Ideeleradio.- La investigación integral anunciada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en contra del Instituto de Defensa Legal (IDL), es una respuesta del vicepresidente Luis Giampietri a la actuación del IDL en torno al Caso “El Frontón”, afirmó David Lovatón, director de este Organismo No Gubernamental (ONG), tras considerar que esta “indagación delivery” busca que el Apra pueda gobernar con “manos libres”.

“Es claro que esa es una respuesta del Almirante (r) Luis Giampietri, a nuestra actuación en el Caso “El Frontón” (sobre la imprescriptibilidad de los delitos en la matanza de más de 130 presos en 1986). La semana pasada estuvieron nuestros abogados ante el Tribunal Constitucional, tratando de que este caso no prescriba y aquí hay un interés de Giampietri de atacar al IDL”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Esto evidencia que la APCI se ha convertido claramente en una herramienta de persecución política y fiscalización delivery, a pedido del poder de turno, en este caso del vicepresidente de la República. Está claro que se ha distorsionado la función de la APCI y que (el Gobierno) ve afectado sus intereses con el trabajo del IDL y otras ONG como Aidesep”, agregó.

Chivo expiatorio y ‘manos libres’
Recordó, en ese sentido, la intervención de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) poco después de que ésta intercedió por las comunidades nativas y amazónicas, tras las movilizaciones contra la “Ley de la Selva”.

“El gobierno está desesperado en buscar chivos expiatorios, por su ineptitud para manejar determinados situaciones. No supo manejar lo de la selva, y acusa a Aidesep. Tiene problemas de corrupción y de designación de funcionarios apristas en diversas instancias gubernamentales y acusa al IDL. Creo que allí hay un modus operandi, de que tratan de esconder su ineficiencia para gobernar, acusando a otro”, refirió.

“Aquí preocupa mucho que a instituciones como el IDL -que trata de trabajar por la transparencia en la gestión pública- se le trate de maniatar. No vaya a ser que en este segundo tramo, lo que realmente quiera (el régimen) es tener ‘manos libres’ para copar instituciones y para que no haya transparencia, por ejemplo en el Tribunal Constitucional. Hay que estar muy atentos a esto”, anotó.

Apra gobierna fujimoristamente
Lovatón Palacios remarcó que en la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso, Giampietri Rojas no formuló una acusación concreta que amerite una indagación por parte de la APCI, pues el vicepresidente dedujo del perfil y el trabajo que el IDL esboza en su página Web, que esta institución recibía más financiamiento del que declaraba.

“No nos están acusando de algo concreto, de algún delito, de alguna mala conducta, sino en base a una sospecha de que tiene más recursos del que está declarando. APCI nos ha fiscalizado el año pasado, no una vez, sino dos veces y no encontró ninguna irregularidad. Tenemos los informes de conformidad. Es extraño que anuncie una tercera fiscalización integral”, expresó.

“El IDL durante sus 25 años ha sido objeto de supervisión por diversos medios estatales, como corresponde a toda asociación civil, sujeta y creada según la legislación peruana. Sólo en la época de Fujimori teníamos fiscalización cada año. Esta es una forma fujimorista y autoritaria (del Apra) contra aquellos que discrepan con el poder. Esta es la concepción democrática que tiene el gobierno”, puntualizó.

Denunciarán persecución a nivel nacional e internacional
Anunció, finalmente, que esta persecución será denunciada no sólo a nivel nacional, en la Defensoría del Pueblo, sino ante las instancias internacionales, porque se están afectando las libertades civiles que forman parte del Estado Constitucional de Derecho

“Esta actitud marcartista hay que denunciarla nacional e internacionalmente. En un proceso de desarrollo económico que todos saludamos, no puede permitirse que haya tanta intolerancia frente a voces discrepantes que tratan de defender los derechos humanos, la lucha contra la corrupción o el medio ambiente. (…) También seguramente tocaremos las puertas de la Defensoría del Pueblo, porque de nada se nos acusa, sino de tener incidencia en nuestros temas y eso no es delito”, indicó.

“La justicia está globalizada. Lo que vamos a hacer es dar cuenta de esto a diversas instancias de derechos humanos. Para comenzar el Sistema Interamericano ya está avisada de la persecución contra muchas instituciones; además en su momento daremos cuenta de estos hechos a la comunidad internacional democrática y delegaciones diplomáticas, para que estén atentos”, concluyó.