Nuevas leyes fomentan la perpetuidad de la impunidad por violaciones de derechos humanos en Perú
Washington, D.C. 8 de septiembre de 2010.
Freedom House manifiesta su grave preocupación por una serie de recientes decretos emitidos por el gobierno peruano que pueden dar lugar a la impunidad continua a los autores de violaciones de derechos humanos que fueron cometidas durante las dos décadas de conflicto interno en el país.
El conjunto de decretos emitidos por el Poder Ejecutivo el 1 de septiembre, en virtud de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso peruano, amenazan con consolidar la impunidad de los perpetradores de violaciones de derechos humanos. Las nuevas leyes permiten el archivo de los cargos contra agentes de las fuerzas de seguridad cuyos casos se han prolongado durante años debido a la negativa de los militares a entregar información clave para las investigaciones a los fiscales y a las víctimas. Los abogados de algunos de los implicados en estas violaciones, tanto procesados como condenados, ya han presentado pedidos de prescripción y archivo basados en estos nuevos decretos.
«Este es un grave retroceso para el Perú, en particular después de la reciente condena de Fujimori, la cual fue considerada una victoria para los derechos humanos», dijo Jake Dizard, editor del informe Países en la Encrucijada de Freedom House. «La impunidad que estas leyes fomentan y la falta de esfuerzos del gobierno para investigar violaciones de derechos humanos han demostrado claramente una indiferencia hacia las víctimas del conflicto.»
Tras la caída de la dictadura de Fujimori en el año 2000, el celebrado informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ayudó a los ciudadanos a conocer la verdadera magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. La mayoría de las 70,000 muertes fueron perpetradas contra los ciudadanos más vulnerables de Perú, miles de ellas atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado. A raíz del informe de la Comisión, se iniciaron decenas de procesos judiciales de los casos más impactantes y simbólicos.
Sin embargo, a pesar de haberse registrado algunos avances, la administración del actual presidente Alan García ha demostrado escasa voluntad política para fomentar el avance de dichos procesos.
Otros de estos nuevos decretos otorgan un papel preponderante a las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden interno, lo cual podría resultar en una mayor represión de las frecuentes protestas sociales en el Perú así como en una jurisdicción ampliada de justicia militar para crímenes contra la población civil.
Freedom House expresa su profunda preocupación por estas leyes, que amenazan con erosionar la democracia y paralizar el proceso de justicia transicional en el Perú e insta a que:
• el Tribunal Constitucional declare estas normas inconstitucionales
• los jueces se abstengan de aplicar las nuevas normas para los casos bajo su jurisdicción,
• los organismos del sistema interamericano, encargado de proteger los derechos humanos, exijan al Estado peruano el pleno respeto a as normas contenidas en los tratados internacionales que ha suscrito Perú.
New Laws Encourage Continued Impunity for Human Rights Violations in Peru
Washington – September 8, 2010
Freedom House expresses serious concern that a set of recent decrees issued by the Peruvian government will result in continued impunity for the perpetrators of human rights abuses during the country’s two-decade-long internal conflict.
The packet of decrees issued by the executive on September 1, under legislative powers granted by the Peruvian congress, threaten to further consolidate impunity for human rights abusers. The new laws allow for the archiving – in effect, dismissal – of charges against security force agents whose cases have dragged on for years, often due to the military’s refusal to hand over key information to prosecutors and victims. Lawyers for some of the most notorious alleged and convicted violators have already filed motions based on the new decrees.
“This is a serious setback for Peru, particularly following Fujimori’s recent sentencing, which was widely considered a victory for human rights,” said Jake Dizard, managing editor of Freedom House’s Countries at the Crossroads report. “The impunity that these laws encourage and the government’s lack of effort in prosecuting grave rights violations has demonstrated stark indifference to the conflict’s victims.»
Following the fall of Fujimori’s dictatorship in 2000, a widely-lauded Truth and Reconciliation Commission report helped citizens learn the full dimension of human rights violations in the battle between the state and various armed insurgent groups. Most of the nearly 70,000 deaths were perpetrated against Peru’s most vulnerable citizens, including thousands of deaths attributed to state security forces. Following the Commission’s report, judicial processes were initiated in dozens of the most shocking and symbolic cases. However, despite some convictions, the administration of current president Alan Garcia has demonstrated little political will to encourage the processes.
Other new decrees grant the armed and police forces an increased role in maintaining internal order. Such a decree could result in greater repression of Peru’s frequent social protests, while also opening the door to expanded military justice jurisdiction for crimes against civilians.
Freedom House expresses its deep concern over these laws, which threaten to erode democracy and paralyze the process of transitional justice in Peru, and urges that
• the Constitutional Tribunal declare these norms unconstitutional,
• other judges refrain from applying the new norms for cases under their supervision, and
• entities within the Inter-American systems tasked with protecting human rights press the Peruvian state to uphold the standards contained in the pacts and conventions to which it is a party.
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