Forma parte del paquete de decretos donde está el cuestionado 1097
Representantes de organizaciones sociales expresaron esta mañana en conferencia de prensa su rechazo y pedido de derogatoria del decreto legislativo 1095, que posibilita el uso de la fuerza a los militares en casos de conflictividad y protesta social.
Javier La Rosa, abogado del Instituto de Defensa Legal, IDL, indicó que dicho decreto militariza la represión de las protestas sociales, y que se está dando un poder excesivo a las fuerzas armadas para involucrarse en protestas, porque establece reglas para la intervención de las fuerzas militares en conflictos sociales, cuando es sabido que el accionar del ejército siempre está orientado a situaciones de conflicto externo.
“ Lo peligroso de este decreto es que establecen una definición de grupo hostil, refiriéndose a un grupo de individuos que se reúnen con algún tipo de organización, que tiene capacidad de enfrentar al Estado y que utilizan armas de fuego o punzocortantes. En principio podría parecer una regulación adecuada, pero lo que no toma en cuenta es que cuando una población, comunidad o grupo indígena decide protestar, se organiza para ello y en muchas ocasiones utilizan de manera simbólica varas de protección y otros accesorios que usan para su cuidado interno, por lo tanto la propia población encaja en esta denominación de grupo hostil y ello pone en grave riesgo la integridad y la vida de los pobladores porque la protesta se convierte en un conflicto armado”, dijo La Rosa.
Añadió que según el DL 1095 cuando las fuerzas armadas cometan excesos en su intervención, serán juzgados por el fuero militar, lo que como es ya sabido también generará un clima de impunidad.
“El sábado reciente ya se pretendió aplicar este decreto en la provincia de Espinar Cusco a propósito del conflicto en torno a la represa de Majes. En resolución del Ministerio de Defensa publicada en el diario El Peruano, se autoriza la intervención de las fuerzas armadas para la solución de este conflicto”, señaló.
A la voz de Javier La Rosa se sumaron la de los dirigentes Lourdes Huanca, de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Asalariadas del Perú, quién expresó que con esta medida se pretende masacrar a los indígenas, campesinos y campesinas: “porque nosotros defendemos la tierra, el agua, la soberanía alimentaria, con nuestra propia vida. Tenemos todo el derecho de ser respetados y llevar una vida digna” enfatizó Huanca.
También expresaron su oposición y el pedido de derogatoria al decreto, Alejandro Tintaya de la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP; Felipe Cortez de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería CONACAMI, y un representante de la Confederación Campesina del Perú. Participaron también Miguel Huertas, de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Soberón de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH, David Lovatón del Instituto de Defensa Legal, IDL, y Germán Huanira de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP.
Finalizaron la conferencia anunciando una Vigilia que se realizará hoy a las 6 p.m. frente a Palacio de Justicia y el recojo de firmas para lograr la derogatoria de los decretos.
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