Al conmemorarse este 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas,  expresamos nuestro saludo a los pueblos indígenas peruanos, que hace siglos resisten la discriminación, el racismo y múltiples abusos y privaciones. Los indígenas andinos y amazónicos fueron las principales víctimas del conflicto armado interno que desangró al Perú entre 1980 y el 2000. Todavía hoy se encuentran en condiciones de marcada desigualdad con respecto al resto de la sociedad.

Consideramos que el Perú tiene una deuda social con los pueblos indígenas, que debe ser reparada mediante el  reconocimiento pleno de sus derechos como personas y como pueblos. En tal sentido, resaltamos la importante intervención del Estado peruano al promover la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero al mismo tiempo lamentamos que, en el propio país, las políticas estatales se muestren contrarias o indiferentes a los pueblos indígenas.

Nos preocupa especialmente la amenaza que se cierne sobre los derechos de los pueblos indígenas a los territorios donde viven desde tiempos ancestrales. El gobierno viene otorgando concesiones sobre dichos territorios a empresas mineras, petroleras y gasíferas, sin ninguna consulta a los pueblos indígenas que habitan dichas áreas. Como resultado, los indígenas suelen ser víctimas de serios daños ambientales, como ocurre con el pueblo Achuar, a orillas del río Corrientes. Inclusive se asignan tierras habitadas por pueblos indígenas en aislamiento que podrían desaparecer como resultado de las  actividades extractivas.

Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, ratificado por el Estado peruano, los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la planificación de su propio desarrollo. Sin embargo, este derecho se incumple permanentemente, al punto que el actual gobierno ha promulgado decenas de decretos legislativos que ponen en serio peligro las tierras indígenas, permitiendo inclusive que sean otorgadas a empresarios mineros contra la voluntad de los pueblos indígenas que habitan en ellas.

Las movilizaciones de los pueblos indígenas contra esta situación no encuentran en el Estado un interlocutor dispuesto a comprender sus demandas y frecuentemente son afrontadas con medidas policiales cargadas de violencia, que incluyen detenciones arbitrarias, maltrato físico y eventuales casos de tortura.

Por todo ello, invocamos al Gobierno a derogar las normas que amenazan o perjudican a los pueblos indígenas; a respetar su dignidad, su derecho al territorio y su derecho a la participación en la toma de decisiones sobre las cuestiones que les conciernen; así como a dialogar permanentemente con los pueblos indígenas y sus representantes para solucionar los graves problemas que los afectan.

Lima, 6 de agosto de 2008