APRODEH expresa preocupación
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresó su preocupación tras conocer que el Ministerio Público, en coordinación con altas autoridades del Ejército Peruano, realizó el conversatorio: “Ejército Peruano y el Ministerio Público: Temas de interés para la investigación y judicialización de casos”, el pasado lunes 19 y martes 20 de abril. La actividad estaba dirigida a los Fiscales Supraprovinciales de Lima y provincias y Fiscales Superiores Penales Nacionales, a fin de informarlos sobre el funcionamiento de la estructura militar y la cadena de mando militar en operaciones contrasubversivas.
“Los fiscales convocados a dicha reunión son los encargados de las investigaciones, denuncias y acusaciones por graves violaciones a los Derechos Humanos perpetradas en el Perú durante el conflicto armado interno. En tales hechos están directamente involucrados personal militar que, en muchos casos, aún se encuentran en actividad. Por ello, consideramos extremadamente inadecuado que se realice una reunión de esta naturaleza y a puerta cerrada en una instalación militar”, señaló Francisco Soberón, director ejecutivo de APRODEH.
“Creemos que es un hecho grave, incluir entre los expositores al General EP (R) Petronio Baltazar Fernández Dávila Carnero, quien a la fecha viene siendo procesado por la desaparición forzada de Constantino Saavedra y ha sido investigado por otros casos de desapariciones en Ayacucho. Del mismo modo, el General de División Jorge Carcovich Cortelezzi, quien en el año 1983 prestara servicios en el Cuartel Los Cabitos BIM 51 de Ayacucho y que además fue Jefe de las Bases Militares de Canaria y Hualla (provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho), lo cual lo sindicaría como presunto responsable de los sucesos ocurridos en dichas zonas, especialmente, la ejecución de comuneros y niños en la localidad de Umasi – Raccaya”, afirmó.
Agregó que uno de los principales problemas que enfrenta el Ministerio Público y el Poder Judicial es la falta de información oficial –de parte del Ministerio de Defensa y los institutos armados– sobre las operaciones militares y el personal militar de los cuarteles y bases militares que participaron en los hechos que vienen siendo investigados. “Esta situación imposibilita el avance de la investigación y el conocimiento de la verdad en los delitos de desaparición forzada, asesinatos, torturas y violaciones sexuales, perpetrados por personal militar en el pasado. Lamentablemente este importante tema no aparece en el programa del evento”, refirió.
Soberón mencionó que APRODEH envió una comunicación formal a la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, manifestando su posición sobre este hecho. “Estamos enteramente convencidos que el rol que ha cumplido el Ministerio Público en muchos casos de violaciones a los derechos humanos ha sido decisivo, pero también creemos que una reunión con tales características podría afectar la independencia y la imparcialidad de la actuación de los fiscales en estas investigaciones y procesos judiciales. En tal sentido, el Ministerio Público no debería tolerar estos actos y, por el contrario, debería coadyuvar con el Poder Judicial para que los institutos armados cumplan con los requerimientos de la justicia”, finalizó.
Datos:
Casos referidos al General Petronio Fernández Dávila:
Casos en proceso:
– Desaparición forzada de Constantino Saavedra Muñoz, hecho producido en 1990 en Huamanga, Ayacucho. La Sala Penal Nacional de Lima lo absolvió y actualmente se está en espera del recurso de nulidad interpuesto.
Casos en los que ha sido investigado:
– Desaparición forzada de Eladio Mancilla Calle, ocurrida en junio de 1990. La Sala Penal de Lima lo absolvió y la Suprema ha confirmado la absolución.
– Desaparición Forzada de Guadalupe Ccallocunto Olano, ocurrida también en junio de 1990. El caso se encuentra a nivel de investigación preliminar en la Primera Fiscalía de Ayacucho.
– Desaparición forzada de Alfonso Aguirre Escalante, ocurrida en febrero de 1990. La investigación se encuentra a nivel fiscal, en la Primera Fiscalía de Ayacucho.
Casos referidos al General Jorge Carcovich Cortelezzi:
Casos en los que ha sido investigado:
– Caso Umasi – Raccaya, por la Ejecución Extrajudicial de comuneros y estudiantes menores de edad ocurrida el 16 octubre de 1983 en el anexo de Umasi, Ayacucho. Un día antes, los pobladores habían sido secuestrados de la escuela de Raccaya y conducidos a Umasi. El 16 de octubre de 1983, mientras permanecían en la escuela de Umasi, fueron capturados por una patrulla militar de la Base de Canaria, de la provincia de Víctor Fajardo y asesinados en presencia de testigos. A fines del año pasado, se halló una fosa común en Umasi con restos de cadáveres –la mayoría niños–, los cuales fueron sometidos a diversos análisis. El caso fue reportado a la Comisión de la Verdad y Reconciliación y actualmente se encuentra en investigación en la Primera Fiscalía de Derechos Humanos.