Durante ejecución del “Plan Chupón” en la zona de Río Seco, en Vizcatán. Cuerpos presentan heridas infligidas a corta distancia por arma de fuego y objeto contundente. Dudan de versión del enfrentamiento.

Doris Aguirre
Unidad de Investigación del diario La República.

HUAMANGA. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ejército informaron oficialmente que el 14 de setiembre del 2008 una patrulla sostuvo un enfrentamiento con una columna senderista  en la zona de Río Seco, distrito de Ayahuanco, provincia de Huanta, que dejó como resultado cuatro terroristas muertos. Sin embargo, poco después, la pobladora Lucy Pichardo Fernández, quien sostuvo que había logrado escapar de Río Seco, declaró ante las autoridades que los presuntos terroristas eran sus familiares y que estos habían sido asesinados. Luego de algunas semanas, el tres de octubre, representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público se desplazaron hasta el lugar de los hechos y desenterraron los cuerpos de cuatro personas.

Se trataba de los cadáveres de los hermanos de la denunciante, Alejandro y Maximiliano Pichardo Fernández, de Jesús Canchanya Umache y Rosa Chávez Sihuincha, que estaba embarazada. Todos eran conocidos agricultores del área. Una vez más, la versión oficial colisionaba con la realidad.

Según fuentes del ministerio público y de la policía antiterrorista de Ayacucho, “existen indicios razonables que señalan que las personas cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en Río Seco fueron ejecutados por efectivos militares durante la ejecución del Plan Chupón que dirigió el mayor EP Jorge Hurtado Hurtado”.

Las investigaciones se han realizado en coordinación con la primera fiscalía supraprovincial que despacha el doctor Andrés Cáceres Ortega.

Hasta el momento no se encuentran los cuerpos de los menores Moisés y Rosa Linda, quienes, según Lucy Pichardo, estaban junto con las cuatro víctimas.

Los militares que estuvieron en el lugar afirman que no divisaron a niños en esa zona. El juez de Paz de Canayrel, José Cabezas, denunció el hecho a la policía luego de escuchar la versión de Lucy Pichardo.

Una de las víctimas, Jesús Canchanya Umache, era vicepresidente del Comité de Autodefensa de Mayobamba y conocido por su participación en acciones contrasubversivas en la zona del VRAE.

Consultado el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, afirmó que podría tratarse de una versión para impedir el avance de las tropas en Vizcatán. Agregó que no había recibido ninguna información sobre la investigación fiscal. “Hasta que no tenga en mis manos el informe del fiscal sobre el caso de Río Seco, no  diré nada”, dijo a La República: “Las autoridades no me han alcanzado nada sobre el tema”.

El informe fiscal, que se sustenta en las pesquisas que hizo la policía antiterrorista de Ayacucho, señala que existen indicios razonables de que algunos efectivos del Ejército durante la “Operación Chupón” cometieron violaciones a los derechos humanos.
Según las fuentes del Ministerio Público, la acusación alcan-zaría a los efectivos de ocho patrullas “Puma” que intervinieron en el lugar.

El fiscal Andrés Cáceres solicitó en reiteradas oportunidades los documentos del “Plan Chupón” –elaborado por el Comando Especial VRAE, que el año pasado estuvo a cargo del general EP Raymundo Flores–, pero no respondieron a sus peticiones.

HABLAN LOS MUERTOS

Entre los indicios que la autoridad recogió y demostrarían que se perpetraron crímenes extrajudiciales, se cuenta con la evidencia de que el cuerpo de Maximiliano Pichardo Fernández presenta varios impactos de proyectil de 5.56 milímetros de fusil Galil y varias perforaciones en la cabeza con proyectiles de 9 milímetros de pistola, lo que indicaría que fue rematado. En total, presentaba nueve perforaciones.

En el caso de Rosa Chávez, que se encontraba en estado de gestación, fue asesinada de un balazo en la región parietal izquierda con salida de proyectil en la sien derecha.

Los otros dos cuerpos presentan hundimiento en la región frontal por objeto contundente, lo que indica que aparentemente los autores usaron la culata de sus fusiles.

En los cuatro casos, existen evidencias razonables de que las víctimas primero fueron detenidas antes de ser ejecutadas. Y que los fallecidos por arma de fuego recibieron disparos a muy corta distancia. Es decir, difícilmente cayeron en combate.

De acuerdo con el informe fiscal, los militares interrogados afirmaron que las cuatro personas fueron abatidas durante un enfrentamiento armado, sin embargo ninguno supo explicar dónde se encontraba el armamento que los presuntos subversivos utilizaron para defenderse.

“TODOS SON TERRORISTAS”

Al prestar su declaración el jefe del “Plan Chupón”, mayor EP Jorge Hurtado Hurtado, este ofreció una versión contradictoria en comparación con los testimonios de los otros efectivos bajo su mando.

