Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, Kolumna Okupa, 29/01/2012

Está totalmente fuera de discusión la validez del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como un acercamiento serio, meticuloso y honesto a lo que sucedió durante los años 80 y 90 en nuestro país. Lo que voy a plantear en este (corto) espacio son las posibilidades específicas de difundirlo:

1. Impulsar en las universidades que se dicten cursos sobre memoria y de alguna manera propiciar discusiones interdisciplinarias en las áreas de estudios generales.

2. Promover cursos que usen algunos de los 16 mil testimonios recogidos durante el proceso de la CVR para poder llegar a tener una visión menos estadística y más humana del proceso, en cursos de Lengua y Redacción, como parte de entender que lo literario en América Latina tiene un sustrato oral muy fuerte y ancestral.

3. Hacer concursos de tesis universitarias, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, que pueda plantear diversos aspectos sobre el Informe de la CVR. Conozco a varios y varias estudiantes holandeses, españoles, estadounidenses o alemanes que están actualmente abocados en sus tesis de grado a varios aspectos del Informe Final; en cambio, los peruanos son pocos (pero son… como diría Vallejo).

4. Editar y difundir algunos de estos testimonios en libros cuidados, ilustrados y con explicaciones sobre el proceso completo, para poder ser usados en colegios, universidades, institutos pedagógicos y talleres diversos.

5. La idea es que la difusión de los testimonios no se centre en análisis sociológicos sino en historias de vida, en testimonios palpitantes, editados por una mano que manteniendo los giros característicos de un castellano filtrado de otras lenguas, o en todo caso las traducciones de testimonios en otras lenguas, permita dar una fluidez al texto para ser leído de manera corrida y con fruición.

6. Permitir que el Informe Final sea recreado desde diversas experiencias artísticas. De hecho, Alonso Cueto, Santiago Roncagliolo, Óscar Colchado y un largo etcétera bastante fructífero de narradores peruanos, criollos y andinos y de todos los matices han tocado el tema de la violencia desde diversas fuentes testimoniales, periodísticas e históricas, y varios de ellos tomando como fuente el propio Informe Final. Y varios han ganado premios internacionales con estas propuestas.

7. Asimismo difundir, como han hecho varias instituciones como Ser o Comisedh, concursos de dibujos, cantos, cómics, poesía, narraciones que estén inspirados en el Informe Final o en todo caso en historias que se derivan de la violencia que sufrimos durante esos años nefastos.

8. Promover entre los jóvenes videastas y cineastas concursos de guiones que tengan como objetivo primordial el uso de los testimonios de la CVR o que a su vez puedan recoger testimonios de aquellas personas que no han podido darlos en su momento y que aún tienen la necesidad imperiosa de contar sus historias. La teta asustada está inspirada en una historia terrible de esta época.

Estas son solo algunas ideas que hemos venido pensando para difundir el IF de la CVR de la mejor manera, al margen de los medios de comunicación tantas veces refractarios a tocar el complejo tema del conflicto armado interno (terrorismo por un lado y represión brutal del otro), para estimular que las nuevas generaciones no olviden este proceso, no para recrearles un dolor que no han sentido sino para abrirles los ojos ante la verdad y la justicia.

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Por Salomón Lerner Febres

Publicado en La República 22/01/2012

Se discute en estos días sobre la pretensión de una organización senderista, el Movadef, de obtener una inscripción como partido político ante el JNE. Existe un amplio consenso ciudadano en contra de esa pretensión. En su momento, la Comisión de la Verdad y Reconciliación afirmó que SL no puede tener cabida en nuestra democracia. Lo dijo de forma categórica al tiempo que demostró, con nutrida documentación, la atrocidad de los delitos cometidos por dicha organización y sustentó las responsabilidades penales que se derivaban de los crímenes contra la humanidad perpetrados por los seguidores de Abimael Guzmán.

Es por ello llamativa, aunque no sorprendente, la campaña de descrédito contra la CVR emprendida una vez más por ciertos diarios, una campaña basada en tergiversar sin escrúpulos lo dicho por la Comisión sobre SL en su momento. Según esos periódicos, el intento de Movadef de entrar a la arena política formal tiene como apoyo una supuesta tibieza de la CVR en sus juicios sobre SL.  Pues bien: eso es completamente falso y sostenerlo es calumnioso. Es tan clara la condena de la Comisión a SL que las falsedades  expresadas por  estos diarios sólo pueden tener tres explicaciones: o no  han  leído el informe ni su resumen y  hablan  sin conocimiento, lo cual es en extremo irresponsable; o  han  leído y no  han  entendido lo que allí se dice:  hecho que evidencia  la pequeñez intelectual de quienes hoy dirigen esas publicaciones; o han leído,  han  entendido y han  optado conscientemente  por la mentira y la calumnia, lo cual delata su insignificancia moral.

Esa campaña de vilezas se  ampara, desde luego,  en  lo poco que ha sido difundido el  informe final de la CVR. Nadie que lo haya leído,  aunque sea de manera fragmentaria o somera podría creer las mentiras que se están propagando; mentiras que nacen, las más de las veces, de tergiversaciones surgidas en el seno  de  una triste precariedad mental. Se dice, por ejemplo, que la Comisión favorece a SL al llamarlo partido político. Al parecer no quieren o no pueden entender,   como se aclaró en su momento aun en el Congreso de  la República,  que esa definición tiene una naturaleza descriptiva y  que no entraña  por tanto ningún juicio de valor positivo ni la tácita legitimación de ese movimiento que, como se señala en el informe, hizo del terror su práctica cotidiana. ¿No fue acaso el nazismo un movimiento organizado desde un partido político, el NSDP? ¿Eso lo hace menos criminal, acaso? ¿No ha usado el fujimorismo, que  tanto  los seduce, para dar viabilidad a sus empresas delictivas, sucesivas fachadas partidarias, sin que eso cambie la naturaleza de sus repudiables delitos?

Pero antes de abundar en explicaciones y demostraciones conviene dejar hablar al propio informe de la CVR. Así, la primera línea del capítulo dedicado a SL dice: “La organización subversiva y terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú y conocida como Sendero Luminoso (PCP-SL) desencadenó una guerra contra el Estado y la sociedad peruanos (…)”. Cualquier persona que lea con honestidad esa línea debería dejar de afirmar que la CVR no llamó terrorista a dicha organización.

En su conclusión 13, se dice: “Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas”. En la conclusión 20: “La CVR ha constatado características terroristas del PCP-SL que se desplegaron desde un comienzo a través de “ajusticiamientos” realizados con sevicia, prohibición de entierros y otras manifestaciones delictivas, incluido el uso de coches-bomba en las ciudades”. La conclusión 26 señala que “la violencia extrema practicada por el PCP-SL en las localidades rurales de los Andes se extendió también a los centros urbanos. Lima y otras ciudades fueron también escenarios complementarios y sufrieron sabotajes, asesinatos selectivos, paros armados y actos terroristas, especialmente bajo la modalidad de coches-bomba”.

Y, como último asunto,  entre muchos posibles sobre la condena de la CVR a SL, en la conclusión 28 se dice que “por la generalidad y sistematicidad de estas prácticas, miembros del PCP-SL, y en especial su dirección nacional y su denominada “jefatura”, tienen directa responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de ataques armados contra la población civil, cometidos a gran escala o bien como parte de una estrategia general o de planes específicos”.

