Ante las recientes y extendidas denuncias de actos de corrupción y los continuos discursos por parte de diversos actores políticos y estatales sobre la voluntad y compromiso de combatir la corrupción en todos sus niveles, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción expresa lo siguiente:

1.- La corrupción que vive nuestro país no la constituyen casos aislados ni hechos fortuitos, responde principalmente a una sistemática “privatización” de la función y de las políticas públicas que atentan contra el desarrollo del país, sobreponiendo el interés de algunos grupos de poder político y económico a través de la promulgación de normas lesivas al interés nacional

2.- Los escándalos de corrupción sólo constituyen el reflejo de una realidad que va más allá de simples hechos o denuncias puntuales ya que está firmemente vinculada a la implementación de modelos y la formación de una legislación permisiva y flexible. Por lo tanto, la corrupción debe ser entendida como un problema sistémico e integral que debe ser afrontado de manera efectiva, decidida y sostenida.

3.- La lucha contra la corrupción no pasa sólo por discursos y gestos frente a cada denuncia o escándalo que se conoce, tampoco puede estar centrada sólo en mejorar los niveles de credibilidad y percepción ciudadana. Menos sostenerse en la suscripción de “pactos” que la experiencia ha demostrado no pasan de ser simples saludos a la bandera. En nuestro país, hasta el momento el combate a la corrupción está plagado de “avances formales”  y graves y serios retrocesos reales.

Algunos ejemplos de lo sostenido:

* Mientras que el Poder Ejecutivo ha creado la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y viene supuestamente implementando un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción;  por otro lado, ha emitido una serie de Decretos de Urgencia reduciendo la capacidad de fiscalización y control de la Contraloría General de la República en el marco de los cuales se han dado una serie de cuestionadas concesiones.

* El Presidente del Poder Judicial – a su vez Presidente de la Comisión de Alto Nivel – sostiene, en reiterados discursos, su compromiso con el combate a la corrupción al mismo tiempo que ha ido desarticulando los juzgados y salas anticorrupción, así como la Unidad de Ética Judicial encargada, entre otras cosas, de fiscalizar el patrimonio de los magistrados.

4.- La lucha contra la corrupción requiere de una política de Estado que establezca un Sistema Nacional Anticorrupción autónomo y que permita combatir, prevenir y sancionar efectivamente la corrupción en todos sus niveles, desde la corrupción “cotidiana” hasta la denominada corrupción legal o “captura” del Estado. Ello, en el marco de una cabal y real implementación de los tratados internacionales de los que el Perú es parte en la materia.

5.- El Grupo de Trabajo contra la Corrupción considera que algunas medidas concretas que permitirían revelar la verdadera voluntad de luchar contra la corrupción son:

a)     El establecimiento de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios del Estado, como lo propone la Iniciativa Legislativa Ciudadana que viene recopilando la firma de ciudadanos y ciudadanas cansados de la impunidad de quienes cometen actos de corrupción en el Perú; medida también contemplada en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, presentado por el actual Gobierno en diciembre de 2008.

b)     La derogatoria de las normas que han reducido la capacidad de la Contraloría General de la República de fiscalizar y supervisar la gestión de los procesos de concesiones, contrataciones y adquisiciones del Estado.

c)     El reestablecimiento y fortalecimiento de juzgados, salas y fiscalías anticorrupción en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.

d)     La priorización en el debate legislativo de todos los proyectos de ley vinculados a la lucha anticorrupción, como lo ha recomendado la Comisión Especial de Seguimiento al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción del Congreso de la República.

e)     El establecimiento de inhabilitación temporal, para contratar con el Estado, Peruano a aquellas personas naturales o jurídicas que estén siendo procesadas o investigadas por haber participado en actos de corrupción.

f)       El establecimiento de la prohibición temporal de postular a cargos públicos de aquella s personas procesadas o investigadas por actos de corrupción.

6.- La sociedad civil está llamada a cumplir un rol fundamental en el combate contra la corrupción. Dicho rol debe ser asumido con total compromiso y responsabilidad. Por ello, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción reitera su voluntad de vigilar la labor del Estado así como de generar propuestas que permitan reducir los niveles intolerables de corrupción existentes en el país.

7. – Convocamos a todos los peruanos y peruanas a sumarse en esta lucha constante y sin concesiones por erradicar todo tipo de corrupción en nuestro país. A exigir que los actores políticos y estatales dejen de lado los discursos generales y gestos vacíos para pasar a las acciones concretas y efectivas para combatir este flagelo y la impunidad de sus ejecutores.

Lima, 3 de junio del  2010