Pero fiscalía libra de culpa a representantes de forza y de minera. Fedepaz y CNDDHH estiman insuficiente que solo se comprenda a mandos medios de la Policía Nacional.

La Quinta Fiscalía Provincial de Piura entabló una denuncia penal contra algunos miembros de la Policía Nacional que participaron  en el secuestro y tortura de 29 comuneros en el campamento minero de Majaz, en agosto de 2005.

El titular de dicha fiscalía, Juan Ortiz Arévalo, resolvió formular una acusación contra un grupo de agentes del orden, liderados por el oficial Aurelio Terrones Valladolid, por el delito contra la humanidad en la modalidad de tortura, en agravio de los campesinos.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDH) consideraron insuficiente la denuncia por no haber tomado en cuenta a los autores intelectuales del hecho.

Ambas organizaciones manifestaron que debieron estar comprendidos en el expediente los altos mandos de la PNP que dirigieron la operación, los médicos legistas de la Fiscalía de Huancabamba, funcionarios de la empresa de seguridad Forza y los directivos de Majaz.

“Es importante que se haya acreditado que la denuncia es por el delito de tortura, pero hemos presentado un recurso de queja dado que no se ha comprendido a los autores intelectuales”, expresó Rosa Quedena, abogada de las víctimas y representante de Fedepaz.

Quedena reconoció que la divulgación de las fotos en enero pasado, en la que se muestran irrefutablemente los ataques físicos y secuestro de los comuneros, contribuyó a acelerar las investigaciones respecto al caso Majaz.

La denuncia fue formulada en junio del 2008, pero hubo en un principio lentitud de las autoridades para profundizar en el caso.

Fedepaz criticó la decisión de archivar denuncia contra el general Ricardo Benavides Rodríguez, jefe de la Primera Dirección Territorial de la PNP; el coronel Ricardo Murillo, responsable del mantenimiento del orden en la zona;  y el capitán Marco González Santillán, jefe del destacamento policial del campamento minero “Henry´s Hill”, perteneciente a la compañía Majaz.

Fuente: La República