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Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, Kolumna Okupa, 15/01/2012

Huamanquiquia, 1° de julio de 1992. Un grupo de cinco senderistas entraron a este poblado ayacuchano, golpearon a los que pudieron, les cortaron las trenzas a las mujeres y luego procedieron a asesinar a 18 personas. Fue la última masacre. Hubo decenas de masacres anteriores. Las peores fueron Lucanamarca, con 90 personas asesinadas a machetazos, y el caso del “Expreso de la Muerte” o “Expreso Cabanino”, con más de 160 personas asesinadas por un grupo al mando del “camarada José” y a bordo de un terrorífico ómnibus interprovincial, que atravesó 34 poblados, asesinando a casi todos los que encontraron a su paso. ¿Es posible olvidarlos?

No podemos olvidar lo que significó el PCP-SL en nuestro país: para eso hay que leer el respectivo informe de la CVR y el capítulo dedicado al principal causante de la mayor cantidad de muertes durante el conflicto armado interno. Aducir un argumento democrático para inscribir a un partido cuyas siglas consignan la palabra “amnistía” y cuyo objetivo es que se deje libres a todos los perpetradores de violaciones de derechos humanos es verdaderamente entender que la democracia es estúpida. Y la democracia no puede ser imbécil. La democracia no puede permitir que un grupo de personas utilice los recursos de la democracia para fines antidemocráticos. Eso sería sostener al Estado de Derecho en una falacia. Por eso consideramos que el JNE debe impedir la inscripción del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef).

Precisamente, el Movadef coincide con algunos sectores militares en considerar que la reconciliación puede darse sobre la base del olvido, de la negación de justicia a miles de víctimas, situación que es totalmente improcedente. La única manera en que se dé una verdadera reconciliación es sobre la base de la memoria y la justicia, y eso implica planes de búsqueda de desaparecidos y juicios justos a todos los violadores de derechos humanos, así como reparación para las víctimas. Un asunto es la libertad de opinión, otro totalmente diferente es  permitir que un grupo desestabilizador utilice el sistema democrático para sus objetivos subalternos. Por eso mismo sería un verdadero despropósito no rechazar firmemente esta pretensión.

Para aquellos jóvenes y no tanto que sostienen que una democracia debe aceptar todas las ideas y, por lo tanto, aceptar la inscripción de un movimiento como Movadef en el registro de partidos electorales, creo que están equivocados y confunden libertades democráticas con mal uso de las normas electorales. Que no se inscriban como partido político no implica que no dialoguen o que no puedan debatir sobre sus ideas: Alfredo Crespo ha pasado por todos los canales de televisión y, en la medida que somos una democracia, ha debatido hasta con Mónica Delta. Tiene libertad de decir lo que piensa y de defender a Abimael Guzmán, precisamente porque en una democracia hasta Guzmán tiene derecho a un abogado. Pero convertir el Movadef en un partido legal sería simplemente convertirnos en una sociedad amnésica. Y en nuestro país olvidar el conflicto armado interno es inmoral.

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Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, Kolumna Okupa, 08/01/2012

“Míralos”, me dijo el ingeniero ayacuchano mientras caminábamos por la Plaza de Armas, “vienen con sus camionetas 4×4, su jean, su polo blanco, sus lentes de sol, se sientan en las bancas de la plaza con los brazos sobre el respaldar, creídos, arrogantes, desafiantes, y nos miran como si fueran los conquistadores”. Esa era la descripción que hacía un ayacuchano de un limeño hace más o menos seis años. No de cualquier limeño, sino de aquellos, ya sean turistas o ingenieros mineros u operarios de grandes empresas, que se perciben a sí mismos como los dueños del Perú y que andan por un lado u otro sin ver siquiera con una mirada nítida al otro provinciano que, en múltiples oportunidades, los saluda sin esperar nada. Y, por supuesto, muchas veces ni siquiera recibe un saludo de vuelta. Los limeños o limeñas que se mueven por diversas razones a las tantas ciudades del Perú, y a los que no les importa más que su diferencia sin interesarse en la cultura local, están creando un odio al limeño que se encarama sobre cientos de años de centralismo sedimentado por resentimientos mutuos.

El crecimiento económico centralizado en Lima y en las grandes capitales como Arequipa o Trujillo ha producido un consumismo que, por momentos, es vergonzoso y estúpido. Pero sobre todo ha planteado nuevas brechas que separan a los que pueden consumir de los que no pueden ni pensar en hacerlo. Los que no piensan siquiera en eso generalmente son los pobres rurales, de la sierra o zonas como Ucayali o Madre de Dios, que ni por asomo pueden tener acceso a ese consumo, y que muchas veces tampoco les interesa, pues sus vidas están centradas en otras formas de entender el mundo. Por eso, esa mirada que centra el desarrollo en el florecimiento de “malls” en provincias es una mirada básicamente urbana de capas altas. O en el boom de los restaurantes de “concepto” en los cuales una pareja de jóvenes limeños, publicistas por ejemplo, pueden gastar en una sola cena lo que le pagan a su empleada del hogar durante un mes y sin seguro ni horas extras. O en la movilidad de los empresarios que cada año se pasean con el CADE a Cusco o con Perumin a Arequipa, con sus ternos y sus blackberries, copando restaurantes y lounges, pero sin ver siquiera la ansiedad local por esa supuesta posibilidad de progreso.

No debe sorprender, entonces, que durante el paro cajamarquino previo al estado de emergencia la reacción de la población local contra la prensa limeña haya sido tan agresiva y confrontacional: se tenía la percepción, creo que verdadera, de que los medios televisivos desde Lima presentaban a unos cajamarquinos rabiosos que seguían los dictámenes de cuatro radicales porque no sabían lo que les convenía. Infantilizados. Reducidos a ovejas. Prestos a ser tutoriados, como toda la vida lo fueron los subalternos en el Perú. Y la misma percepción fue con Puno, con Bagua, con Tambopata, con Espinar.

Las brechas entre el sentir de las provincias frente a la arrogancia limeña se ensanchan y profundizan como el Cañón del Colca: dividiendo con un tajo hondo a los de un lado y del otro que, sin embargo, se miran de reojo… y se desprecian mutuamente.

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Por Paola Ugaz (@larryportera)

Tomado de La mula

A propósito del premio anual en el rubro de periodismo que entregó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a LaMula.pe –hija reconocida de la Red Científica Peruana- les quisiera dejar una reflexión sobre el año en que vivimos en peligro, y que podría traernos el indulto al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) como regalo navideño.

Este año enfrentamos el peligro del regreso a un régimen donde se robaron miles de millones de dólares, se compraron medios de comunicación, se eliminaron opositores y se violaron sistemáticamente los derechos fundamentales del ser humano, como fue el gobierno encabezado por los reos Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

A través de la candidatura de su hija Keiko Sofía, Kenya Alberto buscaba volver a repetir sus glorias pasadas, hecho que nos iba a convertir en  país sin memoria y sin dignidad a nivel mundial.

En tales circunstancias, para La Mula no cabía espacio para la pasividad y apostamos por hacer un ejercicio de la memoria entre nuestra audiencia y así llenar el vacío dejado en los centros de formación escolar, técnico y universitario por nuestros líderes políticos desde que cayó el régimen de Fujimori en noviembre del 2000, cuando éste renunció por fax desde Tokio.

