Escribe José Carlos Agüero (CNDDHH)
Como se señalaba en un post publicado el día de ayer, mientras en Argentina se dictaban 3 sentencias históricas que combaten la impunidad de crímenes contra la humanidad, en el Perú se anunciaba la presentación de una propuesta de amnistía e indulto.
Finalmente ocurrió. El proyecto fue presentado ayer. Quizá esperando pasar desapercibido en medio de la presentación del Gabinete ante el Congreso.
El proyecto, que quiere mostrarse no como un mecanismo de impunidad, sino como un medio para hacer justicia a militares que sufren injustos procesos penales, es un repertorio monumental de pseudos argumentos. Es notoria su pobre estructuración.
Esto posiblemente se deba a que lo importante no es la demostración jurídica sólida del pedido (lo que es a estas alturas imposible dado el avance del derecho internacional de los derechos humanos), sino su peso político. Su “argumentación” se basa en otras fuentes. El proyecto viene auspiciado por las más altas autoridades, incluyendo al Presidente de la República. Su viabilidad no se decidirá en análisis jurídicos sesudos, sino en el juego de poder y las correlaciones de fuerza.
A modo de ejemplo de lo señalado, señalamos algunas de sus perlas:
Perdón por adelantado
El proyecto pide indulto o amnistía para personal militar aunque no esté aún sentenciado por los delitos que se les imputan. Es una “amnistía preventiva”.
Gato por liebre
Quiere usar el tema socialmente sensible de los comandos de Chavin de Huantar, que gozan hasta cierto punto de la simpatía de la opinión pública, para pasar de contrabando su segundo objetivo, que es crear una Comisión Ad Hoc que evalúe amnistiar a personal militar o policial que se encuentre denunciado o procesado por la presunta comisión de delitos militares o contra los derechos humanos. Formar esta comisión es su real objetivo.
Resucita los mal usados “delitos de función”
Señala el proyecto “(el personal militar) que se encuentre denunciado o procesado por la presunta comisión de delitos militares o contra los derechos humanos”. Se refiere, de modo rebuscado, a los delitos de función, tradicionalmente usados por violadores de derechos humanos en el Perú y el mundo como argumento para logar impunidad.
Jueces y parte
Además de propone como miembros de esta Comisión Ad Hoc a un representante del Presidente, del Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, incluye obviamente a los ministerios defensa e interior.
Integrantes imposibles
La Defensora del Pueblo ha adelantado que no conformará dicha comisión por ser una propuesta inconstitucional. Suponemos que la Iglesia Católica se abstendrá también de participar.
Sin criterios de objetividad
Propone el proyecto que el Ministerio de Defensa se haga cargo de la Secretaría Técnica y que pondrá infraestructura y recursos para ello. En el supuesto negado de que se aprobara una comisión tal, con militares evaluando a militares no se garantizaría ninguna objetividad.
El efecto por la causa
Si el Ministerio de Defensa no colabora actualmente con los procesos de justicia ¿por qué encargarle un trabajo como este? El proyecto supuestamente quiere evitar que miembros de las fuerzas de seguridad no sufran procesos penales interminables. Pero una de las causas de esta demora es que el Ministerio de Defensa se muestra reacio a colaborar con ellos. Si lo hiciera, dichos procesos serían mucho más rápidos y no habría necesidad de iniciativas como la presentada. Lo que deberían hacer los congresistas es solicitar al Ministerio de Defensa que haga su trabajo y respete al Poder Judicial.
Tiempo
Se plantea para la Comisión una duración de 120 días. Procesos complejos que según propias palabras de los involucrados “han llevado años”, se resolverían seguramente a destajo o al peso para terminar a tiempo.
Interpretación auténtica
El proyecto plantea una interpretación auténtica de la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altos, que declara inadmisible la amnistía para violaciones de derechos humanos. Presentando una argumentación incoherente, confusa y de lamentable redacción, “demuestra” que la amnistía que pide sí es admisible. El argumento lógico es el siguiente:
La CIDH y los tratados internacionales prohíben las amnistías si estas buscan impunidad / Mi proyecto no busca la impunidad ni evadir la investigación ni el debido proceso/ Ergo, la amnistía que pido es posible.
Curioso argumento. La clave está en que la segunda sentencia es falsa. El proyecto en su integridad propone precisamente crear un mecanismo para evaluar perdones. No demuestra de ninguna manera que esto no sea así. Solo pide que se crea que “no busca impunidad” porque así lo declara.
El autor, el autor
El proyecto ha sido presentado por el congresista Edgar Núñez, de la bancada oficialista. Este congresista, como se recordará, ha tenido un curioso y reciente debut en el mundo del cine en la película “Vidas paralelas”, financiada por el Ejército Peruano. Cinta que presenta en una versión propagandista el punto de vista de algunos sectores militares sobre su rol en el conflicto armado interno y su injusta persecución por haber cometido violaciones de derechos. Y de la cual se han distanciado hasta alguno de sus protagonistas.
Los que apoyan
El proyecto de amnistía cuenta con la firma de congresistas del Apra, Unidad Nacional, UPP y el grupo fujimorista. Es apoyado por otros 22 congresistas.
– Cabanillas Bustamante Mercedes
– Gonzáles Posada Eyzaguirre Luis Javier
– Rebaza Martell Alejandro Arturo
– Calderón Castro Wilder Félix
– Rodríguez Zavaleta Elías Nicolás
– Huerta Díaz Aníbal Ovidio
– Menchola Vásquez Walter Ricardo
– Mendoza del Solar Lourdes
– Estrada Choque Aldo Vladimiro
– Zumaeta Flores César Alejandro
– Vílchez Yucra Nidia Ruth
– Negreiros Criado Luís Alberto
– Mulder Bedoya Claude Maurice
– Mekler Neiman Isaac
– Cribilleros Shigihara Olga Amelia
– Gutiérrez Cueva Álvaro Gonzalo
– Chacón de Vettori Cecilia Isabel
– Cuculiza Torre Luisa María
– Del Castillo Gálvez Jorge Alfonso Alejandro
– Velásquez Quesquén Ángel Javier
Qué cabe
Rechazar este proyecto. Estar alertas. Denunciar sus reales intenciones públicamente y la comunidad internacional. Recordar los argumentos, jurisprudencia, normas y tratados internacionales que prohíben iniciativas como esta. Alertar al Gobierno sobre los peligros para nuestro país de quedar estigmatizado y ser apartado de la comunidad internacional. Llamar a los congresistas a cumplir su deber hacia el estado de derecho, la constitución y los derechos humanos. Pedir al Ministerio de Defensa e Interior que colaboren activamente con los procesos penales que se vienen desarrollando y de este modo, evitar se prolonguen en demasía. Y hacer un llamado al Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, a hacer cuanto esté en su mano hacer para evitar semejante desacierto.