Washington (EFE). La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) acusó ayer al Poder Judicial de “demora y omisión de información” en el procesamiento de los casos derivados del conflicto armado que vivió el país de 1980 al 2000.

El responsable legal de la CNDDHH, Víctor Álvarez Pérez, señaló la urgencia de incrementar la “rapidez y eficacia” del sistema judicial, que actualmente “no tiene capacidad para atender todas las demandas” y provoca el “estancamiento” de muchos de los casos.

• Audio: «Procesos judiciales en casos de violación de derechos humanos»
  CIDH, Washington, 24 marzo 2009
  [audio:http://www.cidh.org/Audiencias/134/24.%20DDHH%20conflicto%20armado%20Peru.mp3]

Álvarez realizó estas demandas en una de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que celebra su 134 periodo de sesiones en Washington del 16 al 27 de marzo.

Cinco años después de que un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) calculara que la guerra interna que vivió Perú causó cerca de 70.000 muertos y responsabilizara a los terroristas de Sendero Luminoso de más de la mitad, “sigue sin hacerse justicia”, según Álvarez.

El peticionario de la audiencia señaló que la “falta de consolidación del sistema” está agravada por una “mancha de impunidad”, porque las víctimas del conflicto suman miles y el poder judicial no tiene capacidad para atenderlas a todas.

Además, prosiguió, existe una “concentración de los casos” en la zona de la capital, lo que “crea desigualdades” al impedir el acceso a la justicia de los habitantes de otras provincias.

Otro problema es que el poder judicial “concentra toda la carga procesal en otros tipos de delitos”, según el abogado, que comparó los 12 casos de derechos humanos que están habitualmente en fase de proceso con los 203 casos de terrorismo que se están juzgando.

“La mayoría de los casos se encuentran en investigación fiscal desde hace varios años, y no pasan a la fase de instrucción”, advirtió.

El Presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Villa Stein, encargado de responder en la audiencia a Álvarez, reconoció que el sistema judicial del país es “algo anticuado”, ya que el código judicial data de 1940, pero aseguró que, aún así, “da resultados”.

Villa señaló que de los 47 casos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación puso en consideración hace cinco años, 34 ya están judicializados, lo que supone “un porcentaje muy alto”.

Además, el poder judicial sigue desde enero una “lógica de acercamiento a las comunidades afectadas”, con visitas a esos lugares y la creación de “dos juzgados de paz especializados en materia de derechos humanos”.

Según Villa, no pueden emplearse los avances en el proceso penal al ex presidente Alberto Fujimori para exigir una mayor rapidez en el tratamiento del resto de casos, ya que “no existen simetrías”.

Para Álvarez, sin embargo, se ha dado prioridad al juicio al ex presidente cuando “todos los casos son importantes”, y estimó que, si este caso se hubiera tratado como el resto, “habría durado al menos cuatro años”.

Luz del Carmen Ibáñez, fiscal superior del Tribunal Penal Nacional, indicó que la labor del Ministerio Público es “sacrificada”, ya que los casos que trata son complejos por el número de acusados y la ambigüedad de la prueba.

“La labor de verificación de la prueba es muy complicada, porque los casos son muy antiguos y muchos testigos ya han muerto”, señaló Ibáñez, que aseguró que la petición de la Comisión de que exista una búsqueda y entrega de cuerpos “se está cumpliendo, incluso mediante la excavación de fosas”.

Tras esta audiencia, la CIDH atendió las demandas del Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, que exhortó al Estado a adecuar la Ley de Justicia Militar Policial del país a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos.

• Audio: «Justicia militar policial en Perú»
  CIDH, Washington, 24 marzo 2009
  [audio:http://www.cidh.org/Audiencias/134/25.%20Justicia%20militar%20Peru.mp3]

El representante del IDL, Juan Carlos Ruiz Molleda, señaló la “inconstitucionalidad” de que sea el presidente de la República el que nombre a los vocales y fiscales supremos militares, y de que éstos sean oficiales en actividad y no retirados.

Según Ruiz, esto demuestra un “sistemático incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional” por parte del Estado y dificulta el acceso de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía “a un juicio justo”.

Fuente: EFE / El Comercio en línea