Hay una tarea pendiente de todos: sociedad civil, medios de comunicación, políticos y Estado, para que se eduque a nuestros hijos y nietos en ser mejores electores y no pasar por agua tibia los autoritarismos que llenan como una plaga nuestra historia republicana con el nocivo lema: “Robó pero hizo obra“.

Nosotros no podíamos permitir como país que se instaurase un gobierno que pervirtiera al máximo el sentido de justicia y buscara la liberación de un gobernante que alentó y premió la violación sistemática de derechos humanos y que, estábamos seguros, perseguiría a todos sus acusadores, incluyendo a las víctimas de su régimen, que durante el espacio que separó la primera de la segunda vuelta sufrieron pensando una y otra vez que uno de los causantes de su peor pesadilla iba a regresar al poder.

¿Qué buscamos? Un ejercicio de la memoria que pudiera aportar la diferencia entre el monocorde menú de la prensa escrita, televisiva y radial que buscaba alentar demonios y clichés chavistas en pos de volver a un gobierno donde las libertades económicas se convirtieran en la amnesia de las masas.

La Mula formó así parte de un ecosistema de medios alternativos donde se difundieron los olvidados “vladivideos“, las denuncias de corrupción de los noventas, las violaciones probadas por el grupo Colina y su padrino Montesinos, así como un viejo amigo de Fujimori, al que le gusta usar boinas rojas y que vive de la riqueza del petróleo y de cuyo nombre no queremos acordarnos hoy.

También peleamos por difundir los despidos de periodistas que no se querían adherir a los pedidos de dueños medios de comunicación aliados a empresarios de todas las layas para que se elija a ciegas por una candidatura que traería de vuelta al fascismo del siglo XXI, como la calificó el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Dentro de esa alianza de medios alternativos y esfuerzos personales para que La Mula pudiese contar “esa otra historia“, no queremos olvidarnos de la familia Vargas Llosa y todas sus colaboradoras, Claudia Cisneros, Buda de Nieve, Pablo Vásquez, Jo-Marie Burt, Carlos Rivera, Ernesto de la Jara, Diego García Sayán, Pilar Coll, Francesca Brivio, Gustavo Gorriti, Henry Pease, Salomón Lerner Febres, Gustavo Mohme Seminario, Carmen Amaro, Gisela Ortiz, las señoras de ANFASEP, y a nuestras propias familias, que permitieron que “hipotequemos“ nuestras vidas en esas cruciales elecciones para un Perú mejor.

Por ello consideramos que en este año “en que vivimos en peligro“, triunfó la memoria; un triunfo que lo buscamos a partir de un equipo joven, impetuoso y pujante, que cimentará las bases para lograr una sociedad civil educada en el respeto a los derechos humanos, en el rechazo a los autoritarismos y la trascendencia cultural mas allá del “whisky y Miami“, citando nuevamente a Vargas Llosa.

Una vez que cesó el peligro autoritario y ya con un nuevo gobierno, apostamos por ser un medio donde se privilegien las libertades, el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la oportunidad a la interculturalidad.

A modo de vivo homenaje al querido intelectual y también mulero Carlos Iván Degregori, quien nos dejó este año, quisiera cerrar recordando el poema que citó al recibir el premio otorgado por la Coordinadora de Derechos Humanos; el poema pertenece a Gabriel Celaya:

Poesía para el pobre porque vivimos a golpes
poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.
Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.
Hago mías las faltas.  Siento en mí a cuantos sufren y canto respirando.
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas
personales, me ensancho.

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Por Rolando Toledo

Tomado de La Mula

Recibir esta noche este importante premio de periodismo de la Coordinadora Nacional de DDHH es un honor, un sueño, un compromiso.

Más aun cuando se trata de un premio antes recibido por personalidades  y amigos tan queridos como Carlos Iván Degregori, Oscar Medrano, Pedro Salinas, Avelino Guillén, Carlín, Augusto Álvarez Rodrich, entre otros.

Un reconocimiento para esta mula, terca y trabajadora, y que me obliga, frente a ustedes, a comprometernos a ser un medio lo más plural, inclusivo y democrático que el cuerpo nos permita.

La mula nació hace dos años. Hija de la Red Científica Peruana, surge con el propósito de generar un espacio de debate y confrontación de ideas, una plataforma de reflexión y dinamismo, de crítica y de resistencia ciudadana.

Tal y como lo demuestran día a día nuestras queridas mulas, seres mestizos, híbridos, tercos, trabajadores, esteriles, incapaces de reproducirse, y por tanto originales, únicos, efimeros.

La mula cree en los ideales de la auténtica historia de piratas, un cuento añejo sobre la tiranía y la resistencia, una revolución marítima que avivó sentimientos democráticos que desencadenarían en la revolución americana. Como dijo Collin Woodward, en el corazón de todo aquello se hallaba una república pirata, un espacio de libertad en medio de una era de autoritarismo.

Es por ello que La mula ha buscado ser un medio de libertad que dé espacio al periodismo ciudadano como un actor relevante en la nueva prensa, aquella que se forja día a día desde el ciudadano y para el ciudadano, y que hoy vemos fluir  en las redes sociales.

La mula es esencialmente tozuda.

Durante el período electoral la gran prensa falló.  Salvo excepciones, no se generaron espacios de debate sobre programas y candidatos. Por el contrario, se hizo una caricatura de la realidad y de las propuestas. Se intentó que primara el miedo. Y sabemos que el miedo conduce al totalitarismo.

Las redes sociales, Twitter, Facebook, los diferentes colectivos y La mula se convirtieron en un espacio de activismo, de recuperación de la memoria, en una plataforma libertaria.

No podíamos dejar de recordar: las esterlizaciones forzadas, los millonarios robos, la venta de las línea editoriales; ni  La Cantuta, ni Barrios Altos.

Quisieron que no existiera memoria. Quisieron que no recordáramos. Quiseron atarnos de manos.

Pero gracias a Mario Vargas Llosa, Claudia Cisneros, Buda de Nieve, Gustavo Gorriti, Alvaro Vargas Llosa, Gustavo Mohme Seminario, Patricia Montero, Laura Puertas, Carmen Amaro, Javier Corcuera, Gisela Ortiz, las señoras de ANFASEP, el colectivo No a Keiko, Paola Ugaz, Marco Sifuentes, Patricia del Río, Edwin Chávez,  Jorge Bossio, Angel García, Paco Bardales, Danae Rivadeneyra, Roy Palomino, David Valdez, Rafael Ponce, Esteban Valle Riestra, Jimena Rojas, Francesca Brivio,  quienes junto con miles de muleros, twitteros, facebokeros y millones de ciudadanos demócratas, dijimos no al fascismo.

Queremos creer que solo así nuestros caminos estarán siempre seguros y terminarán en el mismo sitio donde deben culminar los grandes  sueños. Mi padre, pionero de la redes en este país, siempre soñó que la revolución de la información nos traería un país con armonía en la diversidad y oportunidad a lo pequeño. La mula es heredera de ese sueño.

