Editorial

El gobierno nacional consistente con la política implementada durante todo su período, observó la Ley de Consulta a los pueblos indígenas. Tal decisión no sorprende y por el contrario ratifica el nulo interés gubernamental para llegar a consensos a través del diálogo con las poblaciones que tienen fundadas preocupaciones por la ejecución de una serie de grandes proyectos en sus tierras y territorios. Además, pone de manifiesto el poco respeto a convenios internacionales suscritos por el Estado peruano.

El gobierno ha utilizado diversos argumentos con escaso fundamento jurídico para realizar la observación de la ley (1). Sin embargo, queremos llamar la atención sobre la poca valoración que hace el Poder Ejecutivo de un valor fundamental de la democracia moderna que es la deliberación entre el Estado y la sociedad sobre las políticas públicas que afectan la vida de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Es que acaso las autoridades del gobierno nacional sólo deben dialogar y llegar a acuerdos con los grandes inversionistas trasnacionales o con los gobiernos de otros Estados? ¿Es que no hay un espacio para el diálogo con la ciudadanía?

Lamentablemente, para el régimen aprista ni siquiera el Congreso de la República -que aprobó la ley recogiendo aportes de las organizaciones indígenas y de entidades públicas y privadas- tiene poder para ser un interlocutor válido, y debe seguir siendo la mesa de partes de las iniciativas del Poder Ejecutivo. En el fondo, la observación de la Ley de Consulta muestra que para nuestros gobernantes, el “interés general” es única y exclusivamente aquel que define el gobierno de turno y los sectores que cuentan con los recursos económicos y el poder suficiente para influir en la toma de decisiones.

Pero lo más grave es la percepción del gobierno de que los pueblos indígenas o la ciudadanía siempre van a oponerse a sus propuestas, y por tanto no será posible acuerdo alguno, lo que es  una reafirmación de las tesis del “perro del hortelano”, que son la base de un discurso y una práctica política confrontacional con quienes reclaman el pleno ejercicio de sus derechos.

Un Estado moderno y democrático debe buscar la generación de la mayor cantidad de consensos con la ciudadanía. Al no hacerlo, el gobierno del Presidente García se pone de espaldas a una democracia más inclusiva y ratifica su terca voluntad de imponer, sin consultas ni participación, un único modelo de desarrollo para nuestro país.

1. Veáse la entrevista a Samuel Abad en Noticias SER