El fiscal Andrés Cáceres también anotó en su informe que el 14 de setiembre, cuando el Ejército comunicó a la Policía el hallazgo de los cuatro cadáveres, al día siguiente la institución castrense se opuso a que un equipo conjunto de la Fiscalía y de peritos se dirigiera a la zona de Río Seco arguyendo que había presencia terrorista.

Recién después de 15 días, el tres de octubre, se pudo efectuar el levantamiento de cadáveres, cuando los cuerpos se encontraban en completo estado de descomposición. El fiscal anotó que los militares dificultaron el recojo de evidencias, como los casquillos de los proyectiles, así como la realización de la inspección ocular.

El mayor Hurtado, asesorado por su abogado, ofreció su versión de lo sucedido ratificando que en Río Seco se registró un choque entre soldados y terroristas.

“A las 5 y 30 de la mañana del 14 de setiembre partimos de la zona de Torococha con una orden y de acuerdo con el esquema del ‘Plan Chupón’. Después de dos horas de desplazamiento, y antes de llegar a la margen derecha del río Mantaro, fuimos impactados por varios proyectiles, por lo que inmediatamente repelimos el ataque. Luego solicitamos apoyo aéreo por radio al Comando del VRAE”, explicó el mayor Jorge Hurtado Hurtado: “(Mi objetivo era) llegar a la zona de la quebrada de Vizcatán para organizar (instalar) una base temporal, en vista que según informaciones de inteligencia, en ese sector estaba el corazón de Sendero Luminoso”.

“¿El ‘Plan Chupón’ detallaba el número de terroristas?”, le preguntó el fiscal.

“No, no se detallaba”, contestó el mayor Hurtado.

“¿En el referido ‘Plan Chupón’ se indicaba en la zona la presencia de algún tipo de población civil o masa cautiva (pobladores sometidos a Sendero Luminoso)?”, continuó el fiscal Andrés Cáceres.

“Todos eran terroristas, no había ninguna población”, fue la respuesta del jefe del “Plan Chupón”. Según el mayor Jorge Hurtado Hurtado, en la zona de Río Seco no existían civiles sino solo senderistas.

“¿A qué hora se desarrolló el enfrentamiento?”, siguió el fiscal.

“Entre las 7 y 45 y las 8 de la mañana”, precisó Hurtado.

“¿De dónde salieron los disparos (de los senderistas)?” , pidió precisiones la autoridad.

 “De la parte derecha del río Mantaro”, anotó Hurtado.

“¿Usted dio la orden para que los efectivos cruzaran de la margen izquierda a la margen derecha?”, preguntó el fiscal. Este punto es importante porque los cadáveres fueron encontrados en la margen derecha.

“Todo lo hicimos de acuerdo con un esquema del plan de operaciones”, fue su respuesta.

“¿Puede explicar a qué se debe que la totalidad de los impactos de proyectil de arma de fuego que se observa en uno de los cuatro cadáveres, se encuentra en la parte posterior hacia adelante?”, señaló el fiscal.

“(La persona) al ver el poderío de nuestras (ocho) patrullas ha fugado y ha sido impactado por el cruce de proyectiles”, argumentó el oficial Hurtado.

“Explique por qué el cuerpo de Maximiliano Pichardo Fernández presenta nueve impactos de bala”, reclamó el fiscal Cáceres.

“No puedo explicar”, fue la simple contestación del oficial.

HABLA EL NUMERO DOS

El fiscal Andrés Cáceres recogió además el importante testimonio del capitán EP Luis Córdova Gómez, quien durante el “Plan Chupón” se desempeñó como el segundo oficial responsable, después del mayor EP Jorge Hurtado Hurtado. Córdova ratificó que hubo enfrentamiento con los senderistas.

Participaron originalmente ocho patrullas, al mando de la patrulla “Puma 1” donde estaba el mayor Jorge Hurtado Hurtado. Las patrullas que llegaron hasta el conjunto de viviendas precarias donde vivían las víctimas, según el capitán Luis Córdova, fueron las patrullas “Puma 1”, “Puma 3”, “Puma 5” y un “equipo de reacción”. “Puma 3” estaba encabezada por el propio capitán Luis Córdova y “Puma 5” por el capitán Miguel Martínez Rosales. Cada patrulla contaba con 24 hombres.

El mismo capitán Luis Córdova también pasó a la margen derecha del río Mantaro y esto fue lo que vio: “A unos 30 metros encontramos el cadáver de un presunto terrorista. Luego, a 15 metros, hacia el cerro, estaba el cadáver de una mujer en posición decúbito dorsal, no habiendo visto más”. “¿Junto a los cadáveres halló armamento, propaganda subversiva u otra vinculación con dicha organización terrorista?”, interrogó el fiscal Cáceres. “No”, contestó.

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090517/1/node/193917/total/01