Como dijo Hans Bellver: actuar como si lo ilógico fuera un tónico, como si la risa estuviese permitida al pensamiento, como si el error fuese un camino, y el azar una prueba de eternidad

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Violencia sexual durante conflicto armado interno

Por Rocío Silva Santisteban

Tomado de La República, Kolumna Okupa, 18/12/2011

“Ollanta Humala Tasso ha sido militar, sabe las cosas que han pasado” es lo que sostiene la señora D., morochuca de la zona de Cangallo, que en tanto heredera de una tradición de luchadores y guerreros no se amilanó ante las ofensas y violaciones de derechos humanos que sufrió durante los años 80 y pudo defender su dignidad denunciando a quienes la habían violado. Y agrega: “Nosotros no nos victimizamos, no nos quedamos llorando sin hacer nada, nosotras luchamos”.

No es fácil, al contrario, salir adelante y denunciar este delito implica asumir muchos dolores, una entereza a prueba de dilaciones, de engaños, de postergaciones y una tenacidad contra esos procesos burocráticos verdaderamente kafkianos. ¿Por qué el Estado maltrata a mujeres que han sido violentadas en sus cuerpos por miembros de instituciones del Estado?, ¿por qué muchas veces sobre ellas recae la carga de la prueba?, ¿por qué no se les cree?

La semana que acaba de pasar llegaron de diferentes partes del Perú, de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Junín y otros lugares, mujeres que han podido abrirse paso contra el miedo y el silencio de los años, contra las puertas cerradas de las instituciones del Estado, para dejar constancia de que fueron violadas o abusadas sexualmente, tanto por los miembros de las Fuerzas Armadas como por los miembros de los movimientos subversivos o por ronderos de comités de defensa. Hablaron ante fiscales y funcionarios del Estado en el recinto de la ONU en un seminario sobre el tema. Y junto con ellas nos preguntamos por qué desde los diversos lados del conflicto las mujeres fueron sometidas, humilladas, doblegadas, oprimidas y avasalladas. Simplemente porque el cuerpo de la mujer, desde los primeros enfrentamientos humanos, ha sido motivo de caza, de pelea, de discusión, pero sobre todo botín de guerra y ensañamiento con el enemigo.

D, J, I, M, S, E, M, A, A y todas las demás rosas, marías, elenas o angélicas, aquellas que portan sobre sus cuerpos la herida de la guerra, nos exigen volver a recordar y entender que lo personal, lo propio del cuerpo, los daños que se ejercen sobre él, son también políticos. “No hemos sido solo violadas sino violentadas, maltratadas, nos han dejado desnudas, me agarraron como a Túpac Amaru jalándome de los brazos y las piernas”, nos dice A, con lágrimas negras de rabia. Esa violación sexual y otras miles fueron permitidas y alentadas por los grupos de varones, que constituyeron todos los lados del conflicto armado interno. Esa violación sexual y otras formas de abusos, como manoseos, desnudamientos, uniones forzadas y abortos forzados, fueron justificadas por sus mandos o comandos alegando que la sexualidad del varón es irrefrenable. Esta estúpida justificación la han pronunciado generales y terroristas.

Sin embargo, contra todo pronóstico, estas mujeres siguieron adelante y educaron a sus hijos e hijas, producto de esos abusos, y ahora tienen nietos, pero aún no tienen ni justicia ni reparación. Exigir justicia y reparación es nuestro deber para poder salir del proceso perverso del sometimiento durante los años del terror y de ese rol pasivo que casi todos cumplimos en él. Asimismo, para seguir adelante como víctimas de toda esa violencia, es bueno recordar lo que una poeta americana –Adrienne Rich– dijo en uno de sus versos: “la fuente de sus heridas era la fuente de su poder”.

El título de esta kolumna, publicada en la fecha en La República, lo recogí de las ronderas de Cajamarca cuando hacía mi investigación en 1987, para ellas la justicia de la ciudad estaba conformada siempre por esas “malas injusticias” que les cometían.

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Por Víctor Manuel Álvarez Pérez
Área Legal
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

La tarde del 6 de este mes, cuando recibí la llamada por la que me informaron de la detención de un grupo de dirigentes de Cajamarca que habían llegado a Lima para hacer gestiones en la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República, que se encontraban en las instalaciones de Seguridad de Estado (después verificaría que se trataba de 5 dirigentes y el chofer que contrataron para que les hiciera los traslados, y que, en realidad, estaban en la Dincote), no imaginé ni por un instante que estaba a punto de regresar en el tiempo, por increíble que parezca, exactamente a la época en la que me tocó asistir y defender como abogado a un considerable número de personas sindicadas de haber cometido el delito de terrorismo, poco después que se aprobara la ley 25475, de lucha contra el terrorismo, luego del golpe de estado de Fujimori y su compinche Montesinos. Al amparo de esta ley la policía tenía atribuciones exacerbadas que iban desde detener a las personas por una simple sospecha, o mantenerlas incomunicadas por 15 o 30 días (según se tratara de delito de terrorismo o traición a la patria, que ellos mismos calificaban).  No procedía el habeas corpus ni ningún tipo de libertad. Por esta ley miles de personas inocentes purgaron carcelería por 5, 10 o hasta 20 años… siendo inocentes.

Llego a la avenida España y nuevamente estoy, como hace algunos años, frente a la vieja fachada de la ahora Gobernación, que en esa época era la Prefectura.  Otra vez estoy llamando a los policías a través de las rejas que están frente a la fachada para que me permitan ingresar, y de nuevo estoy lidiando con estos señores para que  entiendan que soy abogado y que estoy allí para entrevistarme con mi patrocinado, detenido en este local, cosa que no pueden restringirme. Es un derecho constitucional de la persona detenida y un principio que rige la función jurisdiccional, por el cual nadie puede ser “…privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención.  Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”. Y es un derecho también del abogado derivado del principio del ejercicio del derecho de defensa. Sin embargo, la primera sorpresa, y la primera pista de que estaba yéndome ya unos años atrás, vino con la negativa del policía de la reja de permitirme el ingreso porque, me informó, esas personas “…no estaban detenidas…”, solo estaban “retenidas”, y que además “…ya estaban allí unos congresistas y estaban conversando todos con el Comandante…”.

Mi preocupación inicial por la suerte de estas personas detenidas se fue convirtiendo en desconcierto. En primer lugar, de qué tipo de “retención” me estaba hablando que yo no conocía y por qué, si no estaban detenidas, se encontraban en las instalaciones, ya no de Seguridad de Estado, sino de la Dincote.  De hecho, no se trataba de una reunión para tomar un café con estos dirigentes que amablemente invitaban los policías para hablar de los problemas de Cajamarca y las protestas por el proyecto Conga.  La famosa “retención” no tenía este propósito, indudablemente.  El propósito lo iría descubriendo de a pocos.

Cuando, por fin, luego de más de dos horas, logro ingresar al recinto donde los tenían “retenidos”, hablo con el comandante a cargo de la “investigación” y le comento que no conocía de esta nueva figura de la “retención” con fines de investigación.  Me informa, leyéndome el “Parte Policial”, firmado por otro oficial (que no logro ver quién era), por el cual le había puesto a disposición a estas personas  ¿La razón? pregunto, ya casi hasta con ingenuidad, y el comandante continúa leyendo, circunspecto y marcial: “…se negaron a identificarse…”.  Era la segunda sorpresa que me confirmaba que estaba en 1992, a mediados digamos, y me enfrentaba a una detención absolutamente arbitraria.  Los estaban investigando por supuestos vínculos con el terrorismo pero de manera velada, sin decir expresa y abiertamente que éste era el cargo, sin habérseles informado adecuadamente de los motivos de su detención.  ¿Les recuerda algo?  La Constitución garantiza que toda persona deba ser notificada e informada de los motivos de su detención.  Letra muerta.  Igual que en 1992 y los años que siguieron.

