Escribe Carmela Chávez Yrigoyen (CNDDHH)
Ya van quinientos muertos palestinos y cuatro israelíes. A eso, sumarle los más de dos mil quinientos heridos a consecuencia de bombardeos en toda la franja de Gaza. Se estima que, cuando menos, un tercio de ellos son civiles, entre ellos, mujeres, niños y adultos mayores.
El gobierno de Israel afirma que ésta no es una invasión contra el pueblo palestino –Cisjordania, no está siendo ni sitiada ni bombardeada-, sino que se trata de una guerra contra Hamás, grupo radical que gobierna en Gaza, luego de una guerra civil con Al Fatah, y que ha venido lanzando bombas artesanales a territorio israelí que, cabe aclarar, no han causado víctimas fatales en los últimos seis meses previos a la reciente acción de Israel en Gaza.
En esta situación se ha hecho imposible la atención humanitaria o siquiera contar con información periodística sobre el terreno. Gaza es un infierno cerrado ante el cual la comunidad internacional es incapaz de actuar, ante la falta de consenso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Desde que la guerra preventiva se autolegitimó ideológica, militar y políticamente -apoyada por el poder militar fáctico de la potencia mundial, Estados Unidos, que tiene como mayor exponente la invasión a Irak- se viene diciendo que es legítimo atacar cualquier país que sea visto como amenaza. Sin embargo, y a pesar de la precisión que ostentan varias de las armas usadas en la invasión, distinguir entre combatientes y población civil es prácticamente imposible. Eso no excluye el censurable uso de espacios civiles por Hamás para el almacenamiento de armamento y la invitación de milicianos (civiles voluntarios) que desean intervenir en sus acciones militares contra Israel. Un ataque de este tipo es, desde cualquier punto de vista legal o humanitario, inaceptable, inmoral y cruel.
Una buena forma de curarse en salud es culminar el proceso de tipificación del delito de agresión, contenido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Acá los estados tienen mucho que decir y cerrar las puertas a que, con la apariencia de una intervención humanitaria, se sigan justificando invasiones a terceros estados.
Mientras tanto, debemos seguir rechazando la vieja y mala costumbre en política internacional de que el fin justifica los medios y el todo vale, cuando se trata de la seguridad nacional; que si, de tres muertos, uno era inocente, eso no importaría en aras de prevenir ataques en el futuro. El ejército israelí en Gaza, y las autoridades políticas que los envían, son responsables de la muerte de todos esos civiles. E incluso, y esto es más difícil de decir, aunque no menos cierto, de milicianos desarmados que, en caso de ser responsables de delitos, tiene también derecho a un proceso justo y con derecho a su integridad. Plomo sólido, al igual que muchas de las situaciones que vemos día a día en el Medio Oriente, no es más que la ratificación de que la Guerra Fría no ha terminado, sino que, por el contrario, se ha transformado y multilateralizado, y en ese contexto los derechos humanos siguen pujando por tener el sitio que nos hemos prometido.