Por Wilfredo Ardito Vega
Reflexiones Peruanas Nº 290
La mayoría de peruanos suele asociar al Poder Judicial con corrupción e impunidad. Sin embargo, también es posible encontrar decisiones judiciales que reflejen un genuino interés por los derechos humanos de aquellos ciudadanos más olvidados.
En noviembre pasado, los magistrados de la Corte Suprema se reunieron para debatir un Acuerdo Plenario, es decir, dictar lineamientos de interpretación obligatoria para el Poder Judicial y, esta vez, el tema fueron las rondas campesinas y su competencia para administrar justicia.
Me perdonarán quienes ya lo saben, pero nunca está demás aclarar que las rondas no tienen ninguna relación con la lucha antisubversiva ni son ronderos los integrantes de los Comités de Autodefensa, que suelen participar en los desfiles militares. Las rondas campesinas se formaron en Cajamarca en 1976 como turnos de vigilancia frente al abigeato y con el paso de los años se han expandido a otros departamentos y también han expandido sus funciones: además de velar por la seguridad, también administran justicia, promoviendo la paz social en las zonas rurales.
La justicia rondera está basada en la reintegración de la persona a la sociedad, siguiendo principios similares a la llamada “justicia restaurativa”, es decir procurando solucionar el daño causado a la víctima y que el infractor se arrepienta.
Sin embargo, en la mayoría de casos no existe un culpable: son conciliaciones en conflictos de límites, deudas, herencias o problemas familiares. En estas situaciones, se busca solucionar el asunto de fondo y restablecer la armonía entre los involucrados y todo el caserío. Las decisiones se toman de manera colectiva, promoviendo que las personas involucradas estén de acuerdo.
El artículo 149 de la Constitución de 1993 reconoció a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas la facultad de administrar justicia, según su derecho consuetudinario, “con el apoyo de las rondas campesinas”. Esta redacción, que no reconocía claramente esta facultad a las rondas, se debió a que en esos años eran confundidas con los Comités de Autodefensa.
Por eso, durante los siguientes años, siguieron los procesos contra las rondas campesinas: si administraban justicia, se les denunciaba por usurpación de funciones y si detenían a una persona se les acusaba por secuestro. En los últimos años, los juicios a los ronderos han aumentado mucho debido a que varias empresas mineras, en Cajamarca y Piura, suelen denunciar a los dirigentes que se oponen a la contaminación de sus tierras. Muchas veces los ronderos eran llevados a la misma prisión donde se encontraban delincuentes que ellos habían sancionado (Véase por ejemplo http://www.lainsignia.org/2005/julio/ibe_028.htm)
Afortunadamente, el reciente Acuerdo Plenario señala que las rondas campesinas sí tienen la facultad de administrar justicia, por lo que ya no son admisibles las mencionadas denuncias. “Mas bien habría que denunciar a los jueces y fiscales que pretendan asumir problemas que una ronda ya ha resuelto” señala un magistrado de la Corte Suprema: el artículo 18 del nuevo Código Procesal Penal establece que no es posible iniciar procesos en aquellos casos en que intervino la jurisdicción comunal.
El Acuerdo Plenario además, precisa que el cumplimiento de los derechos humanos es condición fundamental para las rondas. Hay que aclarar que en ellas existe mucha mayor consciencia de derechos humanos que en otros sectores rurales. No hay prácticas culturales tan terribles como el charaje o el takanakuy ni los azotes rituales a niños. Precisamente, gracias a las rondas no hay desbordes sociales como linchamientos. La principal sanción, la cadena ronderil, implica que la persona pase unos días rondando en diferentes caseríos. Sin embargo, a veces, para lograr que una persona confiese, sí ha habido prácticas crueles o humillantes.
“La mayoría de ronderos ha ido a capacitaciones sobre derechos humanos y no comete estos hechos”, dice un dirigente de Cuyumalca, cerca de Chota, donde se formaron las primeras rondas.
Las rondas surgieron para que los derechos humanos tuvieran vigencia en aquellas zonas donde ninguna autoridad estatal se ha preocupado por promoverlos. Sin embargo, como en todo el Perú, ésta es todavía una tarea inconclusa. Una prioridad es enfrentar el machismo existente y reconocer los derechos de las mujeres, sobre todo frente a la violencia familiar.
Esperemos que ahora el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional concentren sus energías y recursos en los verdaderos delincuentes y no en los ronderos.
Entretanto, esta noche, como todas las noches, para miles de campesinos, significará largas horas cumpliendo el turno de ronda, atentos frente a abigeos y merodeadores. Es un desgaste físico, un sacrificio, pero al menos ahora tienen la esperanza de que el Estado ya no los procesará por buscar la justicia para su pueblo.
A los ronderos que promueven los derechos humanos, como siempre, va toda mi admiración y a los magistrados de la Corte Suprema que impulsaron el Acuerdo Plenario, todo mi agradecimiento.