Alegué, por cierto, que no había causa justificada para “retener” o detener en la Dincote a nadie y que se estaba consumando una vulneración de los derechos de estas personas. La respuesta fue que se debían hacer las verificaciones del caso y que el fiscal estaba en camino.  En efecto llegó, pero debió haber estado muy lejos por cuanto recién apareció a las 7 de la noche, 5 horas después que se produjo la detención.  En ese lapso, con un grupo de abogados (que habían acudido a defender a los detenidos a instancias de diferentes organizaciones y gremios) intentamos interponer un habeas corpus en el juzgado penal de turno. Los jueces, tratándose de una detención arbitraria, deben resolver de inmediato. “…Para ello podrá constituirse en el lugar de los hechos, y verificada la detención indebida ordenará en el mismo lugar la libertad del agraviado…” (artículo 30 del Código Procesal Constitucional). Es, pues, su deber, dada la magnitud del derecho en juego, constatar y verificar su situación y la arbitrariedad o ilegalidad de la detención. Por supuesto, esto es el texto lírico y cándido de la norma. La realidad, patética y muy peruana, fue que la jueza no estaba en su despacho (todos sospechábamos que sí estaba allí) y no regresaría, por lo menos, en un par de horas. Una empleada o asistente del juzgado llamó a la Dincote y nos señaló que no nos preocupáramos pues serían liberados una vez que les tomaran sus datos porque sólo era una retención.  No procedió y no sirvió de nada el habeas corpus, y a diferencia de la época de la dictadura, no fue necesario prohibirlo por ley.

Absurdo total y el mundo al revés.  No fue la jueza, pero desde su despacho nos confirmaban la versión del comandante y avalaban la situación anormal y arbitraria.  Lo peor vendría después.  De regreso a la Dincote pude entrevistarme con el fiscal y, luego de recordarle que él representaba al Ministerio Público –ni más ni menos- y que era el garante de la legalidad y de los derechos de las personas, le expuse por qué consideraba que esta era una detención a todas luces arbitraria y abusiva, que se había llevado a cabo sin respeto de ninguna garantía o derecho de estas personas: no habían cargos (no por lo menos del documento -“Parte Policial”- que me mostraron), no se les había informado del motivo de su detención, fueron apresados a toda fuerza, casi como en un secuestro ¿necesitaba algo más?  Sí, y mirándome con ojos de no entender nada, o de entender pero con la resignación cansina de ni siquiera saber por qué estaba allí, me informó que él debía acopiar evidencias. Recordé una frase del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que expresó con crudeza y de manera descarnada cuál fue la actuación de los fiscales durante los años del horror de la violencia terrorista que vale bien la pena consignar: “Mención aparte merece el Ministerio Público, pues sus integrantes –salvo honrosas excepciones- abdicaron a la función de controlar el estricto respeto a los derechos humanos que debía observarse en las detenciones y se mostraron insensibles a los pedidos de los familiares de las víctimas…” (Tomo III, Sección Segunda, Capítulo 2, 2.6.3). Este fiscal me hizo pensar que no estamos libres de regresar a aquellas épocas, que no aprendemos de la historia, que deben ser muy pocos los fiscales que han tenido oportunidad de leer este informe, sobre todo en la parte que se analiza su actuación durante el conflicto armado interno.

Aparecerían después otras sorpresas más. La policía y el fiscal manejaban “información de inteligencia” que se ocultó a los abogados. ¡Se trataba de informes de 1988 y 1989!.  Luego se tomó a cada detenido una declaración policial, se levantó un acta de sus pertenencias, de registro del vehículo (del taxi) en el que se estaban transportando, y hasta un acta que firmaron los congresistas que estaban allí dando fe de que estas personas estuvieron realizando gestiones en el Congreso. Al final, efectivamente, los liberaron a la medianoche.  Tengo la certeza de que sin la cantidad de medios de prensa que estaban fuera del recinto policial, sin las manifestaciones de protesta de un buen grupo de personas que estuvieron allí todo ese tiempo, y sin la intervención de los diferentes organismos que mostraron preocupación por la detención, estas personas se habrían quedado  detenidas, por lo menos, 15 días (lapso de tiempo que pueden quedar detenidas para investigación policial por cargos de terrorismo) y, quizás, hasta habrían sido denunciados por la supuesta comisión de este delito por ese fiscal que avaló todo este penoso castigo.

Nada justifica este atropello. Pero, sin duda, ninguno de los actores de esta casi tragicomedia será investigado o procesado por avalar y llevarla a cabo. Quienes deben estar saltando de alegría son los que justificaron estas medidas durante la dictadura, aquellos que también ahora creen que esto es poner orden, que esta es la mano dura que merecemos los peruanos que no creemos en determinados proyectos de desarrollo y en grandes inversiones que solo benefician a algunos pocos.  Aquellos para los que los derechos humanos son una cojudez o que pretenden que solo sirve de escudo a los terroristas.

Luego de este evento kafkiano, ya de regreso al presente, me quedan algunas preguntas urgentes: ¿De qué se trató todo esto?  ¿Se les quiso amedrentar, darles un mensaje de lo que les puede pasar si continúan dirigiendo las protestas, si continúan cumpliendo su rol, legítimo y válido, de dirigentes, de líderes sociales?  ¿Esto es un preludio de lo que puede venir?  ¿Quién o quiénes son los responsables de estos hechos?  El oficial de la Policía que detuvo a estas personas y el comandante que estuvo a cargo de la “investigación”, recibieron la orden de un superior que, a su vez, la recibió de otro de grado superior.  ¿Tuvo conocimiento de esto el Ministro de Interior?  ¿Esta es la política que se empleará para el manejo de los conflictos?

Es imperioso que reafirmemos que podemos vivir en democracia, y ello significa la defensa irrestricta de la dignidad de la persona y la garantía absoluta del respeto de todos sus derechos.  Aquí se han transgredido principios y normas que sustentan todo Estado de Derecho: la recta administración de justicia, el debido proceso.  Y esto genera inestabilidad, desconfianza en el sistema y en los poderes del Estado.  Y es hacerle el juego, también, a quienes aplauden estas medidas.  Espero, por el bien del país, que por lo menos, se corrijan estas actitudes. Pedir investigación para determinar las responsabilidades no debería ser mucho pedir.  Sin embargo, dudo que ello sea posible.

Lima, 14 de Diciembre de 2011

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Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República 27/11/2011

¿Qué sucede con los proyectos políticos peruanos que, durante las campañas electorales, expanden sus banderas progresistas, medioambientales, de izquierda, pero una vez que suben al poder se acomodan en los acolchados dobleces de un discurso que defiende el statu quo político, ya sea extractivista, neoliberal o incluso autoritario? Para parafrasear el célebre tweet de Nadine Heredia, me pregunto ¿por qué es tan difícil andar izquierdo?

