Nueva York y Bogotá, 16 de septiembre de 2010.- El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por su sigla en inglés) recibe positivamente la decisión del Congreso peruano de derogar el decreto legislativo 1097, que hacía posible el cierre de docenas de investigaciones y juicios por casos de violaciones a los derechos humanos.

“El reconocimiento y rectificación de una evidente transgresión a los derechos de las víctimas es una señal saludable y democrática”, dijo David Tolbert, presidente de ICTJ. “Sin embargo, preocupa el contenido de otros decretos aún vigentes, y en general, el retraso en los casos relacionados con serias violaciones a los derechos humanos”.

El Congreso peruano decidió derogar la controversial ley, luego de fuertes críticas por parte de distintas instituciones, incluyendo la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, organizaciones de derechos humanos y el ICTJ (ver comunicado sobre decreto 1097).

En los últimos días, el renombrado escritor Mario Vargas Llosa, presidente de la Comisión Especial para el Sitio de la Memoria, envío su carta de renuncia al presidente García en señal de protesta por el decreto. Todas estas críticas llevaron a un cambio en su gabinete, incluyendo la renuncia del Ministro de Defensa, quien había defendido la validez del decreto y quien admitió haber consultado su contenido y alcance con el abogado del ex presidente Alberto Fujimori.

Pese a las implicaciones positivas para los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad de la derogatoria del decreto 1097, el ICTJ expresa su preocupación en relación con los otros decretos que continúan en vigencia. Uno de ellos concede atribuciones extraordinarias a las fuerzas armadas en el uso de fuerza letal en conflictos sociales, incluso por fuera de un régimen de excepción, considerando que las organizaciones sociales pueden ser tratadas como “grupos hostiles” y permitiendo la represión de protestas legítimas. Otro decreto amplía el alcance de la jurisdicción de los tribunales militares, los cuales pueden aplicar el código penal ordinario y mantener sus sentencias fuera del alcance de los tribunales civiles.

“La vitalidad del movimiento de derechos humanos en el Perú y las fuertes convicciones democráticas de algunas de sus instituciones y líderes, se han unido para evitar lo que podría haber constituido un peligroso y significativo retroceso en el proceso transicional y democrático del país”, añadió Tolbert. “Instamos a las autoridades peruanas a levantar cualquier obstáculo para la judicialización de aquellos responsables de serias violaciones a los derechos humanos”.

Sobre el ICTJ

El Centro Internacional para la Justicia Transicional trabaja para remediar y prevenir las más graves violaciones a los derechos humanos al confrontar los legados de abusos pasados. El ICTJ busca soluciones integrales para promover la rendición de cuentas y construir sociedades justas y pacíficas. Más información, disponible en www.ictj.org/es/.

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