Además…
-Ocho campesinos de Huamalíes, una de las más pobres provincias de Huánuco, murieron asfixiados en Oyón, una de las más pobres provincias de Lima. Trabajaban en la empresa Gazuna, que operaba de manera informal, sin ninguna medida de seguridad. Dos días antes, falleció otro obrero minero en Volcan (Pasco).
-El anunciado huayco que destruyó Zurite (Cusco) y las inundaciones que vienen afectando numerosas localidades del centro y el norte del país reflejan las serias carencias que subsisten en materia de previsión.
-Mientras muchos peruanos envían ayuda a las víctimas de las inundaciones en Puno, se han gastado miles de soles en las celebraciones de la Virgen de la Candelaria.
-Hablando de Puno, 189 años después de la Independencia, por fin se ha publicado la versión en aymara de la Constitución.
-La Municipalidad de Lince aprobó su Ordenanza contra la discriminación, siendo la Ordenanza distrital más avanzada hasta el momento, como podrán comprobar leyendo el texto: http://www.munilince.gob.pe/uploads/ordenanzas/0659075001265226148.pdf
Fue publicada el pasado sábado 6 de febrero.
-El cuartel Tarapacá en Chorrillos comenzó a ser demolido para la construcción de un instituto de rehabilitación. El cuartel San Martín de Miraflores será en cambio subastado a fin de mes para que se construyan departamentos de lujo y un centro de convenciones.
-Agradecemos a la empresa Setours por su compromiso de no volver a difundir ofertas de empleo discriminatorias.
-Hablando de avisos discriminatorios, la empresa Status Consultores puede ser severamente sancionada por establecer un límite de edad en sus ofertas de empleo.
El aporte (a la RP 288: La Advertencia de la Calle San Martín):
En Pisco, he sido testigo de cómo las autoridades responsables en la tan mentada reconstruccion, sólo han construido con material noble las fachadas de las casas destruidas, para ocultar el desastre, pero detrás de esas paredes siguen la miseria, el abandono y la destrucción.
Después de tanta viveza y sinvergüencería, manteniendo abandonados a los damnificados del 2007, la gente del gobierno se ha ido a Haití a mostrarse como grandes donantes, solidarios con otro pueblo en desastre (Un abogado)
Este invierno es uno de los fríos de Holanda; ha nevado como nunca y las
temperaturas son muy bajas. Sin embargo, las familias tienen reservas de alimentos y toman medidas por si el frío arrecia, mientras las autoridades también toman medidas para enfrentar el problema. Debemos tratar que en el Perú haya también esa idea de prevención y acción, una toma de conciencia de nuestras vulnerabilidades y de la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad. Todos, desde la casa, la
escuela, la universidad, la iglesia, la biblioteca y demás lugares públicos y privados tomemos oportunamente nuestras previsiones y podamos hacer frente a cualquier desastre (Una profesora de la Universidad Católica)
Me llamó la atención cómo los turistas extranjeros atrapados generaron soluciones al problema: se organizaron, racionaron alimentos, realizaron un censo para el rescate. Todo ello nos revela las dimensiones que alcanzan las sociedades que saben que el desarrollo no solo es infraestructura sino tener ciudadanos preparados (Un diplomático).
Acá en el Cusco hay gente que ha construido su casa exactamente al lado del río, violando todas las normas legales. Ellos dicen que no son invasores y que tienen un proceso judicial en marcha. Ni la Municipalidad ni el gobierno regional han intervenido antes ni ahora, pese a que no es un sitio apto para viviendas.
De otro lado, hemos tenido varios días sin agua en las casas y ahora que por fin ha vuelto, hay decenas de niños y jovencitos jugando irresponsablemente con agua, con el pretexto de los carnavales. Me da tanta cólera. ¿Dónde estarán sus irresponsables padres? No sé qué tipo de desgracia esperamos para poder tomar algo más de conciencia. (Una abogada cusqueña)
En el Perú, debido a nuestra geografía, nuestra ubicación en una zona sísmica y por los próximos efectos del cambio climático, debemos estar preparados. Si el Estado no actúa, nos pasará lo de Haití, que ha terminado ocupado por la ONU y Estados Unidos. No olvidemos tampoco que el país lo hacemos todos, no sólo el gobierno. Eduquémonos para los retos que se vienen. (Carlos Quiroz)
Conozco mucha gente que estaría dispuesta a convertirse en voluntarios para aplacar estos desastres, pero no sé si sea Defensa Civil quien podría canalizar este tipo de trabajo (Janeyri Boyer).
Seria genial disponer un servicio civil antes que un servicio militar, ese tipo de organización ayudaría mucho (Jonathan Gamboa).
La frase W:
Nadie puede ser pesimista en el Perú,
si conoce a las rondas campesinas.
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