Creo que en el caso de este gobierno, a diferencia de los anteriores que fingieron una posición solo con un objetivo electorero (Alan García) o patearon el tablero por un pragmatismo autoritario (Alberto Fujimori), no se trata simplemente de “asumir a ese 20% que se sumó en la segunda vuelta electoral” y que no votó por el Plan de Gobierno original sino por la moderada Hoja de Ruta. Pienso que, una vez asumidas las riendas de este extraño tipo de Estado que tenemos (excesivamente burocrático, ausente donde debería de estar presente y demasiado presente en espacios donde debería ausentarse), los nuevos gobernantes reconocen necesidades, estrategias, hoyadas y vacíos que, frente al tablero de control, asustan y entonces es preferible virar ligeramente a la derecha y seguir manteniendo la velocidad de crucero de los gobiernos anteriores para no saltar con la cantidad de baches del camino, más aún en una situación de crisis internacional galopante y de ingresos nunca antes vistos en las arcas del Estado.

Sin embargo, esta posibilidad que va de la mano con las sonrisas placenteras de la Sociedad Peruana de Minería (aquella del spot de Oblitas, no lo olvidemos) y de algunos periodistas irracionales que alegan una epifanía de racionalidad del presidente (ellos, precisamente, los autores del neologismo “electarados”) está creando más desconfianza entre los pobladores campesinos, estudiantes, obreros, ambulantes, deambulantes, desempleados y toda suerte de ninguneados de nuestro país. Se trata de una nueva capa de desconfianza que se ajusta perfectamente a las miles de capas anteriores que, como pisos geológicos, se han venido sobreponiendo una a una con cada golpe de timón a la derecha.

“Total, ustedes me eligieron; si no hubieran votado por mí no estaría acá”, señaló el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, en la clausura del congreso de la Confederación de Campesinos del Perú-CCP el jueves pasado. Precisamente: ese es un punto de lucidez en el actual jefe de gobierno y no debe de perder esa brújula. Si está sentado ahí es porque todos sus electores (no electarados) apostaron por una nueva posibilidad de ser considerados –no solo incluidos– sobre todo sujetos de ciudadanía, de derechos, de peruanidad. ¿Es posible que los ninguneados del Perú aguanten, una vez más, otra arremetida contra sus propuestas para seguir aumentando los pisos ecológicos de la frustración y el desasosiego? Cuidado: como dijo un viejo poeta alemán, los pueblos se amodorran pero el Destino no deja que se duerman. Y ahora, nosotros, estamos con los ojos bien abiertos.

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Por Rocío Silva Santisteban

Con feroz ironía la mexicana Frida Kahlo bautizó a ese terrible retrato de un feminicidio con el título de “Unos cuantos piquetitos”. En el cuadro original se ve a una mujer muerta sobre un catre blanco, al lado, un hombre vestido con pantalón oscuro y camisa clara, manchada de sangre; en la mano, el puñal. Hay sangre salpicada en todos lados: hasta en el paspartú y en el marco. Kahlo nombró de esa manera su obra porque precisamente esa fue la frase que, bajo el letargo del machismo, el asesino pronunció ante el juez instructor: “No la maté, si apenas le di unos cuantos piquetitos” .

El feminicidio es el asesinato por odio de género. Esto es, el asesinato de una mujer por un hombre cercano, sea esposo, conviviente, amante o pareja (o ex), también puede ser cometido por el hermano o el padre (feminicidio íntimo) o incluso por personas desconocidas pero que han acosado a estas mujeres o han querido vejarlas sexualmente, o en todo caso, hombres que quieren usar sus cuerpos para someterlas de alguna manera. El feminicidio no es sólo un acto delictivo aislado; se trata de una política de ejercicio del sometimiento a la mujer a través de su estrategia más radical: el asesinato. El feminicidio es considerado en varios países de América Latina como un delito específico ajeno al homicidio, y en muchos casos tiene una tipificación y sanciones ejemplares en el Código Penal. México, por ejemplo, sanciona a los feminicidas con penas desde 30 hasta 60 años de cárcel.

Para poder lograr esta tipificación, la semana pasada el Mimdes ha enviado nuevamente una propuesta de ley al Congreso, que en setiembre archivó otra similar. ¿Cuál fue el motivo del archivamiento? Sostener que ese delito “ya existe” en nuestro código bajo la modalidad de homicidio o parricidio. Esa es una gran falacia y el motivo por el cual, quizás, las mujeres siguen muriendo a manos de otros hombres a razón de 10 por mes, según cifras del Ministerio Público (hace dos años escribí un artículo sobre este mismo tema y la ratio era de 3 por mes; me abruma pensar qué sucederá con estas cifras crueles dentro de cinco años). El Mimdes ha insistido en la propuesta de tipificación del delito, esta vez con algunas precisiones basadas incluso en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Las sanciones controlarán los feminicidios? En parte, pero para evitarlos hay que plantear una política integral. Obviamente sanciones, pero, sobre todo, prevención. Un asunto que además es crucial es el tema de las mentalidades. Lo he dicho y lo repito: el gran problema con los cambios de mentalidades es que no podemos poner “indicadores” que funcionen en POAs (planes operativos anuales) porque se trata de procesos sumamente lentos muy difíciles de cuantificar. Por eso, estos cambios no son los favoritos de las agencias de cooperación o de las burocracias. Sin embargo, es imprescindible trabajar en esta línea contra viento, marea y fanáticos planificadores. Y otro asunto fundamental: no hay posibilidad de políticas de prevención sin incluir a los victimarios en ellas. Se deben implementar programas para varones que controlen su violencia. Rápido, además, de inmediato: no dejemos que más mujeres mueran por celos, por dominio, o por inacción.

Publicado en La República, 20/1012

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Por Crissthian Manuel Olivera Fuentes (*)

Esta es la pregunta que un sorprendido Phillips Butters se hizo luego de conocer la resolución de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), para la que tuvo una respuesta que, sinceramente,yo ya esperaba.

“No me tengo que disculpar con nadie”, dijo el periodista sin la menor vergüenza o remota señal de saberse equivocado y descolocado en un contexto en donde sus declaraciones no son consideradas “coloquiales”,como quiso presentar Radio Capital, sino políticamente incorrectas y absolutamente violentas y discriminatorias.

La SNRTV diorespuesta a la queja que presentamos en mayo de este año el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán contra el Grupo RPP y Radio Capital por lo que consideramos fueron declaraciones homo y lesbofóbicas hechas por el periodista en cuestión.

La resolución rompe el mito de una libertad de prensa sin parámetros. Debido a sus argumentos bastante progresistas y casi imposibles de ubicar en otras resoluciones o sentencias, ya es considerada un avance histórico para la comunidad peruana de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

Y es que, por fin, uno de los órganos de control ético de los medios de comunicación reconoció que un miembro suyo discriminó y afectó la dignidad humana de las personas LGTBI, a las que reconoció en la resolución como un grupo históricamente discriminado y que por ello merecía especial protección.

Para el caso de las personas LGTBI, los medios olvidaron esta protección y casi todos los principios éticos de la comunicación social. Nuestra ciudadanía fue negada al punto de no existir en algunos casos, mientras que en otros se nos representó sistemáticamente como personajes anormales y extravagantes a los que satanizaron y ridiculizaron.

A través de Radio Capital, fue Butters quien con mayor vehemencia y perseverancia ha mantenido abierta la puerta de la homo/lesbo/transfobia. Él pretendió esconder su intolerancia detrás de sus hijas y justificarse en la supuesta supremacía de las mayorías.

