Por Antonio Maldonado Paredes

El condenable y grave atentado sufrido por la doctora Gladys Echaíz, Fiscal de la Nación y Jefa del Ministerio Público, ha sido indudablemente realizado por miembros de una red criminal, de la cual existen razones  para presumir que forma parte la misma estructura clandestina e ilegal que ha estado realizando las ilegales interceptaciones telefónicas.

La valiente decisión de la doctora Echaíz y la eficaz intervención del Ministerio Público bajo su liderazgo, y el apoyo de la Policía Nacional del Perú, permitieron investigar, identificar y desarticular, hace pocas semanas y en tiempo récord, esta red criminal, siendo probablemente la causa del vil atentado contra su vida e integridad.

¿Este es el precio que tienen que  pagar los magistrados (Jueces y Fiscales), y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, cuando actúan con integridad y valentía en la lucha contra el crimen organizado? Curiosamente, el referido atentado es un indicador del éxito logrado por el Ministerio Público en la investigación de este caso.

En ese contexto, hay que destacar que el Ministerio Público y la Policía Nacional están cumpliendo sus funciones constitucionales en forma eficiente, y esto merece un público reconocimiento.  Debe, además,  tenerse  en cuenta que se trata  de la investigación de una red criminal compleja, la cual estaría infiltrada en el propio Estado, lo que hace más difícil la actuación del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Identificar ahora a quien o quienes estarían detrás de este atentado contra la Fiscal de la Nación constituye un nuevo desafío para ambas instituciones.

A los crímenes de interceptación ilegal de comunicaciones, se agrega el atentado contra la vida e integridad de la Fiscal de la Nación. Con ello, tanto los autores mediatos como los ejecutores han mostrado que no se trata de criminales comunes. El escenario que actualmente enfrenta el Perú nos obliga a preguntarnos: ¿cómo estas estructuras ilegales y clandestinas han logrado sobrevivir al pasado autoritario y represivo? ¿Cómo se han infiltrado en el Estado? ¿Quiénes son aquellos que, con sus acciones u omisiones, se relacionan con quienes los toleran o encubren? ¿Quiénes son sus máximos jerarcas?

Hoy los peruanos somos testigos de la existencia no solo de redes de corrupción, sino también de la existencia de una red de espías presuntamente vinculada a instituciones tutelares de la patria, situación que por su  gravedad el propio Presidente de la República debe enfrentar con determinación.  La ciudadanía comprometida con el Estado de Derecho y la democracia exige del presidente García un pronunciamiento público de rechazo a estas estructuras ilegales y a su accionar, y de respaldo al trabajo diligente del Ministerio Público.

Le corresponde también al Presidente de la República salvaguardar la integridad del Estado peruano y garantizar el ejercicio pleno de sus instituciones en el marco de la legalidad y conforme lo dictan nuestras normas constitucionales.

Cabe recordar que en Brasil, el jefe del servicio de inteligencia, Paulo Lacerda, fue destituido por el presidente Lula Da Silva al descubrirse que los servicios de inteligencia interceptaron los teléfonos de Gilmar Mendes, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y de  otros magistrados de la Corte Suprema. En España, las acusaciones de interceptación de comunicaciones entre el PP y el PSOE desencadenaron un escándalo político de proporciones que provocó la renuncia de varios funcionarios del Gobierno.

Debe quedar claro que la lucha contra la corrupción, y, en general, contra el crimen organizado, debe hacerse por medios absolutamente legales; no siendo justificable el uso de cualquier medio de investigación.

Los peruanos esperamos que el gobierno asuma sin dilación una decisión clara e inequívoca para erradicar de plano las estructuras clandestinas e ilegales que se han infiltrado en el Estado, y que garantice a los jueces y fiscales el pleno ejercicio de sus funciones en forma independiente e imparcial, libre de toda amenaza contra su vida e integridad.

(*) Ex Procurador Ad Hoc para el caso Fujimori-Montesinos.

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/2009/02/12/19/pagina/1634