Reportaje publicado en Retablo (nº 23, octubre 2008, p. 3), revista regional publicada en Ayacucho por la asociación SER (Servicios Educativos Rurales), integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Las primeras investigaciones realizadas sobre la muerte de cuatro campesinos, que fueron presumiblemente ejecutados por efectivos del Comando Especial VRAE en la zona de Pichis (poblado cercano a Vizcatán en el Valle del Río Apurímac y Ene) -en los operativos realizados contra los remanentes de Sendero Luminoso el pasado 14 de setiembre- no harían más que confirmar que se habría cometido violaciones a los derechos humanos. Las víctimas eran integrantes de los Comités de Autodefensa de la zona de Mayobamaba y Jesús María, descartándose así su posible vinculación con Sendero Luminoso, aunque según ha manifestado el representante de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, Jorge Fernández Mavila, todo esto es aún materia de investigación.

La muerte de estas personas se habría producido por impacto de bala de armas de corto y largo alcance, al intentar escapar del operative militar que se realizaba en Pichis. Las investigaciones, que aún se mantienen en reserva, están a cargo de Andrés Avelino Ortega, titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos del distrito judicial de Ayacucho.

Las acciones de identificación realizadas en Medicina Legal, han revelado que el primer cuerpo corresponde a Rosa Chávez Sihuincha, quien se encontraba embarazada y era natural de Huayllay Grande (distrito de Lircay, provincia de Angaraes, región Huancavelica). Los otros tres cuerpos fueron identificados como Maximiliano y Alejandro Pichardo Fernández y José Félix Limache Canchán, todos de la comunidad de Pampa Coris en la provincia de Huanta. El ultimo era conviviente de Lucy Pichardo, pobladora que denunció a fines de setiembre la desaparición de 11 personas -entre ellos Limache Canchán- tras la incursión military de efectivos del Comando Especial VRAE.

El Defensor del Pueblo informó también que aún se desconoce el paradero de los menores Moisés Pichardo Pariona y Rosalinda Pichardo Chávez, de quienes también Lucy Pichardo denunció su desaparición.

La congresista ayacuchana Elizabeth León, quien sigue el caso de cerca, ha denunciado que el número de desapariciones de pobladores sería mayor. “Además hay testimonios de personas que han sido torturadas y también, dos mujeres que han manifestado casos de violaciones”, informó. Sobre las denuncias realizadas por la congresista, el defensor Fernández Mavila informó que en la visita realizada por su institución a la localidad de Canayre y Mayabamba junto al representante de la Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos para exhumar los restos de los cuatro campesinos a inicios del mes de octubre, se han recogido ocho testimonios, los cuales fueron derivados a la fiscalía correspondiente para que se haga las verificaciones del caso.

En la agenda

En el escenario político nacional, en el momento en que las denuncias sobre la desaparición de los pobladores en la zona de Pichis y Pampa Aurora parecían tomar fuerza, éstas fueron opacadas por los audios que salieron a la luz pública sobre las negociaciones irregulars en PETROPERU que días después desencadenó el cambio del gabinete ministerial.

Por su parte, la congresista León Minaya, indicó que el accionar de las Fuerzas Armadas en el VRAE, por los primeros indicios recogidos, evidencian violaciones a los derechos humanos de los pobladores de José Olaya, Villa Aurora, Pampa Aurora y Jesús Belén (VRAE), y que estos hechos deberían merecer la misma atención e interés del país al igual que la agenda del Congreso de la República y del Ejecutivo. Se espera que tras el sismo político que ha vivido el Ejecutivo, el Legislativo retome este tema, aunque desde ya resulte ser espinoso para el ratificado Ministro de Defensa, Ántero Flores Araoz.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de un comunicado, también condenó estos “actos de violencia que atentan contra la vida, salud e integridad física de cualquier ciudadano”. Por otro lado, la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso de la República ha solicitado información sobre el caso al Ministro de Defensa además de gestionar facilidades para que los integrantes de dicha comisión se constituyan a la zona. Sin  embargo, desde los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la cartera de Defensa, no ha habido respuesta alguna para esclarecer la responsabilidad de los hechos sucedidos cerca de Vizcatán; aunque sí ha solicitado al  Ministerio Público que investigue. De esta actitud se puede deducir que el Estado está repitiendo la misma historia en su actuación al no entender la dimension del problema, lo cual también evidenciaría el mal diseño de la estrategia militar en el VRAE que está colisionando con los derechos humanos de las poblaciones de esta zona.