Felizmente la SNRTV se reivindicó y en segunda instancia dijo ¡ALTO! a la violencia e intolerancia hacia las personas LGTBI. Determinó que Radio Capital violó el Código de Ética, al que voluntariamente está sometida, en sus artículos 3º (defensa de la persona humana y respeto a su dignidad, y libertad de información veraz e imparcial) y 5º (autorregulación).

Luego de analizar la conexión delas declaraciones de Butters hechas en tres ediciones de su programa radial Sin pelos en la lengua, el Tribunal de Ética de la SNRTV ordenó que Radio Capital se disculpe clara y sinceramente por las expresiones de odio del periodista, aunque no hace extensiva esta disposición para él, cosa que consideroera justa, necesaria y pertinente.

Aunque dejó las disculpas de Butters a su voluntad y conciencia ética, el Tribunal recordó a periodistas y locutores que tienen responsabilidad y compromiso con el respeto a la dignidad de las personas, por lo que deben de cuidarse de cometer discriminación.

Luego de casi 30 años del movimiento LGTBI en Perú, seguimos firmes en la lucha por una sociedad justa y democrática, sin discriminación ni violencia. Los medios de comunicación deben asumir el rol que les compete para fortalecer y resguardar estos valores.

(*) Comunicador social y ex Director Ejecutivo del MHOL

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Por  Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, 13/11/2011

Sin duda es uno de los temas del presente y ya no del futuro: la escasez de aquello que los nuevos funcionarios y los periodistas holgazanes denominan “recurso hídrico”. El agua, las cabeceras de cuenca, las lagunas, los ríos, los puquiales: son precisamente los espacios donde empiezan los grandes conflictos sociales del Perú en la actualidad. No se trata de un tema nuevo: este fue el motivo por el cual los campesinos alrededor del cerro Quilish en Cajamarca, hace algunos años, se enfrentaron a las autoridades y a los directivos de Yanacocha. ¿Pero por qué aparece de nuevo? Por los embalses —nunca tan literario el sustantivo— de expectativas que tienen los campesinos y regantes sobre el tema específicamente, pero además, porque es un tema vital que nos debe interesar a absolutamente todos.

Ese ha sido el problema en Conga en Cajamarca; el problema de la laguna Parón en Áncash; el motivo del conflicto entre dos regiones por el proyecto Majes-Sihuas, en la frontera entre Cuzco y Arequipa, y ahora el de Andahuaylas que ha producido varios heridos, otros tantos funcionarios del Estado resguardados en la Comisaría y, sobre todo, una frustración tremenda de la Junta de Regantes porque los funcionarios les dijeron que no tenían “capacidad para negociar los pedidos exigidos por la población”. Es decir, el mismo cuento del gobierno anterior: el envío de funcionarios que, por más buena voluntad y empatía que tengan, si no tienen poder para asumir responsabilidades entonces la “mecida” es percibía con alevosía. En este caso me refiero a Andahuaylas. Pero hubo también una percepción negativa cuando uno de los funcionarios, por despiste o  desatino, se regresó a Lima en el avión de la empresa que está en conflicto con la población (el ministro Herrera Descalzi se regresó en el avión de Yanacocha).  En buena cuenta, a Ollanta Humala se le ha venido el huayco de los conflictos sociales embalsados, y todos con la misma necesidad, la protección del agua.

Por otro lado, tenemos a los empresarios de la Sociedad de Minería, entre otros, que sostienen que el agua nunca se acabará porque ante la desaparición de dos o más lagunas, se reemplazarán con reservorios. Así entonces los consabidos periodistas oficiosos nuevamente dicen que las quejas no tienen sentido y que se deben solo a la ignorancia de los que protestan (léase, electarados). Pero, francamente, ¿si se hacen cuatro reservorios que son más grandes que las dos lagunas que se secarán acaso la situación no mejora? “No estamos hablando de baldes de agua”, como bien dice Carlos Monge, “se trata de eco-sistemas: toda una serie de recursos naturales que crecen alrededor de las cuencas”. Hablamos de algo mucho más complejo que, además, atraviesa otros dos temas álgidos: la desconfianza que crece, tormentosa.

El presidente Humala sabe perfectamente de estas expectativas y, por eso mismo, se ha insistido tanto en la Ley de Consulta Previa, y ahora en su reglamentación. Lamentablemente la desconfianza ha crecido luego de que se destituyera a Vicente Otta (ex viceministro de interculturalidad), pero sobre todo a Raquel Yrrigoyen (ex Jefa del INDEPA), quien es una de las más importantes especialistas en pluralismo jurídico en América Latina y una persona que sí contaba “y cuenta” con la confianza de numerosas asociaciones indígenas y campesinas. Es decir, ahora los operadores del Estado que deben realizar la reglamentación y posteriormente la institucionalización indígena, tendrán que hilar fino con las asociaciones indígenas, para poder volver a ser confiables. Y lamentablemente, como sostiene Javier Torres, la reglamentación de la Consulta Previa no será la fuente de solución de todos los conflictos. Todavía queda mucha agua bajo el puente.

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Por Rocío Silva Santisteban

Ver a Susana Baca en el programa de Rosa María Palacios bastante perdida en torno al tema de la Ley de Consulta Previa no es problema solo de ella sino de la concepción que se tiene de la cultura en este gobierno y en el anterior. ¿Por qué ella es la ministra? Seamos frontales y claros: por la cuota de género y de representación étnica en un gabinete que no tomó en consideración el tema de la presencia de género –mucho menos étnica– desde un principio. Fue una decisión a última hora. Había que poner a mujeres y quedaban tres ministerios. Así fue que se lo encargaron y ella aceptó. Lamentablemente ser ministro o ministra en estos días no implica solo una representación simbólica sino una serie de decisiones vinculadas a una gestión activa, burocrática y legítima, para que pueda ser eficaz. Por eso, lamentablemente, la actuación de Susana Baca al cabo de estos meses deja que desear. No es eficaz, no ha sido clara, no se han tomado buenas decisiones.

Pero hay muchos más elementos que complican la eficacia de este ministerio más allá de la propia gestión de sus funcionarios. Uno de ellos es que en el organigrama del mismo se propuso un Viceministerio de Interculturalidad para formular políticas vinculadas a los pueblos indígenas. La idea es totalmente eurocéntrica: hay una Cultura (la de la modernidad) y muchas otras “culturas”, una con mayúscula y las otras con minúsculas. Una es la occidental, la de las industrias culturales, del cine, del arte, del patrimonio, y las otras culturas son percibidas como paralelas o adyacentes.
¿Menores? Quizás. De paso, Alan García y su teoría del Perro del Hortelano, que implicaba un nulo reconocimiento de la valía del otro indígena, entraba por la puerta lateral a este ministerio, pasando la gestión del Indepa a un rango de menor categoría y para mayor escarnio sin presencia indígena. Con esta movida política se ponía entre paréntesis uno de los requerimientos más importantes de los distintos convenios sobre Pueblos Indígenas: la institucionalidad indígena dentro del Estado. ¿Cómo implementar la Ley de Consulta si no hay una institucionalidad indígena reconocida y con un alto nivel de decisión en el Estado? Ahí está, pues.

