Discurso pronunciado por Ronald Gamarra, en nombre de la Sociedad Civil de las Américas, en el diálogo de los Jefes de Delegación de la OEA con los representantes de la Sociedad Civil. Lima 6 junio de 2010

Señora ministra
Señoras y señores jefes de delegación

Para la sociedad civil de las Américas toda política o estrategia de seguridad debe tener como fundamento el respeto y garantía de los derechos humanos mediante el acceso efectivo y oportuno a las condiciones de vida digna y no exclusión, ni discriminación.

Por lo mismo, la sociedad civil considera que son contrarios a esa visión de la seguridad las políticas que priorizan la seguridad del Estado como fin en sí mismo, que se representa en las crecientes iniciativas e implementación de planes de militarización como única salida a los conflictos sociales; también, en la criminalización de niñas/os y jóvenes infractores, la exclusión de grandes sectores de la población del acceso a derechos como la salud, la educación y la vida libre de violencia para las niñas/os, y mujeres; asimismo, en la falta de desarrollo de acciones afirmativas para el reconocimiento y protección de las personas adultas mayores, la falta de protección de los pueblos indígenas y la carencia de políticas que garanticen la preservación de un ambiente saludable.

En esta materia la OEA cuenta con instrumentos de orientación provenientes de sus propios órganos de protección: en 2002 se emitió por la CIDH el Informe sobre terrorismo y derechos humanos en donde se incluyeron recomendaciones que no se ven reflejadas en las iniciativas de seguridad que se promueven en la región hoy en día.

La seguridad involucra igualmente el fortalecimiento y protección de la democracia sustantiva en los países.  Democracia que implica diversos factores, entre ellos, el respeto de las minorías, el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos mediante el cumplimiento oportuno y efectivo de las decisiones de la CIDH y la Corte, pero también, la garantía efectiva de la defensa de los derechos humanos.

A este respecto, el Consejo Permanente otorgó a la CIDH un mandato para verificar la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas a partir del cual se emitieron varias recomendaciones que lamentablemente no han obtenido una suficiente respuesta de los estados. Ciertamente, esta situación demanda un mecanismo vinculante y oportuno de cumplimiento.

Muchas gracias.

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