Asimismo, Flores Araoz al referirse a las personas abatidas por el Ejército en Vizcatán indicó, sin ninguna duda, que se trataba de terroristas y no de “angelitos o de niños pastores de Fátima”. Esta afirmación fue descalificada por las congresistas Elizabeth León y Juana Huanacahuari, quienes lamentaron la ligereza e irresponsabilidad del Ministro indicando que no se puede tolerar esta declaración, en especial si viene de “una persona que dirige todo un sector”, y que más bien constituye una ofensa para la población que actualmente se ve afectada por los operativos militares. “Se dice que hay personas desaparecidas y que no están registradas en la RENIEC, pero el Ministro no sabe que hay población indocumentada justamente porque el Estado está de espaldas a las poblaciones como las del VRAE”, afirmó León Minaya.

Desplazados

La visita realizada por una comisión de instituciones públicas y organismos de derechos humanos de Ayacucho, a las poblaciones que fueron afectados por los operativos militares del Comando Especial VRAE, ha permitido captar una serie de situaciones por las que atraviesan las más de 300 familias de los poblados de Olaya, Villa Aurora, Pampa Aurora y Jesús Belén, y que actualmente se encuentran en situación de desplazados en los poblados de Canayre y Unión Mantaro, en la frontera entre Ayacucho y Junín. Entre los desplazados, según informa la comisión, se encuentran niños que han dejado sus estudios y que no cuentan con seguro de salud. Por su parte, los jefes de familia han empezado a dedicarse a labores agrícolas en la cosecha de hoja de coca que se da en la zona. Carlos Condori, Comisionado Adjunto para la Paz, explicó que hay otro grupo de pobladores que se habrían dirigido para el lado de la sierra, de “quienes no se sabe nada”.

Ante esta situación, Nolberto Lamilla, coordinador regional de Paz y Esperanza, indicó que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sólo planificó la acción militar, sin prever la asistencia para la población desplazada. “Cada poblador está a su suerte y no hay mecanismos de auxilio”, expresó. Sin embargo, Fernández Mavila, de la Defensoría del Pueblo, informó que existe un compromiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para apoyar a las poblaciones en tanto dure este proceso; aunque el comandante General del Comando Especial VRAE, Raymundo Flores, reconoció en un medio de comunicación local que se realizaron pocas coordinaciones con las instituciones estatales para las acciones de apoyo para los desplazados. El responsable politico del Plan VRAE, Jorge Durand, también declare que se viene asistiendo a la población desplazada, aunque por información de la congresista Elizabeth León, el Plan VRAE no cuenta con presupuesto alguno. Por último, Roberto Córdova, representante de FONCODES, manifestó que en Canayre se realizará en breve un registro de los desplazados, además de coordinar la posibilidad de que el sector salud establezca un seguro integral en aquella zona.

Con este escenario y la forma como vienen actuando las Fuerzas Armadas, según indica Elizabeth León, se está generando desconfianza en la población, lo cual podría desencadenar en conflictos mayores. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, ya sentó su posición. Si bien condena los actos de terrorismo, también propone el apoyo al Ejército Peruano y a la Policía para la lucha frontal contra los rezagos del senderismo, pero precisa que esto no debe significar vulnerar los derechos humanos. Así, el tema es saber distinguir entre la población civil que está asentada en la zona y los que han tomado la decisión de oponerse al sistema democrático.

Finalmente, en toda esa situación sólo los organismos de derechos humanos y los congresistas de la región son quienes se han pronunciado. Lo preocupante es que el presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina y el alcalde de Huanta, Edwin Bustíos, no han dicho nada al respecto pese a que los hechos están ocurriendo en sus jurisdicciones. La única instancia pública regional que se ha pronunciado es el Consejo Regional mediante un comunicado donde demanda una investigación exhaustiva y sanción a los responsables.