En el Foro de Consulta Previa de Pueblos Indígenas que se llevó a cabo en Lima la semana pasada fue la exigencia de la casi totalidad de los asistentes que llegaron desde San Martín, Amazonas, Loreto, Cusco, Piura, Abancay, Ayacucho, Puno, el pedido de un nivel de institucionalidad indígena a la altura de un ministerio o, en todo caso, de un Organismo Técnico Especializado-OTE. En otras palabras, en un país tan complejamente pluricultural, con tensiones sociales peligrosas como efecto de un remate de territorios debido a la agresividad de las industrias extractivas y la permisibilidad del gobierno anterior, no se puede pensar ni remotamente en que por encima del tema intercultural está la percepción tradicional de lo que es cultura. Ni hablar.

Me explico: lo que necesitamos es un Ministerio de Interculturalidad. Con un ministro indígena. Y quizás con algún viceministerio de patrimonio y bellas artes (léase “cultura”). Eso sería lo lógico. Eso sería lo justo.

Publicado en Domingo de la Repúbilica, 22/10/2011

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Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, 09/10/2011

Cachachi es un caserío que queda cerca de La Grama, en el camino de San Marcos a Malca, un lugar de baños termales a los que no llega nadie. La zona, del otro lado del río Crisnejas, es una de las más abandonadas de este país, a pesar de que en verdad no queda tan lejos de la carretera. En 1987 estuve cerca de Cachachi y tomé fotos a un grupo de policías allanando una tienda porque, al parecer, adentro se encontraban algunos senderistas. Sí, pues, la zona era de tránsito de SL y también de narcotráfico que pasaban desde Huamachuco a Tingo o viceversa.

Cachachi, La Grama, Malca, Ichocán y otros pueblos camino a Cajabamba están rodeados de valles hermosos de pastoreo y productos de panllevar, y parece increíble de creer que la muerte llegue a través de lo que uno más aprecia: el alimento.  En un país que se afana por su gastronomía, que dicta cátedra internacional sobre sus productos agrícolas debido a su maravillosa biodiversidad, es pues más que patético que tres niños olvidados por todos hayan perecido porque se intoxicaron de alimentos envenenados. Es trágico y perverso que estos niños, hijos de un pueblo tocado por el Rey Midas del oro y las industrias extractivas, hayan muerto porque sus cuerpos no aguantaron el viaje al centro de salud más cercano. Comer y morir: una ecuación que a ningún asistente de Mistura se nos hubiera pasado por la cabeza.

Pero los niños pobres mueren, no por hambre hoy en día sino porque el hambre les permite ser más vulnerables con los alimentos que reciben de regalo. No se trata, según dicen todos los programas de desarrollo humano, de misericordia ni asistencialismo sino de un derecho adquirido, y eso es lo que todos los gobiernos restriegan en sus informes estadísticos: los niños recibieron tal cantidad de proteínas, por lo tanto no pueden ser desnutridos. Los ancianos recibieron 100 soles del programa Juntos, por lo tanto ya están milímetros por encima de la línea de la pobreza. Pero no reciben salud ni educación –y ya ni siquiera digo “prevención de enfermedades” y “educación de calidad” porque es mucho esperar–; sus padres, por supuesto, jamás podrán soñar con el acceso a un empleo digno o a un negocio que no sea el de una bodeguita miserable con apenas cuatro plátanos y varios cajones de cerveza, como aquella que allanaron los policías fotografiados por mi vieja cámara en 1987.

Pero lo más obsceno es que las fuerzas políticas pretendan, de un lado, enlodar a los funcionarios para dejar constancia de que este gobierno está empezando mal su carrera de programas de inclusión y, desde el otro lado, achacarles casi todas las responsabilidades al gobierno anterior.  Es cierto que el Pronaa así como la Onaa, su antecesor, son organismos fácilmente corruptibles y es cierto que  Aída García Naranjo cometió varios errores en esta situación (sobre todo porque dejaban una imagen de indolencia). Pero la ministra ha tenido una actitud de pocos políticos peruanos: los ha reconocido todos y cada uno.  Se ha autocriticado y la prensa la ha destruido.

Como ella misma ha dicho en el Congreso: “Si la ministra es el problema, la solución es fácil: nadie es imprescindible”. Pero el problema no es la ministra,  el problema no es tan solo el Pronaa: el problema es muchísimo más profundo y está vinculado con los increíbles niveles de exclusión de los niños pobres cajamarquinos y la indiferencia ya histórica de los centros de poder que se regodean y refocilan en sus intereses subalternos usando de excusa la muerte de los pobres.

http://www.larepublica.pe/columnistas/kolumna-okupa/los-ninos-muertos-y-pobres-de-cachachi-09-10-2011

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Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, 02 octubre de 2011

Hace pocos días, cuando las primeras planas de los periódicos mostraban el homicidio, luego de una violación de una niña de 6 años, realizada por el conviviente de su madre, muchas personas, sobre todo padres y madres de familia, comentaban que ese desgraciado, maldito, bárbaro, desalmado y miserable merecía la muerte. Alguien que sabe de mi trabajo en la CNDDHH me espetó: “No me vas a decir ahora que vas a defender los derechos humanos de ese malnacido”. En realidad, “malnacido” podrá ser, pero que viole y asesine a una niña inocente no lo descalifica como humano. Y en la medida que no es un gorila ni un australopithecus robustus, pues el individuo en cuestión sigue teniendo derechos, sigue siendo humano, sigue siendo ciudadano y peruano.

Lo mismo podemos aducir de los asesinos de Walter Oyarce: aun comportándose como verdaderas bestias, aun contra esa soberbia de Sánchez Manrique, que no por barrista sino por prepotente y autosuficiente en una situación que lo compromete a más no poder, y que lo ha convertido en el peruano más odiado del Perú, no deja de tener el derecho a la presunción de inocencia. En ese mismo sentido, si los delincuentes que fueron, según dicen los familiares o testigos, ajusticiados por grupos de “limpieza social” en Trujillo eran extorsionadores y traficantes de influencias, asesinos calificados y lacras sociales, no dejan de tener derecho a un juicio justo.

¿Por qué los que defendemos los derechos humanos nadamos contra la corriente como salmones de un río cada vez más revuelto? Porque a contracorriente de la opinión pública, y no porque nos autoconsideremos moralmente superiores, sino porque es el núcleo duro de la propuesta de los derechos humanos, la única manera de entender que la justicia sea tal y no solo venganza es la consideración de que todos los humanos, pobres, ricos, débiles o miserables, gozan de derechos por el solo hecho de serlo.

No necesitamos probar que tenemos DNI o que no hemos cometido delitos: solo por ser peruanos tenemos todo el derecho de que las garantías de la Constitución nos protejan de ser encarcelados injustamente, juzgados sin las garantías del debido proceso o declarados culpables sin un juicio justo.

Entiendo que todo esto está muy alejado de la real politik y que la justicia en el Perú es cara y a veces solo para los sectores urbanos pudientes, pero el derecho no se forja sobre lo fáctico simplemente, sino sobre el deber  ser y, precisamente, eso es lo que nos empuja a ser cada vez menos australopithecus robustus y un poco más sapiens-sapiens.

En realidad, si nos comparamos con los animales, el ser humano es el único que mata por rencor. Ergo, los asesinos son pues profundamente humanos, miserablemente humanos.

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