Por: David Lovatón Palacios

Director del Instituto de Defensa Legal

La prensa informó recientemente que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, declaró que “los efectivos militares y policiales están sujetos a muchas presiones y sometidos, por actuar, a investigaciones fiscales y del Poder Judicial sumamente duras. En el VRAE se está combatiendo y tienen que participar elementos de nuestra justicia militar”. Lamentamos estas declaraciones de un ministro de Defensa, civil y en plena democracia, pues no solo no es verdad lo que ha dicho —tal como lo han demostrado con anterioridad la fiscal de la Nación y el Poder Judicial—, sino que de terminar de plasmarse este planteamiento significaría un serio retroceso para el Estado de derecho: agravar el desacato de las sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema sobre la materia, transgresión de las potestades constitucionales del Poder Judicial y del Ministerio Público y, peor aún, violar la propia Ley de Justicia Militar y Policial (Ley 29182), aprobada por el actual Parlamento y promulgada por este gobierno.

Parece increíble —y lamentable— que a estas alturas se tenga que volver a recordarle al señor ministro que un rasgo básico, elemental, de todo Estado de derecho es que i) los delitos comunes —como las violaciones a los derechos humanos— se ventilan en la justicia ordinaria, ii) que los delitos de función o castrenses se ventilan en la justicia militar y iii) que un delito de función es aquel que afecta bienes jurídicos castrenses, como la disciplina o el honor, pero jamás la vida, la libertad o la integridad física.

Ciertamente, todos apoyamos a las Fuerzas Armadas y policiales en el combate contra el terrorismo y el narcotráfico, pero en un Estado de derecho ello debe hacerse dentro del marco establecido. La declaratoria del estado de emergencia no niega al Estado de derecho sino que lo debería fortalecer y, sin duda, propuestas trasnochadas como que la justicia militar y policial reemplace en el VRAE al Ministerio Público y al Poder Judicial apuntan a debilitar nuestra aún precaria institucionalidad democrática que tanto esfuerzo ha costado reconstruir. Jueces y fiscales no deberían ser vistos como un obstáculo para combatir a Sendero Luminoso o al narcotráfico sino ser vistos como aliados; si hay limitaciones logísticas u operativas por superar aún, las instituciones involucradas —como el Comando Conjunto de las FF.AA.— deberían hacer los esfuerzos de coordinación necesarias para tal fin. Por ejemplo, se ha sugerido que un equipo de fiscales ad hoc —previamente entrenados— pueda acompañar algunas operaciones militares en la zona, en cautela de la legalidad de los mismos. Medidas como esta son las que, en un Estado de derecho, deberían ser anunciadas por autoridades civiles como el ministro de Defensa.

Fuente: Diario El Comercio