Declaración de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
La corruptela sacada a la luz por la difusión de grabaciones que ponen en evidencia gestiones ilegales sobre inversiones petroleras, en las cuales aparecen involucrados funcionarios del más alto rango del Gobierno, ha provocado la justa indignación ciudadana. Lamentablemente, este escándalo demuestra, una vez más, que la corrupción no terminó con Fujimori y Montesinos, ni empezó con ellos, y que sigue enraizada profundamente en la vida institucional del país.
Pero, además, la corrupción en la asignación de lotes petroleros ha puesto de relieve ante la opinión pública, entre otras cosas fundamentales, la carencia gravísima de un sistema anticorrupción que controle la actividad nociva de políticos y burócratas que infestan el funcionariado público para lucrar traficando con los recursos y los intereses nacionales.
La CNDDHH siempre ha alertado sobre la falta de iniciativas y señales claras por parte del actual Gobierno para combatir la corrupción enquistada en los órganos del Estado, lo cual se refleja, entre muchos otros hechos, en la falta de apoyo a la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) y su desactivación final. Lo mismo cabe decir de la total falta de transparencia con que se lleva el proceso de nombramiento del nuevo titular de la Contraloría General de la República, cuando falta menos de un mes para terminar el periodo del actual contralor; o de la resistencia de los congresistas a rendir cuentas sobre el dinero que reciben por concepto de gastos operativos.
En cuanto al reciente caso de corrupción, no basta con anunciar destituciones ni aceptar renuncias de los funcionarios involucrados. El Gobierno debe facilitar los medios para garantizar que la investigación iniciada por el Ministerio Público se desarrolle libre de interferencias, para identificar plenamente a la red de corrupción y aplicar la sanción que los responsables merecen por su delito.
Los hechos demuestran que, para la lucha efectiva y eficaz contra la corrupción, no basta ni es suficiente, y quizás ni siquiera sirve, la sola acción estatal. El Estado no puede con el cáncer que anida tan profundamente en él. Del mismo modo que en la defensa de los derechos humanos o en la preservación del medio ambiente, aquí también es imprescindible la participación protagónica de la sociedad civil.
Tengámoslo claro: allí donde no se permite o se restringe la participación de la sociedad civil, no hay una acción verdadera y consistente contra la corrupción. Donde se criminaliza a los defensores del medio ambiente, habrá depredación de recursos naturales. Donde se estigmatiza a los defensores de derechos humanos, se estimula y se encubre a los violadores de derechos humanos. Es una ecuación que no falla.
Lima, 9 de octubre de 2008
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos