El 10 de diciembre se conmemoran 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mientras asistimos a una serie de hechos que configuran un nuevo escenario político, económico y social en nuestro país y el mundo.

La Declaración establece que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Por ello, en esta fecha es necesario llamar la atención sobre la urgencia de persistir en la plena vigencia de los derechos humanos y la obligación estatal de garantizar las condiciones para su ejercicio a todos los peruanos y peruanas.

El Programa de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales – Projur, se une a las distintas instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, para conmemorar esta fecha, haciendo énfasis en la importancia que el derecho de acceso a la justicia tiene para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales.

El derecho de acceso a la justicia debe ser entendido como la posibilidad de acceder a un sistema de justicia que sea incluyente y respete la diversidad cultural de nuestro país. Asimismo, que reconozca las formas tradicionales de administración de justicia y resolución de conflictos que las comunidades han creado a lo largo de su historia. Esto es relevante en el sector rural, donde la precariedad estatal ha puesto a prueba la capacidad de resistencia de los ciudadanos y ciudadanas del campo, por lo cual es necesario fortalecer los mecanismos que jueces de paz, defensorías comunitarias, rondas campesinas y otros actores vienen implementando, además de establecer formalmente los niveles de coordinación con instancias estatales.

En tal sentido, queremos llamar la atención sobre la necesidad de considerar políticas estatales diferenciadas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los niños y niñas, los derechos de las mujeres, los derechos de las víctimas del proceso de violencia política, entre otros, para lo cual una tarea pendiente es la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos por parte de los diferentes poderes y niveles de gobierno que conforman el Estado Peruano. Este debe convertirse en un eje transversal de las políticas de desarrollo y gestión.

Finalmente, queremos resaltar en esta fecha el rol de los ciudadanos y ciudadanas del campo y de la ciudad, que más allá de las dificultades señaladas, e incluso en contextos de violaciones masivas de derechos humanos, no cejaron en promoverlos y defenderlos. A ellos y ellas nuestro reconocimiento. Nuestros pueblos no pueden esperar más.

Lima, diciembre 2008.

CONSORCIO PROJUR ASOCIACIÓN SER ASOCIACIÓN PAZ Y ESPERANZA

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