Después de 25 largos años, la Sala Penal Nacional inició ayer en el penal de Lurigancho el juicio oral a 29 militares acusados de masacrar a 69 campesinos en la localidad ayacuchana de Accomarca, perpetrada el 14 de agosto de 1985, en los primeros días del primer gobierno de Alan García.

La matanza fue cometida por tres patrullas del Ejército al mando de los tenientes Telmo Hurtado, David Castañeda Castillo y Juan Rivera Rondón, que ingresaron a la localidad de Lloccllapampa en Accomarca y asesinaron a mansalva a la inerme población civil.

La Sala, integrada por los jueces superiores Ricardo Brousset Salas (presidente), Victoria Sánchez Espinoza y Mirtha Bendezú Gómez, inició la audiencia sin la presencia de Telmo Hurtado, el principal implicado, quien se encuentra en Estados Unidos a la espera de ser extraditado a Lima para su juzgamiento.

En la audiencia, los magistrados también tomaron nota de la inconcurrencia de los acusados José Contreras Paulino, Víctor Andrés Sierra Poma, Remo Daniel Salas Ávila y Clíder Venancio Ramírez, quienes se encuentran con comparecencia restringida.

Tras precisar que esos acusados están obligados a acudir a las audiencias, el colegiado anunció que los volverá a notificar y en caso se nieguen a asistir, serán declarados reos contumaces y se les dictará sendas órdenes de captura. Una vez cumplidas éstas y otras formalidades legales, el presidente de la Sala suspendió la sesión y citó a una nueva audiencia para el próximo jueves 18 de noviembre.

Piden celeridad
En la entrada del penal, una delegación de familiares de las víctimas demandó la celeridad del juzgamiento y la condena ejemplar de los asesinos de sus seres queridos, con carteles que decían, entre otras cosas: “Por la verdad, la justicia y lucha contra la impunidad”, “Accomarca exige justicia” y “EE UU: pedimos la deportación de Telmo Hurtado”.

Un pequeño grupo de licenciados del Ejército se apostó al lado de los deudos para “protestar” por el juicio a los asesinos de Accomarca. Su abogado y asesor legal, el coronel (r) Hugo Robles Castillo, pretendió justificar la matanza con el argumento de que los militares combatían la amenaza terrorista de Sendero Luminoso y cumplían órdenes.

En nombre de los familiares de las víctimas, el comunero Francisco Ochoa Janampa, quien perdió a sus padres Toribio Ochoa y Lorenza Janampa, demandó una condena justa y ejemplar a los responsables directos, especialmente al cabecilla Telmo Hurtado, al tiempo de acusar al gobierno de Alan García de protegerlo.

Por su parte, el abogado defensor de los militares implicados, César Nakazaki, insistió en minimizar el asesinato múltiple y exculpar a sus patrocinados, al circunscribir toda la responsabilidad al ex teniente Telmo Hurtado. “No hubo ningún acto de política de guerra sucia, sino un exceso llevado adelante por un jefe de patrulla (Hurtado), cuyo trastorno de personalidad se estableció en su momento”, adujo.

A matar
No obstante, la defensora de los deudos, Karim Ninaquispe, rechazó esta posición, al señalar que está debidamente acreditado, en 25 años de investigación, que los militares violaron la ley en las zonas de emergencia. “Es decir, ingresaban para torturar, violar, desaparecer y matar”, enfatizó.

El fiscal superior Luis Landa Burgos ha pedido penas de hasta 25 años de prisión para los responsables en este hecho criminal, así como el pago de 14 millones de soles de reparación civil a favor de los deudos.

La denuncia, así como el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) especifica que dichos jefes militares planificaron su ingreso a la zona y reunieron a la población en tres viviendas, para –una vez allí- acusarlas falsamente de apoyar al grupo terrorista Sendero Luminoso.

Los efectivos castrenses, algunos de los cuales cumplían servicio militar obligatorio, incendiaron las viviendas y lanzaron granadas para acabar con la vida de 69 personas, entre ellas 29 niños.

Los procesados han sido denunciados como presuntos autores materiales e intelectuales de los delitos de asesinato y desaparición forzada de personas en agravio de adultos, ancianos y niños.

Los oficiales Telmo Hurtado y David Castañeda Castillo, abandonaron el Ejército y huyeron a Estados Unidos el 2000. En la actualidad, Hurtado se encuentra con detención domiciliaria y podría ser extraditado luego que una corte estadounidense denegara un pedido de hábeas corpus con el que pretendía evitar ser entregado al Perú.

Rivera Rondón ya fue deportado y se encuentra bajo arresto domiciliario en el Perú. Él acudió a la audiencia pero se negó a declarar a la prensa y se limitó a señalar que lo hará “cuando se conozca la verdad de los hechos”.

Fuente: Tomado del diario La Primera

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