Hace un año, un terrible sismo devastó la región sur central del país, destruyendo las ciudades de Pisco, Chincha, Cañete, Ica y numerosos centros poblados rurales de las regiones de Ica, Lima provincias y Huancavelica, con el resultado doloroso de cerca de mil vidas perdidas, miles de heridos y decenas de miles de familias que perdieron sus bienes más elementales, incluyendo más de 100 mil viviendas.

El terremoto puso en evidencia, una vez más, las graves deficiencias de la política de prevención ante los desastres naturales y, en consecuencia, la alta vulnerabilidad en que vivimos los peruanos, especialmente los sectores más pobres.

Conmovido ante un desastre de tal magnitud, el país se movilizó en apoyo a las víctimas a través de esfuerzos de la sociedad civil y del programa de reconstrucción articulado por el Estado. No obstante, transcurrido un año, un sentimiento de inconformidad e indignación prevalece en la zona afectada por el sismo en cuanto a la acción del Estado en la reconstrucción y la asistencia a las víctimas.

Se siente que no se ha hecho lo suficiente, que no se avanza con la urgencia que plantean las necesidades de las víctimas y que no se consulta suficientemente con ellas, que el burocratismo y el centralismo entorpecen la posibilidad de una gestión ágil y oportuna, y que la desarticulación de los diversos niveles de gobierno (nacional, regional y local) conspira a cada paso contra la reconstrucción al mostrarse todos ellos incapaces de superar las diferencias políticas y unas ansias de protagonismo que no caben en estas circunstancias de emergencia.

Al recordar un año de la tragedia, nos identificamos plenamente con el reclamo de las víctimas y su exigencia a las autoridades por una acción eficiente y eficaz. Actuar adecuadamente y a tiempo, con transparencia y decidida voluntad política: tal es la exigencia de esta hora. En especial, debe aprobarse un plan de reconstrucción consensuado y participativo: es inadmisible que a un año del desastre no se cuente con tal instrumento.

El Estado debe asumir la reconstrucción en diálogo permanente con las víctimas, facilitando su participación e informándolas plenamente, porque la reconstrucción no es dádiva ni gracia, sino la realización del derecho de la población afectada a una vida digna. Esperamos que las autoridades sepan enmendar el rumbo de la reconstrucción, con la premura que la situación actual demanda.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos