoramiento de la justicia en nuestro país.

Las propuestas tratadas en el documento tienen que ver con temas de presupuesto y transparencia, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, justicia penal, justicia militar y policial, entre otros.

En el tema de transparencia, por ejemplo, el informe propone la aprobación de un reglamento de elección de presidentes de cortes superiores y de Corte Suprema, así como promover un debate para la regulación de autoridades del Ministerio Público.

En el actual contexto electoral y por la renovación de diversas autoridades del sistema de justicia, ambas publicaciones resultan relevantes. En ese sentido, el análisis y las propuestas pueden orientar los planteamientos en materia de justicia de los actuales candidatos presidenciales y congresales, y de las autoridades elegidas en los diversos poderes del Estado.

Ver:

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HRW presenta informe mundial de derechos humanos 2011

HRW: Los gobiernos tratan con guantes de seda a los abusadores

(Bruselas)—Demasiados gobiernos aceptan las racionalizaciones y excusas de gobiernos represivos, sustituyendo la presión para promover el respeto a los derechos humanos con métodos más suaves como el “diálogo” privado y la “cooperación”, señaló Human Rights Watch hoy durante la publicación de su Informe Mundial 2011. En lugar de manifestarse con firmeza contra los líderes abusivos, muchos gobiernos, entre ellos los Estados miembros de la Unión Europea, adoptan políticas que no generan presión para el cambio.

El informe de 649 páginas, el vigésimo primer examen anual de Human Rights Watch sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume las principales cuestiones de derechos humanos en más de 90 países y territorios, lo que refleja el extenso trabajo de investigación que Human Rights Watch llevó a cabo en 2010.

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Capítulo del Informe Mundial: PERÚ

Perú
Eventos de 2010

En 2010, las iniciativas del poder judicial para procesar a policías y militares por abusos cometidos durante el conflicto armado interno de Perú tuvieron resultados poco alentadores. En lugar de recibir el apoyo de funcionarios del gobierno, el proceso ha sido objeto de críticas frecuentes por parte de estos, y en 2010 el Presidente Alan García firmó un decreto que equivalía a una amnistía indiscriminada, ya que habría permitido la impunidad de la mayoría de los crímenes. Luego de protestas nacionales e internacionales, la medida fue finalmente suspendida. Sin embargo, la negativa del Ejército a brindar información continúa obstruyendo las investigaciones judiciales, y la mayoría de los responsables han logrado evadir la justicia.

En varias ocasiones los oficiales de policía transgredieron las normas internacionales sobre uso de la fuerza letal para controlar protestas y manifestaciones. La tortura, si bien no es una práctica sistematizada, sigue siendo un problema.

Juicios por los abusos del pasado

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, cerca de 70.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado interno que sufrió el país. Se trató de víctimas de atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del estado.

En agosto de 2010, el Presidente García dictó un decreto que otorgaba una amnistía encubierta a personas que cometieron violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. El Decreto 1097 resultaba violatorio de las obligaciones jurídicas internacionales de Perú, en tanto permitía la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2003, el año en que Perú ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Entre estos delitos se incluyen atrocidades cometidas durante el primer gobierno de Alan García, como la masacre de 122 presos en la cárcel de El Frontón en 1986. El Decreto 1097 también obligaba a los jueces a concluir los juicios de militares y policías que no hubieran sido acusados formalmente dentro del plazo máximo de 36 meses previsto por la ley. Pocos días después, un general y varios miembros del escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina, responsable de numerosas muertes y desapariciones ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori, pidieron a la justicia que se cerraran las investigaciones en su contra. En un primer momento, el Presidente García defendió el decreto, pero posteriormente cambió de opinión, ante las duras críticas en el ámbito interno e internacional. En septiembre, el Congreso aprobó por una mayoría abrumadora un proyecto presentado por el gobierno para derogar el decreto.

En diciembre de 2009, un tribunal integrado por jueces de la Corte Suprema de Perú confirmó en forma unánime la pena de 25 años de prisión impuesta al ex Presidente Alberto Fujimori por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, Lima, en noviembre de 1991, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992, y dos secuestros. Fujimori es el primer líder latinoamericano elegido en forma democrática que fue condenado por violaciones graves de derechos humanos en su propio país.

Frente a la relevancia trascendental de la condena impuesta a Fujimori, los juicios sobre otros casos de derechos humanos relacionados con el período del conflicto armado han tenido resultados poco alentadores, y la proporción de condenas es mucho menor a la de absoluciones. En junio de 2010, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una ONG que monitorea la justicia por los hechos del pasado, informó que la Sala Nacional Penal, creada en 2004 para tratar violaciones de derechos humanos y casos de terrorismo, había absuelto a 65 militares y policías, condenado solamente a 12, y había desestimado 23 casos.

El Ejército peruano se ha rehusado sistemáticamente a brindar información que ayude a los fiscales a identificar a militares que participaron en atrocidades. A causa de esta falta de cooperación, tanto fiscales como abogados de familiares de las víctimas han tenido dificultades para recabar pruebas que cumplan con los estándares rigurosos exigidos por la justicia. Por ejemplo, funcionarios del Ejército y el Ministerio de Defensa negaron la detención de los estudiantes Alcides Ccopa Taype y Francisco Juan Fernández Gálvez, quienes desaparecieron en Huancayo en octubre de 1990. En junio de 2010, la Sala Penal Nacional absolvió a dos generales del Ejército responsables de los operativos militares en la zona. El tribunal desestimó el testimonio de un ex detenido que declaró haber visto a los estudiantes en la base del Ejército, así como la prueba aportada por otros testigos, quienes afirmaron haberlos visto mientras estaban bajo custodia.

