La  Red  contra  la  Criminalización  de  la  Protesta  Social -conformada  por  la  Confederación  General  de Trabajadores del Perú  (CGTP),  la Central Unitaria  de  Trabajadores  (CUT),  la Confederación Campesina  del  Perú (CCP), la Coordinadora Contra la Impunidad (CCI), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas,  Artesanas,  Indígenas  y  Asalariadas  del  Perú  (FEMUCARINAP),  la  Confederación    de  Comunidades  Campesinas  del  Perú  Afectadas  por  la  Minería  (CONACAMI),  la  Coordinadora  Nacional  de  Derechos  Humanos (CNDDHH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)-, pone en conocimiento su agenda  a  los  candidatos  a  la  Presidencia  de  la  República  y  candidatos  a  Congresistas.  Esta  agenda  busca  denunciar  el  proceso  creciente  de  criminalización  de  la  protesta  social  sufrido  por  las  organizaciones  sociales en las últimas décadas y que demandan una atención urgente.

Durante el gobierno de Alan García se ha agravado  la  criminalización de  la protesta social ante el aumento y endurecimiento de  los conflictos sociales. Criminalizar el derecho a  la  reunión y  expresión; y hacer un uso excesivo de  la  fuerza en  forma sistemática ha sido una  forma de afrontar  los  conflictos sociales que rechazamos.

A la fecha, existen 239 conflictos sociales, de los cuales el 67% se encuentran activos y casi la mitad, un  48,5%, son socio ambientales, es decir que están relacionados con el control, uso y/o acceso al ambiente  y sus recursos.

De junio del 2006 a marzo del 2011, en estos conflictos sociales han muerto 77 personas, entre ellos 51  son civiles. El número de víctimas mortales ha aumentado drásticamente. Asimismo, más de 1200 personas han sido heridas, entre ellos niños, jóvenes y mujeres.  Muchos dirigentes sociales han perdido la libertad y más  de  2,000  personas  sufren  procesos  judiciales  sólo  por  participar  en marchas,  plantones  u  otros  actos  pacíficos.

Si  bien  las  propuestas  de  plan  de  gobierno  de  los  cinco  partidos  que  lideran  las  encuestas  para  las  elecciones presidenciales  reconocen  la existencia de conflictos sociales, sobre  todo  los vinculados a  las  actividades extractivas y al uso del agua, ninguna propuesta contiene medidas concretas para dejar sin  efecto las medidas que se han venido implementado el gobierno y que han criminalizado la protesta social,  violando los derechos humanos.

Por tal motivo la  Red  contra  la  Criminalización  de  la  Protesta  Social pone en conocimiento de los candidatos a la Presidencia y Congreso de la República sus preocupaciones y planteamientos sobre este tema.

Lima marzo de 2011

Agenda para los candidatos presidenciales sobre criminalización y la protesta social en el Perú