Por Javier Torres Seoane

Publicado en Diario 16 el 08/02/2011

En la campaña electoral 2006 la prensa levantó una grave denuncia en contra de Ollanta Humala, la misma que fue recogida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que en ese momento era liderada por Francisco Soberón: Humala habría dirigido la desaparición de algunos pobladores en 1992 cuando en su condición de oficial EP estuvo a cargo de la Base Madre Mía en el Alto Huallaga, bajo el seudónimo de “Capitán Carlos”.

La denuncia tuvo serias implicancias en la imagen de Humala, en particular en un sector de la izquierda que decidió no apoyarlo y tomar distancia del candidato, ya que se consideraba que por razones éticas no se podía apoyar a un presunto violador de los derechos humanos. Pasada la campaña –aunque la prensa olvidó el asunto, luego de la derrota de Humala por Alan García- el caso continuó y la defensa fue asumida por el ex procurador Omar Chehade, quien finalmente consiguió el archivamiento por falta de pruebas en la Corte Suprema.

El éxito de Chehade se debió, en buena medida, a que los testigos que afirmaban que Humala había sido el “Capitán Carlos», cambiaron su versión inicial y acusaron al abogado de la CNDDHH de haberlos presionado para acusarlo. Con el cambio de versión el caso se “cayó” y nadie se interesó en saber si las acusaciones de los testigos eran realmente verdaderas o falsas.

Humala quedó, así, libre de una gravísima acusación, hasta que justo en tiempos de campaña, el caso vuelve a las primeras planas, aunque como toda acusación que se repite dos veces, sin el impacto que tuvo hace cinco años. Incluso quienes tomaron distancia de él en la elección anterior –por este caso- como el ex congresista Javier Diez Canseco, están a su lado y han afirmado que Humala es el único que cumplirá con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Lo cierto es que el caso Madre Mía, como tantos otros,  quedó en la impunidad, con desaparecidos y muertos -ejecutados por miembros del Ejército Peruano- sobre los que nadie se ha vuelto a preocupar, y que siguen siendo una cuenta pendiente que solo se comenzará a resolver cuando las Fuerzas Armadas brinden la información sobre la identidad de los oficiales que ordenaron y dirigieron operativos en los que se violaron los derechos humanos.  El día que eso ocurra no se seguirán archivando los casos por falta de pruebas.