Por Percy Castillo Torres
Comisionado del Programa de Asuntos Penales y Penitenciaros – Defensoría del Pueblo

Artículo publicado en el blog de la Defensoría

“Oye, te hablo desde la prisión” es el conocido inicio de la melosa salsa llamada “El preso”, del grupo “Fruko y sus Tesos”, pero probablemente si escuchamos estas palabras desde el auricular de nuestro teléfono nos impactaría al instante; sin embargo, la sorpresa duraría poco al recordar los distintos casos que se han visto en los medios sobre la facilidad que tienen algunos internos para comunicarse.

Según el reporte de febrero del  INPE hay tres oficinas regionales que presentan una sobrepoblación de más del 100%. La Oficina Regional de Nor Oriente-San Martín es la más sobrepoblada, tiene una capacidad de albegue de 1.304 internos; sin embargo, su población penal es de 2.993, es decir, 129,52% de sobrepoblación y un hacinamiento del 105%.

Asimismo, la Unidad de Estadística del INPE da cuenta la situación jurídica de la población penal en el país. De una población total de 43.981 internos solo 17.178 están sentenciados mientras que 26.803, más de la mitad de la población general, aún tienen la condición de procesados.

Estos números reflejan la grave situación del sistema penitenciario en el país, la cual viene siendo advertida por la Defensoría del Pueblo, desde la publicación de su informe defensorial denominado “Supervisión del Sistema Penitenciario”, en el año 2006. En este documento se reconoce la existencia de un grave problema, debido a la afectación permanente de derechos fundamentales e inseguridad en las cárceles.

Creer que el Sistema Penitenciario Nacional tiene como objetivo la resocialización del interno a través del tratamiento técnico – científico se hace difícil cuando vemos las estadísticas del INPE o casos como el de Chimbote. Es claro que se necesita de manera urgente realizar reformas pero éstas necesitan el respaldo político – económico suficiente para alcanzar resultados concretos y sostenibles.

Para la Defensoría la necesidad de una reforma significaría la atención como mínimo de 5 aspectos.

• Fortalecer la seguridad penitenciaria y los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción como condiciones básicas para recuperar el principio de autoridad y someter las cárceles al imperio de la Ley.
• Garantizar una política de respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad como fundamento ético de la gestión penitenciaria.
• Fortalecer la política de clasificación de internos.
• Mejorar los programas de reinserción social: trabajo y educación.
• Mejorar las condiciones de trabajo y especialización del personal penitenciario.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo ha saludado la decisión del Ministerio de Justicia de impulsar la creación de un Consejo Nacional de Política Criminal, que puede dar inicio a las reformas que se necesitan, pues como lo hemos sostenido, la política criminal en nuestro país carece de lineamientos uniformes, estratégicos y medibles. Siendo evidente ello en los constantes cambios, sin racionalidad demostrable, que se realizan en materia de legislación penal.