Nota de prensa de ICTJ

A dos años de implementación del decreto 1290 urgen reformas e implementación de medidas más allá de las compensaciones monetarias.

Hoy se cumplen dos años de la promulgación del decreto 1290 de 2008 que establece la reparación individual por vía administrativa y se vence el plazo para la presentación de solicitudes por parte de las víctimas. En esta oportunidad, el Centro Internacional para la Justicia Transicional reitera la urgencia de una reforma del programa que permita el reconocimiento de las víctimas y ratifica que este proceso, tal como se desarrolla, no se puede equiparar con un programa genuino de reparación por vía administrativa.

“Las reparaciones deben ser un medio para reconocer a las víctimas como individuos y ciudadanos, para asumir la responsabilidad del Estado por las violaciones pasadas y expresar el compromiso público de responder por el impacto duradero de los crímenes”, aseguró Michael Reed, directo del ICTJ Colombia.

Como el ICTJ ha afirmado desde la entrada en vigencia del decreto, si bien hay un esfuerzo presupuestal significativo por parte del Gobierno, diversos aspectos ensombrecen su aplicación, tales como: 1) que sólo se trate de una compensación monetaria y no incluya medidas de rehabilitación, restitución, satisfacción y garantías de no repetición que contribuyan a una reparación integral; 2) que el Estado insista en que repara bajo el principio de solidaridad sin reconocer su responsabilidad, sea por acción o por omisión, como un paso genuino al reconocimiento de las víctimas, y 3) que se continúe excluyendo a las víctimas de crímenes de Estado de la oferta del gobierno en materia de reparación.

Así mismo, el ICTJ ve con preocupación que se pretendan equiparar medidas de atención a las víctimas, de asistencia humanitaria o de inversión social como reparación. Éstas hacen parte de las obligaciones del Estado de garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, mientras la reparación va más allá y busca resarcir los daños de una violación a los derechos humanos e incluso modificar la situación de vulnerabilidad de las víctimas, anterior a la violación.

El ICTJ agrega que los procedimientos establecidos para la consideración de las peticiones –incluyendo reglas de prueba, presunciones y visitas domiciliarias – deben ser justos, eficientes e incluir un enfoque diferencial con el fin de evitar la revictimización. Asimismo, solicita un ejercicio más transparente en materia de rendición de cuentas con el suministro de información a la sociedad civil que contenga los aspectos generales de la implementación del programa, por ejemplo, en relación con los recursos desembolsados, los gastos de funcionamiento y las solicitudes denegadas.

“El vencimiento del término para la presentación de solicitudes de indemnizaciones solidarias genera interrogantes sobre el tratamiento que recibirán las víctimas que genera diariamente el conflicto”, puntualizó Reed. “Pero debería ser una oportunidad para reflexionar sobre las limitaciones de este mecanismo y reestructurar el programa con medidas complementarias a estos pagos que respondan a las necesidades y expectativas de las víctimas”.

Sobre el ICTJ
El Centro Internacional para la Justicia Transicional trabaja para remediar y prevenir las más graves violaciones a los derechos humanos al confrontar los legados de abusos pasados. El ICTJ busca soluciones integrales para promover la rendición de cuentas y construir sociedades justas y pacíficas. Más información, disponible en www.ictj.org/es/.

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ICTJ presenta la publicación Tareas pendientes: propuestas para la formulación de políticas públicas de reparación en Colombia con propuestas concretas para reparar en Colombia.

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