Declaración de la CNDDHH

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su respaldo y saluda la justa e histórica sentencia dictada por la Sala Penal Especial el 20 de julio, que condena esta vez al expresidente Alberto Fujimori a 7 años y 6 meses de privación de libertad por graves delitos de corrupción en agravio del país. Tan contundente fue la acusación formulada por el representante del Ministerio Público y tan abrumadoras las pruebas, que Fujimori se vio obligado a aceptar los hechos, con lo cual admitió:

• Que ordenó personalmente el retiro de 15 millones de dólares de las arcas del Estado Peruano para pagar un soborno por ese monto a Vladimiro Montesinos Torres, su cómplice en innumerables delitos cometidos durante una década de régimen autoritario.
• Que, para cubrir el retiro del dinero, fraguó un decreto supremo en el cual se afirmaba falsamente que el dinero tenía como destino una operación contra supuestas acciones de las FARC colombianas en la frontera con Perú. Cabe recordar que en el proceso de extradición Fujimori aún negaba haber emitido este decreto supremo doloso.
• Que repuso esos 15 millones de dólares en dinero efectivo, sin que se tratara de los mismos billetes entregados a Montesinos y sin poder explicar coherentemente donde y cómo obtuvo este nuevo y tan cuantioso monto, argumentando de modo inverosímil que “halló” este dinero en el local del Servicio de Inteligencia Nacional abandonado por Montesinos.

Ante la imposibilidad de negar hechos totalmente comprobados, Fujimori maniobró para eludir la responsabilidad penal con una argumentación rocambolesca y descalificar la acción de la justicia, intentando burlarse de la ciudadanía una vez más. La respuesta a esta maniobra ha sido un juicio irreprochable, escrupulosamente respetuoso de las garantías del debido proceso, y una sentencia basada rigurosamente en principios de derecho y justicia.

El régimen fujimorista constituyó una dictadura revestida con formas democráticas, que se apoderó del Perú durante una década, y bajo la cual se cometieron graves violaciones de derechos humanos y se practicó una corrupción sistemática, organizada desde el más alto nivel del poder político, que hundió al país en una profunda crisis económica, institucional y moral cuyos efectos duran hasta hoy.

Esta sentencia, emitida por un tribunal de la justicia peruana, tiene una relevancia profundamente cívica y pedagógica, pues representa un hito de ineludible referencia en la lucha contra la corrupción y en el esfuerzo colectivo por construir un país democrático, especialmente en cuanto al control democrático sobre los actos de los gobernantes, como reafirmación del principio de igualdad ante la ley. Tiene así mismo la virtud de expresar esa reserva moral que queda en nuestras instituciones y asegura la recuperación democrática del país.

Lima, 21 de julio de 2009.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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