Por Jairo Rivas Belloso

Publicado en NoticiasSER.pe

En mis recorridos por el interior del país me encuentro a menudo con la siguiente pregunta: ¿cuándo van a llegar las reparaciones? Es evidente que hay un notorio retraso en la implementación de los programas establecidos en el Plan Integral de Reparaciones (PIR), lo cual es percibido nítidamente por las personas afectadas por la violencia. En otro momento intentaré un balance sobre la responsabilidad del gobierno central en la materia. En esta oportunidad quiero detenerme en lo que les toca a los gobiernos subnacionales.

El año 2007 se inició la gestión de nuevas autoridades regionales y municipales. Poco antes, la reglamentación de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, y la conformación del Consejo de Reparaciones habían creado expectativas sobre la realidad de este proceso. En este contexto, las organizaciones de afectados y las organizaciones de derechos humanos propusieron a los gobiernos regionales asumir alguna responsabilidad en la materia.

En respuesta a esta demanda, en un buen número de regiones se conformaron instancias para atender el proceso de reparaciones. Estas se caracterizaron por ser colectivos incluyentes, contando con la presencia de representantes del gobierno regional, diversas entidades públicas, organizaciones de afectados e instituciones de la sociedad civil. El inicio fue auspicioso y los temas que ocuparon su agenda fueron diversos: promoción de actos simbólicos de reconocimiento a las víctimas, elaboración de planes regionales de reparaciones, propuesta de normas vinculadas al proceso, apoyo al Registro Único de Víctimas, entre otros.

En cuanto a las municipalidades, incluso desde años anteriores, varias habían desarrollado actos simbólicos en sus respectivas localidades (memoriales, ceremonias), y algunas habían elaborado padrones de afectados y hasta contaban con planes distritales de reparaciones. En los últimos años, además, muchas han instalado módulos de atención para el registro de las víctimas.

Pese al trabajo desplegado, la mirada de las víctimas no se dirige hacia las instancias regionales o locales al momento de exigir el cumplimiento del PIR. A ello, me parece, ha contribuido que el tema no haya formado parte de la agenda de trabajo de las autoridades respectivas (salvo en Apurímac) y que, con el correr de los años, la mayoría de instancias regionales conformadas se hayan debilitado, en parte por no definir con claridad la tarea a la que debían abocarse.

Una razón para este debilitamiento es la ausencia de un complemento ejecutivo al espacio de diálogo y concertación conformado. Los consejos regionales han promovido acciones simbólicas, intercambiado información sobre acciones en curso (reparaciones colectivas, registro de víctimas), apoyado demandas específicas (acceso de las víctimas a las universidades o al SIS), e incluso elaborado documentos regionales (planes, ordenanzas) para promover el proceso de reparaciones. No forma parte de sus competencias implementar programas públicos, pues esto es responsabilidad de quienes asumieron la conducción del gobierno regional, y aquí es donde se ha notado la poca importancia que el tema ha tenido en casi todas las regiones.

Con el inicio de una nueva gestión en regiones y municipalidades se plantea la oportunidad de retomar el tema, para lo cual es necesario insistir en la responsabilidad que tienen estas instancias en la implementación de programas de reparaciones. Es cierto que hay aspectos, como las reparaciones económicas, que son responsabilidad del gobierno central, pero hay otros temas sí pueden ser asumidos por las instancias subnacionales. Basta realizar un cruce entre los beneficios que se establecen en el PIR y las competencias de gobiernos regionales y locales.

Además del fortalecimiento de los espacios regionales de concertación sobre la materia, me parece importante incidir en los siguientes aspectos: 1) marco normativo: un plan elaborado en forma concertada, debidamente aprobado por norma regional; 2) definición de instancia y funcionario responsables de la implementación de las acciones regionales de reparación; 3) elaboración, implementación y seguimiento de los programas acordados; y, 4) asignación presupuestal para los mismos. Normalmente, la preocupación ha estado centrada en el primer punto, pero no se ha entendido que los documentos (planes, normas) son apenas un punto de partida y que quedan en expresión de intenciones sin los demás aspectos mencionados.

Repito: demandar respuestas a gobiernos regionales y locales no exime de responsabilidad al gobierno nacional en lo que le corresponde. Pero es una manera de asumir que esta es una tarea que le corresponde al Estado en su conjunto, y es también una manera de generar avance en la implementación real de las reparaciones a las víctimas.