Varios ex militares de alto rango procesados han empleado tácticas dilatorias y han presentado recursos de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional debido a que, según argumentan, se habría violado su derecho a ser juzgados en un plazo razonable.

Uso injustificado de la fuerza letal

En los últimos años, hubo varios enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía, con un saldo de varios muertos en ambos bandos. Existen indicios de que, en algunos de estos incidentes, la policía habría recurrido a un uso injustificado de fuerza letal.

En abril de 2010, 5 civiles fueron asesinados y 16 resultaron heridos por armas de fuego cuando la policía disparó para dispersar una manifestación en la cual participaban 6.000 mineros en huelga que habían cortado una de las principales carreteras de Chala, en la provincia de Caravelí. Una mujer que no participó en los eventos habría muerto a causa de un infarto. En septiembre, 61 policías habían sido acusados.

Continúa la controversia en torno a las circunstancias de la muerte de 33 personas (23 policías y 10 civiles) en junio de 2009 como resultado de enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes indígenas en las provincias de Utcubamba y Bagua, en el Amazonas peruano. Una comisión de investigación designada en julio de 2009 señaló como principales responsables a los manifestantes indígenas y a la intervención de “actores externos”. No obstante, dos de los comisionados, entre ellos un representante indígena, se negaron a firmar el informe de la comisión. Publicaron un informe minoritario, donde se citan pruebas de que los manifestantes no estaban armados cuando la policía comenzó a dispararles. En mayo de 2010, el líder indígena Alberto Pizango, acusado de instigar la protesta, fue arrestado por el delito de sedición e incitación al regresar de su exilio en Nicaragua. Ningún ministro o jefe de policía ha sido procesado por el modo en que se respondió ante la protesta.

En agosto de 2010, el presidente emitió un decreto que permitiría a las fuerzas armadas enfrentarse a un “grupo hostil” en el marco de operativos de seguridad. La definición de “grupo hostil” emplea términos vagos e incluye a personas con armas punzo-cortantes o contundentes, como piedras, y esto despierta el temor de que se utilice el decreto para justificar el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes indígenas.

Tortura y maltrato

La tortura continua siendo un problema. La Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de derechos humanos continúan denunciando casos de golpizas por parte de policías y patrullas municipales. También han informado sobre la victimización de conscriptos militares por parte de sus superiores, como el caso de un soldado que cumplía el servicio militar en Iquitos y que, en agosto de 2010, habría sido obligado a tragar llaves por un mayor del Ejército luego de una discusión. Es común que la justicia clasifique los casos de tortura según la gravedad del daño infligido. Así, cuando las heridas son de menor gravedad, se las considera “lesiones”, un delito que contempla una pena menor y que suele ser excarcelable.

Derechos reproductivos

En Perú, las leyes y políticas restrictivas sobre aborto, que en general penalizan esta práctica y sólo brindan pautas imprecisas sobre cómo obtener un aborto lícito, inciden en las cifras de muerte y discapacidad materna. En 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que el estado peruano, al no haber practicado un aborto a una adolescente para interrumpir su embarazo anencefálico, había violado diversos derechos humanos, incluido el derecho a no ser objeto de torturas, y que el gobierno tenía la obligación de asegurar que no se repitiera una situación similar en el futuro. Pese a esto, y a las fuertes presiones de organizaciones de la sociedad civil peruana, el gobierno aún no ha adoptado pautas claras para la práctica de abortos legales.

Libertad de los medios de comunicación

Los periodistas de las provincias de Perú están expuestos a intimidación y amenazas. Algunos periodistas que informan sobre abusos cometidos por funcionarios de gobierno locales han sido agredidos e incluso asesinados por personas que apoyan a las autoridades municipales o trabajan para ellas.

En octubre de 2010, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones restableció en forma provisoria la licencia de transmisión de Radio La Voz de Bagua, una estación de radio local del Amazonas peruano, cuya licencia había sido revocada en junio de 2009 luego de que el Ministro del Interior y varios miembros del partido del presidente, la Alianza Popular Revolucionaria, acusaran a dicho medio de incitar a la violencia durante su cobertura de los disturbios en Bagua.

Defensores de derechos humanos

Los partidarios del ex Presidente Fujimori en el Congreso, así como algunos altos funcionarios del gobierno, han intentado activamente desacreditar a las ONG que promueven la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Estas ONG han sido acusadas sin fundamentos de tener afinidad con grupos terroristas o de desprestigiar a las fuerzas armadas.

En los últimos años, diversas ONG que defienden derechos indígenas y ambientales en zonas afectadas por actividades de minería han sido objeto de amenazas y persecución judicial, y acusadas de organizar o participar en protestas. El gobierno revocó intempestivamente el permiso de residencia del ciudadano británico Paul McAuley, miembro laico de una congregación católica y presidente de la asociación ambientalista Iquitos en el Amazonas peruano, quien ha vivido en Perú durante 20 años.

Actores internacionales clave

Luego de su visita al Perú en septiembre de 2010, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo señaló respecto del Decreto 1097, sobre el uso de la fuerza por el Ejército, que “probablemente dará pie a violaciones del derecho”. También expresó su preocupación ante la posibilidad de que el decreto permitiera el uso injustificado de la fuerza contra manifestantes que no estén armados.

En septiembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación de que el Decreto 1097 permitiera que “queden en la impunidad cientos de casos de violaciones graves a los derechos humanos”.

Fuente: Informe mundial de derechos humanos 2011 – HRW

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