La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechaza las declaraciones del Presidente de la República, Alan García Pérez, y del Ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, emitidas el día de ayer, en la ceremonia del 187º aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú, sobre una supuesta cacería de brujas contra las Fuerzas Armadas por casos de violación de derechos humanos.

La CNDDHH ha señalado en repetidas ocasiones que reconoce la labor de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y el restablecimiento de la paz. Se trata de una tarea difícil y riesgosa que cientos de militares y policías han cumplido con sacrificio de su integridad física y psíquica, e incluso de su propia vida. Es el caso de 12 efectivos del Ejército cuya muerte, junto con la de siete civiles, se anunció hoy, como producto de un aleve atentado terrorista perpetrado en Tintay Puncu (Huancavelica). Por ello, los militares y policías que cumplen con su deber y defienden la constitución y la ley merecen el homenaje y la gratitud de la nación, aunque, lamentablemente, no reciban de los sucesivos Gobiernos del país la atención médica y salarial que igualmente merecen y necesitan.

Sin embargo, la CNDDHH distingue claramente entre el cumplimiento esforzado de la función militar y policial, y la acción criminal cometida al amparo del uniforme. La tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, el asesinato, son delitos e incluso crímenes de lesa humanidad que no se pueden tolerar en ningún caso. La obligación de las autoridades del Estado es vigilar en primer lugar el respeto a los derechos humanos, en lugar de inventar argumentos que intentan disculpar y lograr impunidad para quienes los violan.

Los militares que asesinaron en masa a 67 campesinos, incluidas decenas de mujeres y niños en Accomarca; los que desaparecieron al periodista Jaime Ayala en la base militar de Huanta; los que asesinaron a 17 personas en un vecindario de Barrios Altos; los que ejecutaron a nueve estudiantes y un profesor en La Cantuta; los que asesinaron a 123 campesinos en Putis, incluyendo a niños y mujeres a las cuales violaron sexualmente antes de ejecutarlas; todos ellos, con tales atrocidades, deshonraron el uniforme, violaron la ley peruana y la ley internacional, y perjudicaron profundamente la lucha contra el terrorismo.

Los autores de estos hechos merecen sanción tanto como los terroristas, que ya purgan sentencias, pues unos y otros ensangrentaron el país, agrediendo a civiles pacíficos. Es contra los autores de casos como estos que se dirige la acción de los organismos de derechos humanos, y solamente contra ellos, como también contra los conceptos que amparan o promueven ese tipo de acción por parte de militares. En lugar de defender a esos malos militares, las autoridades y la propia institución militar deberían zanjar con ellos y ser las más interesadas en que se haga justicia. Qué pena que no ocurra así.

El Poder Judicial debe decidir en estos casos, como corresponde, pues nadie está por encima de la ley. Lamentablemente muy pocos casos de estos han llegado a ser vistos por las cortes. La gran mayoría de casos se encuentran en estado de investigación preliminar, a pesar de los muchos años transcurridos. El Presidente y el Ministro de Defensa deberían preocuparse por dar los recursos necesarios para que los casos sean procesados con celeridad. Entre otras cosas, deberían retirar los obstáculos que cotidianamente impiden avanzar las investigaciones, como cuando el Ministerio de Defensa se niega a entregar la información requerida por fiscales y jueces, recurriendo al pretexto inadmisible de tal información ha sido eliminada. Hay muchas cosas que deberían hacer para que se haga justicia, en lugar de abogar por la impunidad de crímenes de lesa humanidad.