(A propósito de los ataques de estos días contra el Informe Final de la CVR)

 Escribe: Valeska Ruiz Peña

“Después de todo las víctimas eran principalmente otros: pobres, rurales, indios. Lejanos, no sólo geográfica  sino, sobre todo, afectivamente…” [1]

Desde 1980 muchos peruanos fueron víctimas del terror. La institucionalización de un Estado ausente, más la indiferencia del resto de la población que no sufría los abusos ni la pérdida de sus familiares o seres queridos, marcaban abismalmente la distancia frente a la gran mayoría de las víctimas.

En el gobierno transitorio de Valentín Paniagua se instauró la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que se encargó de darnos “una visión histórica y política de las dos décadas más violentas de la vida republicana del Perú, brindó importantes elementos para reinterpretar lo sucedido, interpretar su real dimensión y definir las responsabilidades desde una perspectiva imparcial de lo vivido en esta época”.[2]

El Informe Final de la CVR determinó que el racismo jugó un rol fundamental en el estallido de la violencia,  que la discriminación fue un factor histórico, es decir de largo plazo, que explicó el conflicto que vivimos, que “no se trataba sólo de una distribución desigual de la riqueza, sino también del poder político y simbólico, incluyendo aquí el uso de la palabra: quién “tiene derecho a hablar”, quién es escuchado y a quiénes se le prestan oídos sordos.” [3]

Este Informe nos entrega una cifra aterradora de víctimas de la violencia política, y nos preguntamos: ¿cómo fue posible que más de 60 mil personas murieran o desaparecieran y no lo notáramos? ¿cómo podemos comprender que en nuestro país, hombres como nuestros padres fueran torturados, mujeres como nuestras madres o hermanas fueran violadas, niños como nuestros hijos fueran testigos de atrocidades, y los demás no lo notáramos?

Las respuestas que surgen ante estas interrogantes son más duras aun: “Estaban muertos antes de morir, para el cuerpo social no significaban nada, su pérdida, su desaparición, su ausencia, no interrumpe el funcionamiento “normal” de la sociedad.” [4]

Las conclusiones generales de la CVR nos dicen: “La CVR ha constatado que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y ashaninka, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata, a juicio de la CVR, el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República.” [5]

Ahora, a cinco años de la entrega de este informe, la búsqueda de ser iguales en derechos ha tenido ciertos frutos, pero todavía surge la duda, pues existe aún la brecha del racismo y la exclusión, tanto social como institucional, que mantiene a los grupos históricamente discriminados, a los pueblos víctimas de la violencia en una perpetua búsqueda de reparación. Pues los intentos institucionales del Estado quedan en letra muerta y no hay una estrategia eficaz  de implementación.

Pero es necesario tener en cuenta que no todo es tarea del Estado, pues también es importante el compromiso del ciudadano y de la ciudadana de a pie. Es urgente reconocer al Perú, a nuestro país, como pluricultural más allá de una fotografía para la promoción de turismo,  ya que la pluriculturalidad es real, no es una postal, y hace falta también el reconocimiento positivo de nuestra diversidad social.

No más exclusión: tal es el camino a la reconciliación. Es necesario construir un Perú donde entre todo nuestro Perú.