El Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) publicaron el libro “¿Cómo cuantificar el dolor? Aportes para reparaciones económicas individuales para las víctimas del conflicto armado interno”, que reúne distintas experiencias internacionales en el tema de reparaciones económicas para las víctimas. En el actual contexto electoral, el informe pretende enriquecer el debate en el tema de reparaciones e incidir en la importancia de una dignificación e inclusión a las víctimas.
El documento reúne experiencias en países como Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Perú, entre otros; y fue entregado a la Comisión Técnica de reparaciones económicas e individuales para que contribuya en su tarea de elaborar un informe técnico que servirá como base para determinar el otorgamiento y el monto del beneficio económico para las víctimas. Cabe señalar que esta comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue creada el pasado 17 de julio y tiene 180 días de plazo (que vence a fines del presente mes), para entregar su informe técnico.
En ese sentido, el documento presenta reflexiones, experiencias y recomendaciones sobre los procesos de reparación económica llevados a cabo en América Latina y sobre cómo debería ser la propuesta en el Perú para asegurar su viabilidad. Además, se intenta responder las siguientes preguntas: ¿Es posible reparar económicamente? ¿Cómo se mide el daño? ¿Qué monto se debería entregar por daño?, ¿Cómo se entregaría el dinero?, entre otros temas más específicos.
Los experiencia en los países coinciden en señalar que las reparaciones son parte de un proceso que debe incluir acciones de memoria y de justicia, que deben incorporar además las impresiones y los impactos individuales de la violencia dentro de un discurso general, en donde estos actores puedan participar y sentirse protagonistas de esta historia. Todo esto acompañado de un clima de rechazo a la impunidad ante las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas.
La comisión tiene registrado 21,274 casos; de los cuales 15 mil 450 son personas fallecidas, 4 mil 844 desaparecidas, 950 casos de violación sexual y 30 casos de discapacidad. Cabe recordar que en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se estima esta cifra en 69 mil víctimas del terrorismo o de agentes del Estado.
La discusión en torno a la atención de las víctimas del conflicto armado ha ido perdiendo vigencia y ha dejado de ser un punto importante en la agenda nacional, inclusive en las zonas de mayor afectación. Sin embargo, el tema no deja de ser importante para las víctimas y para su entorno. En tal sentido, las reparaciones se convierten en un derecho de la sociedad a la estabilidad, a los derechos humanos y al Estado de Derecho.
El ICTJ es una organización que asiste a países que buscan enfrentar un legado de atrocidades o abusos contra los derechos humanos. En el Perú, viene trabajando desde el 2001 asistiendo en la formulación de la CVR, y desde esa fecha, viene apoyando a entidades del gobierno y de la sociedad civil en el proceso de transición democrática junto con organizaciones de víctimas y de comunidades afectadas por la violencia.
Compartimos interesante documento de trabajo para el debate acerca de la propaganda racista en los medios de comunicación “La propaganda racista contra los Afrodescendientes en el Perú.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy su informe 
