1. El 9 de agosto, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana iniciaron una protesta indefinida en defensa de los derechos de sus comunidades sobre las tierras que ocupan ancestralmente y por la preservación del medio ambiente amazónico, amenazado por la explotación indiscriminada de recursos naturales. Estos derechos de las comunidades nativas han sido vulnerados gravemente por dispositivos legales aprobados recientemente, por el gobierno actual.

2. Estos dispositivos legales, que las comunidades nativas rechazan, son los decretos legislativos 994, 1015, 1064, 1073, 1079, 1081, 1089 y 1090, emitidos por el Gobierno en uso de facultades delegadas por el Congreso mediante la ley 29157. Estos decretos legislativos establecen limitaciones de hecho al régimen de propiedad de las comunidades nativas a fin de facilitar la inversión privada en la explotación de recursos naturales, incluso en contra o prescindiendo de la voluntad de las comunidades, y desconociendo los derechos de las comunidades nativas a su territorio, a la autonomía, al consentimiento libre, previo e informado, y a decidir su propio modelo de desarrollo.

3. Al imponer este cambio legal, el gobierno vulneró normas constitucionales que protegen los derechos de las comunidades. Por tal motivo, la Asociación Pro Derechos Humanos, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, interpuso acción de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos 1015 y 1073, que está pendiente de resolver ante el Tribunal Constitucional. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo planteó, todavía el 30 de mayo, una acción de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1015, que igualmente está pendiente ante el Tribunal Constitucional.

4. A pesar del reclamo planteado por las comunidades nativas desde el momento mismo de la aprobación de los mencionados decretos legislativos, el gobierno no abrió oportunamente una vía de diálogo. Iniciada la protesta indefinida, el diálogo ha sufrido los avatares de una situación crecientemente tensa. Es responsabilidad del gobierno mantener abierta la vía del diálogo y hacer todo esfuerzo para llegar a acuerdos efectivos con las comunidades nativas, sobre la base del respeto a sus derechos, tal como lo establecen las normas constitucionales.

5. Por ese motivo, rechazamos la declaración del estado de emergencia en varias provincias, así como la voceada intervención del Ejército, por ser medidas contrarias a un clima de distensión que propicie el diálogo entre el gobierno y las comunidades. Al mismo tiempo invocamos a las comunidades nativas evitar actos de violencia que resultan contraproducentes y conspiran contra un clima favorable al diálogo. Muy especialmente exigimos la liberación inmediata de los efectivos de la Policía Nacional retenidos en la localidad de Aramango, en la zona de Muyo, en Bagua.

6. El día de hoy, 18 de agosto, una representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos viajó a la localidad de Corral Quemado, provincia de Bagua, donde tomó contacto con nativos de la etnia Awajun. Contrariamente a rumores que circularon esta mañana, en el sentido de graves enfrentamientos ocurridos hoy en la zona, nuestra representante verificó que no había tal cosa, si bien existe un clima de relativa tensión por la presencia de cientos de indígenas y policías, que se mantienen a distancia unos de otros. Es necesario cuidar que la situación no se deteriore más. Para ello hay que reabrir cuanto antes el espacio del diálogo.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos